Entre crisis y sueños que no caben en una urna: ¿qué depara el 2024 para América Latina?
Paula Giménez y Matías Caciabue
A juzgar por los resultados de los procesos electorales que ocurrieron en 2023 en Paraguay, Ecuador, Guatemala y Argentina, con el triunfo de Santiago Peña, Daniel Noboa, Bernardo Arévalo y Javier Milei, respectivamente, las opciones de derecha y ultraderecha retuvieron gobiernos y avanzaron en la región.
No hay que olvidar que la significativa victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en 2022, estuvo marcada al inicio de este año, por la performática señal de las radicalizadas fuerzas bolsonaristas, que, tal como los seguidores trumpistas en Estados Unidos, asaltaron el Palacio del Planalto y otras instituciones públicas, enviando un contundente mensaje sobre su vitalidad y permanencia.
Desde 2015, aproximadamente, América Latina se encuentra en tensión entre la ola de restauración neoliberal, la institución de gobiernos de derecha y ultraderecha y un conjunto de gobiernos que, a contramano, intentan virar los destinos de su país a través de la institución o la institución del progresismo en el poder. El tablero regional expresa así las complejidades y las crisis por las que atraviesan los sistemas institucionales y y las representaciones políticas en el marco de una nueva fase del capitalismo digital.
En enero de 2024, según debió indicar la Corte de la Constitucionalidad de Guatemala, Bernardo Arévalo, deberá cruzarse la banda presidencial, luego de un pedregoso camino al sillón presidencial en 2023, para iniciar el mandato de un gobierno progresista que, a juzgar por los intentos golpistas provenientes de la Fiscalía Pública no tendrá fácil el camino de la renovación de un sistema político eletista. El dato, no menor, es el clamor popular que lo acompaña y que protestó en las calles ante cada escollo impuesto por el sistema tradicional.
Perú, tras un golpe de Estado a fines de 2022, continúa sumido en una crisis institucional, que se prolonga a fuerza de represión de las protestas callejeras. Los olvidados segmentos populares campesinos del sur, habían logrado instituir un representante propio en el gobierno en 2021, pero combinación de procesos conspirativos se valió de mecanismos institucionales para expulsar del gobierno a Pedro Castillo quien, antes de ser destituido, afrontó alrededor de 70 cambios en su gabinete ministerial, en menos de un año. Su compañera de fórmula, Dina Boluarte, como otro capítulo de la ya conocida historia de las coaliciones electorales latinoamericanas, aún se mantiene en el poder, desoyendo los llamados de atención internacionales por las brutales represiones de las movilizaciones que piden su renuncia y la del Congreso.
En Colombia, luego de un sostenido proceso de luchas populares que abonaron el terreno para la llegada del Pacto Histórico al gobierno en 2022, las elecciones regionales de 2023, donde se eligieron cargos de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales municipales entre otros, arrojaron victorias a los partidos de la derecha colombiana.
En Chile, el gobierno de “izquierda”, hijo de un estallido social en 2019, no logró la aprobación de un texto constitucional que correspondiera a las demandas populares, pero tampoco lo logró el conservadurismo. En el plebiscito del 17 de diciembre, el pueblo chileno rechazó la última propuesta para una nueva constitución, esta vez redactada y promovida por la derecha.
En Bolivia, donde el MAS logró retornar al gobierno, luego del Golpe de Estado que lo derrocó en 2019, la interna desatada hacie el disputado partido que instituyó a Evo Morales como el primer presidente indígena de la historia boliviana, deberá resolverse de cara al 2025, para ordenar la fuerza en contra de un enemigo robusto y golpista, que goza ahora de mejores condiciones para avanzar.
En Argentina, la victoria de Javier Milei, y un arrasador discurso de odio en ascenso ofrecen dolorosos datos de las fracturas previas en un movimiento político, que no logró interpretar y responder a las necesidades populares. Antes de su asunción el 10 de diciembre, el presidente electo, cuya plataforma electoral fue construida con estrategias tomadas del trumpismo y el bolsonarismo, ya había mantenido reuniones en Estados Unidos con actores como Bill Clinton, Jake Sullivan, el FMI y Fondos Globales de Inversión. 
En el acto de su asunción, se observó gente festejando en las calles y se oyeron ovaciones cuando el mandatario anunció que “No hay plata”, para gasto público y su única opción es el ajuste. Los seguidores del nuevo presidente argentino, también pidieron “policía” a gritos, cuando el mandatario habló de la justicia y anunció su actitud implacable frente a los delitos.
Se confirma la tendencia en 2024
En 2024, son seis los países que se enfrentarán a elecciones presidenciales este año y la tendencia parece confirmarse. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, Venezuela y México, dos gobiernos populares podrían cambiar de signo político.
En junio le tocará el turno a México, donde este año las elecciones de gobernadores en Estado México y Coahuila, otorgaron una importante victoria al oficialismo, que logró la gobernación del primero, un bastión histórico de la oposición. Pero, de cara a los comicios presidenciales, si se analizan en términos globales el total de votos obtenidos por las dos fuerzas principales, se avizora una disputa cerrada, que tendrá como eje central en la campaña un tema difícil para el gobierno de AMLO: la violencia y la inseguridad.
En Uruguay, que afrontará elecciones en octubre, Luis Lacalle Pou, no puede ser reelecto pero el escenario se plantea abierto y disputado, frente a la polarización política entre las dos fuerzas que históricamente han hegemonizado la escena (Patido Nacionalista y Frente Amplio).
En la asediada Venezuela, un emblema de resistencia popular, la ultraderecha emprende batallas legales por poder instituir a Maria Corina Machado, una candidata presidencial manifiestamente golpista, mientras el gobierno negocia con la oposición y Estados Unidos las condiciones para un proceso electoral sin condicionamientos externos en octubre.
En el Salvador, el presidente Nayib Bukele, luego de superar escollos constitucionales y ganar elecciones primarias sin oponentes, se prepara para triunfar cómodamente en las elecciones que se realizarán próximamente en febrero.
En Panamá el proceso electoral que se espera para mayo, no podrá escapar del intenso debate sobre la minería. Una pulseada que tuvo costos para el presidente en posición de gobierno, Laurentino Cortizo, quien recibió un revés de la Corte Constitucional a través de la suspensión del contrato firmado con la minera First Quantum, luego de un mes de sostenidas protestas populares. En este mismo mes, República Dominicana, también elegirá autoridades con un sistema político e institucional que garantiza la rotación en el poder de las elites dominantes.
Crisis estructurales
Una mirada sobre la manera en que se va configurando latinoamericano pone en tensión nuestra forma de ver y analizar los procesos sociales. ¿Acaso es el mismo pueblo que dijo basta en 2019 en Chile y que rechazó luego una Constitución que buscaba abandonar el legado de la dictadura y recoger en el texto madre varias de las demandas que expresaron aquél octubre? ¿Son los mismos colombianos y colombianas las/os que llevaron adelante el paro en 2021, eligieron al primer gobierno de izquierda y luego optaron por candidatos de otras fuerzas en las elecciones de medio término?
¿Realmente sueña el pueblo argentino con suprimir los derechos históricos que promovieron durante años un movimiento social ascendente de millones de personas? ¿De qué manera hay avales para que el Estado y el sistema democrático que ayer regulaba, daba de comer, educaba e intentaba representar, hoy descontrole, se contraiga y reprima?
Evidentemente ni para los propios movimientos políticos que hace escasos 10 o 15 años encabezaron procesos dignificantes e igualadores en sus países está siendo posible hoy explicar qué sucede sin avanzar en una lectura más profunda sobre las transformaciones estructurales que la Pandemia de Covid-19 aceleró de manera brutal. En el marco de un cambio de fase el polo del capital se encuentra en una disputa feroz por controlar los tiempos sociales de producción e imponer las reglas del juego de una nueva gobernanza global. La batalla entre fracciones de capitales se libra entre dos polos que llamamos G2. Dos entramados de capitales financieros y digitales GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) y BAT (Badú, Alibaba y Tencent) que se enfrentan más como redes que como Estados, pero que se expresan en las tensiones y los enfrentamientos entre China y Estados Unidos.
Esto sucede en medio de una carrera por controlar los tiempos en el tránsito hacia la financiarización y la digitalización, que abre paso a la emergencia de una Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica frente a la que los Estados Nación van quedando subsumidos hacia un nuevo esquema de la distribución del poder. Así, cada vez estamos más habituados y dispuestos a escuchar lo que opinan mil millonarios como Bill Gates o Ellon Musk, sobre el futuro de la humanidad, la pandemia, la nacionalización del litio en Chile, el golpe de estado en Bolivia o las elecciones en Argentina.
La Revolución del Capital
En este contexto, emerge el facismo, tal y como explica Lucas Aguilera, como “una forma de radicalización de los grupos más atrasados en la lucha intercapitalista”. De un lado del polo de la contradicción, aquellos capitales que no logran aún dar el salto hacia las nuevas formas y necesitan conservar un orden que acompañe su existencia y su reproducción. En el otro polo, la fracción más revolucionaria del capital se convierte en “progresista”, ya que en el cambio de fase es necesario estallar por los aires las viejas estructuras conocidas para garantizar la reproducción sistémica. Aunque aún se expresa la resistencia por parte de sectores retrasados, ya no sorprende la puesta en cuestión de instituciones como la familia, la escuela, el estado y el propio sistema democrático.
Quizás esto ayude a comprender de qué manera, en un retroceso de 500 años en el pensamiento científico se haya puesto en cuestión hasta la redondez de la tierra. Estos procesos encuentran en la virtualidad un nuevo territorio para crear y reproducir sentidos. Las redes sociales y las plataformas digitales como nuevos mediadores de la comunicación y la interacción social, aparecen como una herramienta para moldear el sentido común. “Estamos viviendo un momento de inmediatez qué no permite la reflexión y la razón.Todo es ya, ahora. Y la insatisfacción social tiene qué ver con eso”, observa Aguilera.
Así la guerra, más allá de las formas y los territorios convencionales se libra y se expresa en múltiples dimensiones (económica, militar, política, legal) y tiene un objetivo privilegiado: la conquista de las mentes. ¿Para qué? Amasar los nuevos consensos sociales. ¿De qué manera una sociedad naturaliza la aniquilación violenta del adversario político en el marco de la disputa política, como ocurrió en Argentina, con el intento de magnifemicidio de la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández o como en Brasil y Ecuador, con el asesinato de candidatos? 
No es casual que sobre esta coyuntura, sea cada vez más difícil leer los procesos políticos en clave de categorías que referencian corrientes ideológicas y que las opciones de ultraderecha emer gente se asuman como abanderados de la crítica al sistema, apropiándose de los conceptos de Re- volución, libertad e incluso la esperanza, históricamente pertenecientes a los símbolos de izquierda.
En este mar de confusiones el dato más certero y objetivo, viene de los focos de lucha en todo el territorio latinoamericano, de los pueblos que continúan levantando banderas por el derecho a la vida y a la reproducción digna de la misma, en un contexto en el que desde la Pandemia de Covid19 en adelante, un conjunto de pensadores orgánicos del capital nos anuncia la emergencia de una “clase inútil”, una porción de la población sin las habilidades necesarias para el mercado laboral que le sobra a los sistemas de salud y previsionales y que no podrá obtener los medios necesarios para sobrevivir, en un esquema que tiende a concentrar, más que a distribuir. Pero ¿de dónde está obteniendo la fracción más avanzada del capital los medios para dar su salto?
El 2024 continuará siendo para escenario de reconfiguración y disputa en términos electorales.
La ya mencionada crisis estructural marcará la cancha para el juego, que seguirá reconfigurando el mapa y definirá hacia dónde se resolverán las contradicciones. En ese marco, y con los resultados observados en este 2023, resulta urgente profundizar nuestras reflexiones en torno a cuál es el grado real de participación de los pueblos en la definición de sus destinos. ¿Alcanza solo con votar?
Aguilera, en su artículo “La democracia: tortuga analógica tras la liebre digital”, reflexiona en torno a la democracia y plantea: “Cuando la democracia se reduce al voto y ‘el pueblo’ descansa en él como único acto de participación ciudadana, se ocultan los mecanismos de construcción del poder real o legítimo, subsumido a la mera formalidad. El debate entre democracia formal versus la democracia real o participativa, claramente no es nuevo, pero amerita el ensayo de nuevas respuestas frente a los acontecimientos del siglo”.
En la medida en que aumenten los grados de conciencia respecto de la profundidad de la crisis y los niveles de concentración, opresión y despojo que implica su resolución, aumentará la necesidad de transformar las formas de organización, alianzas y luchas, con la misma vertiginosidad en que se transforma el capitalismo y sus formas de dominación.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).