Elecciones europeas: cambios a debate y proyectos en disputa
Gabriel Flores
La campaña electoral que se desarrolla desde hace unos días en la Unión Europea (UE) contribuirá a definir el alcance y el sentido de los cambios que afectarán a las instituciones, políticas y normativas que impulsarán o trabarán la integración comunitaria en los próximos 5 años. El domingo, 9 de junio, se conocerá el voto de la ciudadanía y el reparto de escaños del Parlamento Europeo (PE).
En el corto plazo, la guerra de agresión que lleva a cabo el régimen de Putin contra Ucrania y los crímenes de guerra del gobierno Netanyahu en Gaza requieren respuestas comunitarias en defensa del derecho internacional y los derechos humanos. Y si se alza la mirada más allá de las guerras activas y de los conflictos bélicos y geopolíticos en ciernes, están en juego el impulso de las imprescindibles transiciones energética, ecológica y digital y la influencia de la UE en la construcción de un nuevo orden mundial que pudiera ofrecer esperanzas a la humanidad. Las viejas promesas de bienestar, democracia y seguridad del siglo XX son percibidas hoy por la mayoría de la población mundial como utopías del pasado o de un futuro que no está a su alcance ni al de las hijas de sus hijas. 
En los próximos años, la composición del PE y del resto de instituciones comunitarias que resulten de las relaciones de fuerza que establezcan los votos depositados por la ciudadanía afectarán directa y decisivamente a la vida de los 450 millones de personas residentes en los 27 Estados miembros de la UE. Votos que no lo deciden todo, porque en la construcción democrática de soberanías compartidas entre la UE y los Estados miembros, el diálogo y los acuerdos entre gobiernos son también un factor determinante.
Que las elecciones al PE sean propicias a la agitación partidista y a la escenificación de ajustes de cuentas nacionales pendientes no quitan ni un ápice a la importancia del resultado de estas elecciones y de los debates o la conversación pública que puedan desencadenar las campañas electorales sobre temas que son competencia de las instituciones comunitarias.
En todas las elecciones europeas celebradas en España desde 1986, año de su ingreso en la Comunidad Económica Europea, han predominado la escasez de propuestas bien armadas, la superficialidad argumental y la baja participación electoral (la más alta, del 63,05%, se logró en 1999). Quizás, la compleja construcción institucional de la unidad europea y el intrincado proceso de la toma de decisiones comunitarias hayan contribuido a reducir el interés de la ciudadanía por los debates comunitarios.
En la lucha por la democracia y contra la dictadura franquista, la incorporación de España al proyecto de unidad de la Europa democrática adquirió un carácter simbólico que perduró después de 1986 y pudo contribuir a que la ciudadanía no prestara demasiada atención a los temas comunitarios a debate o pasara por alto los aspectos problemáticos y las insuficiencias de las fórmulas y los caminos de integración seguidos.
Recientemente, el inesperado movimiento del presidente Sánchez, al tomarse unos días de reflexión para valorar su dimisión y poner a la opinión pública al día de sus preocupaciones por la calidad democrática de las disputas políticas, judiciales o mediáticas que se dan en nuestro país, también podría contribuir a que partidos y ciudadanía entiendan estas elecciones europeas como un escenario idóneo para desarrollar la enésima batalla campal sobre temas domésticos que nada tienen que ver con las competencias de las instituciones comunitarias.
Esa metamorfosis de las elecciones europeas en elecciones domésticas puede impulsar la participación electoral de algunas franjas de activistas y votantes, pero la polarización sin objeto político y sin información ni conversación pública sobre propuestas alternativas puede tener altos costes; especialmente, en términos de representación política, porque la ciudadanía no conoce suficientemente las cuestiones a debate ni las posiciones que defenderán en las instituciones comunitarias los partidos a los que respaldan con su voto. Así las cosas, las tareas de iluminar el escenario electoral, esclarecer el debate y exigir a los actores políticos que declamen y monologuen menos y argumenten y concreten más sus propuestas cobran especial importancia.
Por eso es tan necesario señalar las principales cuestiones que afronta Europa y que están a la espera de respuestas y soluciones. La obligación de los partidos es iluminar y promover el debate público mediante propuestas concretas abiertas a la confrontación con las alternativas que plantean las otras formaciones políticas. Y por eso es tan conveniente animar a los votantes a que exijan más concreción y claridad en sus propuestas a las formaciones que demandan su voto. Regenerar la democracia y mejorar la calidad del debate político requiere que sectores crecientes de la ciudadanía dejen de comportarse como hinchas y asuman los derechos y obligaciones que implica su condición de ciudadanos y ciudadanas libres, conscientes y responsables.
1. Riesgos de estancamiento de la integración europea y decadencia de la UE
En los últimos años, las crisis de los modelos neoliberales de capitalismo y globalización han producido crecientes tensiones geopolíticas, conflictos militares, restricciones al comercio mundial, fragmentación de los mercados globales, recomposiciones regionales de las cadenas de valor, repliegues nacionalistas excluyentes y distanciamiento con los valores democráticos y los derechos humanos. Gobernar los impactos de ese desorden mundial sobre Europa requiere de instituciones comunitarias capaces de acordar una acción política común, disponer de la financiación necesaria para abordar las transiciones y transformaciones estructurales en curso y contar con mecanismos democráticos eficaces de mediación y consenso.
En esta transición crítica hacia el futuro, la integración europea puede quedar estancada en su estadio actual:
un mercado único inacabado y una unión monetaria que no cuenta con un presupuesto común de suficiente envergadura ni con un Tesoro público o una suficiente armonización fiscal que propicien la integración económica e impidan las divergencias productivas que acaban plasmándose en desigualdades crecientes de renta entre los Estados miembros y entre los diferentes sectores sociales de cada Estado miembro. Superar el estancamiento de la integración europea, afrontar las insuficiencias y debilidades institucionales de la UE y contar con mecanismos flexibles y fiables de una gobernanza comunitaria eficaz sometida a controles democráticos son grandes retos a los que los partidos políticos deberían sentirse obligados a ofrecer respuestas.
Sin avances en la calidad de las instituciones y las políticas comunitarias, el estancamiento de la inacabada integración acabará deteriorando el proyecto de unidad europea y facilitando la tarea de los populismos de extrema derecha que contraponen identidades nacionales a derechos humanos, soberanía nacional a soberanía compartida y eficacia económica a democracia.
Sin más y mejor integración europea no podrán llevarse a cabo las tareas que implica la necesaria transición energética ni una transformación digital asociada a procesos de reindustrialización y modernización de estructuras y especializaciones productivas. La UE, como el resto del mundo, está abordando largos y complejos procesos de cambio que provocarán la desaparición de capitales productivos sometidos a una acelerada obsolescencia y de las tecnologías, cualificaciones laborales, empleos y tejido empresarial asociados al capital obsoleto. Al tiempo que surgirán nuevas especializaciones y capacidades adaptadas a las exigencias de la nueva revolución industrial y tecnológica que está en marcha. Y esa convulsión productiva no podrá gobernarse si, al tiempo, no se produce un reforzamiento de los bienes públicos y las políticas de cohesión económica, social y territorial que permitan proteger a los sectores sociales y territorios que resulten perjudicados por esos imparables cambios.
Sin el impulso de la integración europea, el camino de la extrema derecha hacia la fragmentación y el debilitamiento de la UE quedaría despejado y la improductiva pugna que plantea la derecha euroescéptica y neosoberanista, con su pretensión de recuperar para los Estados miembros buena parte de las competencias cedidas o compartidas con las instituciones comunitarias, bloquearía cualquier acción política común.
Sin más y mejor Europa, la decadencia del proyecto de unidad europea está asegurado. Está en las manos, la inteligencia y el voto de la ciudadanía europea que la UE avance en su integración o se estanque e inicie un largo proceso de bloqueo y decadencia que acabaría afectando muy negativamente a todos los Estados miembros, a toda la ciudadanía europea y a los principios y valores democráticos, bienestar social, cohesión y convivencia pacífica asociados a los procesos de unidad europea.
2. Principales interrogantes a debate y en disputa
La sombra alargada de un estancamiento económico duradero y cargado de incertidumbres se cierne sobre la UE. Desde la crisis financiera global de 2008, las preocupaciones de las instituciones comunitarias han estado marcadas por la búsqueda urgente de respuestas a las sucesivas crisis inesperadas que han golpeado la economía comunitaria y las expectativas de mejora de la vida de la ciudadanía.
La consecuencia es que la UE no cuenta con un diagnóstico compartido sobre las dificultades que afronta la integración europea ni sobre las políticas comunitarias que podrían orientar el rumbo y las tareas a desarrollar. La campaña electoral europea es una oportunidad para impulsar un debate público que no debería despilfarrarse en intentos de afirmación partidista o diferenciación política que en muy poco pueden ayudar a reforzar la integración europea o el papel de la UE en la negociación del nuevo orden mundial por construir.
Hay muchos temas relevantes que ya son objeto de debate y negociación en las instituciones comunitarias, entre los gobiernos de los Estados miembros y por parte de los grupos políticos del PE. Son asuntos áridos en los que no son fácilmente comprensibles los nudos que contienen ni los contradictorios efectos de las 
reformas que se proponen para desatarlos. La democracia aconseja incluir esos temas o sus aspectos más relevantes en la conversación pública que pueda generar la campaña electoral europea. Entre las muchas materias a debate, en una primera aproximación que no pretende establecer una lista completa ni jerarquizada de temas a abordar, habría que considerar los del siguiente decálogo incompleto de interrogantes y controversias.
2.1. El avance electoral de la extrema derecha se puede dar por descontado. Los riesgos que supone ese avance son de envergadura, pero no es inteligente magnificarlos ni prudente convertirlos en el centro de la conversación pública, porque ni todos ni los principales obstáculos a la integración europea provienen de la extrema derecha. De hecho, el fenómeno de la ultraderecha ya emergió con mucha fuerza en las anteriores elecciones europeas de 2019: en la última legislatura podría haber alcanzado la posición de segunda fuerza política del PE, sólo por detrás de la derecha que aglutina el Partido Popular Europeo (177 escaños) y a la par de los socialdemócratas (139), si hubiera aunado a la ultraderecha dividida entre los grupos de ‘Conservadores y Reformistas’ (68), ‘Identidad y Democracia’ (59) y algunos diputados no inscritos, como los del Fidesz húngaro y otros de la misma cuerda. La extrema derecha puede obstaculizar la integración europea o, incluso, revertirla en algunos terrenos, pero no dirigirla, porque no dispone de un proyecto de unidad europea. Comparte, eso sí, marcadores lingüísticos y obsesiones ideológicas reaccionarias contra inmigrantes, derechos de las mujeres o libertades sexuales.
Y centra su objetivo en propugnar un neosoberanismo imposible sustentado en nacionalismos excluyentes. El futuro de la integración europea se juega mucho más en la capacidad de concertar al amplio y mayoritario abanico de grupos políticos y fuerzas democráticas europeístas tras propuestas viables de transformación que permitan atender las necesidades de la ciudadanía y responder a los desafíos que plantea nuestro tiempo. Y esa capacidad depende más de cómo resuelva la derecha del Partido Popular Europeo su disputa interna sobre sus relaciones con la extrema derecha, que del mayor o menor crecimiento de los votos de la ultraderecha, aunque haya relación entre los dos factores y de ambos con el movimiento real de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida y conseguir la protección y seguridad que reclaman.
2.2. El aumento del gasto militar en la UE, al igual que en todo el mundo, ya está en marcha e irá a más en los próximos meses y años, mientras persista el actual desorden mundial y exista alguna posibilidad de que el régimen de Putin pueda conseguir sus objetivos territoriales y salir reforzado de su guerra de agresión a Ucrania. El rearme comunitario se intensificará aún más si Trump gana las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre.
La reciente intervención de Macron sobre la posible participación directa de fuerzas militares comunitarias en Ucrania se entiende peor si se considera como una propuesta factible que como una iniciativa encaminada a ensanchar el mercado para la potente industria militar francesa y, al tiempo, erosionar las posiciones de Mélenchon y, sobre todo, Le Pen, que no termina de borrar la huella de su vieja relación de compadreo con Putin y su régimen. La fuerza de los vientos a favor de incrementar el esfuerzo militar de la UE ha llevado a que Von der Layen abra una puerta a la posibilidad de acuerdos con la extrema derecha que se agrupa en “Conservadores y Reformistas” frente a la ultraderecha de “Identidad y Democracia”, a la que considera instrumento del régimen de Putin.
En esta situación, ¿es posible pensar una posición europea pacifista o no militarista que contribuya a desescalar las agresiones militares a Ucrania y a Gaza, favorezca la autonomía estratégica comunitaria en materia de seguridad y defensa y responda a la demanda de seguridad de la mayoría de la ciudadanía comunitaria? Ese es el principal y difícil interrogante a dilucidar. Faltan propuestas orientadas a impulsar el proyecto de integración europea en las nuevas condiciones de rearme y creciente tensión militar, sin favorecer un mundo bipolar o multipolar que asiente su razón de ser en la amenaza de la agresión militar y sin renunciar a una multilateralidad que promueva un orden mundial democrático y pacífico sustentado en reglas compartidas.
2.3. Las transiciones energética y ecológica (que comprende también las tareas e inversiones necesarias para la gestión del agua y el mantenimiento de la biodiversidad) no avanzan con la intensidad necesaria ni a ritmos similares en los Estados miembros. ¿Cómo conseguir financiarlas en común y darles un nuevo impulso? ¿Qué papel corresponde a las instituciones públicas comunitarias y estatales en las tareas de promover su desarrollo y extensión al conjunto de los Estados miembros y velar para que no generen nuevos factores de divergencia productiva o desigualdad social ni el ensanchamiento de los sectores sociales perjudicados o abandonados a su suerte?
Se requiere, sin duda, una regulación que anime la inversión privada en la transición energética, pero ya se ha demostrado a lo largo de las dos últimas décadas que es insuficiente. Si se pretende colmar la brecha entre la inversión verde que puede impulsar el mercado, si se ponen en pie una regulación favorable y un sistema 
adecuado de incentivos y restricciones, y la inversión necesaria para cumplir con los objetivos comprometidos en la descarbonización de actividad económica, el papel de la inversión y la financiación públicas es insustituible. Se necesita, además, un Estado que actúe como coordinador, regulador y garante de casar las crecientes oferta y demanda de energías renovables, asegurar las infraestructuras públicas necesarias y favorecer la estabilidad sociopolítica y normativa que asegure la rentabilidad económica y social de esas inversiones.
2.4. El envejecimiento de la población europea y el declive de la población en edad de trabajar ya están creando restricciones a las economías comunitarias. Obstáculos que no podrán superarse sin el concurso de una política común de inmigración que tenga en cuenta las necesidades comunitarias y las de desarrollo económico y estabilidad democrática de los países de origen de la emigración. En dirección contraria, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado el pasado 10 de abril por el PE consagra como dignas de protección legal las percepciones de la extrema derecha sobre la inmigración irregular y las políticas de detención de las personas migrantes o en busca de asilo mientras se gestiona su situación administrativa o esperan a su deportación.
arece que la única pretensión de ese Pacto ha sido reducir la relevancia electoral de la cuestión migratoria asumiendo parte de la carga ideológica racista y xenófoba que aventa la extrema derecha y parte de sus propuestas contra la inmigración que acaban concretándose en deshumanización y represión de las personas migrantes. Las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con las personas migrantes tienen razón en sus críticas a un Pacto que ni parte de los problemas reales asociados a la 
migración, por lo que no puede ayudar a resolverlos, ni es útil para combatir el racismo y la xenofobia. Sólo se busca aplacar y poner sordina al desasosiego de una parte creciente de la ciudadanía frente a la inmigración. Y así se extiende la insolidaridad, la criminalización de las personas migrantes y la desconsideración por los Derechos Humanos.
2.5. La UE no dispone de una estrategia militar común ni de políticas de coordinación efectiva de las fuerzas y presupuestos militares de los Estados miembros, al margen de los compromisos comunes que conlleva la pertenencia de la mayoría de los socios comunitarios a la OTAN. ¿Son necesarios más avances en el ámbito de una defensa militar compartida y de un plan estratégico de seguridad de la UE? ¿Se pueden dar nuevos pasos adelante en esos terrenos y, al tiempo, preservar el objetivo de ser efectivamente un factor de paz como una de las señas de identidad fundamentales del proyecto de unidad europea? En el caso de una respuesta afirmativa, habría que precisar los objetivos, los ritmos, las propuestas y los recursos que sostendrían esos avances.
Sobre la mesa de los asuntos comunitarios pendientes hay muy diferentes ideas en materia de defensa militar común: preservar la actual situación de cooperación con EEUU, aún a sabiendas de que, en gran parte, es de una subordinación a intereses y estrategias militares ajenos que impide tener una posición autónoma; convertir a la UE en otra potencia militar global que apuntale la lógica de un mundo multipolar en permanente tensión bélica; avanzar en la coordinación de una fuerza militar europea disuasoria que responda a las demandas de seguridad de la ciudadanía y facilite una progresiva autonomía de la UE respecto a la OTAN. ¿Cuál de esos escenarios posibles se impondrá a medio plazo o merece la pena apoyar?
Interrogante que no exime de la necesidad de ofrecer una respuesta a qué hacer en el mientras tanto para estar en condiciones de desarrollar en el corto plazo una acción política y diplomática destinada a evitar la escalada militar de los conflictos en presencia o encontrar soluciones a las guerras en curso. El reconocimiento del Estado palestino por parte de los gobiernos de España, Irlanda y Noruega es un estupendo ejemplo de lo que se puede hacer en los terrenos político y diplomático mientras se teje una propuesta de mayor autonomía estratégica de la UE en materia de seguridad y defensa.
2.6. La UE demostró en 2020 capacidad para cambiar sus políticas y responder a los graves problemas sanitarios, económicos y sociales desencadenados por la gran crisis multidimensional que provocó la pandemia de la Covid-19. Las instituciones comunitarias aprobaron entonces y pusieron en marcha medidas audaces e innovadoras que habían sido rechazadas de plano para afrontar las recesiones de 2008-2009 y 2011-2013.
Políticas que impulsaron el gasto y el endeudamiento públicos destinados a proteger la salud, los empleos, las rentas de los hogares y el tejido empresarial; diversas fórmulas de mutualización de la deuda pública y de presión a la baja sobre las primas de riesgo para hacer sostenible el endeudamiento público; fondos europeos de protección de empleos y empresas y de recuperación de la actividad económica; inversiones con fondos y objetivos comunitarios en las transiciones energética y digital. ¿Cómo aprovechar las enseñanzas recibidas en el diseño y la aplicación de dichas medidas e impedir el retroceso a dogmas presupuestarios y monetarios o a políticas de austeridad y recortes que ya demostraron su completa ineficacia económica y política en la crisis financiera global de 2008?
2.7. El Banco Central Europeo (BCE) no puede mostrarse indiferente al aumento de la inflación, porque incumpliría su mandato y pondría en riesgo su credibilidad y, por tanto, su existencia. Ningún banco central del mundo podría dejar de actuar ante una inflación es rápido ascenso o no atender a los requerimientos de estabilidad macroeconómica asociados a su mandato de estabilidad de precios. La reflexión pertinente conduce a otro tipo de reflexión e interrogantes. ¿Es aceptable que la labor del BCE se reduzca a mantener una tasa de inflación de alrededor del 2%?
Un objetivo numérico que tiene mucho de arbitrario y corresponde a una época que ya no existe, porque las presiones inflacionistas son mucho mayores que en décadas pasadas y hay altas probabilidades de que se prolonguen durante buena parte de la nueva y larga etapa de transición energética y productiva. El BCE supo, a partir de 2014 y ante la crisis multidimensional desatada en 2020 por la pandemia, sortear las restricciones que suponía su mandato y jugar un papel clave en la superación de los episodios recesivos que afectaron a las economías comunitarias, pero el objetivo exclusivo de conseguir que la inflación se mantenga en torno al 2% puede dificultar el desarrollo de unas transiciones energética, ecológica y digital que necesitan sostenerse en un colosal esfuerzo inversor público y privado que requiere de bajas tasas de interés para facilitar la inversión destinada a promover la investigación, mejorar la formación y cualificación del capital humano, modernizar capital y estructuras productivas o desplegar con más rapidez las energías renovables y un ahorro energético que logren descarbonizar la actividad económica y mejorar la productividad global de los factores productivos.
2.8. Las nuevas reglas fiscales no responden a las tareas a desarrollar por la UE y los Estados miembros. ¿Qué lecciones cabe extraer de la penosa marcha de los disensos sobre las reglas fiscales o presupuestarias consensuadas por la Comisión Europea en abril de 2023 y aprobadas finalmente un año después, el 23 de abril de 2024, por el Parlamento Europeo? ¿Se pueden dar por superadas las inaplicables y contraproducentes reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se incumplieron sistemáticamente a partir de 2008, se reformaron en 2011 y 2013 y se suspendieron entre 2020 y 2023 para permitir una respuesta adecuada al hundimiento económico provocado por la pandemia y el confinamiento?
En lo fundamental, las buenas intenciones de reforma contenidas en la propuesta inicial de la Comisión Europea (indicadores más adecuados para el análisis particular de la sostenibilidad de la deuda pública en cada Estado miembro y más flexibilidad en la negociación de las medidas a tomar por cada país para procurar esa sostenibilidad) se quedaron por el camino de las negociaciones entre diferentes intereses nacionales y partidistas o distintas doctrinas económicas.
En el decepcionante acuerdo alcanzado finalmente hay demasiada continuidad con el anterior Pacto de Estabilidad y se han incorporado nuevos elementos de complejidad en su gestión que, probablemente, darán lugar a nuevos intentos fallidos de cumplimiento de unos límites numéricos arbitrarios que siguen situados en un déficit público por debajo del 3% del PIB (que irá acompañado de una presión permanente a la baja, hacia niveles del 1,5% para los países con mayores desequilibrios en sus cuentas públicas) y una deuda pública inferior al 60% del PIB. La cuestión no es si debe haber o no reglas fiscales, sino su aplicabilidad, la atención particular que exige la diversidad de situaciones macroeconómicas de los Estados miembros y la necesidad de que las reglas fiscales permitan a cada socio lograr la sostenibilidad de su deuda pública y, al tiempo, contar con márgenes de actuación fiscal que permitan impulsar la transición energética y los cambios productivos modernizadores.
La UE corre el riesgo de que las nuevas reglas fiscales sean otro factor más de generación de nuevas divergencias productivas y desigualdad de rentas entre los Estados miembros: a un lado, los que disponen ya de suficiente sostenibilidad de su deuda pública y amplios márgenes de actuación fiscal; al otro, los que no disponen de esos márgenes y serán condenados por las nuevas reglas fiscales a no tenerlos nunca.
9. Un nuevo orden mundial está por construir. No se cuenta para hacerlo con ningún plano ni con superpotencias que puedan llevar a cabo esa misión en solitario o en abierta confrontación con otras potencias globales. Hay muchas variables en juego y el dudoso resultado de la pugna por construirlo admite múltiples variantes, pero ni la III Guerra Mundial ha comenzado ya ni es el destino inevitable.
Es extremadamente difícil que las estrategias de hegemonía excluyentes que siguen China y, más claramente, EEUU puedan concluir en un futuro predecible con la imposición de los intereses particulares de una de las dos superpotencias sobre la otra. La escalada de la confrontación económica y geopolítica entre China y EEUU sería muy desestabilizadora y concluiría, en el mejor de los casos, en la reconstrucción de un mundo bipolar y una guerra fría que contendría y ritualizaría la hostilidad militar mutua. En el peor de los casos, en una guerra abierta de resultados inciertos, pero en cualquier caso catastróficos para el conjunto de la humanidad.
Otra hipótesis, la del orden militarista multipolar que propugna el régimen de Putin necesitaría para imponerse de la colaboración y el liderazgo de China, lo que requeriría de la asunción por parte de las autoridades chinas del fracaso de su paciente y exitosa estrategia de integración en el mercado global y de competencia pacífica y a largo plazo con EEUU por la hegemonía mundial. Así, la afirmación de un orden multipolar supondría la liquidación de las opciones de sustentar el orden mundial en los principios del mutilateralismo y la negociación de reglas compartidas, que es el modelo que representa la UE y que depende para su desarrollo de que la UE afiance su potencia económica y su autonomía estratégica respecto a las dos superpotencias.
El resultado de las elecciones europeas contribuirá a definir las opciones y restricciones de la UE a la hora de ofrecer una alternativa al actual desorden mundial e iniciar un proceso de negociación abierta a todos los Estados reconocidos por NNUU que haga factible la construcción de un orden multilateral que permita atender a las diferentes necesidades de un mundo fragmentado y que sea compatible con el impulso democrático de las transiciones digital y ecológica y con las exigencias de desarrollo inclusivo e integral del Sur global.
Pese a la complejidad de este incompleto decálogo de temas a debate, es necesario facilitar que la ciudadanía y el debate público aborden estas y otras cuestiones e interrogantes. Las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y sociales que representan y defienden intereses y aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía tienen un papel fundamental en proporcionar información, análisis, argumentos y propuestas de reforma que respondan a las preocupaciones de las grandes mayorías sociales. 
Conviene dar la bienvenida a cualquier iniciativa que promueva una conversación pública informada y despierte el interés por la especificidad de los temas comunitarios y su relación con las posibilidades de superar la incertidumbre y el desorden reinantes y las dificultades económicas y sociales que afectan a la mayoría de los países y de la población mundial. La tarea consiste en intentar que la ciudadanía disponga de algunas de las claves de los debates que desarrollan técnicos, autoridades y elites y pueda influir en el desarrollo de un proyecto viable de integración europea que favorezca a la mayoría social y tenga en cuenta la voluntad democrática de la ciudadanía. Una tarea difícil en la que sobran consignas, juicios sumarios e hinchazones ideológicas. Y en la que la defensa de intereses partidistas puede ser legítima siempre que sea compatible con la ampliación de los apoyos a propuestas viables de cambio que hagan más fácil la vida de la población y protejan efectivamente sus derechos, bienestar y convivencia.
Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo de integración europea con los pies bien asentados en la tierra firme de la defensa de la mayoría social. El fortalecimiento de la integración europea requiere de nuevos avances en las políticas sociales y de cohesión y de más y mejores bienes públicos. Sólo así será posible superar los riesgos, las incertidumbres y el desorden que generará esta larga y difícil etapa de descarbonización de la actividad económica, urgencias climáticas, desarrollo de nuevos sectores productivos estratégicos y construcción de un nuevo orden mundial. Que pueda ser depende en parte de las exigencias de la ciudadanía a sus representantes políticos, de la calidad de la conversación pública que se acierte a desarrollar y de tu voto, junto a los de los millones de votantes europeos con los que compartimos un proyecto muy valioso de unidad europea que puede echarse a perder.
*Doctor en Economía. Profesor del máster de Desarrollo Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.