Cepeda o los narcos

Last updated May 31, 2026

Jorge Elbaum – Página 12

Las elecciones en Colombia anticipan, con notable claridad, el clima político que podría instalarse en la Argentina el año próximo. La áspera campaña que debió enfrentar Iván Cepeda no expresa solo una disputa local: también pone en evidencia la toxicidad política que el Departamento de Estado proyecta sobre América Latina y el Caribe, en línea con su Estrategia de Seguridad Nacional, presentada por la Casa Blanca en diciembre de 2025.

Ese injerencismo no opera de forma aislada ni improvisada, sino a través de tres frentes convergentes. El primero es militar y se apoya en la amenaza y la intervención bélica, como ocurre con Venezuela y Cuba. El segundo es político y combina guerra económica, lawfare judicial y persecución mediática. El tercero, quizá el más sutil y eficaz, es cognitivo: articula vigilancia, espionaje y manipulación de conductas a partir del conocimiento detallado de temores, expectativas y disposiciones personales, relevados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA). No se trata de hechos aislados, sino de una arquitectura de intervención cada vez más sofisticada.

En la última semana de campaña, el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno, nacido en Colombia, dejó al descubierto lo que Washington entiende por “observación internacional”. Afirmó que Estados Unidos podría desconocer el resultado electoral “si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación…”, una declaración que, lejos de garantizar transparencia, introdujo un mensaje de presión y condicionamiento político. Designado por el Consejo Nacional Electoral colombiano como observador, Moreno sostuvo que un triunfo de Iván Cepeda —candidato del Pacto Histórico y continuador del actual oficialismo— abriría un escenario de violencia inusitada.

Los colombianos eligen este año a la fórmula presidencial que gobernará entre 2026 y 2030. Hasta la llegada de Gustavo Petro, Colombia había sido el socio prioritario de Washington en la región. Con 54 millones de habitantes y 41 millones de electores habilitados, es el tercer país más poblado de América Latina y el Caribe, solo por detrás de Brasil y México. Para la Casa Blanca y para las corporaciones locales, alineadas con el uribismo, estos comicios representan la oportunidad de recuperar un bastión estratégico. Ese objetivo no responde únicamente a afinidades ideológicas: también busca preservar una estructura de poder que garantice la continuidad de los circuitos financieros del narcotráfico y su derrame hacia Florida, principal destino del lavado derivado del negocio de la cocaína. Documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que los aportes de los carteles colombianos, amparados por redes paramilitares vinculadas al uribismo, alimentan la economía de ese estado con flujos que oscilan entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales.

Esas mismas estructuras paramilitares son las que hostigan a los casi 12 millones de campesinos —cerca del 30 por ciento de la población colombiana— para empujarlos al miedo, al silencio y a la abstención. No se trata de una hipótesis sino de una maquinaria largamente aceitada. Según cifras oficiales, 5 millones de campesinos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y 800 mil fueron asesinados en las últimas cuatro décadas. Muchos de esos crímenes se cometieron bajo la modalidad de los “falsos positivos”: campesinos asesinados, vestidos con uniformes guerrilleros y exhibidos como bajas en combate para inflar la eficacia represiva de las fuerzas armadas en connivencia con el paramilitarismo. Las conversaciones de paz celebradas en Cuba entre 2012 y 2016 redujeron de manera significativa esos crímenes y permitieron condenar a varios jefes paramilitares, algunos de los cuales señalaron a Uribe como uno de los articuladores del entramado criminal en Antioquia.

Los sectores empresariales que trasladan divisas desde la economía ilegal hacia los circuitos formales apuestan ahora a una segunda vuelta en la que Iván Cepeda deba enfrentar a alguno de los dos candidatos de la derecha con mayores posibilidades de crecimiento. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, un outsider de laboratorio que combina la teatralidad punitivista de Nayib Bukele con el credo neoliberal más estridente, influenciado por Javier Milei. La otra candidata es Paloma Valencia, heredera política del uribismo y expresión de una derecha que prefiere el sigilo mafioso antes que la deliberación democrática, en un formato similar a Mauricio Macri. Para imponerse en primera vuelta, Cepeda necesita reunir la mayoría absoluta de los votos válidos —la mitad más uno de los sufragios no nulos ni en blanco—, un umbral que varias encuestas lo muestran en condiciones de poder alcanzar. Su competitividad se explica, en buena medida, por una agenda que combina impuestos más altos a los sectores de mayores ingresos, una estructura específica de investigación sobre la macrocorrupción y la creación de un Banco del Pueblo. Más allá de los nombres, lo que está en juego es si Colombia profundiza un cambio emancipatorio o se restituye el viejo bloque de poder, comandado por Washington y el uribismo.

Las iniciativas de Washington, del uribismo y de los operadores especializados en reciclar narcodólares convergen en una campaña continental de desinformación cuyo antecedente inmediato se filtró en Tegucigalpa bajo el nombre de Hondurasgate y cuyo capítulo colombiano fue rotulado como Proyecto Júpiter. Según investigaciones periodísticas recientes, esta operación buscó instalar miedo, indignación e incertidumbre como herramientas de intervención electoral, replicando en clave local los métodos que Cambridge Analytica ensayó una década atrás en distintos procesos electorales de la región, ejemplificados en la campaña electoral de Mauricio Macri en 2014. El Proyecto Júpiter combinó la realización de talleres de capacitación para empresarios –a los que se les solicitó financiamiento–, el compromiso de los grandes medios de comunicación, la colaboración de los think tanks y la participación de los gigantes de Silicon Valley para la reproducción de contenidos segmentados, guiados por IA. En uno de los audios filtrados del Hondurasgate –operación financiada, entre otros, por Javier Milei–, el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por ingresar dos toneladas de cocaína a Estados Unidos y premiado con un indulto por Trump en 2025, declara que “como decía Pablo Escobar, no seas tan blandito (…) No importa cuánta sangre se derrame”. Lo que sucede en Honduras y en Colombia no son episodios aislados: se trata de impulsar una pedagogía del miedo, la desconfianza y la despolitización para torcer la voluntad popular. Lo que está en juego no es solo una presidencia, sino el método con el que los poderes fácticos procuran disciplinar a los sectores sociales que sufren la agresión brutal del neoliberalismo, el extractivismo y la violencia militar estadounidense.