Carpetazo del gobierno : Incineraron a los 43, la verdad histórica, según el procurador
Gustavo Castillo García-La Jornada
El Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, afirmó que ya se conoce la verdad histórica de lo que ocurrió en el llamado caso Iguala, dijo que éste debe cerrarse y ratificó que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
En conferencia de prensa, mostró fragmentos de declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, así como fotografías aéreas e información de los peritajes realizados tanto por expertos de la PGR como por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Señaló que el caso debe cerrarse para que se castigue a los responsables, aunque aclaró que cerrar no es la palabra adecuada, porque aún falta cumplir seis órdenes de aprehensión, entre ellas la del ex secretario de seguridad pública de Iguala Felipe Flores Velázquez; Gildarlo López, El Gil, líder regional de Guerreros Unidos, y su secretario, un hombre identificado como El Fercho, quien transmitió las órdenes para que asesinaran a los estudiantes.
“Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden.
Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. Permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla: 140 años de cárcel por lo que hace a las acusaciones de secuestro agravado, que se consolida con el homicidio de la víctima.
El titular de la PGR y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, informaron que María de los Ángeles Pineda Villa no podrá ser acusada por el delito de desaparición forzada, porque ese ilícito sólo se puede imputar a funcionarios públicos. Sin embargo, adelantó que se presentará una acusación de este tipo contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.
La investigación
–Procurador, ¿se cierra el caso?
–La investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables; cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables. No puedo cerrarla, es decir, no es la palabra adecuada; pero si usted me pregunta, los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron, yo le diría sí, y (hay) mucho más (evidencia) que en muchos otros casos: hay cuatro confesiones, no una, de autores materiales; hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes; hay identificados cuatro de ellos plenamente.
Ayer, el titular de la PGR indicó que inicialmente los estudiantes se dirigían a Chilpancingo a recolectar recursos para viajar a la ciudad de México, con la finalidad de participar en la marcha por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968; sin embargo, uno de los normalistas que estaba a cargo de un grupo decidió desviar la ruta y ordenó que fueran a Iguala.
Durante su estancia en esa ciudad, un halcón (vigilante) de Guerreros Unidos informó que un grupo de contras (integrantes) de un grupo rival, Los Rojos, pretendía apoderarse de la plaza (ciudad) y avisó a los policías de Iguala.
En ese contexto, el ex alcalde José Luis Abarca ordenó que los detuvieran como sea. Los uniformados los persiguieron y los balearon; asesinaron a tres de ellos y al chofer de un autobús que trasladaba a integrantes del club de futbol Avispones, a un jugador y a una señora que viajaba en un taxi.
Zerón de Lucio refirió que con los resultados que se han obtenido “se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; ésa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida.
La versión (de que eran narcotraficantes rivales) se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa (esposa del ex alcalde) y Sidronio Casarrubias Salgado (ex líder de la organización).
El titular de la PGR agregó: de manera contundente ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del río San Juan, como tierra, residuos de neumáticos y otros elementos sólidos que fueron analizados, son correspondientes químicamente con los que encontramos en el basurero.
De acuerdo con la información presentada, durante dos reconstrucciones realizadas en el basurero de Cocula y el río San Juan con los autores materiales del homicidio y desaparición de los estudiantes, la PGR presuntamente logró identificar a los tres normalistas que tenían más tiempo en la escuela y que supuestamente estaban al frente del grupo que se desplazó a Iguala. Ellos eran “Bernardo Flores, El Cochiloco; Jorge Luis Hernández Barajas, El Flaquito, y Miguel Ángel Martínez, El Patilludo.
“Estos tres estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerar que eran, por parte de los que los secuestraron, miembros del grupo delincuencial antagónico”, según las declaraciones de los detenidos, dijo Zerón de Lucio.
No obstante, el procurador Murillo Karam señaló que no existe ninguna evidencia de que alguno de los normalistas haya tenido relación con grupos delictivos, y que de las investigaciones se sabe que las víctimas sólo querían estudiar para ser profesores.
Los cuestionamientos de los padres
Murillo Karam señaló que todas la líneas de investigación que han surgido, de manera inmediata han sido del conocimiento público por la importancia del caso; los representantes de los padres han estado en todo momento, en el momento que han querido, pegados al expediente; incluso en el momento que lo han solicitado (estuvieron) en los propios interrogatorios.
Al preguntarle acerca de los cuestionamientos que han externado académicos, representantes y padres de los normalistas respecto de que no es posible que en el basurero se haya realizado una incineración, Murillo Karam señaló que estudios realizados por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que, por una parte, las plantas mostraron crecimiento posterior al incendio y, por otra, las larvas de dípteras recolectadas en el lugar iniciaron su crecimiento también posteriormente al incendio. Ambos estudios confirman la fecha del mismo.
Agregó que según los estudios realizados, el “lugar y las condiciones fueron propicias para que hubiera un efecto óptimo en la oxigenación del fuego, lo que permitió la combustión por tiempo prolongado.
El dictamen biológico indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona, y que la hoguera con la cual –según las indagatorias– se habría incinerado a los estudiantes abarcó una extensión de 180 metros cuadrados.
En cuanto a la participación de los peritos argentinos en los trabajos de identificación, el procurador dijo que existen videograbaciones de las sesiones en las cuales los especialistas sudamericanos determinaron, junto con los forenses mexicanos, de un universo de más de 60 mil fragmentos de hueso, cuáles serían los que se enviarían a la Universidad de Innsbruck para la realización de exámenes de ADN mitocondrial.
Zerón de Lucio agregó que en todos los eventos en el río estuvieron presentes los peritos argentinos y de ello hay imágenes en video que fueron difundidas.
Ratificó que no hay una sola evidencia de la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, y dijo que quienes no crean en el resultado de las investigaciones, en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público, fueran coadyuvantes en la defensa de los responsables de este caso.
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Padres y madres de los alumnos rechazan la versión de la PGR 
FERNANDO CAMACHO| Los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cuatro meses rechazaron la versión dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR), de que sus hijos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, por considerar que no hay evidencias científicas de ello, y adelantaron que llevarán el caso ante la justicia internacional.
En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una prisa e intencionalidad política del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria no es concluyente y, por tanto, no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan tener.
El abogado detalló que la investigación no puede cerrarse debido a que hay al menos 10 puntos que aún no han sido esclarecidos, entre ellos que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados.
Además, agregó, el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes.
Sin investigar, denuncias de tortura de algunos detenidos
Rosales expuso que hay denuncias de tortura de algunos detenidos que no se han investigado; no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes y siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa.
Señaló que tampoco hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada; existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido resueltas, y no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 jóvenes cuyos restos ya fueron identificados por exámenes de ADN.
El litigante expuso que no se ha agotado la línea de investigación que desde 2003 involucra al Ejército en complicidad con el cártel Guerreros Unidos ni se ha esclarecido qué otros funcionarios estaban coludidos con los delincuentes, no sólo a escala municipal, sino también federal y estatal, incluyendo al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.