«Los dejaron morir, queremos justicia», reclaman los deudos de reclusos muertos en Honduras

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Justicia es lo que queremos, los guardias los dejaron morir, grita Angelina Raudales frente a la morgue de Tegucigalpa, a la espera del cuerpo de su esposo, uno de los 355 reos que murieron atrapados la madrugada del miércoles por el fuego en el penal de Comayagua, en el centro de Honduras, según las últimas cifras dadas por las autoridades.

¿Cómo va a creer usted que se van a morir más de 350 personas así como así? Es porque los dejaron morir, no aparecían las llaves de las celdas, dijo la mujer, de 62 años, junto a cientos de personas que, angustiadas, esperaban la entrega de los féretros.

El cuerpo de su esposo José Adrián, de 60 años, quien esperaba desde hace seis meses sentencia acusado de homicidio, llegó a la morgue de Tegucigalpa en una bolsa negra esta madrugada, cuando concluyó el traslado de los 355 cadáveres en tres contenedores refrigerados desde la prisión de Comayagua, 90 kilómetros al norte de la capital.

Melvin Duarte, vocero de la Fiscalía General, declaró que en total murieron en el incendio 355 reos. Esa es la totalidad traída desde el centro penal. Ya no quedan más allá. Anoche ingresaron 115 cadáveres y en la madrugada 238, más dos que fallecieron en el Hospital Escuela, suman 355 los ingresados a la morgue, explicó.

Así, la cifra proporcionada por las autoridades fue corregida ya que anoche medios de prensa llegaron a mencionar que habían muerto más de 370 reclusos.

En la morgue, médicos forenses de Honduras, apoyados por expertos internacionales, realizaban la identificación de restos calcinados. Al respecto, Duarte dijo que también se les practicará la autopsia, y que uno de los fallecidos en el hospital ya fue plenamente identificado y entregado a los familiares.

Según sobrevivientes, el fuego se inició cerca de la medianoche del martes en la celda 6. Las autoridades investigan como posibles causas las versiones de un cortocircuito o de que un reo incendió de manera intencional un colchón, así como denuncias de negligencia contra las autoridades y guardias del penal.

¿Dónde estaban los guardias que tenían las llaves? Nosotros pagamos sus salarios a esos haraganes, vagabundos, para que ahora nos paguen con esto, dijo Angelina. A su lado, Gladys Oviedo, de 40 años, quien andaba en busca del cuerpo de su hermano Augusto, un año menor, pidió que se haga una investigación pero que no escondan la verdad.

“Un amigo, al que le dicen El Chino –uno de los reos que sobrevivió–, dijo que mi marido ya había salido, pero los guardias le pegaron un tiro y luego lo fueron a tirar a las llamas”, aseveró Yadira Hernández, cuyo esposo estaba acusado de homicidio.

Si los guardias hubieran abierto los portones no hubieran muerto, aquí hay mano criminal; las autoridades no son competentes, denunció Rosa Cáseres, cuyo marido purgaba desde hacía cinco años una condena por secuestro. Deja tres niños chiquitos y a veces no tengo qué darles de comer.

Las autoridades policiales rechazaron que haya habido negligencia, pese a que algunos bomberos admitieron que los guardias de la prisión tardaron en abrirles los portones cuando ardían las celdas del penal, que albergaba a 852 personas, el doble de su capacidad.

Cientos de parientes llegaron a Comayagua desde diversos puntos del país en cuanto se enteraron de la tragedia, ahí recibieron ayuda del gobierno para transportarse a la capital. Fueron alojados en albergues improvisados en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

En tiendas de campaña, instaladas por la Cruz Roja y la estatal Comisión Permanente de Contingencias, empleados del Ministerio Público recibían de los familiares información acerca de nombres y características físicas de las víctimas.

En medio del dolor y la incertidumbre de no saber cuándo les entregarán los cuerpos, los familiares formaban largas filas en los puestos improvisados para recibir alimentos y esperar.

En Comayagua, fiscales, policías y bomberos –con cubrebocas para soportar el olor de la descomposición de los cuerpos– trabajaban en lo que quedó de la cárcel incendiada en la recolección de indicios del siniestro y atención de los más de 400 sobrevivientes.

Escapan seis presos

El responsable interino del penal, Dani Rodríguez, informó que seis presos se fugaron durante el incendio, entre ellos dos que podrían ser extranjeros. En total había cuatro extranjeros recluidos, de los cuales dos fallecieron y fueron identificados como Walter Javier Paz Calderón, mexicano, y Evenor Martínez García, salvadoreño.

En tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció que una fuga planificada pudo haber causado el incendio. Citando a un sobreviviente no identificado, dijo que 85 reos pagaron unos 4 mil 468 dólares cada uno para escapar, y pidió que se revisen las cuentas bancarias del director del penal.

Mientras, Estados Unidos, Chile y El Salvador enviaron peritos forenses para colaborar con las autoridades hondureñas en la identificación de las víctimas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, ofreció ayuda para solventar los problemas penitenciarios del país centroamericano..

 

Cárceles latinoamericanas, colapsados barriles de pólvora a punto de explotar

Las estructuras fueron diseñadas hace un siglo, cuando la población criminal era mucho menor. Ahora, los reos viven hacinados. Honduras cuenta con 24 penales para 8 mil personas; sin embargo, los internos llegan a 13 mil, señala un informe de la agencia francesa de noticias AFP.

Los 355 reos que murieron en sus celdas abrazados por las llamas o asfixiados por el humo en una granja penal en Honduras, son el testimonio más cruel de la tragedia que viven los reos en las cárceles de América Latina, hacinados y sometidos a la violencia de sus copresidiarios o de sus guardianes.

El narcotráfico en toda la región ha superpoblado las cárceles en las últimas tres décadas, transformando al hacinamiento y a la violencia en el mal común de las cárceles de Latinoamérica, según analistas consultados.

Las estructuras carcelarias fueron diseñadas a comienzos del siglo pasado cuando no existían los delitos de narcotráfico y la población criminal era mucho menor a la actual, subrayaron.

Honduras, en particular, tiene el record mundial en tasa de homicidios, 82 cada cien mil habitantes, según la ONU.

Este país, convertido en ruta privilegiada para el trasiego de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, y asolado por las maras (pandillas), cuenta con 24 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar 8 mil personas, pero la población carcelaria sobrepasa las 13 mil. La granja prisión de Comayagua encerraba 900 presos, el doble de su capacidad.

“La crisis de Honduras es estructural. La cárcel es una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema. Se hace urgente designar a veedores internacionales para asegurar justicia”, estimó en declaraciones Lucía Dammert, socióloga peruana y experta en temas de seguridad.

Ya en 2004, un centenar de reos murieron calcinados en la cárcel de San Pedro de Sula, la capital económica y la más violenta del país (norte), debido a problemas estructurales de la prisión.

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