Cae la senadora Isabel Allende: Tribunal Constitucional la mueve y tensiona al gobierno
Paul Walder
En una decisión inédita, el Tribunal Constitucional de Chile (TC) resolvió este jueves, con una votación de 8 a 2, destituir a la senadora socialista Isabel Allende por vulnerar la norma constitucional que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
El caso se originó a raíz de la fallida compraventa de la casa donde vivió su padre, el expresidente Salvador Allende, inmueble que el Ministerio de Bienes Nacionales pretendía adquirir para convertirlo en museo.
La determinación del TC marca un momento sin precedentes en la política chilena: es la primera vez que se acoge un requerimiento que culmina con la cesación del cargo de un
parlamentario. La senadora Allende, que llevaba más de 30 años en el Congreso y representaba a la Región de Valparaíso, deberá abandonar anticipadamente su escaño en
el Senado, cuyo mandato finaliza en 2026.
La decisión del Tribunal Constitucional ha derivado en un terremoto político al interior del
Partido Socialista (PS), cuyos efectos se extienden a toda la coalición de gobierno. Porque
en el nudo generado con la fallida compra de la casa —en poco más de 900 millones de pesos (930 mil dólares)— está también atascado el gobierno del presidente Gabriel Boric.
La idea de convertir la casa de la calle Guardia Vieja en un espacio de memoria surgió desde el gobierno y, con más precisión, desde la misma Presidencia. Una acción necesaria y simbólica que se estrelló con errores jurídicos amplificados en errores políticos.
La casa pertenece a las herederas de Salvador Allende, Isabel y Maya Fernández, hija y nieta del expresidente. Ambas, también figuras del socialismo, han resultado gravemente dañadas por la fallida compraventa. Maya Fernández, ministra de Defensa desde el inicio
del gobierno, presentó su renuncia a las pocas horas de conocerse la noticia, una acción que no la liberó de la persecución de la derecha y ultraderecha, no solo históricamente opositora al gobierno de Salvador Allende, sino también abiertamente pinochetista.
Impericia y desatención que podrían conducir a una de las mayores crisis internas en la coalición de gobierno que forman el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, bloque al que pertenece el PS.
La oportunidad de perseguir a las conspicuas descendientes del presidente Allende se la entregó a la derecha el propio gobierno. El Partido Republicano, que lidera José Antonio
Kast —nostálgico sin filtros de la dictadura—, impuso en marzo una acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra la ministra Fernández, a la vez que presentaba el requerimiento de inconstitucionalidad contra la senadora Allende en el Tribunal Constitucional.
Aunque la acusación en la Cámara no logró la votación necesaria, casi un mes más tarde ocho miembros del TC decidieron el destino de la senadora Allende. Ella era, por todo el simbolismo que representa para la memoria y para el socialismo chileno, la presa mayor en esta cacería política.
La interpretación del fallo del TC es política, en cuanto este tribunal ha sido uno de los enclaves dictatoriales creados para cautelar la constitución chilena que, pese a las reformas realizadas, sigue siendo la redactada por el equipo jurídico de Pinochet. El TC
siempre ha sido un tribunal abiertamente criticado por actuar con criterios políticos. En los hechos, funciona como una tercera cámara que puede bloquear leyes aprobadas por el Congreso.
Para equilibrar esta marcada tendencia del TC, el gobierno del presidente Boric tuvo la oportunidad de nombrar a dos nuevos integrantes. Las designaciones recayeron en las
ministras Nancy Yáñez y Daniela Marzi, políticamente ligadas al Frente Amplio (FA). Pero, contra todo pronóstico, ambas votaron el jueves a favor de la destitución de la senadora
Allende. Si las relaciones entre ambos bloques no habían sido armónicas, este nuevo incidente ha vuelto a tensar la ya incómoda convivencia.
En este momento, el ánimo del socialismo chileno es de rabia y frustración. Hay voces que
alientan la salida del gobierno, y muchas otras que exigen revisar las políticas de alianzas
de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. “Evidentemente hay
un cambio de ánimo en mi partido. Tengo que decir que hay frustración, sentimientos de falta de solidaridad en lo humano. Habrá que procesarlo de la manera que corresponda”, dijo la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic.
Uno de los primeros en reaccionar a las pocas horas de publicada la resolución fue el diputado PS Daniel Manouchehri. Sus declaraciones en la red X reflejan el ánimo caldeado al interior del partido: “La figura de Salvador Allende no se mancha con maniobras políticas. Su legado está en la historia y en la conciencia de un pueblo. Isabel Allende es intachable. Es vergonzoso que los miembros del Tribunal Constitucional nombrados por el Presidente Boric
y el miembro propuesto por la DC votaran a favor de la destitución”.
No son buenos tiempos para el socialismo chileno. El que fuera el partido de Salvador
Allende ha tenido en las últimas décadas a dos presidentes, Ricardo Lagos y Michelle
Bachelet, reelecta. Un partido clave para la transición post dictadura, que tras el colapso
chileno de octubre de 2019 ha entrado en un proceso de repliegue, con votaciones que
marcan mínimos históricos. El 6 por ciento obtenido en concejales en 2024 es la cifra electoral más baja de su historia.
El analista socialista Edison Ortiz escribió este viernes sobre la nueva crisis del PS: “La destitución, eminentemente política, de la senadora Isabel Allende, en el escenario de crisis del socialismo chileno, marcará seguramente un punto y aparte, en la pérdida de
representación e influencia social de una colectividad ya casi centenaria que, alguna vez, quiso tomar el cielo por asalto…”
*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)