Plan antibuitre: ONU decidió que comité de expertos avance
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) avanza en el diseño del nuevo marco legal multilateral para llevar adelante futuras reestructuraciones de deuda externa. La iniciativa impulsada el mes pasado por la Argentina con el apoyo del G-77 más China tiene como objetivo evitar el comportamiento predatorio de los fondos buitre.
El mecanismo comenzará a ser delineado por una comisión de expertos a partir de febrero próximo, para discutirlo en la primavera de 2015. El cronograma para el debate fue propuesto por Bolivia en representación del G-77 más China. En paralelo, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional promueven con una visión pro-mercado un abordaje a la problemática a través de cambios en las cláusulas contractuales de los bonos.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 9 de septiembre una resolución para avanzar hacia el establecimiento de un marco legal multilateral que permita llevar adelante los procesos de reestructuraciones de deuda. La propuesta que no ofrece una solución para la disputa entre la Argentina y los buitres en Estados Unidos fue validada por una amplia mayoría: 124 votos favorables, 41 abstenciones y 11 votos negativos, posición que asumieron, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. La creación de un mecanismo global para discutir futuros canjes de deuda de países con dificultades constituye un respaldo internacional adicional para la posición del país.
Ayer se conoció el borrador de resolución presentado por Bolivia en nombre del G-77 más China. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se espera que “el mencionado proyecto de modalidades sea votado el próximo mes de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas”. El objetivo es que el marco regulatorio internacional –todavía debe ser redactado– se discuta a mediados de 2015. Para eso se propuso crear una comisión especial que deberá reunirse, según el borrador, al menos tres veces durante períodos de cuatro días en los meses de febrero, abril y junio próximos en Nueva York. Como resultado de esos trabajos, el G-77 más China propone que la comisión de expertos presente a la Asamblea General una propuesta antes de que finalice la actual sesión, en la primavera de 2015.
El economista argentino Martín Guzmán consideró recientemente en una entrevista con este diario que un marco legal internacional “debería fomentar a los países a iniciar los procesos de reestructuración sin retrasos innecesarios y sin imponer penalidades que empeoren la capacidad de pago, como políticas fiscales contractivas en momentos de recesión”. El docente de la Universidad de Columbia en Estados Unidos explicó que, dentro de un tiempo determinado a partir de la decisión del país de reestructurar sus deudas, “el soberano propondría un plan que detalle los aspectos del programa económico que determinará la capacidad de cumplir con ese plan” y “quienes no estén de acuerdo deben enviar a la Corte de reestructuración propuestas alternativas”.
El marco legal podría estipular que, cuando un acreedor no está de acuerdo con las condiciones de quita del canje propuesto, el fondo o los inversores deben precisar en su contrapropuesta la metodología que los lleva a concluir que la oferta original es “irrazonable”. “Si, por ejemplo, esas contrapropuestas sostienen que el país deudor tendría que aumentar sus impuestos y reducir gastos para mejorar su capacidad de pago, deberían proveer modelos económicos y evidencia empírica que den sustento a esas proposiciones”, advierte Guzmán en referencia a los extendidos reclamos de ajuste fiscal pedidos desde organismos multilaterales y bancos internacionales.
El joven economista que trabaja junto con Joseph Stiglitz considera que además “debería prohibirse que se pueda comprar deuda en default en mercados secundarios para litigar en contra de los gobiernos”. De hecho, así funcionaba cuando estaba vigente la llamada doctrina Champerty, que prohibía esas prácticas. “Pero los buitres tuvieron la capacidad de influir en la legislación para eliminar la Champerty”, concluyó Guzmán.
El objetivo de la misma es, según la resolución, mejorar la “eficiencia” y “estabilidad” del sistema financiero internacional y permitir un crecimiento económico sostenido, incluyente y equitativo”.