Denuncia penal por el genocidio en Gaza: políticos noruegos bajo la lupa
El grupo Abuelas Contra el Genocidio (GRAG) y el Comité Palestino de Noruega presentaron una denuncia penal por genocidio Gaza contra el primer ministro Jonas Gahr Store, el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg, la canciller Espen Barth Eide y otros altos responsables. Los querellantes sostienen que estos dirigentes han facilitado, mediante decisiones de política económica, la comisión de crímenes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
Según el documento, los responsables del Fondo Global de Pensiones del Gobierno (GPFG), el poderoso fondo soberano noruego, violaron leyes internas que incorporan el Estatuto de Roma y la prohibición del genocidio. Con un patrimonio estimado en 2,2 billones de dólares, este fondo mantiene inversiones en empresas armamentísticas como Leonardo y ThyssenKrupp, proveedoras de armas al ejército israelí acusado de causar más de 72 000 muertes palestinas en Gaza.
Aunque el GPFG se deshizo en 2025 de sus participaciones en 35 compañías israelíes, aún conserva inversiones en 29 empresas de ese país y en multinacionales que abastecen a las fuerzas armadas israelíes. Para los denunciantes, esta continuidad demuestra que la desinversión fue parcial y no impidió que el capital público noruego siguiera fluyendo hacia el aparato militar que bombardea Gaza.
Un informe académico de 118 páginas acompaña la querella y detalla las inversiones en firmas supuestamente implicadas en crímenes de guerra. Las organizaciones demandantes sostienen que al mantener este esquema de inversión, los políticos noruegos “aceptan atrocidades masivas” y podrían ser penalmente responsables por complicidad.
Advertencias de la ONU y giro de la Fiscalía
En abril de 2025, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que el fondo soberano de Noruega es una “importante fuente europea de inversión para la ocupación en curso de Israel”. La experta alertó también del riesgo de complicidad con violaciones del derecho internacional humanitario si Oslo no modifica de raíz su política financiera.
El ministro de Finanzas Jens Stoltenberg rechazó entonces las acusaciones de Albanese, pero lejos de apagarse, la polémica estimuló campañas de presión por parte de ONG noruegas. Ahora, la Fiscalía ha recomendado a la policía criminal (Kripos) abrir una investigación, revirtiendo una decisión previa de archivar la denuncia y dando un giro significativo al caso.
Los denunciantes subrayan que la denuncia penal genocidio Gaza no se limita a la protección de ciudadanos noruegos en la franja, sino que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los Estados europeos que financian, directa o indirectamente, la maquinaria de guerra israelí. En su argumentación, enlazan las inversiones del GPFG con el patrón documentado de destrucción masiva, bloqueo y hambre que organismos internacionales han descrito como posibles crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incluso genocidio.cidob+1
Esta iniciativa se suma a un contexto europeo donde crecen las presiones políticas y jurídicas contra Israel, incluidos procesos ante la Corte Internacional de Justicia y pedidos de arresto contra sus dirigentes. Si la investigación avanza, Noruega podría convertirse en uno de los primeros países en examinar judicialmente la complicidad financiera de sus propias élites en el genocidio Gaza, abriendo la puerta a demandas similares en otros Estados.elpais+2
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