Dos horas que conmovieron a Bolivia / División desestabilizadora

(Xinhua/Roberto Aranda/Agencia APG Noticias)
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Carlos Fazio

El fallido golpe de Estado militar del general Juan José Zúñiga en Bolivia encierra una serie de interrogantes y rarezas, incluida la versión sobre un eventual autogolpe del presidente constitucional Luis Arce, pero se encuadra dentro de la guerra híbrida del Comando Sur del Pentágono y la embajada de Estados Unidos en La Paz. Tiene que ver, también, con la larga tradición putschista del generalato boliviano, formado técnica e ideológicamente con base en la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra de contrainsurgencia que se enseñan en las academias militares de EU.

El 24 de junio, la canciller boliviana, Celinda Sosa Lunda, convocó a la encargada de negocios Debra Hevia, titular de la embajada de EU, y le planteó un reclamo por una serie de pronunciamientos y acciones realizados por parte del personal a su cargo, considerados como una intromisión en los asuntos internos del país. El escueto comunicado de la cancillería no dio mayores detalles, pero dos días después se produjo la intentona sediciosa del comandante de las fuerzas armadas, general Zúñiga, ex jefe del Estado Mayor del ejército y experto en inteligencia militar.

(X @LuchoxBolivia)

El 14 de junio, Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica y las operaciones sicológicas encubiertas –y que pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y las operaciones especiales–, había rechazado rotundamente los señalamientos del ministro de Economía local, Marcelo Montenegro, quien afirmó que su representación diplomática estaba involucrada en un golpe blando, al fomentar protestas entre transportistas y comerciantes por la falta de dólares y combustibles en el país.

Como señalamos en El Comando Sur y la guerra híbrida en Bolivia ( https://rb.gy/9fwhvq), una de las principales tareas de Hevia era explotar y exacerbar las contradicciones entre Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, así como la lucha intestina en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), como parte de una estrategia de desestabilización tendente a una revolución de color, cuyo propósito es borrar todo vestigio del proceso de cambio que comenzó en 2005. A lo que se suman las acciones de la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo ( deep state), cuyo objetivo es quedarse con el litio, las tierras raras y el agua dulce de Bolivia. Ambas funcionarias han venido alentando a los sectores golpistas de Santa Cruz y Cochabamba, que protagonizaron el putsch de 2019.

Juan José Zúñiga durante el intento de golpe de Estado. (Xinhua/Roberto Aranda/Agencia APG Noticias)

El lunes 24, el general Zúñiga amenazó con detener a Evo Morales para impedir que sea candidato a la presidencia en 2025; el martes 25 hubo rumores sobre la destitución del comandante de las fuerzas armadas, cuya cúpula se mantuvo en estado deliberativo al margen de la Constitución, y ayer 26, en el marco de su aventura golpista, y tras invadir el Palacio Quemado, Zúñiga dio 20 minutos a Arce para liberar a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho, protagonistas del golpe de 2019.

La intentona fracasó. Pero el Comando Sur no descansa: hay que recordar el paro de los transportistas financiados por la CIA en Chile para hacer gritar la economía, y el tacnazo, la fallida sublevación militar que anticipó el derrocamiento de Salvador Allende dos meses antes del golpe de Augusto Pinochet, con apoyo del movimiento neofascista Patria y Libertad.

 

División desestabilizadora

Editorial de La Jornada

En una chocante serie de sucesos, el ahora ex comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, condujo a sus tropas al palacio presidencial El Quemado, en La Paz, e intentó irrumpir por la fuerza en el recinto. Tras derribar un acceso, el general ingresó a la sede del Ejecutivo y sostuvo un breve intercambio verbal con el mandatario, Luis Arce, después de lo cual se retiró y se atrincheró en un vehículo blindado. Luego hizo declaraciones en las que justificó sus actos como reclamo por la restitución del orden democrático y la liberación de los presos políticos, en referencia a los militares y civiles que consumaron un golpe de Estado en 2019 y condujeron un efímero régimen de facto. En una versión contradictoria, aseguró que fue el propio mandatario quien le ordenó sacar las tanquetas a fin de reafirmar su popularidad.
(Xinhua/Roberto Aranda/Agencia APG Noticias)

La sedición fue recibida con rechazo instantáneo y unánime por gobiernos progresistas como el de México, pero también por administraciones caracterizadas por contemporizar con los derrocamientos violentos de gobiernos de izquierda e incluso por la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, conocido organizador de atentados contra la democracia como el que sufrió la propia Bolivia hace casi cinco años. Unas horas después de iniciado el disturbio, Zúñiga Macías fue detenido y la institucionalidad volvió a su cauce.

El nivel de enrarecimiento de la vida política boliviana indica que las verdaderas motivaciones y maniobras que desembocaron en la extraña asonada sólo se conocerán, si acaso, con el transcurso de los días y los meses. Sin embargo, es inevitable enmarcar los acontecimientos en la prolongada y desgastante lucha del mandatario y su antecesor, Evo Morales, por el control del partido al que ambos pertenecen, el Movimiento al Socialismo (MAS), y por la nominación presidencial de 2025.

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En esta indisimulada rebatiña por el poder, el ex presidente ha movilizado a las amplias bases populares que le mantienen su lealtad, mientras Arce echa mano de las instituciones para cerrar el paso a lo que sería un cuarto periodo de Morales al frente del Ejecutivo.

El jaloneo entre quienes fueron amigos y aliados por décadas ha desquiciado la vida política y económica del país, además de facilitar la recomposición de las derechas golpistas, como la que ya desplazó al MAS del gobierno en 2019 mediante una asonada policiaco-militar. Ese antecedente directo y el conocimiento que ambos dirigentes tienen de la historia latinoamericana deberían bastar para que depongan una confrontación destructiva, pues una y otra vez se ha comprobado que cuando las izquierdas se dividen, las derechas acosadoras se hacen del poder, en ocasiones, para no soltarlo por largos periodos. La lección no se restringe a Bolivia, sino que constituye un llamado de atención para todos los gobiernos y movimientos progresistas de América Latina y del mundo.