China gana posiciones en la región: tratados comerciales, inversiones y deuda
Carla Perelló
Ecuador selló el cuarto tratado de libre comercio en América Latina con China y el primero en el marco de la disputa global con EEUU. Honduras rompió con Taiwán El caso de Surinam.
Como si fuera una partida de TEG, cada paso dado por China o por Estados Unidos se lee en el contexto de constante tensión entre las dos potencias que, desde distintas perspectivas, se disputan el poder en el mundo. En las últimas semanas, las fichas se movieron desde América Latina y el Caribe hacia Oriente. China firmó un tratado de libre comercio (TLC) con Ecuador y logró el reconocimiento por parte de Honduras, con quien aceleró las negociaciones para ampliar el alcance de la cooperación comercial y económica con el país centroamericano. Al mismo tiempo, una noticia resonó en distintos medios de la región: Surinam -paraíso de reserva petrolera- “está ahogado” en deudas tanto con Beijing como con el FMI y su caso ya es un ejemplo de cómo la potencia asiática interactúa con ese pilar de la hegemonía financiera estadounidense.
La presencia china en la región avanzó lento. Fue recién a inicios de este siglo que las y los presidentes latinoamericanos comenzaron a correr la mirada e, incluso, a viajar más a China cuando las tensiones con su rival geopolítico, Estados Unidos, recién comenzaban a percibirse. Aunque desde Oriente la premisa es la de un mundo multipolar, Washington asume la presencia de la potencia asiática como una amenaza latente e insiste en el avance que hace sobre los recursos naturales y en las condicionalidades que impone.
Pero las advertencias estadounidenses no lograron evitar que China se convirtiera en el primer o segundo socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos, en detrimento del protagonismo que había tenido Washington. Para Juliana González Jáuregui, investigadora en el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina e investigadora asistente en CONICET, esto fue posible porque Beijing “contribuyó a superar los cuellos de botella de infraestructura en los países en desarrollo, alivió las restricciones de liquidez y brindó a los países en desarrollo más opciones y financiamiento competitivo”.
En diálogo con El Destape, la analista destacó que aún ninguna de las dos potencias definió un rol único ante la realidad de economías con brechas de infraestructura y necesidad de contar con financiamiento adicional de parte de múltiples actores. Existen diferencias al momento de otorgar préstamos. Por un lado, los sectores y, por otro, las condiciones.
En el primer caso, –marcó González Jáuregui- están los sectores en los que las empresas chinas hacen su apuesta: infraestructura digital, energética, de logística, transporte e infraestructura vinculada a los combustibles fósiles. El objetivo es “tener un impacto en la ampliación de las redes comerciales y de transporte”. En el segundo caso, las condicionalidades financieras que China exige a la hora de prestar dinero son esencialmente comerciales, mientras las occidentales –el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)- se caracterizan por exigir condicionalidades políticas y austeridad fiscal. El caso de Argentina es claro.
Pese a contar con “el beneficio de la capacidad para proporcionar ‘capital paciente’, es decir, finanzas a largo plazo con una mayor tolerancia al riesgo”, las inversiones chinas, tienen como contrapartida haber “generado desafíos sociales, ambientales y de sostenibilidad de la deuda”, sostuvo la analista. Al mismo tiempo, agregó, si se hace una comparación entre el financiamiento chino con los préstamos otorgados por el BM, los préstamos del BM, “no han producido los mismos beneficios de crecimiento económico”.
Ecuador, primer TLC en el medio de la disputa global
“Ecuador y China: el histórico acuerdo comercial que potenciará la economía”, es el título del comunicado con el que el país sudamericano dio a conocer el cierre del acuerdo que se tejía hacía diez meses, que se suma al tratado bilateral de inversiones que mantienen desde 1997. El anuncio del 10 de mayo fue sobre el borde de la crisis política e institucional, que acabó con el cierre del Congreso y el llamado a elecciones para agosto, por parte del presidente, Guillermo Lasso. Ante este panorama, la ratificación que debe dar la Asamblea Nacional quedará pendiente hasta después de los comicios de agosto.
Sea como fuere el contexto interno, lo cierto es que China firmó su primer tratado de libre comercio (TLC) en la región en el marco de la disputa global explícita con Estados Unidos y lo hizo nada más y nada menos que con una economía dolarizada. Con él, Beijing ya suma cuatro: Costa Rica (2007), Chile (2005) y Perú (2009). Los últimos dos se concretaron durante el “boom de las commodities”, cuando China se convirtió en un relevante importador de materias primas (agrícolas y energéticas) de gran parte de los países sudamericanos y, al mismo tiempo, logró posicionarse como origen crucial de las importaciones de bienes de medio y alto contenido tecnológico.
“Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador” es la política bajo la cual Lasso impulsó el tratado y busca establecer otros con Canadá, Estados Unidos, Israel y Corea del Sur, entre otras potencias económicas. “Es la realidad del pragmatismo que vivimos en este momento. Lasso es un presidente de derecha y uno podría decir que firma, paradójicamente, con China mientras el de Estados Unidos está en el congelador, pero él de ninguna manera ha renunciado a hacer los cabildeos necesarios y a dar las señales para mantener el atractivo en Estados Unidos”, aseveró ante este medio Cecilia Cherrez, ecologista integrante de Acción Ecológica y de la Red Ecuador Decide Mejor sin TLC.
González Jáuregui, por su parte, también destacó que Ecuador es uno de los cuatro principales receptores de financiamiento chino en la región, junto con Venezuela, Brasil y Argentina; y que durante la pandemia fue uno de los que logró un acuerdo de reestructuración de deuda en el país asiático.
Con este acuerdo, destacó Lasso, las exportaciones ecuatorianas tendrán “acceso preferencial al mayor mercado del mundo”, al tiempo que las industrias locales podrán adquirir maquinaria e insumos a menores costos. Además, se prevé el impulso de las exportaciones de camarón, banano, flores, cacao o café, pero también de “productos no tradicionales como pitahaya, piña, mango, arándanos, quinoa, alimentos procesados, frutas frescas y en conserva”, indicó el Gobierno.
“Lo que sabemos es que no contempla ninguna referencia de derechos ambientales y laborales, lo que resulta sumamente grave en un país que tiene una constitución que incluye estándares muy altos en derechos de la naturaleza y de derechos humanos”, indicó Cherrez y advirtió que eso es “una señal de que se ha negociado sobre la base de una subordinación de la Constitución y de otras normas” que probablemente tengan que adecuarse “por presión de China”.
Como ejemplo, citó el caso del camarón, uno de los productos en vistas a ser exportados: “Ese sector es responsable de haber destruido un 70 por ciento del ecosistema manglar, marino costero, que en los últimos años se expandió a tierras agrícolas de altísima calidad que provocaron altísima salinización de las fuentes de agua”.
Centroamérica y el Caribe, estratégicos
La importancia geopolítica de esta región tiene, al menos, dos puntos que la analista costarricense de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Nery Cháves García marcó en 2019. Una refiere al puente entre dos grandes masas territoriales -América del Sur y del Norte- y la segunda a la istmicidad que posibilita una conexión rápida entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Chávez García citó a ideólogos estadounidenses: Alfred Mahan, por ejemplo, denomina como Mare Nostrum al Mar Caribe, mientras que Nicholas Spykma nombra a la región centroamericana como la América Mediterránea al reconocer las rutas estratégicas de la región y la necesidad del control estadounidense sobre las mismas para potenciar su despliegue hegemónico. Por eso, subrayó, “disputar el control de esta región sería desafiar directamente a la potencia norteamericana”.
Además, se suma otro factor: la disputa entre la China continental y Taiwán por ser reconocidas como la verdadera y única China. Para 2019, eran 22 los Estados que reconocían a la isla donde se habían instalado los que escaparon cuando triunfó la revolución comunista en Beijing, en 1949. De esta veintena de países, cuatro formaban parte de la región, mientras que tres Estados centroamericanos mantenían relaciones diplomáticas con China: Costa Rica (con el primer TLC de la subregión en 2007), Panamá y El Salvador (ambos en 2018), que cuenta con el puerto de La Unión, ubicado en el golfo de Fonseca, en la intersección del territorio salvadoreño, hondureño y nicaragüense, cuya concesión podría quedar en manos chinas.
En la actualidad, son sólo 14 de los 22 Estados que reconocen a Taiwán. En Centroamérica, le quedan como aliados Belice y Guatemala; en el Caribe, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves; y, en Sudamérica, sólo Paraguay.
Honduras fue el último de este grupo en cambiar su posición y así frustrar los esfuerzos de Washington de apoyar los vínculos de Taiwán -aunque el mismo reconoce a China y no a la isla.
El caso Honduras
A mediados de abril, el país comandado por Xiomara Castro anunció que rompía las históricas relaciones con Taiwán para comenzar el diálogo diplomático con China continental. “El Gobierno de la República de Honduras reconoce la existencia de una sola China en el mundo”, sentenció en un comunicado la Cancillería hondureña, para dejar atrás décadas de historia con la isla. Las gestiones fueron rápidas y en menos de un mes se dieron a conocer las tratativas para cerrar un TLC con el café como principal producto a ingresar al mercado chino, seguido de otros como el camarón, la carne bovina, los puros de tabaco y el melón.
Los motivos que incentivaron esta decisión los dio a conocer el canciller hondureño, Enrique Reina: se debe a “pragmatismo, no a ideología”, explicó, según reportó la agencia Reuters. Y en declaraciones a la televisión local, Reina reconoció que su país está “hasta el cuello” por problemas financieros. Tegucigalpa debe a Taiwán unos 600 millones de dólares a lo que se suma una situación global que caracterizó como “complicada”, aseguró e insistió en la necesidad de contar con inversiones.
Antes de llegar a este punto, hubo conversaciones con Estados Unidos y aliados norteamericanos en Asia. De hecho, tanto la diplomacia taiwanesa como la hondureña reconocieron el precio solicitado para evitar romper relaciones: 2 mil millones de dólares para reestructurar su deuda externa y, según versiones extraoficiales, también un hospital, según reportaron distintos medios internacionales.
“Lo que se busca a través de la relación con China es lograr la inversión para sobrellevar los retos que tiene el país”, declaró a la prensa Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de Estado hondureño, al señalar que el país arrastra una deuda de más de 20.000 millones de dólares. El giro hacia China ya mostró sus frutos. Sus inversores ya mostraron un claro interés en el país centroamericano, al financiar una represa hidroeléctrica sobre el río Patuca -y buscar la extensión de ese proyecto- y explorar proyectos ferroviarios y portuarios en Honduras.
Surinam: ¿la trampa china o el salvavidas chino?
En las últimas semanas, distintos medios internacionales informaron que el pequeño país sudamericano -dueño de una reserva millonaria de petróleo- está completamente ahogado en deudas. Entre otros puntos, se acusó a China, con casi el 20% de la deuda pública del país, de no querer reestructurar las condiciones de la devolución, lo que le impedía -a su vez- reestructurar su deuda con el FMI. Sin embargo, el viernes 18 de mayo ese acuerdo se logró y se revivió un programa de 690 millones de dólares.
A contramano de las lecturas internacionales que hablan de “la trampa china”, González Jáuregui ofreció otro análisis: “La renegociación de las deudas ha sido un punto clave en la reconfiguración de los patrones que caracterizaron al otorgamiento del financiamiento de parte de las entidades financieras chinas a países de la región”, precisó.
Destacó que, desde 2016, las entidades multilaterales vienen ralentizando el financiamiento otorgado y que, en 2020, no realizaron nuevos préstamos a los países latinoamericanos. En cambio y pese al golpe que sufrieron las economías locales a causa de la pandemia -y, luego, por la guerra en Ucrania-, “China no tomó medidas drásticas contra los países que no estaban en condiciones de pagar. Por el contrario, inició un proceso de suspensión de pagos de deuda y reestructuraciones que continúa en curso”.
En el caso de Surinam, además, la participación de China fue clave en las negociaciones con el FMI para resolver una crisis de deuda y balanza de pagos de 2020. “Habrá que seguir de cerca cómo China actúa ahora que Surinam ha llegado a un nuevo acuerdo con el FMI”, marcó González Jáuregui.
Los retos y desafíos de América Latina y el Caribe
Los vínculos con la potencia asiática hace unos años que se incentivan en bloque desde el Foro Celac-China -reactivado este año con el encuentro de Jefas y Jefes de Estado realizado en enero- así como desde el Mercosur, por ejemplo, aunque el reconocimiento de Paraguay a Taiwán bloquea cualquier posibilidad.
Uruguay es el socio en rebeldía que apunta, también, a concretar un TLC en soledad, pero la resistencia del bloque del Mercosur más la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia brasileña puso esa iniciativa en stand by.
El brasileño tiene en sus planes avanzar primero con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que lleva más de 20 años de negociaciones, para luego encarar en conjunto la iniciativa asiática. Los retos, identificó, González Jáuregui apuntan a observar las condicionalidades comerciales, que incluyen un riesgo. “En caso de no obtener repagos se compensa mediante la inclusión de cláusulas con un porcentaje determinado de contenido local chino”, dijo. Ello implica compras de materiales de construcción, maquinaria y/o tecnologías chinas, la participación de empresas chinas en los proyectos e, incluso, de recursos humanos calificados, todo lo que puede afectar la competitividad de las industrias locales y, de manera más amplia, “el proceso de desarrollo económico de nuestros países”.
*Periodista argentina, analista de El Destape