América Latina: un camino “progresista” cuesta arriba
Marco Consolo |
Tras las últimas rondas electorales en América Latina, hay muchas expectativas en la izquierda en Europa sobre la situación de los gobiernos progresistas en América Latina y su posibilidad de lograr transformaciones estructurales. Como es sabido, las derechas han perdido varios gobiernos en todo el continente, y se quedan con países “secundarios” en el tablero regional (Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y ahora Perú). Aparte de Venezuela y Cuba, que representan un caso a parte, todos los principales países del continente están ahora gobernados por coaliciones “progresistas”, empezando por el gigante Brasil, pasando por México, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Honduras…
Muchos analistas han hablado de una “segunda ola progresista”, tras la de los últimos años, en la que destacaron las figuras de Hugo Chávez, Lula, Evo Morales, Rafael Correa y otros. Pero la situación es muy diferente a la del pasado, y trato de explicar por qué, empezando por algunos “nudos políticos” decisivos a los que estos nuevos gobiernos se enfrentan y tendrán que enfrentarse aún más en el futuro.
En un mundo en transición abierta hacia una nueva y acelerada reorganización multipolar, la primera diferencia con el pasado es la presencia de una crisis global multifactorial, especialmente económica, medioambiental y alimentaria. Es una crisis que viene de lejos, pero que se ha agravado considerablemente, primero con la pandemia y después con la guerra en Ucrania. Ningún país sale indemne, y el continente latinoamericano se encuentra entre los más expuestos, por diversas razones. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) habla de una tasa de crecimiento de sólo el 1% para 2023. En un marco de legislaciones tributarias altamente regresivas y en ausencia de reformas profundas del sistema impositivo, los recursos disponibles (y el margen de maniobra) para políticas públicas que puedan acortar las brechas sociales se ven, por lo tanto, severamente reducidos.
Hace unos días, se ha celebrado una cumbre virtual de presidentes latinoamericanos y caribeños en busca de alternativas para combatir la inflación y fortalecer las economías de sus países. La reunión, denominada “Alianza de Países Latinoamericanos y Caribeños contra la Inflación”, fue convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Al encuentro asistieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Cuba, Miguel Díaz-Canel; y Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron presentes los Primeros Ministros de Belice, Johnny Briceño, y de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, así como un representante de Venezuela. Entre los países que participaron en la reunión virtual, Argentina es el que afronta la situación más difícil, con una tasa de inflación anual récord del 100%, mientras que la subida de precios de bienes y servicios no se ha detenido desde hace una década.
La segunda cuestión política, sobre la que sigue habiendo mucha confusión, es la diferencia entre gobierno y poder, es decir, entre estar en el gobierno o tener el poder. Gobernar (y, por tanto, tener poder político) rara vez coincide con tener otros poderes (financiero, militar, mediático, judicial, etc.). Lo saben quienes han sufrido un golpe de Estado más o menos sangriento (empezando por el Chile de Allende, pasando por el Brasil de Lula y Dilma Roussef o Bolivia con Evo Morales, Honduras con Manuel Zelaya, etc.).
Y lo saben quienes hoy enfrentan la contraofensiva de esas fuerzas conservadoras y reaccionarias que utilizan todo el ‘poder de fuego’ en los distintos campos, para defender y mantener sus privilegios de clase. Hablando de la falta de ‘poder mediático’, tal vez los dos ejemplos más contundentes fueron la amarga derrota en la votación chilena para cambiar la constitución heredada de Pinochet, o el terrorismo mediático en el caso colombiano contra la ‘reforma política’ que quiere implementar el gobierno de Gustavo Petro.
El tercer “nudo” se debe a la amplia y heterogénea composición de las coaliciones político-electorales con las que pudieron ganar la batalla electoral y el gobierno. Para ganar en Brasil, por ejemplo, Lula tuvo que negociar con el centro político y con sectores conservadores, empezando por su vicepresidente Gerardo Alckmin. También en el Chile del gobierno de Gabriel Boric que, tras la derrota en la votación de la nueva Constitución, amplió su coalición para incluir a las fuerzas de centroizquierda más tradicionales (y desprestigiadas).
O Honduras, donde Xiomara Castro tuvo que ampliar su coalición electoral hacia el centro como una goma elástica. Una situación que obliga a agotadoras negociaciones para posibles reformas y al reparto de cargos políticos e institucionales, no siempre bien visto por la población.
La cuarta cuestión, estrechamente ligada a la anterior, es la falta de una mayoría parlamentaria favorable al gobierno. Esta debilidad se debe tanto a las diferentes leyes electorales mayoritarias y con segunda vuelta, como al fortalecimiento de las derechas (sobre todo de la extrema derecha) que ha crecido en los distintos países. Aquí también (admitiendo la voluntad política de transformaciones más o menos profundas por parte de los gobiernos “progresistas”), los márgenes de maniobra son muy estrechos. Las consecuencias son evidentes. En Chile, hace sólo unas semanas, se bloqueó una muy tímida “reforma tributaria” y la agenda del gobierno ha pasado a ser la dictada por la derecha, en particular en materia de “seguridad” con la reciente aprobación de una ley apodada de “gatillo fácil” para las “fuerzas del orden”. En Colombia, el intento de “reforma política” para renovar la institucionalidad ni siquiera aparece en el horizonte, a pesar de los compromisos electorales del actual gobierno. O en Perú, donde Pedro Castillo, más allá de su falta de experiencia, de varios errores y de una buena dosis de ingenuidad, tuvo que vérselas con un parlamento que se lo puso difícil desde el mismo día de su toma de posesión y lo desalojó de la presidencia, contribuyendo a su encarcelamiento.
El otro elemento decisivo es la débil o inexistente movilización de los movimientos sociales, que desempeñaron un papel protagónico, primero en la movilización en las calles y después en la victoria de estos gobiernos. Varios factores contribuyen a este resultado. La “paz social” en presencia de un “gobierno amigo”, la subsunción de sectores del movimiento en el área gubernamental, una cierta “espera” a ver qué hace finalmente el gobierno, y el desencanto de muchos sectores ante la falta de coherencia entre lo que se promete y lo que luego se hace.
Cuando las promesas de campaña no se cumplen, la distancia entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas es directamente proporcional al paso del tiempo. En muchos países, lejos de intentar establecer desde el principio una articulación con los movimientos sociales, aunque sea crítica y conflictiva, los gobiernos llaman a su movilización cuando los poderes fácticos ya han ganado terreno. Para los movimientos, no se trata de renunciar a su autonomía en favor de una visión “institucional” subalterna al gobierno, ni de quedarse mirando por la ventana, sino de desempeñar un papel activo en el choque de clases que inevitablemente se abre.
El otro factor a tener en cuenta es el crecimiento de las derechas, en particular las más reaccionarias y fascistas, en detrimento de los partidos de derecha “liberales” y “moderados” que pierden terreno en muchas partes. Es el caso del Partido Republicano en Chile, del Bolsonarismo en Brasil, del golpismo boliviano encabezado por los “Comités Cívicos”, de Javier Milei en Argentina…
Lejos de proponer una “receta económica” diferente a la del pasado, las derechas del continente vuelven a proponer un modelo de acumulación basado en políticas que han agravado, más que resuelto, los problemas de las grandes mayorías: reducción del Estado con privatizaciones, recortes del gasto social, liberalización de la economía, firma de Tratados de Libre Comercio (tanto con EU, como con la Ue), etc. Mientras renuevan el revisionismo y el “negacionismo” sobre los crímenes de las dictaduras cívico-militares, las derechas utilizan con saña el tema de la “seguridad” y de “mano dura”, que ha sido durante mucho tiempo su caballo de batalla y su prioridad de campaña política.
Respecto a la llamada ‘Agenda de Seguridad’, leitmotiv de la derecha no sólo latinoamericana, lo cierto es que hay pocas evidencias estadísticas que avalen el clima de inseguridad y miedo que se respira. Pero el latifundio mediático puede crear “realidad” y el bombardeo es incesante, gracias también al monopolio (en el mejor de los casos oligopolio) de la producción y circulación de la información.
A falta de una legislación que limite su abrumador poder, los grandes medios de comunicación sirven a los intereses de las élites y sus inversiones, y en las “redes sociales” los algoritmos recrean la “realidad” y la angustia de manera uniforme y permanente. Por otra parte, la Historia nos enseña que, a menudo, el crimen organizado se ha utilizado para condicionar o desestabilizar gobiernos indeseables para el capital.
En términos más generales, en América Latina las democracias sufren crisis estructurales desde el punto de vista de los sistemas políticos: crisis de representatividad, de credibilidad en las instituciones (lo que hace crecer el desencanto y el abstencionismo), de participación, de confiabilidad, y de regímenes políticos presidencialistas (prácticamente en todos los países del continente), concentrados en una sola persona, el Presidente de la República.
Este año, por tanto, no será fácil, y conviene calibrar las expectativas y las posibles críticas teniendo en cuenta también estos factores. Por otro lado, suele faltar coraje para afirmar relaciones internacionales en defensa de los intereses de las grandes mayorías excluidas y no arrodillarse ante las potencias aún hegemónicas, las multinacionales y los “poderes fácticos” oligárquicos, no dejarse intimidar por campañas de terror y conspiraciones golpistas, legislar en el sector de las comunicaciones, luchar abiertamente contra quienes se oponen descaradamente a una mayor justicia social, a la posibilidad de una reforma fiscal efectiva y a la redistribución de la riqueza.
Queda poco tiempo para actuar con coherencia, movilizar a los movimientos y evitar que la derecha reaccionaria aproveche la debilidad y los desaires de quienes hoy gobiernan, para recuperar el poder político, utilizando la propaganda millonaria que transmite las mentiras de los medios de comunicación y las redes sociales complacientes.
El reloj de la Historia no hace descuentos.
*Analista internacional italiano