El Salvador: Siete golpes a la democracia para entender el 2022
El Faro
Tal como ocurre desde que Nayib Bukele llegó a la Presidencia en 2019, cada año los escándalos políticos y ataques a la democracia suceden a una velocidad que impide terminar de analizar uno porque el otro ya está en la palestra. El espionaje con Pegasus se ve opacado por la vertiginosa caída del Bitcoin que a su vez palidece ante las nuevas revelaciones de evidencia del pacto que sostuvo el Gobierno con las pandillas. Este es un repaso por algunos de los más sonados hitos políticos que marcaron este 2022.
Durante la última mitad de 2021, varios periodistas, activistas de oposición y líderes de sociedad civil fueron infectados con el software espía Pegasus, que permite tener acceso pleno de los aparatos telefónicos de las víctimas. La operación de espionaje tuvo un acento particular en contra de quienes trabajan en El Faro: 22 de sus miembros fueron infectados un total de 226 veces. En algunas ocasiones, la infección duró meses enteros.
La operación de espionaje fue confirmada por dos organizaciones especializadas en este tipo de peritajes. Mientras realizaban el análisis de uno de los teléfonos, los investigadores descubrieron que había un intento de infección en ese mismo momento. Gracias a ello consiguieron determinar que esa operación se dirigía desde El Salvador. NSO Group, la empresa que desarrolló el software, ha asegurado que este sólo se vende a entidades estatales. El gobierno salvadoreño ha negado estar detrás de los ataques. En noviembre, 15 miembros de El Faro demandaron ante un juzgado de Estados Unidos a la empresa NSO Group, para conocer dónde está la información que les fue robada de sus teléfonos y garantizar que no vuelva a ocurrir algo similar.
Bitcoin: Ya dejen de ver su Chivo Wallet
Un año y medio después de que la Ley Bitcoin se aprobara en junio de 2021, la adopción de la criptodivisa como moneda de curso legal en El Salvador ha sido un sonoro fracaso: la población salvadoreña desconfía de su uso y se convirtió en la única medida impopular de entre las tomadas por el gobierno de Bukele.
Los salvadoreños en el exterior no la han adoptado como mecanismo de envío de remesas; la cartera digital –Chivo Wallet– fue un rotundo fracaso, plagado de fallas técnicas y de vulnerabilidades; las esperadas inversiones millonarias de cripto inversionistas no han llegado y el año cierra con muy mal pronóstico para el mercado de criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, que cotiza muy por debajo del precio promedio al que, según los anuncios de Bukele, compró El Salvador.
Pese a todo este escenario, en noviembre el presidente anunció que el país comprará un Bitcoin al día, siempre desde sus redes sociales. Toda la operación Bitcoin está cubierta por un manto de opacidad: la única forma de saber cuándo se ha adquirido una moneda digital es a través de los anuncios del presidente en Twitter. Lo invertido en Bitcoin es un monto siempre aproximado, porque todos, absolutamente todos los detalles de las compras, son secretos, pese a hacerse con dinero público.
Ruptura del pacto con las maras
A finales de marzo se rompió el pacto que el gobierno del presidente Bukele sostenía con las tres principales pandillas del país, luego de un incidente que todavía deja muchas preguntas sin responder: previo al fin de semana del 25 de marzo, la policía detuvo a un grupo de miembros de la Mara Salvatrucha-13, que viajaban en un vehículo oficial conducido por un motorista del gobierno.
Los pandilleros asumían que no serían capturados porque su traslado fue organizado por el viceministro de 
seguridad pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna. Al sentirse traicionada, la MS-13 desató una masacre que dejó a 87 personas muertas en un solo fin de semana y el gobierno decidió que el pacto estaba roto.
Los detalles de la ruptura del acuerdo se conocieron luego de que la pandilla grabara en secreto sus conversaciones con el jefe de la Dirección del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien era el delegado del gobierno para interactuar con las pandillas. En los audios, Marroquín culpa al ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, de haber propiciado la captura de los pandilleros, y con ello el fin del acuerdo con las pandillas.
Casi un año sin derechos constitucionales
Como respuesta a la masacre provocada por la ruptura del pacto con las maras, el presidente Bukele ordenó a sus diputados aprobar un régimen de excepción que ha sido renovado mes tras mes desde marzo. En la práctica, esta medida valida absolutamente toda acción de la policía y el ejército a la hora de realizar arrestos. Durante los casi nueve meses de vigencia, las autoridades aseguran haber capturado a más de 60,000 personas a quienes acusa de ser pandilleros o colaboradores de las pandillas.
Organizaciones de derechos humanos y la prensa han documentado un gran número de detenciones arbitrarias, torturas, y asesinatos al interior de las cárceles. La medida, sin embargo, goza de gran popularidad entre los salvadoreños y el gobierno ha anunciado que está ‘a punto’ de acabar con las pandillas. Todos los detalles sobre las 
capturas, las acusaciones, las pruebas y los juicios, han sido declarados secretos.
Esta medida tensó al máximo la relación entre el gobierno salvadoreño, los organismos de derechos humanos y parte de la comunidad internacional.
Crook: la piedra en el zapato
Pese al discurso de guerra total contra las maras, la liberación de uno de los principales líderes nacionales de la MS-13 evidencia que aún hay muchos secretos en la relación entre el gobierno y las pandillas. Élmer Canales Rivera –Crook– fue puesto en libertad en noviembre de 2021, a pesar de que sobre él pesaba una condena de casi 40 años de prisión por delitos que van desde agrupaciones ilícitas hasta asesinato.
Pero en este 2022, la evidencia de su liberación ha sido lapidaria. Gracias a los audios de las conversaciones entre Carlos Marroquín y miembros de la MS-13 se sabe que fue ese funcionario, en persona, quien lo trasladó hacia 
Guatemala. Además, El Faro reconstruyó sus primeros momentos en libertad, cuando habitó un lujoso apartamento en la colonia Escalón. Todos los indicios apuntan a que Crook huyó hacia México. El gobierno ha mantenido un silencio absoluto ante las evidencias de su liberación ilegal.
Reelección presidencial: el acta de defunción de la democracia salvadoreña
El presidente Bukele anunció que se presentará como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2024, usando la puerta abierta que dejaron los magistrados que impuso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Pese a que la Constitución lo sigue prohibiendo de forma explícita en varios artículos, el presidente y sus voceros han recurrido a los más inverosímiles argumentos para justificarlo, a pesar incluso de que, en el pasado, el mismo Bukele llegó a decir en repetidas ocasiones que la reelección inmediata era claramente prohibida en El Salvador.
El vicepresidente Félix Ulloa aseguró que, en el pasado, el presidente estaba confundido debido a que en la Constitución había un artículo ‘oculto’. La lógica oficialista se ampara en el inmenso respaldo que tiene la reelección entre los salvadoreños. Hasta el momento, Bukele es la única persona que ha anunciado su candidatura presidencial, mientras que el resto de partidos no ha aclarado siquiera si competirán en una contienda que viola las reglas electorales contenidas en la Constitución.
Aislamiento internacional
La enorme popularidad de la que goza el presidente Bukele dentro de las fronteras salvadoreñas, no encuentra su reflejo fuera de ellas. La renuncia de Jean Manes como embajadora temporal de los Estados Unidos en El Salvador, marcó el peor momento de la relación entre los dos países a finales de 2021 y la distancia del gobierno salvadoreño con la comunidad internacional se consolidó durante 2022.
Bukele ha llegado a acusar a la comunidad internacional de promover a la oposición e incluso de defender a miembros de estructuras criminales. También insinuó su voluntad de apartar a El Salvador de instancias multilaterales como la Organización de Estados Americanos