Bolivia y el regreso de la cuestión militar, de la mano de Washington y la OEA
Álvaro Verzi Rangel
El derrocamiento del gobierno popular de Evo Morales en Bolivia confirma que la cuestión militar está de vuelta en América Latina, como resguardo de los planes de Estados Unidos para el control civil y político de su “patio trasero”, y garantía para la apropiación de las enormes riquezas naturales de la región.
En América Latina, las luchas sociales en Chile o Ecuador, el golpe de estado en Bolivia, la intervención estadounidense en Venezuela, las elecciones en Uruguay, la prisión de Lula, las políticas del FMI, el avance de las iglesias evangélicas, el retorno al militarismo, la violencia en las ciudades, la migración, el racismo, son expresiones de esa guerra global.
Esta guerra, aunque no se quiera aceptar, ya es parte de todos los ámbitos de la vida del ser humano y condiciona su propia sobrevivencia como especie, señala el ex vicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas.
Para eso fue necesario ir minando todas las instancias de integración regional para poder involucrar a las fuerzas armadas en asuntos de orden público, en la vida electoral, su involucramiento en la violación de los derechos humanos, la militarización del supuesto combate a las drogas, en la represión de las migraciones, en situaciones inspiradas, estimuladas por la política militar estadounidense en la región.
También fue necesario rescatar el belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para tener otro frente –y éste miltar- de ataque contra Venezuela, Bolivia, Nicaragua, o quien osara enfrentarse a las políticas de Washington.
Donald Trump, el presidente estadounidense, lo dejó en claro: Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre. Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua, dijo.
“Estados Unidos aplaude al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no sólo a una persona, sino a la constitución boliviana (…) Después de casi 14 años y su reciente intento de anular la constitución boliviana y la voluntad del pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga escuchar sus voces”, dijo Trump, dejando en claro la participación de su gobierno en el golpe a Morales.
En Brasil, el presidente, el vice, numerosos parlamentarios y más de la mitad del gabinete presidencial son militares, de estrecho vínculo con EU: un militar brasileño es hoy vicecomandante de interoperabilidad del Comando Sur.
El gobierno de Jair Bolsonaro aprobó un acuerdo bilateral para el lanzamiento de satélites, cohetes y naves desde la base de Alcántara y firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de New York. En Uruguay, el exgeneral Guido Manini obtuvo con un partido ultraderechista, Cabildo Abierto, once por ciento de los votos en la elección de octubre, logrando tres senadores y 11 diputados.
La influencia del Comando Sur estadounidense en Centroamérica es decisiva y la actuación de los militares es clave en seguridad interna, supuesta lucha contra el narcotráfico, frenar la migración hacia EU, en materia ce seguridad interna y en la defensa de gobiernos corruptos e impugnados.
En México, la creación de la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado no ha implicado la desmilitarización de la “guerra contra las drogas”. En Venezuela, el principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro son los militares.
En Colombia, el lentísimo avance por parte del gobierno de los compromisos de la paz acordada con las FARC y el fracaso del diálogo con el ELN es en parte causada por la presión de las fuerzas armadas, financiadas y preparadas por Estados Unidos, hoy preocupadas por las crecientes denuncias de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a la presentación de falsos positivos (campesinos asesinados y vestidos como guerrilleros para mostrar victorias militares).
El presidente Lenín Moreno, en Ecuador, necesitó del respaldo y la represión de las fuerzas armadas para imponer el paquetazo de medidas neoliberales. Su foto junto a los cuatro representantes de las fuerzas armadas puso en evidencia el papel castrense en el sostenimiento de un gobierno impopular. En Chile, Sebastián Piñera quiso imponer más medidas neoliberales y logró un estallido social. Su respuesta fue decretar el estado de emergencia y aplicar mano dura de la mano de Carabineros y fuerzas arnadas.
Para el vicerrector de la Universidad argentina Torcuato di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, lo ocurrido el domingo en Bolivia se enmarca en lo que algunos analistas llaman el neogolpismo, encabezado abiertamente por civiles y con apoyo tácito o complicidad explícita de las fuerzas armadas, de forma de que la violación constitucional sea menos ostensible y preservar una semblanza institucional aunque sea virtual.
Apostar contra la democracia
Desde el estallido de la crisis económica en 2008, la oligarquía financiera global y su articulación con las elites regionales dejaron de apostar a la democracia, señalan Matías Caciabue y Paula Giménez, investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Fue justo al mismo tiempo que los pueblos de la región lograban consolidarla como herramienta de organización, con capacidad de otorgar niveles de reparación económica y justicia social para las inmensas mayorías de la región más desigual del planeta, Este duro presente, caracterizado como el de una región en disputa, comenzó con el golpe civil y militar contra Mel Zelaya en la Honduras de 2009.
A este rosario se agregan el intento de golpe de Estado también en Bolivia en 2009 y que la rápida intervención de los países de la región y de los organismos de integración bloquearon, el derrocamiento jurídico-mafioso de Fernando Lugo en el Paraguay de 2012
Se suma el golpe continuado en Venezuela desde el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, que escaló con las guarimbas y el inicio de las sanciones económicas estadounidenses de 2015, y la guerra de carácter no convencional desde la segunda asunción de Nicolás Maduro en este 2019 (sin olvidar, por supuesto, el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003).
No se puede olvidar el desgaste jurídico-mediático del gobierno de Cristina Fernández en 2015 y el posterior triunfo de Macri y su alianza Cambiemos (recordando también el golpe patronal agrario de 2008) ni el impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff en 2015 y la criminalización de la militancia del Partido de los Trabajadores.
Ni la posterior detención por probados mecanismos del law-fare (guerra jurídica) de Lula Da Silva que, de estar en libertad, habría ganado las elecciones de 2018 en Brasil, donde finalmente se impuso el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Y hay que mencionar las traiciones por parte de Lenín Moreno en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador que expresan defecciones de los sectores burgueses a los programas de transformación en los que estaban inscritos, además de los movimientos destituyentes contra el sandinismo en Nicaragua de 2018, a pocos meses de unas elecciones donde Daniel Ortega obtuvo más del 72% de los votos.
Hoy, ante nuestros ojos se edifica en Bolivia una dictadura cívico-militar que ha aplicado una fuerte censura mediática y ha empezado a detener a activistas sociales, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno constitucional, bajo el ala de Estados Unidos, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima (de respaldo a las políticas injerencistas de Estados Unidos).
A destruir lo construido
Lo que tanto costó construir en tres lustros del Movimiento Al Socialismo puede desaparecer en horas o días. Los logros sociales, económicos, étnicos, culturales, de género que hicieron de Bolivia un ejemplo en programas de salud, educación y vivienda serán demonizados, considerados los causantes del golpe de Estado:
-Bolivia pasó de ser el país más pobre de América, a ser el país con el mayor crecimiento de América: incrementó su PIB en un 400 porciento. El salario mínimo aumentó en mil por ciento,
-Se terminó la discriminación para con indígena y se creó la República Plurinacional de Bolivia. Se promovió la cultura y el respeto al medio ambiente, el amor a la Pachamama.
– Se creó una nueva Constitución que le dio derechos a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas;
– Se nacionalizó el gas y el agua. Se construyeron más de 25 mil kilómetros de carreteras, 134 hospitales, 7.191 centros deportivos, 1.100 escuelas.
– El analfabetismo pasó de 22,7 por ciento a 2,3 por ciento
– Se crearon 12 fábricas de litio, tres de cemento, dos fábricas automotrices, 28 de textiles y se crearon 12.694 cooperativas,
-Se eliminaron las ocho bases militares que EU tenía en Bolivia, y se desarmaron las misiones de la DEA y la CIA,
– La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales el 68 por ciento son Indígenas.
-Se creó la Pensión para los Adultos Mayores a partir de los 65 años y se estableció un Bono para todos los Estudiantes de Bolivia,
– Bolivia lanzó su primer satélite, el Tupac Katarí.
El odio acumulado por la plutocracia en un país donde la dominación oligárquica se funda en un discurso de superioridad étnico racial es el aglutinante, señala Marcos Roitman. Alcaldes atados a los árboles, obligados a caminar de rodillas, insultados, sacados de sus hogares, apaleados, amenazados de muerte. Y un pueblo que sale desarmado a defender su lucha, su historia
La violencia en manos de hordas fascistoides suple y complementa la acción de las fuerzas armadas y la policía amotinada. Una situación novedosa en la técnica del golpe de Estado, sin olvidar el anticomunismo ultramontano, un fantasma fuera de moda, pero que siempre viene bien para manipular poblaciones.
*Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)