Un cambio de paradigma para recuperar YPF para los argentinos
La decisión del Gobierno argentino de enviar al Congreso el proyecto de ley para expropiar casi la totalidad de la participación accionaria de la trasnacional petrolera Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales e intervenir la compañía, contó con el apoyo de los gobernadores de los estados petroleros, del sindicalismo y de opositores.
El proyecto presidencial establece que todos los papeles sujetos a expropiación son de Repsol. Del paquete que cede la multinacional española, el 51 por ciento va a quedar en manos del Poder Ejecutivo y el 49 por ciento restante pasará a las provincias petroleras.
Tuvo el apoyo de importantes sectores de la oposición, en espacial los de centroizquierda. La conducción de la Confederación General de Trabajadores, celebró la decisión: “Como siempre lo quisieron los trabajadores, YPF vuelve a ser argentina, (…) hacemos nuestra la decisión del Gobierno de retomar el control sobre la empresa nacional de petróleo”.
El ruido de fondo que hoy se escucha en la península ibérica, comenta un analista, es el mismo que se escuchaba antes de la terrible crisis de 2001-2002: la cantinela de la confianza en los mercados, el clima de negocios y la seguridad jurídica. Tales fueron los tópicos de la recriminación que, con soberbia colonial residual, expresaron con tono amenazante los funcionarios de la actual administración derechista española.
Pero se equivocan, añade, la “hostilidad” de Argentina no es con España, a la que el país lleva en su sangre, “sino contra el modo de actuar de una clase capitalista que hoy oprime a su propio pueblo. La decisión argentina sólo fue un acto de independencia, mal que le pese a la metrópoli en decadencia”.
Ofrecemos, a continuación, dos miradas diversas: una desde Buenos Aifres y otra desde Madrid
Finalmente, llegó el día
ALFREDO ZAIAT| La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera nacional YPF en manos de la española Repsol pasa a integrar el podio de las principales iniciativas de reparación de los efectos devastadores de la reestructuración neoliberal de los noventa.
La primera fue la renegociación de la deuda en cesación de pagos con quita de capital, fuerte reducción de la tasa de interés y extensión del plazo de los vencimientos y el pago del total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se comenzó así a recuperar la soberanía en materia económica al ganar márgenes de autonomía de la política económica.
La segunda fue poner fin al negocio especulativo de bancos y compañías de seguros con el dinero de los aportes previsionales de los trabajadores a través de las AFJP. Se reconquistó de ese modo la soberanía fiscal y financiera del Estado vinculada con la seguridad previsional de trabajadores y jubilados y con la cobertura social de los sectores más vulnerables.
Ahora se anunció que termina la historia de los españoles de Repsol en YPF luego de casi catorce años de predación de recursos naturales estratégicos no renovables. La expropiación de acciones junto a la declaración de interés público nacional de la producción de hidrocarburos inicia el tránsito empinado de restaurar la soberanía energética.
El desarrollo de un país está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo en el caso argentino es fundamental el autoabastecimiento. Para lograrlo es tan importante la expropiación de las acciones de Repsol como la declaración de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así lo presenta el proyecto oficial.
Esto último alcanza a todas las petroleras, además de YPF. Significa que se pone fin a la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las compañías privadas. Es la forma de archivar el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el petróleo y gas, cuyo destino lo decide quien lo extrae (las petroleras), para recuperar la idea de recurso estratégico, como lo consideraba la YPF estatal y como lo siguieron considerando todos los países petroleros pese a la ola neoliberal. Esto es una clave esencial del proyecto de ley que ingresó ayer al Senado.
El petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para impulsar el motor de la economía– son recursos escasos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el acceso, control y utilización del petróleo son considerados una política de Estado. Con el Estado nuevamente a cargo de YPF se buscará recuperar el autoabastecimiento, pérdida que lesiona la seguridad económica, fiscal y energética del país. Ese objetivo se enfrentaba con una limitación si los recursos hidrocarburíferos seguían siendo considerados una materia prima de libre disponibilidad, con el predominio del criterio privado de maximizar utilidades en el período más corto, y si son empresas extranjeras, enviar esas ganancias a sus casas matrices.
Este comportamiento se traduce necesariamente en escaso compromiso de inversión y de explotación prudente de recursos estratégicos no renovables, e indiferencia para la recuperación de reservas o por el autoabastecimiento energético del país. Por eso resulta imprescindible la intervención del Estado en la gestión y control del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones en infraestructura, como gasoductos o centrales eléctricas, sino también en la administración y planificación de la disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía energética, que incluye a los privados, pero bajo una planificación estratégica del Estado.
El kirchnerismo no buscó la salida de la expropiación, pero abrió esa puerta ante la política predatoria de los pozos petroleros por parte de Repsol y sus gaseosos planes de inversión. A medida que se fue desplegando su gobierno desde 2003 fue interviniendo en este sector clave. Desconectó el precio local de los combustibles del vigente a nivel internacional, alentando de ese modo el consumo y la competitividad industrial.
Pese a que en los últimos años ha autorizado una seguidilla de ajustes en esas tarifas, aún se siguen ubicando por debajo de las que rigen en otros países de la región, excluyendo Venezuela. Con el objetivo de modificar el rumbo de YPF en manos de los españoles de Repsol impulsó el desembarco del grupo local Eskenazi en YPF, con criterio voluntarista sobre el papel dinámico que podía liderar un sector de la burguesía nacional, que terminó imitando la conducta financiera de los españoles. Aplicó retenciones móviles a las exportaciones al fijar un techo de 42 dólares por barril de exportación. La suma por encima de ese valor máximo quedó en las arcas públicas. Esa participación estatal en la renta petrolera ha sido muy importante. A fines del año pasado también eliminó el privilegio de las petroleras de mantener los dólares de exportación en el exterior, obligándolas a liquidarlos en el mercado único de cambios local.
Esas medidas no avanzaban sobre el núcleo del problema: la crisis del modelo energético de desregulación y privatización. Ahora se abordó con decisión la tarea de empezar a cambiarlo con el proyecto de ley enviado al Congreso disponiendo la expropiación de acciones de Repsol y declarando de interés público nacional el autoabastecimiento.
Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresan el estado de desesperación por saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno conservador de Mariano Rajoy tiene problemas mucho más relevantes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global. Las provocaciones anunciando represalias, los desbordes verbales y las advertencias de rupturas de sus funcionarios no son muestras de fortalezas, sino de debilidad, que es la situación en que se encuentra España por una política suicida de austeridad y ajuste.
Finalmente, llegó el día del punto final de la YPF privada.
La expropiación desató la furia española
JAVIER LEWKOWICZ| Bloqueo comercial, acciones legales y represalias fue el menú presentado por funcionarios españoles luego de conocer el proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol. Sólo el Ciadi es una opción concreta para España.
El envío del proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol y la intervención de la compañía motivaron un apoyo contundente del gobierno de España a la compañía ibérica, que calificó la medida de “ilícita y discriminatoria” y adelantó que llevará a cabo “todas las acciones legales oportunas”. Eso supone que la firma española, con el objetivo de cobrar un importante resarcimiento, podría presentar una demanda en el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. El gobierno español también dejó entrever que tomaría medidas en represalia, aunque no dispone de muchas herramientas para hacerlo.
“Es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países.” Así describió el canciller español, José Manuel García Margallo, el anuncio que realizó la presidenta, Cristina Fernández. La noticia motivó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocara una reunión de gabinete de carácter urgente, luego de la cual Margallo junto a Juan Manuel Soria, titular de la cartera industrial, dieron una conferencia de prensa donde criticaron la medida argentina.
La protección de inversiones entre Argentina y España se encuentra regulada por el tratado bilateral de inversión (TBI) que el Congreso Nacional ratificó en 1992, que permite que las firmas ibéricas puedan dirimir en el tribunal internacional del Banco Mundial (Ciadi) los conflictos con el gobierno argentino. Ese acuerdo contempla la posibilidad de la expropiación, si es que la empresa se declara de interés público y se establece una “indemnización adecuada”, dos cuestiones que deja planteadas el proyecto de ley que envió ayer el Gobierno.
Sin embargo, el TBI advierte que la medida “en ningún caso deberá ser discriminatoria”. El 
ministro Soria, en la rueda de prensa, aprovechó y avanzó sobre ese aspecto. “La medida es discriminatoria respecto de otros operadores, porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas para una sola empresa. También es discriminatoria respecto de los propios accionistas de YPF, ya que, además de Repsol, hay otros accionistas argentinos respecto de los cuales la decisión nada dice. Es doblemente discriminatoria”, dijo.
Algunas horas después, Repsol envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española. Indica que la medida es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora”. “Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas”, agregó la firma.
“El argumento de la discriminación puede ser el eje del planteo de Repsol, y en general la interpretación de los tribunales arbitrales que se conforman en el Ciadi”, explicó a este diario Javier Echaide, especialista en derecho internacional. El gobierno español adoptó una postura confrontativa en función del siguiente argumento: “Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española es interpretado por el gobierno de España como un gesto de hostilidad contra España. La decisión es hostil contra Repsol y por lo tanto lo es contra España, y el gobierno actuará en consecuencia”, señaló Soria. Margallo aseguró que “el gobierno adoptará todas las medidas que consideren convenientes para el interés de Repsol y de todos los inversores”. Sin embargo, más allá de que la figura de la expropiación es legal si se realiza bajo determinados parámetros, incluso forzando la legislación vigente, España no cuenta con muchas herramientas para atacar.
El gobierno ibérico dejó entrever que una opción es la represalia comercial, versión amplificada por los medios de comunicación. En primer lugar, el gobierno español no podría plantear de manera explícita una medida comercial contra Argentina sin tener problemas en la OMC, organismo que prohíbe la discriminación comercial. Pero además, el país ibérico delegó el manejo de su política comercial en la Unión Europa (UE), de manera que una barrera “de hecho”, como podría ser una paraarancelaria, tendría que regir para todo el bloque y por lo tanto ser negociada con los demás miembros. Además, la UE también está restringida por la OMC para tomar medidas contra un determinado país. De todos modos, Soria aseguró que el gobierno español solicitó a la Comisión Europea que discuta “con urgencia” la medida. El bloque regional no cuenta con herramientas puntuales para hostigar a la Argentina en términos formales.
Además del Ciadi, existe un mecanismo de solución de controversias entre Estados a través del cual el reclamo español, después de una larga etapa de negociación, podría llegar al tribunal internacional de La Haya. Sin embargo, la disputa entre ambos países sería muy compleja y de difícil resolución, de ahí el atractivo de Repsol para encarar la vía Ciadi.
Soria también dijo que Rajoy, quien hoy viaja hacia México y luego a Colombia, buscará apoyo en esos países para enfrentar la decisión de la expropiación. Incluso recordó que México mantiene una disputa con Argentina por el comercio bilateral de autos, aunque no aclaró qué relación guarda esa controversia con la situación de YPF. Margallo también criticó que la medida “quiebra el acuerdo verbal” con el gobierno nacional, según el cual a fines de febrero se habría convenido en Buenos Aires que “los posibles contenciosos se resolverían por la vía del diálogo y la negociación”.