Venezuela, irreversiblemente Estado Parte del Mercosur. La verdad sobre el complot de la Triple Alianza

Isabel Delgado Arria|

Como elefantes en cristalería, una tríada de cancillerías ha violentado acuerdos fundacionales y normativas originarias, hiriendo de forma determinante el espacio de fuerza comercial más importante de América Latina

Las acciones de algunos de los cancilleres que forman parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), constituyen una maniobra política que atropella de forma sumamente violenta al bloque de integración. El Mercosur es un cuidadoso entramado de normas mediante las cuales se construyó en el tiempo un espacio de vida ciudadana en el cual se desplazan las fronteras con respeto e igualdad. La orden del capital: alterar el funcionamiento regular del Mercosur, con la intención de diluir su funcionamiento para convertirlo en un espacio de acuerdos comerciales en contra de los pueblos. Como elefantes en cristalería, una tríada de cancillerías ha violentado acuerdos fundacionales y normativas originarias, hiriendo de forma determinante el espacio de fuerza comercial más importante de América Latina.

De facto, los enemigos de la integración suramericana pretenden:

1.- Legitimar una instancia que no existe en ningún instrumento jurídico del Mercosur, llamada “miembros fundadores”. Un bodrio de instancia, que crea un sistema de castas a lo interno del bloque, socios de primera y de segunda, destruyendo la premisa básica de un espacio en común. El Tratado de Asunción es terminante en este sentido: El Consejo de Mercado Común es la máxima instancia decisoria y está integrada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y sus decisiones se toman por consenso y con la presencia de TODOS los Estados Parte. No existe ningún espacio llamado “miembros fundadores”, muy por el contrario, se establecen las mecánicas para la adhesión de nuevos miembros en condiciones de igualdad. Una instancia fantasma no puede tomar decisión alguna, hacer pronunciamientos y mucho menos afectar la dirección del bloque o condicionar a un Estado Parte. Solo tres de los seis cancilleres firmantes del Tratado de Asunción pretenden por la vía de una declaración modificar este Tratado Originario del Mercosur, creando una instancia superior a la definida por el Tratado de Asunción. De más está decir que ni estando presentes y firmando los seis cancilleres, podrían mediante una “decisión” alterar un tratado que ha sido aprobado por los parlamentos. Esta instancia no tiene ninguna validez jurídica ni política.

2.- Destruir por la vía de facto, el principio establecido en el Artículo 16 del Tratado de Asunción, que determina que todas las decisiones se toman por consenso. No solamente se autoconvocan a golpe de gallos y media noche, sin formalidad alguna, a reuniones en las que excluyen a un Estado Parte y a otro en Proceso de Adhesión, sino que además publican un comunicado en donde Uruguay se abstiene. En el Mercosur no existen ni las abstenciones, ni las mayorías, ni las ausencias; el Tratado de Asunción establece que las decisiones son necesariamente consensuadas: si no firman los cinco socios no hay decisión, ni comunicado, ni plazo, ni condicionamiento, ni sanción. La destrucción de la obligatoriedad del consenso en el Mercosur es particularmente peligrosa porque fulmina la unidad del bloque, lo cual es condición sine qua non para que la derecha negocie algún Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gran capital.

3.- Por la vía del principio del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, de que “…Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, se busca posicionar mediáticamente la idea de que Venezuela “aún no es Estado Parte del Mercosur y que todavía debe cumplir con condicionantes para su plena membresía al Mercosur”. Es esto falso de toda falsedad: la posición de Venezuela como Estado Parte del Mercosur es plena e irreversible, aprobados los Protocolos de Adhesión por todos los Parlamentos, ratificados por los Poderes Ejecutivos y protocolizados en el Mercosur (por cierto que en el caso de Paraguay el sujeto en cuestión fue el mismo presidente Horacio Cartes), la adhesión se perfeccionó con el depósito del último Protocolo, eso es lo que exige la norma y eso fue lo que se hizo. Venezuela es Estado Parte del Mercosur y no es posible tomar ninguna decisión sin Venezuela, que desde el año 2012, ejerce plenamente su derecho de voz, voto y veto en el Mercosur. Estamos ante una posición muy riesgosa para el bloque, ya que toda reunión que se haga sin Venezuela puede ser vetada de pleno derecho por el Estado Parte venezolano (siendo particularmente sensible los desarrollos que se hagan con terceros países y/o bloques).

Venzuela ha actuado bajo el principio de lealtad con el Mercosur

La gran tarea de adecuación de Venezuela al Mercosur se culminó en el año 2012. Quedaron algunas tareas remanentes que se han venido cumpliendo a buen ritmo, algunas de ellas (como lo es la incorporación de preferencias comerciales), se ha cumplido de forma matemática cada 1° de enero por parte de Venezuela. Por el contrario, algunos socios se han retrasado en la interiorización de acuerdos fundamentales, por ejemplo, Brasil, que se comprometió a incorporar el ACE 69 para el 1 de enero de 2013, tardó hasta el 6 de octubre de 2014 para depositar el mismo ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), lo cual constituye un retraso de un año y seis meses en la incorporación de una norma fundamental para el comercio entre países vecinos. Sin hablar de que Venezuela esperó seis años y 26 días desde que suscribió el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur (comprometiéndose los cinco presidentes a incorporarlo al ordenamiento interno en seis meses), para ostentar la cualidad de Estado Parte del Mercosur.

Venezuela, con la lealtad bolivariana ordenada por el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, asistió a reuniones, adecuó sus políticas, formó a sus negociadores, aportó a los debates, aprobó normas, hizo propuestas e incidió de forma determinante y con mucho respeto en que el bloque fuese menos asimétrico, más integral, más participativo y definitivamente más fuerte.

Todos los Estados Parte están en deuda con la normativa

Venezuela debe incorporar decisiones, resoluciones y directivas mercosurianas a su ordenamiento interno, es verdad, pero también es verdad que deben hacerlo todos los países que conforman el Mercosur. De hecho es un viejo debate del bloque, la necesidad de que la normativa Mercosur sea incorporada a los ordenamientos jurídicos internos, porque todos los Estados Parte están en deuda con la normativa. El Mercosur no es un proceso de integración supranacional, es necesario un procedimiento legislativo o ejecutivo de cada Estado y una acción de la Secretaría Mercosur.

La incorporación de las normas está regulada por el Protocolo de Ouro Preto (POP), este tratado no impone la obligación ni la forma de incorporar la normativa dentro de un lapso determinado, sino que señala, en su Artículo 38, el compromiso de los Estados Parte de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del Mercosur e informar a la Secretaría Administrativa sobre las medidas adoptadas. El Artículo 40 del POP establece que la norma es vigente solo si la aprueban todos los socios y entra en vigencia para todos de forma simultánea. Basta que un Estado Parte no comunique a la Secretaría la aprobación de una norma (aun si ha sido aprobada por el Legislativo), para que la misma no entre en vigor en el Mercosur. Eso ha traído como consecuencia que alrededor del 50 % de la normativa del Mercosur no se encuentre vigente.

Venezuela no acepta chantaje

Venezuela se comprometió a adoptar el acervo normativo del Mercosur en forma gradual y en cumplimiento del Protocolo de Ouro Preto ha adoptado las medidas necesarias para incorporar las normas emanadas de los órganos del Mercosur, en un porcentaje superiorísimo al cumplimiento de sus socios. Es importante señalar que Venezuela no está obligada a internalizar toda la normativa, está obligada (como todos los socios) a adoptar las medidas necesarias para asegurar su internalización.

La vocación integracionista de Venezuela la compromete en la conformación de un sistema normativo comunitario, debemos ser más rápidos y activos, pero no hay norma que permita amenazar o sancionar a un socio porque no ha incorporado alguna norma a su ordenamiento interno, si fuese así, todos los socios de Mercosur hemos hecho méritos. Por el contrario, en el Artículo 2 del Protocolo de Adhesión, en el que Venezuela se compromete a adoptar la normativa Mercosur, también se obligan todos los Estados Parte a que cualquier controversia sobre la incorporación de las normas de Venezuela se resolverá mediante los mecanismos establecidos en el Protocolo de Olivos.

Así que Venezuela incorporará las normas que están vigentes y aplicadas y que no contradigan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y si a alguno de los socios no le gusta, pues que accione los mecanismos de Olivos.

El presidente Maduro ha sido claro y terminante, Venezuela no acepta chantajes y la lealtad con el Mercosur llega ciertamente a la defensa de su legalidad e integridad y a la protección de sus pueblos.

Venezuela sigue teniendo derecho a voz, voto y a veto, además de ostentar la presidencia pro tempore. La triada contra el Mercosur debe revisar bien las recomendaciones que les están dando sus asesores, porque lo que hacen queda fuera de todo límite y es nulo de nulidad absoluta.