Estado de sitio en Bolivia: la amenaza militar frente a la protesta docente
El Gobierno de Rodrigo Paz amenazó este martes con declarar el estado de sitio en Bolivia y desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles como respuesta a un conflicto de origen estrictamente social y educativo. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que «de ser necesario se va a dictar estado de sitio» y que se «va a militarizar» el país si se reanudan las movilizaciones populares.
La amenaza llegó mientras cientos de maestros urbanos marchaban por el centro de La Paz en una jornada de «cacerolas vacías» convocada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) en los nueve departamentos del país. Los docentes reclaman mayor presupuesto para las escuelas, la nivelación salarial pendiente desde acuerdos firmados en mayo y el freno a decretos que consideran una precarización de la carrera docente.
Un estado de excepción que se busca prolongar
La protesta se desarrolló en pleno estado de excepción vigente desde el 20 de junio, cuyo plazo vence el 18 de septiembre, justo cuando la Asamblea Legislativa analiza un decreto para ampliarlo por 90 días más. El Ministerio de Educación respondió a las movilizaciones pidiendo a los docentes «reflexionar» y dejar de lado posiciones ideológicas, aunque reconoció que el incremento salarial y la nueva malla curricular siguen sin resolverse.
Los dirigentes del magisterio denuncian que el Ejecutivo incumplió compromisos como la instalación de mesas técnicas y la modificación de la currícula con participación de los propios educadores. A las reivindicaciones históricas por ítems, infraestructura e incremento salarial, el sector sumó ahora el rechazo al alza del costo de vida y a la escasez de combustibles que golpea al país.
La marcha, que recorrió el Prado paceño hasta concluir en un mitin junto al Obelisco, transcurrió bajo la custodia policial sin mayores incidentes, en contraste con el tono de la advertencia gubernamental. Analistas y el propio magisterio señalan que la amenaza de militarizar las calles frente a un reclamo de docentes por presupuesto educativo desnuda una respuesta desproporcionada a un conflicto que, hasta ahora, se ha mantenido en el terreno del diálogo social.