Trump destituye comisionados electorales antes de las legislativas
Trump destituye comisionados electorales en un movimiento que ha dejado descabezada la Comisión de Asistencia Electoral (CAE), órgano federal encargado de apoyar a los estados en la organización de comicios y certificar sistemas de votación. La decisión se produce a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en un contexto de fuerte polarización y de reiteradas acusaciones de fraude por parte del mandatario republicano.
La CAE fue creada en 2002 como una instancia bipartidista para reforzar la seguridad electoral, distribuir fondos federales y fijar estándares mínimos sobre el funcionamiento de las máquinas de votación y el registro de electores. Al cesar a los comisionados demócratas y forzar la salida del representante republicano, Trump elimina una de las pocas instancias federales con supervisión compartida entre ambos partidos en el terreno electoral.
Denuncian a Trump
Legisladores demócratas, como el líder del Senado Chuck Schumer, han denunciado que despedir a todos los miembros restantes de la CAE a meses de los comicios es un intento descarado de hacerse con el control de las elecciones antes de que se emita un solo voto. Desde su perspectiva, vaciar de contenido a este organismo debilita las garantías de imparcialidad en la certificación de sistemas de votación y en la distribución de recursos a los estados.
El movimiento de Trump se apoya en un reciente fallo del Tribunal Supremo que amplió las facultades presidenciales para despedir a funcionarios de organismos reguladores independientes, siempre que ejerzan poder delegado del Ejecutivo. Esta sentencia ha sido interpretada por la Casa Blanca como una vía abierta para intervenir en agencias que, hasta ahora, se consideraban relativamente protegidas de la presión política directa.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca impulsa la llamada ley “SAVE America”, que obligaría a los votantes a presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse, una medida que los demócratas consideran restrictiva y dirigida a reducir la participación en sectores vulnerables. Organizaciones de derechos civiles alertan que, combinada con la descabezada CAE y el discurso reiterado de fraude, esta ofensiva podría erosionar la confianza pública en los resultados de las elecciones de noviembre.