Con Meloni, Italia antisocial

Desde el 23 de octubre de 2022, cuando asumió el gobierno la alianza liderada por Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), se dieron escasas buenas noticias para los sectores sociales italianos más marginalizados que vieron esfumarse derechos esenciales, y ahora, además, se convierten en principal blanco de la represión.

El proyecto Meloni, con la apuesta de convertirse en el referente europeo de la extrema derecha, viene promoviendo políticas de neto favor al gran capital. Aplica recortes significativos en la educación y la salud pública; combate de frente a los inmigrantes y elimina la Renta de Ciudadanía, subsidio que beneficiaba a una gran parte de las familias pobres y personas desempleadas. En paralelo, promovió una nueva ley represiva antisocial, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y ahora a la espera de una próxima ratificación en el Senado.

Criminalizar la protesta

La Ley 1660 o “Ley Mordaza”, que introduce más de veinte nuevos tipos de delitos y circunstancias agravantes, permite, entre otras, condenas de hasta 2 años de cárcel a huelguistas y participantes en protestas con cortes de calles, carreteras o vías férreas. Incorpora el concepto de “terrorismo de palabra” con sanciones posibles de hasta 6 años para quienes propagandicen las luchas sociales. Ocupar una casa o predio vacío o solidarizarse con una ocupación puede significar 7 años de prisión. Cualquier tipo de resistencia activa podría ser sancionado con una pena de hasta 15 años y la denominada resistencia pasiva, hasta con 4 años. Incorpora nuevas sanciones contra los inmigrantes sin permiso de residencia en el país que no podrán, por ejemplo, obtener tarjetas SIM para sus teléfonos celulares. Además, penaliza severamente la mendicidad en lugares públicos.

“Buscan criminalizar cualquier tipo de protesta, cerrar la boca a las voces críticas, desnaturalizando y negando derechos democráticos esenciales”, explica a Paolo Banci, ex sindicalista, militante social de larga trayectoria de la región toscana y presidente de la sección local de Rignano sull’ Arno de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI). La ANPI es hoy una de las mayores organizaciones con presencia en todo el territorio nacional. Fue creada en junio de 1944, en Roma, mientras el Norte sufría todavía la ocupación nazi-fascista. El 5 de abril de 1945 se le concedió el estatus de “ente moral”, lo que le otorgó personalidad jurídica, promoviéndola, de hecho, como la asociación oficial de los partisanos.

Independiente de los partidos políticos, la ANPI, según su propia definición, “sigue estando a la vanguardia en la custodia y aplicación de los valores de la Constitución, por lo tanto, de la democracia, y en la promoción de la Memoria de esa gran época de conquista de la libertad que fue la Resistencia”. Para la Asociación de Partisanos, la lucha antifascista de ayer va de la mano del combate universal por la memoria, contra la guerra, por los derechos constitucionales y, en particular, las conquistas sociales.

Desorientación política y desilusión

Mirar hacia atrás, observar las elecciones parlamentarias de septiembre de 2022 en la cual Giorgia Meloni (Hermanos de Italia) y sus aliados (La Liga, Fuerza Italia y los demócrata-cristianos de Somos Moderados) obtuvieron el 44% de los votos, implica activar la crítica hacia los partidos de centro e izquierda. Estos, con sus tibias políticas cuando fueron gobierno, “abandonaron a los sectores más pobres, facilitaron el aumento del descontento popular y abrieron de par en par las puertas a la llegada de la extrema derecha al Gobierno”, sostiene Paolo Banci. Quien subraya que, desde entonces, la alianza de Meloni con el apoyo del gran poder económico y mediático “ha ido ganando la batalla cultural, la disputa ideológica y pone al pueblo a la defensiva”. Prometieron mejoras que no cumplieron; aplican políticas que no habían anunciado en la campaña electoral y han impuesto, de esta forma, argumentos y discursos paternalistas, simplistas y autoritarios que han afectado y siguen golpeando al conjunto de las fuerzas progresistas, completa Banci.

Desde las organizaciones de la sociedad civil y de base, “somos muy críticos con los grandes partidos de izquierda y de centro, que no respondieron a las expectativas de la gente y promovieron el actual escenario. Pensaron que declamando una buena gestión administrativa sería suficiente y la realidad demostró lo contrario, con la consecuencia directa que el pueblo italiano perdió la esperanza por el cambio y optó por una alternativa conservadora. Falta hoy una real alternativa progresista de poder”, subraya el militante de Rignano sull’Arno.

Para Banci, que en 2009 con un grupo de compañeros reconstruyeron y relanzaron la ANPI en diversos municipios del sur de la región toscana, si bien la coyuntura política actual puede leerse con pesimismo desde los ojos de los sectores populares, “nada es definitivo, el movimiento de base y de la sociedad civil no está muerto y siguen apareciendo ciertas señales de esperanza de cara al futuro”. En su análisis, entran no solo una gran diversidad de iniciativas sociales en la base, en todo el territorio —muchas de ellas promovidas por jóvenes—, sino también algunas propuestas políticas mayores de trascendencia nacional.

El amanecer también existe

Paolo Banci menciona, a manera de ejemplo, el gran frente asociativo que en Italia se manifiesta a favor del fin de la agresión en Gaza, que apuesta a una salida pacífica de ese conflicto y que promueve el reconocimiento oficial del Estado Palestino. “Actualmente, los partidos de centro e izquierda están adentro de ese frente, pero no tienen la voz cantante ni juegan el rol central”, puntualiza.

En lógica similar, el dirigente de la ANPI y actor comprometido en la solidaridad internacional reivindica la importante movilización de los últimos meses a favor de un referéndum contra la nueva Ley de la Autonomía Diferenciada promovida por La Liga (anteriormente Liga del Norte). Banci explica que “hasta ahora —inicios de octubre— se recolectaron alrededor de 1.300.000 firmas, incluyendo muchas digitales, especialmente de jóvenes. Ese número representa más del doble de lo que la ley exige para que un Referéndum sea votado. Y si bien los partidos de centro y de izquierda apoyan esta iniciativa, tampoco juegan el rol protagónico que sí tiene el movimiento socio-cultural y sindical”. Se espera que en los próximos meses la Corte Constitucional reconozca la inconstitucionalidad de la Ley y permita, así, una votación popular, la que será, según el militante social, “un nuevo y gran desafío para conseguir una mayoría contra esa ley en las urnas”.

Según las múltiples asociaciones y organizaciones sociales y culturales que han promovido el Referéndum, la Ley de Autonomía Diferenciada debe ser derogada porque “dividirá Italia en muchas pequeñas patrias, aumentará las disparidades territoriales y agravará las ya insoportables desigualdades sociales, en detrimento de toda la comunidad y, en particular, de los trabajadores y los obreros, los jubilados y los pensionistas, los jóvenes y las mujeres”. Al priorizar al norte rico de Italia, en detrimento, esencialmente, del sur menos desarrollado, esta ley “divide al país y perjudica tanto al sur como al Norte; empobrece la mano de obra; socava las políticas medioambientales; afecta la educación y la salud públicas; penaliza los municipios y las zonas del interior; complica la vida de las empresas y obstaculiza el desarrollo nacional”.

La resistencia a esta ley, según Paolo Banci, tiene una importancia significativa, ya que la misma constituye el primer instrumento jurídico de la gran reforma conservadora que promueve la actual alianza de gobierno. Si la Autonomía Diferenciada se acepta sin una oposición popular contundente, le seguirán la ley que impulsa Meloni para concentrar el poder a través la elección directa del primer ministro –debilitando todos los otros poderes del Estado— y, también, la que promueve reestructurar la justicia, iniciativa reaccionaria en la cual está principalmente interesada Fuerza Italia.

Aunque el futuro político italiano está repleto de incertidumbre y desafíos, “no dejamos de apostar a la permanente movilización desde abajo en defensa de derechos sindicales, de apoyo a fábricas ocupadas, de promoción de reivindicaciones sociales, a favor de la paz y contra los aires belicistas, de solidaridad con los inmigrantes, de reactualización de la memoria colectiva antifascista”, reflexiona Paolo Banci. Certezas concretas: “Es muy importante que organizaciones como la nuestra, la de partisanos, logre reunir más de 150.000 miembros en todo el país —más que los afiliados de algunos de los grandes partidos— y que constantemente muchos jóvenes que no quieren enrolarse en un partido político pidan integrarse a nuestra asociación”.

No menos significativo, también, es el resurgimiento de la protesta contra la guerra y contra la militarización del territorio y de las escuelas. Que incluye, por ejemplo, movilizaciones en la región de Florencia contra la iniciativa gubernamental de instalar en esa zona el Comando de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para el sudeste de Europa, el que se sumaría a las muchas bases norteamericanas y de la Alianza Atlántica desde años presentes en suelo italiano.

Sin duda, concluye Banci, esas plataformas, redes, convocatorias y esfuerzos de movilización, “podrían convertirse, en el futuro, en el punto de partida de la construcción de una alternativa al actual gobierno. Una alternativa que le devuelva la ilusión a la gente y promueva la confianza en un verdadero proyecto de cambio. Un laboratorio político, una apuesta de esperanza que como levadura deberá seguir creciendo y multiplicándose a pesar del gran poder actual de la extrema derecha dominante”.