Odebrecht, el castillo de naipes a punto de caer

Sputnik
El imperio de la todopoderosa Odebrecht en Brasil se tambalea y su más que previsible desplome amenaza con llevarse por delante a políticos, empresarios e inversores de media Latinoamérica. Con la detención el pasado viernes de su presidente, Marcelo Bahía Odebrecht, el juez Sérgio Moro daba un paso de gigante en los avances de la “Operación Lava Jato”.

Ya no se trataba únicamente de los sobornos que la empresa habría pagado a directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera semiestatal, sino de meter en la cárcel al dueño de una de las mayores empresas de Sudamérica con presencia en grandes proyectos de infraestructuras en Colombia, Panamá, Perú o Cuba, más de 180.000 empleados y una facturación de 34.692 millones de dólares en 2014.

En Brasil, la sección de construcción y de ingeniería de Odebrecht, que también alcanza las áreas de petroquímicos y defensa, es la principal responsable de la mayoría de las obras de infraestructura de los Juegos Olímpicos de Río 2016: Línea 4 del metro de Río, BRT Transolímpico, VLT Carioca, Villa Olímpica, Parque Olímpico, Puerto Maravilla y tareas de limpieza de la laguna de Barra da Tijuca.

Aunque la mayoría de los proyectos —186 contratos de los que solamente el 26% se desarrollan en Brasil- no deberían verse afectados en un primer momento por la detención de su presidente, la colocación de su nota crediticia (Baa3) a revisión por la prestigiosa agencia de rating Moody’s podría afectar seriamente el acceso al crédito de la compañía limitando su liquidez en un momento en el que podría enfrentar multas estratosféricas.

Solo el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) estudia ya la posibilidad de aplicar una multa de 1.400 millones de reales (450 millones de dólares) por su papel en la red de corrupción en Petrobras, un auténtico mazazo a Odebrecht que acumula una deuda bruta total de 10.700 millones de reales (3.446 millones de dólares).

Pero su relación con Petrobras es solamente la punta del iceberg de los asuntos turbios que la caída de la empresa podría traer a la superficie: durante más de una década, el conglomerado Odebrecht recibió junto a la empresa aeronáutica Embraer el 80% de los préstamos concedidos por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, algo utilizado por la oposición de Brasil a raíz de los escándalos de corrupción para vincularlo a los Gobiernos del Partido de los Tabajadores (PT) y, en especial, el expresidente Lula da Silva.br odebrecht

“Me irrita que nos sitúen siempre en la línea de fuego de los ataques políticos”, explicó Marcelo Odebrecht en un evento económico en Sao Paulo una semana antes de su detención, el pasado 15 de junio, mientras retaba a los periodistas presentes a demostrar la mala utilización de los fondos del BNDES en sus proyectos en Cuba y Angola: “Dijeron que el BNDES nos había otorgado unos 8.000 millones de dólares para invertir en el extranjero, creo que es poco porque en ese mismo periodo generamos 20.000 millones”.

De hecho, el BNDES financió con 682 millones de dólares la construcción de Puerto Mariel en Cuba por parte de Odebrecht, posiblemente el proyecto más polémico de la constructora en el exterior, debido a la desaprobación de la oposición del país, pero solamente uno más en una larga lista y, probablemente, el menos sospechoso de corrupción.

En Colombia, donde Odebrecht trabaja a través de una filial desde hace 20 años, la compañía mantiene en marcha cinco proyectos, entre ellos, la recuperación del Río Magdalena, con un coste de 2.500 billones de pesos colombianos (974 millones de dólares) y 13 años de duración, y la construcción del sector II de 528 kilómetros de la Ruta del Sol, con un presupuesto de 3.600 billones de pesos colombianos (1.402 millones de dólares).

Según un reciente comunicado de Odebrecht Colombia, los proyectos en el país continuarán independientemente de las investigaciones al ser “proyectos completamente independientes”, siempre y cuando las autoridades colombianas no decidan revisar las actividades de la empresa en el país. Por el momento, las autoridades colombianas se limitaron a un escueto comunicado del Ministerio de Transporte en el que se afirmó que “en aplicación del principio universal de la presunción de inocencia se esperará el pronunciamiento de la cada uno de los organismos judiciales de los países en los que se dieron los hechos”.

No obstante, cabe sospechar que la empresa decida, como medida cautelar, paralizar sus ofertas para la construcción de la Transmilenio por la Avenida Boyacá, la adecuación de una vía alterna entre Bogotá y Girardot, así como la recuperación del Río Bogotá, tres proyectos que requerirían una inversión de 7,9 billones de pesos colombianos (3.078 millones de dólares).

Ya en Perú, la situación de Odebrecht se complica a raíz de los escándalos en torno a la construcción de la Interoceánica Sur, una obra en la que además participó la constructora Camargo Correa (socia de Andrade Gutierrez, cuyo presidente fue detenido junto a Marcelo Odebrecht), otra de las empresas del llamado cártel de Petrobras y que habría obtenido mediante el pago de sobornos, según revelaron los grupos de periodismo de investigación Convoca y BRIO, este último financiado por por el magnate George Soros con el propósito de aumentar la transparencia de los Gobiernos de América Latina.

Al parecer, el proyecto inicial de la Interoceánica Sur, de 2.400 kilómetros de extensión, inaugurado en 2006 desde su conexión con el Estado brasileño de Acre por el expresidente, Lula da Silva, tuvo un sobrecoste de 303 millones de dólares en 2008 y de 1.200 millones de dólares en marzo de 2015, es decir: el proyecto inicial de 800 millones de dólares en la actualidad sobrepasa los 2.000 millones de dólares.

Marcelo Odebrecht mantuvo en julio de 2006 y julio de 2011 dos reuniones con el expresidente peruano Alan García Pérez en el Palacio de Gobierno. La primera de ellas fue decisiva para la firma del convenio con Petroperú y Perupetro, el 27 de septiembre de 2006, y la segunda se celebró en medio del proceso abierto en 2008 por el Ministerio Público de Brasil conocido como “Castillo de Arena” y que investigó las maniobras irregulares de la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la Interoceánica Sur, que registró un sobrecoste del 230%.

Aunque no existen indicios de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil se plantee reabrir el caso “Castillo de Arena”, archivado el pasado mes de febrero tras un recurso del Ministerio Público, la más que evidente implicación de Odebrecht y Camargo Correa, así como Andrade Gutierrez, tanto en los casos de corrupción investigados en “Lava Jato” como “Castillo de Arena”, podrían conducir a nuevas investigaciones en Perú.

Una posibilidad tan real como el caso colombiano y que amenazaría a los negocios millonarios que las grandes empresas brasileñas del sector de la construcción y la ingeniería mantienen en el país y que pretenden desarrollar, en los próximos años, la construcción del ferrocarril Transoceánico, un proyecto conjunto con China de más de 10.000 millones de dólares y clave para las exportaciones de soja y mineral de hierro de Brasil.

Los efectos de la detención de Marcelo Odebrecht todavía están por ver. Sin embargo, en Brasil son muchos los que opinan que las implicaciones para varios Gobiernos de Latinoamérica, y en especial para el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y el BNDES de Brasil, son de tal calibre que seguramente las investigaciones del Ministerio Público Federal no pasarán de los relacionados con la corrupción en Petrobras, aunque, eso sí, la última palabra dependerá de la Justicia de cada uno de los países afectados.