Victoria Korn |

En el contexto de la tercera ronda de negociaciones que se prepara entre el gobierno bolivariano y sectores de la oposición en la caribeña Barbados, a reanudarse el próximo domingo, ambas partes acordaron la instalación de una mesa de trabajo permanente para alcanzar una solución a la crisis en Venezuela.

El gobierno y sectores de la oposición venezolana acordaron establecer una mesa de trabajo permanente para intentar resolver la situación política, tras concluir una ronda de diálogo en Barbados e iniciarse de inmediato las consultas internas para poder avanzar en la negociación. Lo que llama la atención es el silencio de EEUU sobre estos avances.

El gobierno de Noruega, que auspicia las conversaciones, señaló que “como parte de este proceso, se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita, con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución” venezolana. No hay fecha prevista para un nuevo encuentro, ya que, por ahora, la labor se centrará en mesa de trabajo sectoriales.

La ministra noruega del exterior, Ine Eriksen Søreide, instó a las partes a tomar la “máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso”. Fue una «intensa jornada de trabajo con los seis puntos de trabajo», informó el presidente Nicolás Maduro, quien instó a la oposición a no dejarse engañar sobre la agenda del diálogo, ya que entre los sectores adversos a su gobierno hay grandes contradicciones.

La canciller noruega Soreide se encargó de comunicar la formación de la mesa permanente.
Canciller noruega Ine Eriksen Søreide

En respuesta a este avance en el diálogo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que no se adelantarán las elecciones presidenciales, previstas para 2024, con lo que desmintió una versión manipuladora del diario El Nacional que afirmaba que las próximas elecciones presidenciales serían entre febrero y abril del próximo año, como salida elegante al cuestionado presidente Maduro.

 

«Los flecos que faltan por cortar están referidos a la conformación del Consejo Nacional Electoral, que se renovará completamente», añadió el diario. «Ya se sentaron los cuatro líderes de los principales partidos políticos de la oposición y están de acuerdo en que sea Guaidó el que se presente como candidato».

Un intento para levantar la devaluada figura del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que pretendió presionar la reunión de Barbados con “masivas” manifestaciones, que obviamente no se produjeron.  Guaidó insistió en que la oposición trabajará en todos los tableros, que incluyen la iniciativa de Oslo y el retorno de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para lograr una pronta salida (¿militar?) a la crisis.

Cabe recordar que entre 2016 y 2018 ambas partes participaron en algunas iniciativas de diálogo, con el apoyo de varios países, expresidentes y el Vaticano, que no llegaron a ningún acuerdo y terminaron por profundizar los enfrentamientos entre las partes, desde que a punto de firmarse un acuerdo en República Dominicana, los representantes de la oposición se abstuvieron de hacerlo por orden expresa de Washington.

El gobierno estadounidense continúa con sus planes: La embajada virtual en Venezuela aseguró que su misión es conseguir un “cambio positivo” en el país con la salida del presidente constitucional Nicolás Maduro. También indicó que las sanciones “no tienen que ser permanentes”, sino que pueden ajustarse “para aquellos que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático y constitucional”.

A través de la cuenta en Twitter, @usembassyve, el ente diplomático sirve como órgano de propaganda del autoproclamado Guaidó, mostrando lo que sería su “plan de gobierno” de asumir la Presidencia. Se trata de una cuenta oficial del Departamento de Estado de EEUU, que es administrada desde Washington, según se informa en el perfil del usuario.

Y EEUU sigue con su escalada de sanciones: el Departamento del Tesoro sancionó ayer a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela tras la muerte, por aparentes torturas, del militar Rafael Acosta mientras se encontraba detenido en ese centro por conspirar contra Maduro.

La sanción implica el bloqueo de todos los bienes y activos que la Dgcim tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Acercamientos

Delegados del gobierno constitucional de Nicolás Maduro y del sector opositor que lidera el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó se reunieron en Barbados desde el lunes pasado, dando continuidad a acercamientos iniciados en mayo en Oslo.

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Héctor Rodríguez y Stalin González

El delegado del gobierno en los diálogos con la oposición en Barbados, Héctor Rodríguez, dijo que tras los primeros encuentros «hemos escuchado las aspiraciones y solicitudes que han hecho las diferentes oposiciones venezolanas» en torno a un posible acuerdo. «Hemos instalado las mesas en forma permanente  y se acordó la voluntad de trabajar juntos por la paz del país», añadió Rodríguez, sin agregar más detalles.

«Este no será un camino sencillo», dijo Rodríguez, joven gobernador del estado Miranda. Pero, como representante del gobierno, dijo estar convencido la posibilidad de que las partes se lleguen a un acuerdo de paz «para que nos reconozcamos mutuamente. Hay la voluntad para trabajar (…) Buscamos un acuerdo de convivencia».

“Los venezolanos necesitamos respuestas y resultados. Nuestra delegación hará consultas para avanzar y poner fin al sufrimiento de los venezolanos”, tuiteó el diputado opositor Stalin González.

Las delegaciones participantes fueron las mismas que participaron del diálogo en Oslo el mes de mayo: en representación del Gobierno, los ministros de  Comunicación (Jorge Rodríguez) y Relaciones Exteriores (Jorge Arreaza), y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

Por la oposición, el diputado Stalin González, el exalcalde del municipio Baruta Gerardo Blyde, el exministro de Transporte y Comunicaciones (1992) Fernando Martínez Mottola y el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz.

Mientras, se concretó la visita a Caracas del uruguayo-español Enrique Iglesias en representación de la Unión Europea y el Grupo de Contacto Internacional, quien se reunió con Maduro y con Guaidó (por separado), aunque se desconoce la agenda de alguien visto como defensor de los intereses de las empresas trasnacionales europeas.

Barbados será nuevamente la sede de la próxima reunión, en busca de una solución a la crisis. Pero de estas conversaciones no participa Estados Unidos, aunque su representación suelen ejercerla los delegados de la oposición venezolana, guionados y financiados por Washington.

Madame Bachellet, rectifique

El presidente Nicolás Maduro, exigió a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la pronta rectificación del informe presentado el pasado 5 de julio, “cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano” y “resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor que orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano”.

Mduro afirma que el informe está plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes; un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado que, a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en Venezuela, no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial.

“Es especialmente grave que su informe haya privilegiado las versiones recabadas en el extranjero. Así, de 558 entrevistas realizadas por la Oacnudh, 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional, constituyendo 82% de las opiniones”, dicd el presidente.

Y añade que “se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificatoria de una intervención y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos naturales.

Pregunta Maduro si puede llamarse dictadura a un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales en los últimos veinte años, que redujo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas a un tercio de la que existía antes de la Revolución, que hizo de Venezuela el segundo país menos desigual del continente, produjo la más grande transferencia de riqueza, transfiriendo 25% del ingreso hacia las clases medias y los sectores con menos recursos.

¿Puede llamarse dictadura a un Gobierno que en una Constitución votada por el pueblo, dió derechos por primera vez a los pueblos indígenas, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, que ha visibilizado y otorgado derechos a las mayorías empobrecidas y las minorías segregadas?

Desmiente la “crisis humanitaria” y afirma que EEUU ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero, ha bloqueado y confiscado más de siete mil millones de dólares destinado a la compra de alimentos y medicinas, ha prohibido transar la deuda venezolana, y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela.

Su informe, dice Maduro, desconoce la verdad histórica de América Latina, e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de EEUU y sus aliados. Lamentablemente, usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión, y tristemente se ha puesto del lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano, abriendo así la puerta a quienes plantean una intervención directa.

Señala el presidente que Bachellet afirma que el sistema del Carnet de la Patria “consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga a una parcialidad o militancia política. Nada más falso. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay 18.809.877 ciudadanos registrados. Esa cifra revela por sí sola el carácter inclusivo del Sistema de Protección Social más completo e inédito que existe”.

Y le recuerda que ella, personalmente se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de la oposición, personas que fueron quemadas vivas sólo por el color de su piel o por creerse que eran partidarios del Gobierno, y no ha incluido la menor referencia a ese encuentro, “y menos aún a la dramática exigencia de justicia que le hicieron los familiares, y a la cual se comprometió”.

*Periodista venezolana, asociada al Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

 

 

 

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