Cierre fronterizo reaviva el conflicto

Marcos Salgado – Miradas al Sur

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia comparten una de las tres fronteras más extensas de Sudamérica y la más activa y permeable. Divididas por ríos que se atraviesan caminando con el agua a las rodillas o, simplemente por una etérea línea imaginaria en extensas llanuras. El paso fronterizo formal más activo es el Puente Simón Bolívar, que une el Estado Táchira, en Venezuela, con el departamento del Norte de Santander, en Colombia. Cerca de ese puente, el 19 de agosto último una patrulla de la Guardia Nacional venezolana fue emboscada por paramilitares. Tres oficiales y un civil resultaron gravemente heridos.

Fue el primer ataque desembozado a efectivos militares por parte de bandas fuertemente armadas y fue la gota que rebalsó el vaso. El gobierno de Nicolás Maduro, primero decidió cerrar el paso fronterizo y militarizar los municipios cercanos al límite, después decretó por primera vez en un gobierno chavista el estado de excepción en parte del Estado Táchira, para permitir revisar casa por casa en los poblados con fuerte presencia de ciudadanos colombianos. En pocas horas más de mil personas fueron deportadas y del lado colombiano se encendieron las alarmas: las autoridades locales aseguraron que el regreso masivo de colombianos genera una crisis humanitaria y desde Bogotá pidieron una reunión urgente entre los dos gobiernos. El encuentro se realizó recién el miércoles, en el edificio alterno de la cancillería colombiana en Cartagena de Indias, lejos de la frontera caliente.

Tras la reunión, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reconoció “el problema de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando que afectan por igual a los dos países” y hasta aseguró que el contrabando de combustible “desangra a Venezuela”, al igual que “el diferencial cambiario, la diferencia de precios que hay entre un país y otro” que genera un contrabando que “está haciendo un daño inmenso en Venezuela”. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, remarcó que hay acuerdo en trabajar en una “frontera de paz”. Se acordaron reuniones específicas en materia de seguridad y defensa. Nada demasiado diferente a lo que los presidentes Maduro y Juan Manuel Santos acordaran meses atrás, sin resultados a la vista.

Frontera podrida

Mientras tanto, en la frontera buena parte del gobierno de Nicolás Maduro se alternaba en las cámaras de televisión desde el mismísimo puente cortado, para apoyar la decisión del presidente y reclamar al gobierno de Colombia una nueva política fronteriza. El vicepresidente, Jorge Arreaza, detalló que tras el cierre del paso fronterizo mejoró el abastecimiento de productos de primera necesidad (con precios subsidiados por el Estado Venezolano) en el Estado Táchira y zonas vecinas. También aseguró que en una semana de cierre fronterizo no hubo homicidios en la zona, y hasta la gasolina (subsidiada casi hasta su gratuidad) alcanzó para la demanda local al no fugarse sistemáticamente rumbo a Colombia.

El presidente de la Asamblea Nacional y número dos del bolivarianismo, Diosdado Cabello, también desde el puente vallado, fue más allá: pidió que el gobierno colombiano derogue las leyes que “incitan al contrabando” de extracción siempre en un sólo sentido: desde Venezuela hacia Colombia. Lo cierto es que con leyes o sin ellas, algunos datos muestran el descalabro fronterizo. De cada once litros de nafta que se venden en el Norte de Santander, diez provienen de Venezuela. El departamento colombiano es el más castigado del país por la precarización del empleo: más del setenta por ciento de los trabajadores en la zona son informales y casi todos están vinculados al trasiego interminable del contrabando. Hasta ahora.

Del otro lado era el propio Santos el que se entrevistaba con los deportados para asegurarles que estarían seguros de nuevo en su país, y que nadie quedaría desatendido.

“Estamos buscando una nueva frontera, la frontera se nos pudrió. Somos víctimas de un capitalismo que se impone en la base del terrorismo de las armas”, dijo Maduro a periodistas extranjeros, y aseguró que la frontera –en ese punto clave– seguiría cerrada y amenazó con extender el corte a otros puntos.

La irrupción militar y política en Táchira sirve para bajar la temperatura. Pero que el mercurio no vuelva a elevarse dependerá de políticas a mediano plazo, que incluyan atacar, también, la corrupción y la connivencia entre bandas criminales y factores de las Fuerzas Armadas y de seguridad venezolanas. Una batalla demorada que recién comienza.

Paramilitares desestabilizan,¿Uribe dirige?

En encuentro con corresponsales, el presidente venezolano aseguró que la emboscada a la patrulla de la Guardia Nacional es la continuidad de otros eventos que patentizan la creciente presencia paramilitar de origen colombiano en Venezuela, y recordó otros hechos, como el asesinato del joven diputado chavista Robert Serra, el año pasado en Caracas, a manos de –avanza la investigación judicial– un sicario de origen colombiano y hasta la aparición del cadáver descuartizado de una mujer en Caracas, hecho cuya autoría confesaron dos activos simpatizantes de oposición, y que para el gobierno buscaba generar confusión y terror en la ciudadanía, cada vez mas preocupada por la irrupción cotidiana de la violencia armada.

Uribe, cabeza visible

Álvaro Uribe dejó el sillón presidencial de Colombia en 2010, en el momento de mayor tensión con Venezuela, por entonces con Hugo Chávez al mando. El colombiano aseguraba que Venezuela protegía campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su territorio y aunque nunca lo probó, tiempo después aseguró que “le faltó tiempo” para atacar territorio venezolano. La respuesta de Chávez –ya convaleciente por el cáncer– no se hizo esperar: “no le faltó tiempo, le faltaron cojones”, dijo el bolivariano.

El punto final para una relación compleja, que tuvo hasta escaladas bélicas en ciernes, como cuando en 2008 Chávez movilizó tropas a la frontera, como respuesta al ataque de Uribe al campamento de Raúl Reyes, el “canciller” de las FARC, en territorio ecuatoriano. Su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, bajó el tono de la confrontación con Venezuela y su gobierno en las antípodas ideológicas y políticas, al asumir la presidencia.

Mientras, Uribe bramaba odio. Ya con Maduro en el gobierno, en twitter primero y desde una banca de senador después, fue el vocero avanzado de la desestabilización interna en Venezuela. Se abrazó con toda la oposición antichavista y especialmente con los más furibundos partidarios de “la salida” violenta, como el detenido Leopoldo López.

El gobierno de Maduro lo acusa de financiar bandas armadas, como la que acabó con la vida del diputado chavista Robert Serra y su colaboradora, María Herrera, hace un año en Caracas. El sindicado autor material del doble crimen fue extraditado de Colombia a Venezuela y el señalado financista, un concejal uribista del Norte de Santander, también está preso en Caracas.

Maduro insiste en que cuenta con las pruebas que llevan a Uribe como autor intelectual de los dos asesinatos, que movilizaron a la opinión pública venezolana. Esa información no es pública. Al menos hasta ahora.

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