YPF: las primeras letras de una nueva historia
CLAUDIA KOROL | El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que impulsa la recuperación del 51% de las acciones de la petrolera Repsol YPF e incluye la nacionalización de YPF Gas -líder en distribución minorista de gas en garrafas-, obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones del Senado y puede ser convertido en ley en mayo. En su fundamentación plantea alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial.
Claudia Korol – Punto Final
El gobierno argumenta que “el modelo de negocios de la empresa no cierra con las necesidades del país”. Es una realidad a la vista: en el año 2011 Argentina se vio obligada a importar combustibles por U$S 9.400 millones. Su continuidad es una verdadera amenaza, en momentos en que se agrava la crisis capitalista –y su dimensión energética- en los centros mundiales.
La decisión ha recibido el apoyo y la crítica de los movimientos populares de Argentina. Enfrenta a la vez una fuerte oposición de la derecha colonial e imperialista europea y local.
El gobierno español anuncia “represalias contundentes”, cruzada en la que cuenta con la complicidad de la Unión Europea y de los EE.UU. Les incomoda la decisión soberana de sus ex colonias, y les preocupa el mal ejemplo. También el gobierno conservador mexicano ha criticado esta decisión. Los gobiernos de la derecha neoliberal –el de Mariano Rajoy en España o el de Felipe Calderón en México- han vuelto eje de su diplomacia la defensa de los intereses de las empresas transnacionales que operan en sus países. Y PEMEX (Petróleos Mexicanos) tiene cerca del 10% del capital accionario de Repsol YPF.
“Es hora de contar nuestra historia”
No se llaman Cristóbal Colón, ni Francisco Pizarro ni Hernán Cortés. Se llaman Repsol, Telefónica, Endesa, BBVA, Iberia, La Caixa, Unión Fenosa, Banco Santander, entre otras transnacionales de origen español que han emprendido la recolonización del continente.
“Es hora de contar nuestra historia”, nos decía un trabajador desocupado por REPSOL YPF. “Es hora de contar por ejemplo que un día una mujer de nuestras tierras miró hacia el mar… y viendo acercarse a las tres carabelas gritó: ¡”barco”! Es hora que contemos lo extraño que nos parecieron esos hombres que llegaban de tierras lejanas. Es hora que digamos cómo nos engañaron, nos robaron, y nos mataron.
Es hora que digamos que muchos siglos después nos prometieron que a cambio de nuestro petróleo se generaría trabajo y progreso. Es hora de contar que miles de trabajadores y trabajadoras quedamos sin trabajo, que borraron nuestras conquistas sociales conseguidas en duras luchas, que nos criminalizaron, que buscaron desaparecernos como clase obrera y como pueblos originarios… Pero aquí estamos, apareciendo en nuestras luchas. Aquí estamos, contando nuestra historia”.
Una decisión largamente esperada y luchada
La expropiación de YPF ha sido una demanda de los movimientos populares. El discurso desnacionalizador ofrecía trabajo y modernización. ¿Qué pasó? Antes de la privatización, YPF tenía más de 55 mil trabajadores. Después quedaron alrededor de 6 mil.
Algunas poblaciones, como General Mosconi, Tartagal, Cutral Có, Plaza Huincul, Caleta Olivia -creadas alrededor de YPF- fueron especialmente golpeadas. Fueron las cunas de los primeros movimientos de resistencia a la recolonización neoliberal: los “piqueteros”.
Expulsados del circuito del trabajo, los desocupados y desocupadas encontraron como forma de lucha el corte del circuito de la circulación de mercancías.
El dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi José “Pepino” Fernández -quien tiene más de 100 causas judiciales en su contra por enfrentar a las petroleras y a los gobiernos que las sostienen- señaló en una entrevista a la revista MU: “A la larga, la lucha da resultado. El gobierno ha hecho algo positivo, y después de todo el abandono que provocaron estas multinacionales, se puede generar un nuevo auge de trabajo… Queremos un cambio de fondo, no queremos que le den esto a los amigos de ellos sino a gente capaz, gente idónea, para que esto no sea sólo una esperanza, sino que funcione”. “Dejarle el petróleo a estas empresas provocó todo el empobrecimiento de la gente y que nos hayamos quedado casi sin reservas” señaló a su vez Juan Carlos “Hippy” Fernández, también dirigente de la UTD. “A los trabajadores por ley nos corresponde el 10% de YPF por el Programa de Propiedad Participada. Nunca se cumplió. Ahora queremos que se cumpla, porque nosotros tenemos mucho conocimiento y mucho que aportar al futuro de la empresa”.
También celebró la decisión la Confederación Mapuche de Neuquén, que expresa en un comunicado: “Deseamos que esta definición avance con fuerza para un mejor bienestar de todos los habitantes… No podemos ignorar que uno de los obstáculos más pesados y costosos para el recurso público que genera esta medida, es el pasivo cultural, económico, social y ambiental que deja la política de Repsol, siendo los territorios comunitarios, su gente, y el conocimiento tradicional mapuce los principales perjudicados”.
José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA), y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), expresó en la misma dirección: ““Los que resistimos la entrega, nos sentimos parte de la recuperación de YPF. Saludamos la medida tomada con YPF. Entendemos que es un paso en la recuperación de la soberanía energética. Ahora es el momento de crear una empresa del Estado, socializar la conducción, retomar lo que se perdió y mejorarlo. Es necesario que en la conducción de YPF se incorpore la representación de los trabajadores, de las organizaciones de consumidores”.
Señaló también en relación con la propuesta de indemnización: “No podemos pagar por lo que es nuestro, es decir patrimonio de todos los argentinos. Y menos cuando las privatizaciones estuvieron plagadas de corrupción. Falsificaron los balances, alteraron los informes sobre las verdaderas reservas. Exportaron nuestras reservas de manera que se redujeron del 18 al 7 por ciento y en gas del 30 al 7 por ciento. No se exploró y no se abrieron nuevas destilerías. Los que deberían indemnizarnos son ellos”.
Un poco de números
Según se documentó en la Audiencia sobre Repsol, realizada en el marco del Juicio Ético Popular a las Transnacionales en Argentina, en octubre del 20111: “Con la compra del 37,5% de Astra en 1993, Repsol comenzó la adquisición de empresas argentinas, consolidando su posición para hacerse de prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF en 1999.
Actualmente Repsol controla el 57,4%, y otro 24,9 % está en manos de Petersen Energy (del grupo de origen argentino Eskenazi). Un 17% cotiza en bolsa, y el Estado Nacional, y las provincias de Chubut y Formosa controlan porcentajes ínfimos. Repsol, por su parte, está controlada por el grupo español constructor SACYR (20%), la empresa Criteria del banco español Caixa Bank (12,9%) y la petrolera mexicana PEMEX (9,8%)”.
En 1999 Repsol compró YPF por U$S 13.158 millones en 1999. Desde ese momento hasta el 2011, la empresa obtuvo una ganancia neta de U$S 16.450 millones, de los cuales U$S 13.246 fueron distribuidos como dividendos. Esto significa que más del 80% de las ganancias se sacaron del país para financiar la expansión de REPSOL en otras partes del mundo. Considerando las ganancias obtenidas y las acciones vendidas, la empresa española en los 12 años transcurridos no solo recuperó la inversión inicial, sino que se retira con un saldo positivo de U$S 8.813 (aún sin cobrar indemnización).
Un poco de historia
A partir de la reforma constitucional de 1994, nacida del Pacto de Olivos concertado entre Alfonsín y Menem, el Estado Nacional cedió la administración de los mal llamados “recursos” naturales a las provincias.
El gobierno de Carlos Menem fue el autor de ésta y de otras privatizaciones. En 1999 Repsol adquirió prácticamente la totalidad de las acciones de YPF. Hay que decir que apoyaron activamente a Menem en la cruzada privatista -entre muchos otros- Cristina Fernández de Kirchner -entonces diputada- y Néstor Kirchner –entonces gobernador de Santa Cruz-.
En el 2008, los Kirchner alentaron al grupo Petersen -de la familia Eskenazi- a la compra de un paquete accionario de Repsol YPF, en un esquema de supuesta “argentinización” de la petrolera. Realizaron la operación sobre la base de créditos bancarios y con el acuerdo de pagar el paquete accionario del 25,46 por ciento a Repsol mediante las ganancias obtenidas. Esto significa que ese porcentaje de las ganancias serán giradas una vez más al exterior, y no reinvertidas de acuerdo con las necesidades del país. En ese contexto fraudulento, el Grupo Petersen se sumó a la lógica productiva de Repsol, y su inclusión en la empresa no modificó en nada el rumbo de la misma.
Los crímenes de REPSOL
Los pueblos en los que actúa esta empresa conocen sus crímenes. Numerosos representantes dieron su testimonio en el Juicio Etico Popular a las Transnacionales donde se ha señalado que: “La explotación de hidrocarburos ha causado problemas con el agua para las poblaciones indígenas del noreste salteño”.
Se documentaron también: “Laxos controles estatales y malas prácticas empresariales que redundan en un escaso cumplimiento de normas ambientales y de seguridad de yacimientos, generando múltiples impactos negativos sobre suelo, agua y aire. Avería de oleoductos y poliductos por falta de mantenimiento o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos domésticos (campamentos) y de producción, pozos inactivos o finalizados mal cerrados, venteo de gases.
Contaminación de los Ríos Colorado y Neuquén a partir de reiterados derrames (entre los más salientes se encuentran los ocurridos en 1996 y 1997 en instalaciones de YPF en Rincón de los Sauces, que afectaron al río Colorado). Derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova (Chubut, 2007). Contaminación probada en Auca Mahuida (Dic. 2005). Incremento de enfermedades oncológicas en la comarca petrolera Cutral Có-Plaza Huincul. Vertido de efluentes sin tratamiento de la planta de metanol de YPF en Plaza Huincul (2010) y emisiones de gases nocivos de la destilería de la misma firma”.
Se dice en la Sentencia: “En las regiones de explotación petrolera, las enfermedades más comunes que se presentan son: infecciones respiratorias agudas (bronco neumonía y gripe), diarreas, hepatitis, parasitosis y desnutrición. El paludismo y las diarreas infantiles son las enfermedades de mayor incidencia en las zonas rurales, presentándose ambas en época de verano. La desnutrición se da en menores de dos a cinco años.
La mayoría de casos ocurren en la población indígena. Los lugareños sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos), indicadores de la contaminación de la zona. Los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén”.
Nuevos debates
El proyecto enviado al Congreso implica la adquisición del 51% de la empresa. Ésta produce un tercio del petróleo y del gas que se extrae en el país. No se puede considerar entonces que con esta medida se resuelve mágicamente la soberanía sobre los hidrocarburos. Es sí, un primer paso. Y habrá que seguir caminando.
Es necesario para ello poner en debate la matriz energética del país. Señala el Observatorio Petrolero Sur: “El gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una de transición energética y una verdadera sustentabilidad”.
Aún con estas fuertes limitaciones, el proyecto girado al Congreso abre la oportunidad para desnudar el papel de las corporaciones transnacionales como avanzadas de los nuevos modos de colonización, y de las políticas de militarización y guerra.
Es fundamental marchar hacia el control efectivo sobre los bienes naturales, como camino para garantizar un modelo de país independiente, y para establecer a nuestros territorios como regiones de paz, en un mundo crecientemente convulsionado. El autosostenimiento económico, energético, la posibilidad de pensar las maneras propias del buen vivir, el freno a la destrucción ambiental, el ejercicio de una efectiva independencia, son condiciones para recuperar el poder del pueblo. Son una manera de empezar a alfabetizarnos en un lenguaje soberano, y de escribir las primeras letras de una nueva historia.