Victoria del paro nacional en el Ecuador

Edgar Isch L.

El paro nacional en el Ecuador, el cual no concluye, se presenta como una lucha por los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y como un nuevo enfrentamiento popular contra las políticas neoliberales.

Varios son los temas que, en algún momento, deberán considerarse para un balance general. Por lo pronto se puede ver movimiento en la fuerza, organización y expresión de las distintas fuerzas sociales, lo que deja prever que las contradicciones presentes adoptarán condiciones nuevas y diversas. La lucha de clases y por los derechos de pueblos y nacionalidades tiene larga historia y continuará en adelante.

Dentro de muchos aspectos de interés vale la pena considerar algunos que se mencionan a continuación, sin que el orden en que se presentan implique alguna jerarquía. Se trata de aquellos aspectos en los que han estado presentes a lo largo de los ya 18 días de Paro Nacional que obligan al gobierno a sentarse y ceder.

La brutal represión

El Presidente se presenta en traje militar el domingo 19 de junio en clara señal que acompañará sus expresiones públicas y de los ministros más afines y a la derecha. La represión sería una tónica.

Al momento se reconoce cinco muertos entre los manifestantes, con un caso que puede ser de ejecución extrajudicial de acuerdo con el criterio de destacadas organizaciones de Derechos Humanos. Hay también un muerto de las filas militares, de origen campesino, en un caso que amerita investigación por las versiones tan distintas que se presentan. Seis personas cuyas vidas han sido cortadas por la falta de solución al paro y seis familias que guardarán estos días en su memoria.

Los enfrentamientos han sido fuertes en algunas ocasiones y lugares. Por un lado, se puede decir que cuando no se presentan fuerzas policiales o militares con órdenes de detener las marchas, estas han sido pacíficas y han escuchado los llamados de sus dirigentes de evitar cualquier acción que pueda desprestigiar la lucha.

Por otro, se ha reprimido de maneras no vistas ni siquiera en el levantamiento de 2019 por el que hay miembros del gobierno de entonces acusados de crímenes de lesa humanidad, llegando a invadir y tomar la Casa de la Cultura, atacando a las universidades que actuaron como centros de refugio y de paz, agrediendo a personas indefensas.

El propio representante de la Policía, por ejemplo, señaló que un antecedente a la quema de dos Unidades de Policía (UPC) fue que, en medio de la represión a una comunidad en horas de la noche, circularon noticias falsas sobre la muerte de un niño y que la población enardecida reaccionó. No se trata de acciones planificadas y menos de “guerrilla urbana”, sino de reacciones humanas y colectivas que no pueden entenderse al margen del hartazgo que tiene la gente frente a los poderes del Estado y quienes ejercen autoridad desoyendo las demandas populares.

Desde que se arrestó a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cada expresión de este tipo unificó más a las fuerzas populares y elevó la lucha. Las acciones desarrolladas en todas las provincias del país fueron sumando también participantes con sus propias agendas y reclamos, como los transportistas en varios lugares, pero siempre reclamando que los largos y numerosos diálogos anteriores no han sido respetados por el gobierno.

La violencia policial y militar, de la que hay testimonios y filmaciones numerosas, llevó a que se hable de predisposición a una masacre y el número de heridos y sus condiciones habla que el número de víctimas mortales podría ser mayor. Si los violentistas del gobierno continuaban con sus planes, la situación del país podría agravarse aún más.

El gobierno negocia y tiene que ceder

Estas condiciones, en las que la lucha crecía y la economía se paralizaba, demostrando que el gobierno no podía controlar la situación ni detener las protestas, se sumaron al desprestigio y debilidad política del gobierno, que lo estaban llevando a un callejón sin salida.

Por ello Lasso realizó anuncios de repuesta a las demandas populares que se concretaron en: aumentar el bono de desarrollo humano a 55 dólares; declarar en emergencia el sistema de salud pública; duplicar el presupuesto a la educación intercultural; subsidiar hasta el 50% el precio de la urea a pequeños y medianos productores.

Asimimo, BanEcuador condonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares; crédito agrícola de hasta 5.000 al 1% y 30 años plazo; no habrá alza del diesel, del gas y de la gasolina extra y ecopais; no habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.

Aunque insuficientes y sin definiciones operativas, conformaron las primeras victorias del paro. Poco más adelante, el gobierno decide bajar 10 centavos de dólar al galón de diesel y gasolinas extra y ecopaís; también sacar a la venta un aceite de cocina para sectores populares con un precio 20% menor, aunque no se señalan las características del producto. Nuevamente, amplios sectores de la población salen beneficiados del paro.

Por ello, viendo un voto contrario desde la Asamblea ante el primer decreto de estado de emergencia, lo cambió, luego de un “borrador” que ya había sido firmado en el que se proponían controlar el internet y las redes sociales. Esta jugada le permitió mantener la emergencia para el uso de la represión, pero sin embargo tuvo que frenar otras propuestas neoliberales.

Luego, en idas y retrocesos, se vio obligado a sentarse a negociar con las dirigencias indígenas (Conaie, Feine y Fenocin), aceptando que se transmita su realización por medios seleccionados por los indígenas: medios comunitarios y solo dos cadenas comerciales. Quienes miraban estas reuniones no podían sino reconocer la argumentación popular.

Si bien se debatía también en la Asamblea Nacional la posible destitución del presidente, éste no era un punto nuclear porque se conocía que no habría los votos suficientes (se lograron 84 de un mínimo de 92 requeridos). Sin embargo, es una prueba más de debilidad política del régimen y de los escollos que tendrá en los tres años restantes al pretender ejercer su rol de colegislador.

Ya en la mesa, en la primera sesión el gobierno realizó nuevos ofrecimientos que, aunque importantes, no abarcaban una parte esencial de los planteamientos.  La negociación, para el siguiente día quedó trunca por decisión del Presidente, justificada por la muerte de un militar en la Amazonía ecuatoriana.

La evidencia de que el paro continuaba e iba a tomar nueva fuerza, más la mediación de la Iglesia Católica, le llevó a aceptar la continuación de la negociación. Tuvieron también que dejar en el aire el discurso que pretendía desconocer al principal dirigente indígena y centrarse con él como legítimo representante de la Conaie

En esta última reunión, del jueves 30 de junio, que permitió el levantamiento del paro, se ratificó un conjunto de nuevas victorias: Una reducción adicional de cinco centavos (total 15 centavos) al diesel y las gasolinas extra y ecopaís; frenar el proceso especulativo., la derogatoria del Decreto 95 (de política petrolera), reformas importantes al Decreto 191 (de política minera).

Asimismo, realizar correctamente la consulta previa a las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas y reformar la ley para que se distribuyan mayores recursos petroleros en la Amazonía, desde donde se extrae el recurso. Los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con presencia de los garantes con una metodología dentro de los siguientes 90 días.

Los resultados, si se suman, son muy importantes y demuestran que la represión no fue suficiente para darle iniciativa política al gobierno, que la perdió en medida que crece el rechazo social notorio en el creciente grito nacional: “Fuera Lasso”.

El neoliberalismo en cuestión

Ya en la primera sesión de negociaciones el gobierno aceptó derogar el Decreto 95 mediante el cual se expidió una política petrolera entreguista, privatizadora contraria a los pueblos y derechos de la naturaleza, que ampliaba la frontera petrolera. De manera similar, aunque no acepta derogar el Decreto 151 sobre el sector minero, se comprometían a realizar cambios que impliquen alguna protección de derechos y territorios.

También el gobierno se comprometió además a renunciar al uso de “situaciones extraordinarias” para extraer recursos naturales en áreas protegidas, intangibles y de protección hídrica, así como a no aprobar nuevos proyectos minero-energéticos en esas áreas.

Estas medidas, resultantes del paro y los 10 puntos de lucha, son un freno muy importante al extractivismo y la dependencia económica del país. Son un golpe a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las condiciones de la deuda externa. Es un reconocimiento que hay otra política posible, que el país y sus pueblos no están condenados a vivir el neoliberalismo.

Son, además, reconocimientos de que el paro tenía motivos, argumentación y posibilidad de convertirse en política pública. El discurso de que sólo se trataba de un dirigente buscando la caída del régimen (cosa que no estaba en los diez puntos), se muestra como una noticia falsa que se repite con ventilador. Cada uno de los diez puntos engloba propuestas y salidas desde una perspectiva popular y en defensa de la soberanía nacional.

Esto no implica que la línea neoliberal se deje de lado. Principalmente el decreto 457 de “Lineamientos para la optimización del gasto público”, con fecha 18 de junio de 2022, incluye la supresión de empleos públicos, eliminación de vacantes y la terminación de contratos y nombramientos provisionales y la posibilidad de aumentos en los precios de servicios públicos. Política con víctimas y contradicciones visibles.

La mentira como arma de destrucción masiva

Es interesante preguntar a quienes son testigos de las manifestaciones sobre lo que se presenta en la gran prensa nacional. Su descontento e indignación es total. Esto sucede porque, si se compara el discurso gubernamental y el de la gran prensa, es prácticamente el mismo.

La intención de desprestigiar las acciones populares está en la manera en la que se dicen los ataques (vándalos, violentos, manipulados), lo que se calla (el grueso de casos de represión injustificada, los gritos racistas de los gobiernistas) o que se dice a favor de quienes, a nombre de paz y trabajo, demanda persecución, cárcel y muerte.

La mentira, la verdad parcial, la manipulación de la noticia, la calificación basada en prejuicios, seguramente dan para escribir manuales de cómo no debe actuar una prensa que se dice independiente. Muchos son los que han caído en esas trampas, que no tienen información suficiente, pero no son tantos como quisiera el poder. Tanto, que nada sube la credibilidad de este gobierno que en el mes pasado estaba en el 11%.

Duro ha sido el trabajo de los medios alternativos, comunitarios o más apegados a la tradición del buen periodismo. Pero, a la vez, se han convertido en fuente de información y conocimiento de múltiples sectores sociales que desean saber la verdad. Esto, junto a videos aficionados y mensajes cortos que han circulado por redes sociales diversas.

En la diferencia hay lecciones aprendidas por los sectores populares sobre el rol de los medios de comunicación, la necesidad de contar con formas propias de comunicación y de desconfiar pidiendo pruebas creíbles de lo que se dice. Sería muy positivo que se refuerce esa comprensión.

¿Quién financia la lucha?

Un dicho popular dice que “cada quién juzga según su condición”. Por ello, cuando el Ministro de Defensa salió a señalar que tras las manifestaciones estaba el narcotráfico, en las redes sociales muchos le preguntaban cuál era su fuente. El recuerdo de que la embajada estadounidense señaló que había “narcogenerales” en la fuerza pública, está fresco y, además, sin que hayan realizado una investigación concluyente.

De modo que hablar de dinero del narcotráfico, sin la más mínima prueba o siquiera razón de duda, se presenta como un intento de desprestigio de la lucha social. Ya sabemos que mentiras de este calibre se han multiplicado desde los mediados del siglo pasado cuando pretendían que la izquierda se alimentaba “del oro de Moscú”. Sin embargo, no descansan en ese tipo de acusaciones que, de tanto repetirlas, esperen engañen a los ingenuos.

La verdad pura y simple, visible y practicada por miles y miles, es que la solidaridad se convierte en herramienta poderosa de los pueblos. Los indígenas y campesinos que se han movilizado lo hicieron con sus propios medios y luego fueron contando con el apoyo desinteresado de miles y miles. “Ya que no puedo salir a las marchas, algo debo hacer”, decían muchos. Y así, en diversas ciudades y particularmente en Quito, la gente reunía en su organización, su familia o su barrio, alimentos y bienes que se incluían en listas de lo necesario.

En las universidades, convertidas en refugios de paz, condición que no respetó la represión, personas de diferentes barrios, estudiantes y docentes organizan la alimentación, su distribución. Igualmente, y con presencia destacada de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la niñez, se los cuidó, con jóvenes que les hacían jugar y acompañaban actividades educativas. En la Universidad Central, en la noche de 24 de junio, como si fuera un juego para que no se asusten, debieron cambiar de lugar de alojamiento.

La salud socialmente cuidada. Voluntarios salubristas han atendido en los centros de refugios y a los agredidos en la calle, incluyendo a policías cuando ha sido necesario. Sin embargo, han denunciado varios momentos en los cuales las fuerzas policiales han atacado a los voluntarios a pesar de los uniformes y las banderas blancas.

El pueblo financia al pueblo. Los banqueros y las grandes empresas financian sus intereses. Por ello, el Vicepresidente sale a entregar paquetes de productos a los militares ubicados alrededor del Palacio de gobierno, agradeciendo a uno de los grupos monopólicos por la entrega. Para la Policía, pidieron igual reconocimiento. Pretendieron dar la impresión de que no cobran un sueldo del presupuesto público o que son héroes. Categoría muy alta para aquellos que se involucran en acciones represivas de la peor especie contra su propio pueblo.

La fuerza pública como actor político

Sin pretender que sean los únicos síntomas, revisemos dos escenas para pensar: La primera, cuando el Ministro de Defensa se presenta con sus comandantes y en traje de campaña repitiendo el discurso contra el terrorismo y anunciando su disposición a usar la violencia para defender al gobierno. Esto a pesar de que legalmente no deben actuar en política y de que la Constitución no les da el carácter de “garantes” de la democracia, cosa que sí hacían las anteriores.

La segunda, el viernes 24 de junio fuerzas policiales participaron en una marcha de la derecha que pretendidamente llamaba a la paz en medio de gritos racistas. Su presencia organizada, en días de represión, era aplaudida, incluyendo jóvenes mujeres policías festejando sobre un carro antimotines. Son más que gestos. Se trata de una participación descarada en el mundo de la política. Los altos mandos, con una orden.

La radicalización de la derecha

La represión y el accionar de la fuerza pública se complementaron con la activación de la extrema derecha portando un racismo sin límites y el llamado a “matar a los indios” para que “salgan de la ciudad” y “se queden en el campo”.

No es primera vez que esto se presenta, pero hay signos diferentes que deben ser analizados, como que se han presentado de manera más frontal y abierta, pretendiendo justificar su racismo y dar un toque de “análisis” a sus dogmas neoliberales y etnocentristas; han pretendido argumentar para las llamadas clases medias; sus discursos han formado parte de la política comunicacional de grandes medios ante el paro.

Un aspecto socialmente peligroso es que existen denuncias de cómo en varios puntos han usado armas de fuego y disparado contra los manifestantes, acompañado por una descarada vinculación de la policía en su marcha, calificada como “por la paz”, mientras gritaban consignas racistas de odio.

Este nivel de agresividad se expresa también en el descontento ante lo realizado por el gobierno. Para este sector, la salida era represión y más represión, más arrestos (hay al menos 150), más juicios penales (hay cerca de 300 personas bajo acusación), más terrorismo de Estado.

En suma: las contradicciones crecen

La victoria popular tras 18 días de paro no implica un punto final en la lucha social. En las particulares condiciones del Ecuador, es un capítulo por un gobierno popular. Si la unidad crece y se estructura organizativamente, las esperanzas de alcanzarlo se materializarán en un plazo menor.

Mientras tanto, las organizaciones indígenas se alistan a la vigilancia para lograr el cumplimiento de los acuerdos. Demandaron un diálogo con resultados, distinto a los anteriores y por ello no podrán hoy ser burlados.La victoria es indígena y popular, económica, política e ideológica y ello da base para profundizar la lucha popular en esos mismos planos.

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)