Venezuela: superar la dispersión de la izquierda y luchar contra el ajuste

49

Simón Rodríguez Porras  – Partido Socialismo y Libertad

La contundente derrota electoral del gobierno el 6 de diciembre, la primera por amplio margen desde la elección de Chávez exactamente 17 años antes, ilustró el irrevocable curso de decadencia de un proyecto político que no solo pretendía ser una respuesta a la crisis del bipartidismo adeco-copeyano, sino que también en gran medida era expresión de dicha crisis, y en tal sentido arrastró con sus vicios característicos de clientelismo y corrupción. Pese a las enormes expectativas que el chavismo generó en millones de personas, fortalecidas por la derrota del golpismo en 2002-2003 y las conquistas sociales que le siguieron, el balance de estas casi dos décadas de gobierno se puede resumir en que todas las grandes promesas del chavismo orientadas hacia la justicia social y la participación política de las grandes mayorías, fracasaron. En términos económicos, se abandonó la orientación privatizadora de los 90, pero no se apuntó a la superación de los problemas estructurales que hacen de nuestro país una semicolonia petrolera, en sumo grado dependiente. Las transnacionales continuaron el saqueo de la riqueza petrolera, a través de empresas mixtas, la distribución de las rentas entre asalariados y empleadores se hizo más injusta, la tasa de explotación se tornó mayor; pese a las compras de empresas por parte del gobierno, el sector privado aumentó su participación en el PIB nacional y el sector público retrocedió. En términos políticos, la “democracia participativa” y el mal llamado “socialismo del siglo XXI” se concretaron en un proyecto corporativo cívico-militar cuya máxima expresión es el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), un aparato totalmente carente de democracia interna, del cual los consejos comunales, comunas y consejos de trabajadores, son concebidos como meros apéndices.

El catalizador de esta ruptura masiva fue una terrible crisis económica, cuyos efectos sobre la mayoría de la población se agravaron debido a las terribles medidas de ajuste con las que el gobierno preservó las ganancias de los bancos privados, los acreedores de la deuda externa y las transnacionales, empobreciendo drásticamente a grandes sectores de la población. También hubo en el último período un notorio retroceso en materia de libertades democráticas entre cuyos síntomas más claros estuvieron la suspensión de garantías constitucionales en los estados fronterizos, la aplicación de operativos policiales con detenciones masivas y decenas de ejecuciones extrajudiciales bajo la denominación “Operación Liberación del Pueblo” (OLP). Con estos dispositivos, el gobierno extendió a sectores más amplios de la población la persecución aplicada desde hace varios años a la vanguardia del movimiento obrero, al criminalizar huelgas o promover el sicariato. Lamentablemente el voto castigo lo capitalizó la coalición de centroderecha Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya dirigencia está subordinada al régimen estadounidense.

El rechazo a la política económica gubernamental, que por la vía de un ajuste inflacionario ha abaratado el trabajo asalariado de manera mucho más violenta que cualquiera de los ajustes aplicados en el mundo desde el estallido de la crisis mundial de 2007, y su traducción en un voto castigo, no significa en sí un giro a la derecha. Que millones de personas utilicen el voto a la MUD como un instrumento para castigar al gobierno ante la crisis y el ajuste, no significa una adhesión programática al neoliberalismo o a las políticas proimperialistas de la MUD. Dentro de la base social tradicional de clase media de la MUD, la simpatía con salidas golpistas y programas abiertamente de derecha, es minoritaria.

Sin duda hay síntomas de derechización, pero son más profundos y no se reflejaron de manera directa en las elecciones. Fundamentalmente la despolitización creciente y la derechización de la propia base chavista. Los elementos más avanzados de su primera época, como el rechazo al autoritarismo bipartidista, la exigencia de mayor democracia o su afinidad con un discurso a favor de la justicia social, ha dado paso a la justificación de políticas gubernamentales chavistas semejantes a las del puntofijismo: la represión indiscriminada de la OLP, la suspensión de garantías constitucionales, el clientelismo, la corrupción y el nepotismo, la criminalización de la lucha social, entre otras. En su proceso degenerativo, el gobierno ha arrastrado a la involución política a lo que queda de su base social. Y ha confundido a muchas personas al proclamarse falsamente socialista, llevándolas a identificar el actual desastre capitalista con el socialismo.

¿Cómo se ubicó la izquierda en la coyuntura electoral?

Como socios menores de la coalición gubernamental y de la MUD se ubican varias organizaciones de tradición socialdemócrata y estalinista, como el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Revolucionario del Trabajo, Bandera Roja, o Vanguardia Popular. No merecen mayor comentario, pues desde hace muchos años se han asimilado a dichos bloques, detentando cargos en el gobierno nacional y en gobiernos regionales y locales tanto del chavismo como de la MUD. Aunque en esas organizaciones militen activistas honestos, el rol que han jugado no ha sido independiente, sino consecuente con la concepción de que durante una larga etapa histórica debe apoyarse a una franja de la burguesía nacional a la que se adjudica un rol “progresista” o “antiimperialista”. La consabida concepción estalinista de las etapas y el “frente popular”.

La pequeña constelación de grupos anarquistas hizo su tradicional llamado a la abstención. El ex viceministro Roland Denis, quien recientemente declaró su ruptura con el chavismo, por primera vez se abstuvo de apoyar al gobierno y llamó al voto nulo. De igual forma se posicionaron organizaciones como Socialismo Revolucionario (SR), o la Liga de Trabajadores Socialistas (LTS). Todos argumentaron que el pueblo carecía de opciones en las candidaturas postuladas para la elección parlamentaria. Su sectarismo impidió que esas organizaciones se articularan en una campaña unitaria por el voto nulo.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) es el único partido de la izquierda autónoma que dio la pelea por obtener la legalidad electoral, obteniéndola en 2012. Postuló candidaturas en 12 estados y el Distrito Capital. El CNE eliminó arbitrariamente 25 candidaturas del PSL, la mayoría de mujeres, invocando una norma de paridad de género de la cual exoneró al Psuv y a la MUD. Pese a los esfuerzos realizados por alcanzar una coalición más amplia de izquierda, solo se concretaron acuerdos con la Unión Nacional de Trabajadores, que actualmente es una corriente sindical disidente del chavismo, en el estado Miranda, y con activistas de Marea Socialista en Mérida, Trujillo y Guárico. También se apoyó a activistas independientes de izquierda como el abogado laboral Edwin Sambrano en el estado Bolívar. En todos los casos con un programa de independencia de clase, centrado en la oposición al ajuste en curso y medidas alternativas para enfrentar la crisis, como la nacionalización de la industria petrolera, la reforma agraria, el rescate de las empresas básicas de Guayana bajo una gestión democrática por parte de sus trabajadores, y un aumento general de salarios (http://web.laclase.info/content/llevemos-voces-de-lucha-a-la-asamblea-nacional/). Una alta polarización y un masivo voto castigo contra el gobierno, dejaron al PSL con una votación muy marginal.

Haber igualado la propuesta político-electoral del PSL a las de la MUD y el Psuv mediante un llamado al voto nulo ubicó a SR y LTS en una perspectiva tan sectaria que incluso le dieron la espalda a candidaturas con una especial connotación política, como la de Alcedo Mora hijo, cuyo padre es el luchador social del mismo nombre víctima de desaparición forzada en Mérida, o la de Bladimir Carvajal, dirigente sindical petrolero despedido por defender los derechos de los trabajadores en Anzoátegui.

A diferencia de Argentina, donde ha surgido el Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la confluencia de tres organizaciones políticas de larga tradición (Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas) en el campo de la izquierda independiente del gobierno y la MUD, la única organización con estructuración nacional y legalidad electoral es el PSL. En Venezuela, al sectarismo de las organizaciones venezolanas ligadas al PTS y el PO de Argentina, que llamaron a votar nulo, se suman posiciones peligrosamente oportunistas. La organización venezolana ligada al PO ha capitulado desde el 2013 hasta la fecha a todas las falsas denuncias de golpe de Estado realizadas por el gobierno venezolano. Incluso en el marco de la brutal represión policial, militar y parapolicial del 2014, llamaba a enfrentar un inexistente golpe. El grupo venezolano ligado al PTS coincide con Maduro al ubicar entre las causas de la crisis venezolana el mismo fenómeno que el gobierno denomina “guerra económica”, a saber, que “arrecia la desinversión y saboteo de la economía por parte de la burguesía nacional”. Una falacia que denuncia la izquierda e incluso sectores del chavismo. Ambos grupos combinan estas expresiones de seguidismo al gobierno con los más viciosos ataques contra el resto de la izquierda y particularmente el PSL, sobre todo por no vetar los apoyos electorales que candidatos independientes como Edwin Sambrano obtuvieron de otros partidos.

El acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores no llegó hasta el día de las elecciones, pues Marcela Máspero retiró su candidatura en Miranda y dijo que veía “con simpatía” a la candidata de la MUD.

Marea Socialista (MS) no tuvo una política unificada ante las elecciones. Sus activistas en Carabobo, encabezados por Stalin Pérez Borges, se abstuvieron de presentar candidaturas y suscribieron dos documentos en los que llamaban a votar por las candidaturas del gobierno para evitar un triunfo de la derecha. Ni siquiera llamaron en dichos documentos a votar por las candidaturas de MS. Debe recordarse que Pérez Borges también apoyó públicamente el cierre de la frontera con Colombia, la suspensión de las garantías constitucionales, los despidos masivos en compañías automotrices como Chrysler y los operativos de la OLP. Luego de las elecciones, Pérez Borges ha llamado a defender la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de conjunto, no solo las conquistas puntuales que estarían amenazadas, sino todo el marco legal de la explotación del trabajo asalariado, demostrando nuevamente su completa adaptación al régimen burgués. Contrastando con esta posición abiertamente subordinada al gobierno, en otros doce estados MS sí postuló candidaturas enfrentadas a las del Psuv. MS no acordó con el PSL a nivel nacional, sino que privilegió acuerdos con partidos como JOVEN o Poder Laboral, que en algunos casos les retiraron su apoyo para sumar su tarjeta a la coalición gubernamental. En definitiva, al no adoptar una definición política firme en relación con el gobierno, coexisten en su interior varias posiciones antagónicas.

Unidad para enfrentar el ajuste que viene y postular una alternativa  revolucionaria ante la crisis

Visto el panorama de dispersión, sectarismo y oportunismo en la izquierda no subordinada al gobierno o a la MUD, las perspectivas para la construcción de un referente unitario de izquierda que enfrente el ajuste y presente una salida obrera y popular a la crisis, para nosotros difícilmente pasa por la mera articulación con un puñado de organizaciones que suman unas pocas decenas de activistas. Hoy miles de activistas en franco proceso de ruptura con el chavismo buscan reorganizarse y reubicarse de cara a la tremenda crisis que atraviesa el país. Empalmar con ese fenómeno y seguir fortaleciendo un partido con un programa de independencia de clase es el empeño principal del PSL. Son una evidencia de los modestos avances obtenidos en esa dirección, los ataques del gobierno, con la criminalización de nuestros compañeros en la industria petrolera, despidos y detenciones.

La nueva mayoría de la Asamblea Nacional ya anuncia su intención de impulsar privatizaciones con una “ley de reversión expropiatoria”, Fedecámaras exige una mayor flexibilización laboral, el gobierno amenaza con retaliaciones contra los trabajadores que no lo apoyaron electoralmente, voceros del gobierno y la MUD plantean la necesidad de un ajuste de gran envergadura, y todo apunta a que la inflación y el desabastecimiento azotarán a la mayoría trabajadora y empobrecida del país con mayor dureza el próximo año. Es urgente una respuesta contundente de los trabajadores y la izquierda. Sin depositar ninguna confianza en los dos bloques burgueses en disputa por el control del aparato estatal, tenemos que impulsar un proceso de movilización que haga resistencia tanto a la Asamblea Nacional como al gobierno nacional, para impedir la ejecución de políticas antiobreras y antipopulares, para exigir una aumento general de salarios y plantear iniciativas legales como la amnistía para los trabajadores y luchadores sociales con juicios abiertos por razones políticas, como el trabajador de Ferrominera Rodney Álvarez.

En aras de construir unitariamente esta agenda de lucha, desde el PSL estamos planteando la realización en enero de un Encuentro Sindical y Popular, y llamamos a la Unión Nacional de Trabajadores, Marea Socialista, a las demás organizaciones sindicales y de izquierda que coincidan con este propósito, a concertar esfuerzos para poner en pie actuaciones unitarias que visibilicen una alternativa de los trabajadores ante la debacle del país y los reaccionarios planes del gobierno y de la MUD.