Venezuela: los pájaros les disparan a las escopetas. La urgencia de un nuevo sindicalismo de clase

Luis Bonilla-Molina

1. La situación actual

La lucha por salario digno, mejores condiciones de trabajo y auténtica seguridad social, ha desatado una tormenta sin precedentes sobre el movimiento sindical venezolano. Esta tormenta ha tenido fases: nubarrones, truenos, relámpagos, lluvias, rayos, deslaves y reverdecer.

Los nubarrones oscuros se fueron conformando por la incapacidad de las centrales sindicales, de oposición y gobierno, de conectarse con el clamor de sus bases, en el largo periodo de la peor crisis del mundo del trabajo en el país (2014-2022). En ese periodo, se generaron conflictos localizados y resistencias intermitentes, que trajeron como saldo dirigentes clasistas detenidos, enjuiciados y despedidos, lo cual permitió generar una pequeña acumulación de resistencias que se expresa hoy, entre otros, en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT)[2], así como en el Comité de Familiares de dirigentes sindicales detenidos.

Los truenos de tormenta hicieron presencia en el panorama político en el año 2021, exigiendo una clara redefinición de los salarios del conjunto de la clase trabajadora. Este clamor se había expresado en años anteriores, pero no con la contundencia pre-conflictiva que se evidenció ese año.

Ahora las exigencias de mejoras salariales y laborales iban acompañadas de llamados a organizarse para movilizaciones y huelga, algo que parecía inverosímil ante la parálisis de las centrales sindicales (gobierno y oposición)[3]. En el caso de los y las docentes, los truenos tenían la particularidad de formas diversas de vuelta a la presencialidad luego del periodo virtual de 2020-2021, debido a los costos del transporte urbano, que implicaban para el magisterio un gasto diario en promedio de dos dólares diarios (44 mensuales), con sueldos que no superaban los treinta dólares mensuales.

Los relámpagos no tardaron en llega, mostrando que estábamos en presencia de una nueva etapa en la lucha social venezolana. En la narrativa Bolivariana, el magisterio expresó una auténtica dinámica expansiva de “punto y círculo”, porque sus demandas fueron escuchadas por estudiantes, padres de familia y comunidades del entorno escolar.

No contamos con cifras actualizadas de la nómina docente, pero un mínimo de 500.000 docentes, impactaron con sus justas demandas al núcleo familiar propio (promedio de 4 personas por cada uno), las familias de sus estudiantes (promedio de 30 por docente), lo cual fue creando una base social de apoyo superior a por lo menos el 75% del total de la población nacional.

Estos truenos retumbaban en todo el tablero político, porque las bases docentes y las simpatías ciudadanas por sus justos reclamos, por primera vez en los últimos veinte años, expresaban consenso entre opositores y simpatizantes del gobierno, fracturando la polarización política que había sido el abono para la gobernabilidad en las últimas décadas.

Las lluvias fueron limpiando el panorama, develando los verdaderos rostros de burocracia (mayoritaria) y dirigencia sindical clasista (minoría, pero conectando con el movimiento de masas).  Las lluvias se fueron expresando, como chubascos, en comunicados y declaraciones, hasta que se tornaron en torrente que fue recorriendo todo el territorio nacional en forma de variadas protestas callejeras. Prácticamente no quedó una ciudad del país sin ser escenario de movilizaciones, algo que hizo tambalear el tablero político, por primera vez desde 1992.

Los rayos, deslumbrando con movilizaciones en las cuales no podía hacerse presente líder político alguno, ni del gobierno ni de la oposición, pero tampoco de las burocracias sindicales, permitió el emerger del poder constituyente como alternativa ante la situación de injusticia laboral del poder constituido (oposición y gobierno).

Las cifras del desfalco (robo) de la oposición eclipsaron cualquier posibilidad de resurgir como alternativa, al menos en el corto plazo. La izquierda radical, dispersa y atontada, atrapada en los viejos paradigmas del partido de vanguardia y los frentes de masas, solo atinaba a decir que había que politizar el movimiento autónomo para darle dirección, despreciando la inteligencia colectiva y mostrando cuanto le cuesta a la izquierda radical aprender del movimiento real de masas.

La derecha golpista y fascista, aislada y sin conexión real alguna con las protestas, se dedicó a hacer videos que intentaban presentar el movimiento de la clase trabajadora como funcional a su estrategia, contribuyendo al discurso oficial que catalogaba de insurreccional un movimiento de carácter reivindicativo y por justicia salarial.

El gobierno, atolondrado por lo inesperado de los acontecimientos, solo atina a vociferar que todo es culpa del imperio. La sabiduría popular compara la actitud del gobierno con la de un padre de familia despedido de su empleo, quien usa ese argumento por diez años para no llevar sustento al hogar, al final, a pesar de ser cierto, la familia le coloca un ultimátum: o resuelve y se pone a trabajar en una solución pronta o se marcha. Es decir, después de años de sanciones le corresponde al gobierno construir una alternativa que garantice mejor calidad de vida de la población, esta es la encrucijada en la cual pareciera estar entrando el gobierno.

En esta coyuntura, la inteligencia social se expresó en la estrategia comunicacional construida de manera rizomática en las calles, mostrando el estado de penuria y precariedad con la cual vive la clase trabajadora y la situación real de las sanciones. Por una parte, mostrando que resulta insostenible ganar 30 dólares mensuales en promedio, con una cesta básica alimentaria mensual que ronda los 650 dólares, en un país donde un par de zapatos modestos es superior al salario docente promedio mensual.

Como lo mostró la clase trabajadora y los docentes, si bien la Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas por los EEUU y sus aliados a Venezuela, han hecho un daño terrible a la economía nacional, aún con los limitados ingresos que reportan los organismos oficiales, se puede garantizar salarios diez o veinte veces mayores, evidenciando que estamos ante un problema de distribución de la riqueza nacional.

El deslave fue fundamentalmente de la dirigencia gremial y sindical, no solo del sector magisterial, sino del conjunto de las centrales (CBST[4], CTV[5]), de la oposición y gobierno, quienes como “mutantes” tenían un par de años “negociando” a través de las federaciones signatarias la contratación colectiva, sin resultados concretos, llamando a “aguantar”, sin ejercer mecanismos gremiales de presión.

El punto de quiebre lo constituyó la negativa del Ejecutivo a pagar, en julio del 2022, el bono contractual de “vacaciones” a los y las docentes, algo que se limitaron a secundar la mayoría de dirigentes de las federaciones magisteriales, colocándose a la cola del patrono (Ministerio de Educación). El llamado “bono vacacional no era en realidad para viajar, sino un modesto monto que en las actuales circunstancias se convertía en un paliativo para la difícil situación familiar, derivada de un salario mínimo que hoy está por debajo de los siete dólares mensuales. El gobierno argumentaba que no tenía recursos para honrar el compromiso contractual con los y las docentes, mientras a nivel internacional hacía propaganda sobre la recuperación económica del país.

Los y las jubiladas, quienes habían sido militantes estudiantiles en los setenta, dirigentes magisteriales en los ochenta, noventa y comienzos del siglo XXI, jugarían un papel central en la re-articulación del tejido de resistencias docentes. Su experiencia acumulada y la memoria histórica de combates contra la agenda neoliberal resultaron de especial utilidad para activar el movimiento docente de calle.

Con el magisterio en la calle y la burocracia sindical incapacitada para controlarlo y devolverlo a los planteles, el gobierno ofreció salidas intermedias, que pasaron inicialmente por un cronograma de pago en el 2023, propuesta que fue rechazada, y posteriormente la fragmentación del bono en varias porciones pagaderas en distintos momentos del año 2022, oferta que también fue rechazada por los docentes.

Al final, el gobierno tuvo que pagar el bono vacacional en dos porciones, solo semanas después de la fecha que le correspondía. Esta victoria moralizó al magisterio, a pesar que no se logró la eliminación del llamado “instructivo ONAPRE[6]”, ni se anunció un aumento salarial ni la firma del contrato colectivo.

Como respuesta a una demanda judicial que introdujeron algunos dirigentes sindicales clasistas y líderes sociales, contra el “instructivo ONAPRE”, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que este instrumento no existía[7], conminando a los demandantes a no repetir acciones como estas si no querían ser objetos de sanciones.

Entre septiembre y diciembre, los maestros multiplicaron los grupos de discusión en las redes sociales, realizaron reuniones informales e intercambios, mientras la burocracia sindical seguía reuniéndose con las autoridades del Ministerio de Educación, sin acordar nada significativo para el magisterio.  Esto fue calentando los ánimos, pero la llegada de diciembre, en medio de tremendas limitaciones económicas fue el detonante principal para decidir volver a las calles el 9 de enero de 2023.

Lo más significativo del deslave fue el carácter auto convocado de las protestas, que rompían con los amarres de las burocracias sindicales (oposición y gobierno) y comenzaban a construir lecciones de poder autónomo. Por supuesto que la derecha golpista intentaba “pescar en rio revuelto”, mientras el gobierno hacía lo propio tratando de mantener la narrativa de conspiración imperial, inverosímil ambas porque la real situación de las protestas es reivindicativa, sin dejar por ello de ser políticas, pero no en la lógica de polarización gobierno-oposición de derechas.

La hora del reverdecer y de la primavera magisterial venezolana llegó cuando el gobierno, imposibilitado para conseguir que los maestros desistieran en las protestas y volvieran a las aulas decidió establecer los siguientes mecanismos de presión:

• apelar a mecanismos de presión institucional de las instancias de derechos de los niños, niñas y adolescentes, argumentando que se estaba violando el derecho al estudio. Los maestros respondieron señalando que el derecho a la vida es superior a cualquier otro derecho y estaba amenazado por los sueldos de hambre.
• El ex canciller de la República y excandidato a gobernador Jorge Arreaza, anunció que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de sustituir a los docentes por estudiantes de secundaria y bachilleres de “chamba juvenil[8]”, mientras duraba el conflicto, algo que fue rechazado por el magisterio.
• La actitud de confrontación de autoridades educativas de estados como Sucre y Aragua, entre otros;
• Usar a las direcciones sindicales burocráticas del magisterio, para “sembrar” la peregrina idea que ellas (las federaciones signatarias del contrato colectivo) eran las únicas instancias facultadas para paralizar las actividades, convocar a paros y movilizaciones, asumiendo el triste papel de esquiroles;
• Generar circulares institucionales en las cuales se convoca a las familias que simpatizan con el gobierno a actuar como caballo de Troya para quebrar el conflicto docente.

Esta ofensiva institucional llevó a los docentes, por centros de trabajo a:

• Realizar nuevas asambleas con los padres y madres de los estudiantes, para explicar la situación de conflictividad y acordar un cronograma de actividades especiales. En algunos casos se aprobaron actividades puntuales durante un par de días a la semana, pero en la inmensa mayoría las familias decidieron darles total apoyo a las familias, sumándose al paro docente. Este apoyo de las familias a los y las docentes, no tiene precedentes en la historia de la lucha magisterial nacional;
• Familias y docentes, incluso estudiantes de secundaria en los planteles de su nivel, expulsaron a los estudiantes de secundaria y bachilleres de la misión “chamba juvenil” y a los milicianos[9] (cuerpo militar de reservistas) quienes habían sido enviados a sustituir a docentes en Estados como Mérida, Carabobo, Táchira, Aragua y Guárico;
• Muchas de las actas de conflicto, levantadas en los planteles, por encima de las instrucciones de las dirigencias burocráticas, fueron consignadas ante los sindicatos y federaciones, como presión desde abajo para que las estructuras sindicales acompañen a las bases.

Evidentemente estamos ante una primavera del movimiento magisterial venezolano, que reconstruye su historia y perspectivas futuras, convirtiéndose en un detonante natural para pensar colectivamente un salto cualitativo en los paradigmas de educación popular, gratuita, científica, de calidad y actualizada. La duración de esta primavera magisterial dependerá de la inteligencia social que se construya colectivamente.

• ¿En qué fase estamos?

En este momento no existen condiciones jurídicas e institucionales para crear nuevos sindicatos y federaciones sindicales. No obstante, existe un clamor por entender las causas estructurales de la debacle de la dirigencia gremial y sindical docente, lo cual demanda análisis de corte histórico, una tarea pendiente para la intelectualidad e investigadores(as) en ciencias sociales.

Comienza a ocurrir un movimiento desigual y combinado en tres direcciones. La primera, exigiendo renovación de la dirigencia sindical por su carácter burocrático y patronal, a lo que se añade que en muchos casos sus mandatos están excedidos y tienen varios periodos vencidos. Segunda, desafiliarse de sus gremios, como una forma de cuestionar que la burocracia viva de las cotizaciones de los afiliados y no se restee con ellos. Tercer, desentenderse de las estructuras sindicales formales y comenzar a organizar comités de conflicto por la base, algo que aún es muy incipiente.

En medio de esta situación respecto a sus organizaciones naturales de lucha, crece el ambiente de conflictividad mientras no se observan signos desde el gobierno para avanzar en una propuesta de solución a las demandas, especialmente de ajuste salarial. Esto ocurre, mientras se reúne el diálogo tripartito entre el gobierno, la burocracia sindical y los empresarios, bajo la tutela y auspicios de la OIT, con una agenda no muy clara de solución.

El sector empresarial, quien se ha visto obligado en muchos casos a pagar bonos en dólares a sus empleados, que oscilan entre 150 y 200 dólares mensuales adicionales al salario, no tendría mayores dificultades para encarar un incremento de este tipo en el conjunto del mundo del trabajo, pero el gobierno sigue atrapado en teorías monetaristas y las presiones de las burguesías (vieja y nueva) por capturar la renta nacional a través de inversiones en infraestructura, inyección de dólares a la banca privada e importaciones, en cuya dirección un aumento salarial les resulta improcedente.

La aspiración más generalizada del magisterio, consiste en alcanzar un aumento salarial equivalente a 400 dólares mensuales, calculados cada quincena al valor de la moneda extranjera el día anterior de la quincena, para evitar que la devaluación de la moneda siga disolviendo cualquier aumento. Además, a nivel estratégico, se aspira a un cronograma de cinco años que permita nivelar los salarios docentes a la media regional, eliminación del instructivo ONAPRE y reincorporación de las primas y beneficios suprimidos y re-construir la ruta de la homologación e indexación salarial.

Lo peor que puede ocurrir es que esta situación intente ser resuelta desde el gobierno por la vía del agotamiento del conflicto, sin que se responda de manera efectiva a las demandas del magisterio, profundizando con ello la crisis de gobernabilidad. El mejor escenario, que el gobierno retome la agenda social y salarial como prioridad estratégica para el desarrollo humano y la auténtica recuperación nacional. Entre uno y otro escenario, existen decenas de posibilidades, lo cierto es que el factor políticamente dinámico, hoy está en la calle.

• ¿El juego esta trancado?

La política es el arte de hacer posible lo que parece improbable. Partiendo de esta premisa, el gobierno, como en un juego de dominó, tiene que recoger las fichas marcadas y usar un manojo nuevo, que le permita corregir los errores y hacer los cálculos correctos. Aún está a tiempo de evitar que la huelga docente sea el mayor desastre político en su historia.

El poder político tiene la capacidad de modelar los escenarios y esta no es una situación diferente. Reconstruyamos los escenarios posibles.

Escenario uno: liquidar la huelga. Esto implica continuar por el camino de no ceder en un aumento e intentar quebrar la huelga docente, a partir de narrativas políticas ciertas, pero que desconocen la situación material de la clase trabajadora y docentes.  Esto puede ser por varias vías:

1. Agotar la protesta alargando la situación de manera indefinida. En este caso, tendría un costo político enorme desde el punto de vista electoral y de la hegemonía política. Esto podría significar un giro conservador hacia la ultraderecha de amplios sectores de las masas que hoy se encuentran en el centro político o en espectro del progresismo.
2. Reiniciar el año escolar hasta que cese el conflicto. Esto trataría de trasladar el costo político a las bases magisteriales e imprimir una derrota de onda larga. Sin embargo, sería tocar lo más sensible de la sociedad, el futuro de niños, niñas y adolescentes y esto puede generar reacciones imprevistas que terminan descolocando aún más al gobierno.
3. Paquete autoritario de suspensión de garantía de la protesta, movilizaciones y huelga, con el propósito de obligar al magisterio a volver a las aulas. Esto puede dar resultado, pero si no ocurre el efecto previsto podría generar un vacío de autoridad sin precedentes, abriendo paso a un periodo de ingobernabilidad.

Escenario dos: recomponer el tablero preservando a la burocracia sindical y llevar a su mínima expresión las demandas del magisterio. En esta perspectiva, se buscaría una solución intermedia, con el menor coste para el gobierno, que plantea como variantes:

1. Anunciar un ajuste salarial alrededor de los cincuenta dólares mensuales, presentándolo como una conquista del “acuerdo sensato” entre federaciones sindicales (burocráticas de oposición y gobierno) y el Ejecutivo. Esta salida puede generar un escenario como el de las huelgas de 1991-1992 en las cuales las bases se mantuvieron en las calles y obligaron a una re-negociación en los términos que demandaba la mayoría, lo cual significó un duro revés para el gobierno de ese momento.
2. Anunciar un ajuste salarial mensual, equivalente en bolívares a un monto entre 100 y 300 dólares, pagaderos al valor del mercado cambiario el día anterior a la quincena, presentado como una conquista de la burocracia sindical. Este escenario puede desmovilizar temporalmente sin descartar otras olas de conflicto los próximos meses, pero permitiría reiniciar las actividades académicas.
3. Anunciar un ajuste del salario mensual alrededor de los 300 dólares al cambio del día anterior a la quincena, acompañado de un decreto de elecciones sindicales del magisterio en el periodo 2023-2024, con la intención de canalizar el descontento hacia la renovación sindical, tratando de volver a encauzar y regularizar los mecanismos de representación y negociación. Este escenario es altamente improbable debido a la visión sindical burocrática del gobierno y la oposición. De aplicarse podría abrir las puertas a la renovación democrática del gobierno y las oposiciones.

 Escenario tres: corregir el impacto electoral y en la hegemonía política producto del conflicto docente.

1. Producir un ajuste del salario docente de acuerdo al costo de la canasta básica familiar (alrededor de los 650 dólares mensuales), establecer un cronograma de recomposición salarial, volver a las normas de homologación hasta llegar a la indexación salarial, todo ello a partir de un acuerdo de exigencia magisterial unitaria (gobierno y oposición) de cese de las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU). Este escenario es altamente improbable porque sustrae al juego gobierno-oposición de la ruta de construcción de un nuevo modelo de alternancia en el gobierno, algo que tiene simpatías en ambos sectores.

Como lo señalamos, estos escenarios admiten combinaciones, pero en la medida que se mezclan su eficacia política disminuye. El juego no está trancado, por el contrario, es hora de poner en juego la inteligencia política, tanto del magisterio en la calle peleando por sus justos derechos, como de parte del gobierno. Veremos que ocurre.

Notas

[2] En el cual tiene fuerte presencia la CUTV (Comunista) y las expresiones autónomas del sindicalismo clasista

[3] Con excepción de la vieja CUTV, controlada por el PCV, muy debilitada y disminuida en su influencia real en movimiento de masas de la clase trabajadora.

[4] Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, vinculada al gobierno.

[5] Central de Trabajadores de Venezuela, vinculada a la oposición, especialmente a Acción Democrática (AD) y COPEI

[6] Directrices emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, que suprimieron importantes conquistas salariales, como bonos y primas de sobre sueldos, que por la legislación venezolana tienen incidencia en aumentos, aguinaldos y prestaciones sociales.

[7] El argumento fue que los demandantes no anexaron el mencionado instructivo, que en realidad eran ordenes que formulaba el órgano central de presupuesto, por vía telefónica, mensajería de textos y en unos pocos casos correo electrónico, a las autoridades del Ministerio de Educación y Rectores Universitarios. Estas instrucciones implicaron desmejora salarial, producida de manera unilateral por el Ejecutivo, violando incluso la contratación colectiva de los docentes.

[8] Programa de empleo parcial para jóvenes estudiantes de escasos recursos, en su mayoría vinculados a la juventud del partido de gobierno (PSUV).

[9] Muchos de ellos sin formación profesional ni técnica. La reserva son en su mayoría gente humilde y de pueblo, obligada por la debida obediencia de la disciplina militar, a cumplir órdenes como estas.

1] Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorados en Pedagogías Críticas y Propuestas de Evaluación de la Calidad Educativa. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).  Socio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación. Integrante de la Asociación latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos.  Director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE). Profesor universitario.