Unión Europea, Colombia, España: vigencia del injerencismo
Leopoldo Puchi |
El 29 de junio de 2020, luego de que Bruselas anunciara sanciones contra 11 venezolanos, Nicolás Maduro ordenó la expulsión de la representante de la Unión Europea en Caracas. “Maduro lanzó también una advertencia al embajador de España, Jesús Silva, al agregar que ‘Venezuela se reserva las acciones diplomáticas’ sobre él”, reseñaba El País de España
Al día siguiente, la Unión Europea solicitó que se reconsiderara la decisión, y tres días después Josep Borrell informó que había sostenido una conversación telefónica con Jorge Arreaza en la que acordaron revertir la expulsión. Borrell argumentó que “la cooperación” entre ambas partes podía “facilitar el diálogo político”.
Reincidencia
Al estar enmarcado el acuerdo de reversión de la expulsión en la idea de “cooperación en función del diálogo”, se podía entender que no se crearían otros puntos de tensión, como el de las nuevas sanciones.
Sin embargo, apenas unos meses más tarde, el 22 de febrero de este año, la UE recurrió nuevamente al expediente de las sanciones, esta vez incluyendo a diputados y a rectores del Consejo Nacional Electoral vinculados al sector de la oposición con el que la UE mantiene diferencias y desencuentros sobre la línea política a seguir.
De manera que la UE adelantó, con las sanciones, una advertencia disuasiva para aquellos opositores que en el futuro no se ajusten a los lineamientos de Bruselas o participen en elecciones sin su consentimiento.
Unión Europea
En relación al gobierno español, la salida acordada entre los dos países del embajador Silva, vinculado muy activamente a ciertos círculos de oposición y de quien se ha señalado permitió que su residencia se utilizara en los preparativos iniciales de la incursión armada realizada por el litoral guaireño, creó un nuevo cuadro de relaciones, con expectativas de mayor fluidez y cooperación.
Ahora bien, la creación en el seno de la UE de un grupo de interés sobre Venezuela, integrado por España, Alemania, Países Bajos y Francia, que propició nuevas sanciones, así como el viaje de la ministra de relaciones exteriores española a Colombia, significó que se detonara lo que se había avanzado en nuevas pautas de cooperación entre Caracas y Madrid.
Colombia
La presencia física en Colombia, en plena pandemia, de Arancha González, no se puede considerar como un acto “inocente”, ni se explica solo por la inquietud por los migrantes. Cualquier cancillería del mundo conoce, de antemano, sus connotaciones, en el marco de las tensiones entre Bogotá y Caracas, en las que el tema migratorio es parte del pulso entre los dos Estados.
Por lo demás, no se podía ignorar en la cancillería española la existencia de tensiones bélicas larvadas entre los dos países, ni desconocer el valor simbólico del puente Simón Bolívar, en el que dos años atrás hubo una confrontación violenta, intentos de intervención y deserción de militares.
España
Del mismo modo, la cancillería ha debido estar al corriente de que la incursión de la operación Gedeón fue preparada en territorio colombiano. Tampoco podía Madrid no estar al tanto de que el presidente colombiano venía de anunciar la creación de un comando de élite especial para combatir grupos como el ELN y que, al hacerlo, había insinuado que podrían penetrar en Venezuela, ante lo que el ministro de la defensa, General Vladimir Padrino López, había advertido que respondería con las armas.
Hasta un principiante de la carrera diplomática podía saber que, al apoyar nuevas sanciones y al realizar este viaje, la cancillería española estaba detonando los puentes recientemente hilvanados de cooperación y diálogo.
Diálogo
Todo indica que continúa privando, tanto en Madrid como en Bruselas, el ya viejo diseño de la administración Trump para un cambio de gobierno en Venezuela, puesto que en Washington no se ha producido una redefinición de políticas, y se insiste en el esquema de bloqueo petrolero y financiero por medio de sanciones. Aún más, en la Casa Blanca se aspira a que la UE se endurezca y se sume a las medidas tomadas, en lo que se ha denominado “presión multilateral”. Esto explicaría la conducta del Consejo Europeo y de la cancillería española.
Sin embargo, habría que esperar a que los demócratas se asienten más en el gobierno para tener mayor precisión sobre un posible viraje, y también observar con detenimiento hasta qué punto la UE aborda su política hacia Venezuela desde otra óptica y con mayor autonomía, para contribuir, efectivamente, a la negociación y al diálogo.
Anexo
España insiste en una política injerencista
Jenifer Matheus – Últimas Noticias
¿La huida de Leopoldo López a España quebrantó las relaciones bilaterales entre Madrid y Caracas? o ¿Las relaciones entre ambos países eran tensas desde el gobierno de Hugo Chávez y se intensificaron con la llegada al poder de Nicolás Maduro? La respuesta es muy sencilla, las relaciones entre el Reino de España y Venezuela fueron cordiales hasta 2002 cuando el entonces presidente José María Aznar junto al gobierno estadounidense de George Bush apoyó el golpe de Estado contra Hugo Chávez liderado por Pedro Carmona Estanga.
A pesar de ello, Chávez supo utilizar la diplomacia como un instrumento esencial para el establecimiento de relaciones diplomáticas armónicas, que pudiera decirse estuvieron marcadas por dos etapas, la del equilibrio internacional y la ruptura de los principios que dominaron la política exterior venezolana en los gobiernos puntofijistas impulsando el nuevo “sistema multipolar internacional”.
El siguiente choque entre Miraflores y La Zarzuela fue el protagonizado por el Rey de España que durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en 2007 lanzó aquel “¿Por qué no te callas?” dirigido contra el entonces presidente Hugo Chávez quién en su intervención denunció al presidente José María Aznar por participar en la intentona golpista que se perpetró en su contra el 11 de abril de 2002. A pesar de la álgida relación que sostenían ambos gobiernos para aquel entonces las gestiones diplomáticas permitieron recomponer los vínculos que permanecieron por años en un statu quo.
Nuevamente en 2013, con el ascenso de Nicolás Maduro, las relaciones llegan a un nuevo punto crítico. Para ese entonces el recién electo presidente de Venezuela, tras la muerte de Chávez, fustigó al ministro de Exteriores español, José García Morgallo, quien declaró no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de ese año.
A partir de allí, aumentaron las acusaciones de Maduro contra La Moncloa de atacar a gobiernos progresistas con su política injerencista, hecho que hasta la fecha se evidencia con las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra el país suramericano, que suma una lista de 55 funcionarios del Estado sancionados.
Con el estallido de las protestas opositoras adversas al gobierno de Maduro en 2014, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, solicitó la liberación de Leopoldo López, condenado por incitar las acciones que desencadenaron hechos violentos que dejaron como saldo cientos de heridos y más de 40 muertos. El presidente Maduro criticó fuertemente las intenciones de España de entrometerse arbitrariamente en los asuntos internos y políticos de Venezuela que llevaron a la convocatoria del Poder Constituyente, medida que tenía como objetivo encauzar el país por la senda de la paz y la estabilidad.
Non grata
Este término utilizado en la diplomacia para calificar a una persona como “no bienvenida” ha sido el sello que ha acompañado a varios representantes del gobierno español en Venezuela por sus constantes intromisiones en los asuntos políticos internos. En 2018, el embajador de España acreditado en el país fue declarado el 25 de enero como persona non grata, lo que lo obligó a devolverse al país ibérico por un lapso de cuatro meses lapso en el que retorna nuevamente a Venezuela tras superar la crisis diplomática entre Caracas y Madrid.
El 24 de febrero de 2020 y luego de que la Unión Europea sancionara a 19 nuevos funcionarios del Estado venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio de Relaciones Exteriores citó a la embajadora de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, para notificarle la decisión del gobierno de declarar persona non grata y su salida inmediata del país en un lapso de 72 horas. Cabe destacar que no es la primera vez que el gobierno llamara a capítulo a la embajadora. En junio de 2020, tras una serie de sanciones del bloqueo europeo, Brilhante Pedrosa fue convocada a abandonar el país pero la decisión fue revertida en tres días.
La huida
La salida del prófugo Leopoldo López de Venezuela hacia España propició un nuevo choque diplomático entre Miraflores y La Moncloa, el gobierno venezolano acusó al de España de participar en el operativo en el que huyó López, quien permaneció desde 2019 en calidad de “huésped diplomático” en la residencia del embajador de España, Jesús Silva.
Muchas son las hipótesis que se manejan en torno a la huida del opositor acusado de organizar las protestas violentas entre 2014-2017 y que buscaban avivarse con la supuesta toma de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, el 30 de abril de 2019 cuando López junto a Juan Guaidó y un grupo de desertores pretendían generar un nuevo hecho de desestabilización, el cual fracasó.
Ante estos hechos, el gobierno de Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Reino de España participó directamente en la fuga de Leopoldo López, quien reside en un costoso inmueble de Madrid, respecto al cual el gobierno venezolano no desestima que haya sido adquirido con activos de la nación hurtados a través de Citgo. El gobierno venezolano sostiene que España participó en la fuga de López, hoy considerado un “delincuente prófugo de la justicia”, cuya llegada a ese país transgrede leyes internacionales, acuerdos bilaterales y normativa de migración española.
Ruptura de relaciones
De generarse una ruptura definitiva en las relaciones diplomáticas de España y Venezuela se verían afectados más de 90 mil venezolanos empadronados en la nación ibérica y 167.000españoles residentes en el país sudamericano. De acuerdo a información suministrada por EFE hasta 2019 estaban operativas 72 empresas españolas, convirtiéndose en el segundo país, después de Holanda, con mayores inversiones en Venezuela. Cabe destacar que, las relaciones bilaterales entre España y Venezuela cuentan con 174 años, desde 1845 fecha en la que se firmó el Tratado de Paz y Amistad. El primer cese de relaciones registrado entre ambos países fue entre 1945 y 1949.