Ucrania: la violencia en manos de mercenarios y traficantes

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Hay un principio básico de los estados modernos: el monopolio de la violencia legítima,  principio que se fue minado por la privatización de las funciones públicas, entre ellas las de los servicios de seguridad y las fuerzas armadas, lo que dejó al descubierto el escándalo del Grupo Wagner de mercenarios rusos, pero que en realidad se extiende a las empresas de mercenarios y armamentos contratadas por Estados Unidos y los países de la OTAN.

El riesgo de vulnerar el principio del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado es evidente: toda empresa privada está orientada a privilegiar, por definición, intereses particulares, a lucrar, en tanto que las instituciones públicas tienen como propósito primordial asegurar el predominio de los intereses de la colectividad. Por ello, entregar recursos militares a corporaciones mercantiles lleva implícito el peligro de que éstas acaben por dirigirlos contra las autoridades.

Ucrania se ha convertido en un territorio de alta participación de organizaciones militares privadas que responden no solo a Rusia sino también -y aunque los medios hegemónicos de comunicación traten de ignorarlo- a Estados Unidos y a las principales potencias de la belicista OTAN.

En todo caso, las potencias occidentales deberían rendir cuentas por sus acuerdos, públicos pero también ocultos, con aquellos ejércitos privados que, desde hace varios años, se nutren de valores ultranacionalistas y racistas, y que intentan encubrir sus actividades, en general ilegales, bajo la sorprendente fachada construida por sus presuntas labores formativas y humanitarias.

Wikipedia dice que se denominan empresas militares privadas o empresas proveedoras de servicios de defensa a aquellas que ofrecen servicios o asesoramiento de carácter militar, y a veces son catalogadas o definidas como mercenarias.

Para los gobiernos, los beneficios de utilizar este tipo de empresas privadas son claros. Sin la normativa legal que fija límites precisos a la actuación de los ejércitos regulares, las compañías privadas gozan muchas menos restricciones, y las formalidades se vuelven más tenues cuando los contratistas son grandes corporaciones armamentistas interesadas en trasladar y probar nuevos equipos directamente en el terreno en el conflicto.

Pero estas empresas poco a poco se van convirtiendo en un poder en si mismas, y se vuelven prácticamente incontrolables desde el Estado central, ya que disfrutan de una amplia libertad de acción. Fue el caso de Blackwater, reconocida como una “organización paramilitar” íntimamente ligada con el poder político de los Estados Unidos y que llegaría a contar con más de 20 mil empleados en todo el mundo. Hoy es el caso del Grupo Wagner.

Las empresas privadas desempeñaron un papel de primera importancia en la invasión y la ocupación de Irak emprendidas por George W. Bush desde marzo de 2003 y que llegaron a sumar unos 182 mil soldados mercenarios en el teatro de operaciones. Otro ejemplo  es la proliferación de cuerpos de seguridad privados que han ido desplazando a las corporaciones policiales públicas de tareas críticas de seguridad pública e interior, por no mencionar la transferencia de servicios de inteligencia a corporativos privados.

Fue a partir de 2007 cuando trascendió su responsabilidad en el asesinato de 17 ciudadanos iraquíes, que el crédito de Blackwater comenzó a agotarse. Los gobiernos occidentales procuraron esconder los contratos con organizaciones militares privadas y rechazar su vinculación si finalmente ésta tomaba carácter público.

Las investigaciones periodísticas señalan que la principal empresa bélica estadounidense durante el conflicto en Ucrania fue conocida como el Grupo Mozart, una denominación que surgió como un guiño al Grupo Wagner. Fue conformada por un exintegrante de las Fuerzas Especiales y, aunque actuó desde marzo de 2022, se disolvió a fines de enero de este año por una pelea entre sus fundadores, desde denuncias por difamación, alcoholismo y amenazas de robo, hasta incumplimiento de regulaciones estadounidenses contra el tráfico de armas y acoso sexual.

Para recibir donaciones y eludir leyes impositivas, este tipo de entidades suelen promocionarse como “organizaciones benéficas” a partir de la promoción de actividades de “apoyo humanitario”, desminado, entrega de equipos, atención a heridos, formación médica. El Grupo Mozart llegó a publicitarse como una ONG, una “start up militar” y hasta como un “ejército privado inteligente”…

Si bien el Grupo Mozart fue el más conocido y el que alcanzó una mayor estructura en territorio ucraniano, existen otros agrupamientos militares que actualmente están tratando de ocupar el espacio que esa empresa mantuvo hasta hace unos pocos meses.

Entre ellas se destacan la Trident Initiative Defense, integrada por veteranos de guerra británicos, y el Equipe Berlioz, conformado por exlegionarios franceses, encubren sus acciones gracias a sus muy publicitadas actividades de capacitación militar a los soldados ucranianos y a la atención de heridos en el frente de batalla.

Mientras, el Back Yard Camp-Skills to Defense montó un centro de entrenamiento militar en las afueras de Kiev, con cursos impartidos por estadounidenses, estonios, israelíes y franceses. El centro es frecuentado por las fuerzas especiales ucranianas, pero también por combatientes del “Batallón Azov”, uno de los principales cuerpos militares vinculados a la ultraderecha ucraniana.

El Defense Support Group es una empresa conformada en Ucrania, pero bajo la dirección de dos exmilitares estadounidenses con experiencia de combate en Afganistán, Irak, Bosnia, Kosovo y Congo, que dice dedicarse a la capacitación de soldados y a la población civil ucraniana. A estas empresas de EEUU, Reino Unido y Francia se debe sumar unidades militares alemanas, como Global.AG Security & Communication, y hasta estonias, como Iron Navy.

Fue la empresa sucesora de Blackwater, Academi, la que a partir de 2014 destinó una creciente cantidad de soldados contratados por el gobierno ucraniano para coordinar operaciones de guerrilla en contra de los separatistas prorrusos en la región de Donetsk.

Ejércitos privados

Quizá las revelaciones del presidente ruso Vladimir Putin, de que el Estado ruso “asumía por completo el costo del grupo Wagner”, el cual en el último año recibió del gobierno cerca de mil millones de dólares, sumados a otros 800 millones por suministrarle alimentos al ejército, obligan a poner en una nueva perspectiva la insurrección protagonizada por el propietario de dicho grupo mercenario, Yevgueni Prigozhin, el pasado fin de semana.

El magnate retiró a sus efectivos del territorio ucranio, tomó la ciudad rusa de Róstov del Don y ordenó un avance hacia Moscú que fue neutralizado vía una negociación en la que el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, fungió de mediador.

La declaración  evidencia la ambigüedad del propio Putin respecto al grupo Wagner: el viernes  amenazó con “acciones durísimas” a quienes propinaron “una puñalada por la espalda” a su gobierno, y cuatro días después  expresó su “respeto a los combatientes y comandantes de ese grupo porque dieron muestras de valentía y heroísmo”.

No pocos oficiales de Rusia han de estarse preguntando por qué no se destinaron a sus institutos castrenses los multimillonarios recursos que le fueron otorgados a una empresa de mercenarios.

Traficantes de miseria

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, no es (ya) director de la empresa de gas Burisma en Ucrania y tampoco tiene relación con la crisis actual en ese país… pero sí formó parte de su directiva entre 2014 a 2019, cuando su padre era vicepresidente (2009-2017). Publicaciones en medios y redes sociales de Europa y América Latina aseguran que Hunter es director de Burisma, la mayor empresa privada de gas en Ucrania, y que sus intereses influyen en las decisiones de su padre en la actual crisis en el país.

El Fondo de Inversión Black Rock y el banco JPMorgan empezaron a colaborar con el gobierno de Ucrania para crear un banco que canalice capitales para la reconstrucción del país. La información fue revelada por Financial Times.

La guerrra entre Rusia y Ucrania se desató en febrero de 2022. En marzo, el Banco Mundial estimó que el costo de la reconstrucción y recuperación de Ucrania asciende a 411.000 millones de dólares. El otro negocio de la guerra que estas corporaciones empezaron a organizar: eso sí ofrecieron sus servicios como donación en esta etapa que les dará el panorama para luego avanzar sobre proyectos concretos.

Ya en febrero de 2023 el presidente ucraniano Vladímir Zelenski se reunió con la directiva de JP Morgan, uno de los bancos de inversión más grandes de EEUU y el mundo, para discutir financiamiento para la “recuperación” de Ucrania. Al igual que con BlackRock, las actividades de JP Morgan en ese país son un esquema efectivo para malversar los activos estatales y explotarlos en interés de los países occidentales.

Dado el estado actual de la economía, los eurobonos ucranianos no se pueden canjear, que es lo que aprovechan los grandes inversores como JP Morgan. Si el gobierno de Ucrania no paga los eurobonos, los activos estatales pasarán a ser propiedad del banco. Y este es un escenario muy probable ya que el déficit presupuestario del país ahora está cubierto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La empresa estadounidense de gestión de fondos de inversión privados Vanguard Group está comprándo los activos estatales ucranianos, bajo el pretexto de la ayuda económica al régimen de Kiev.

A principio de mayo se anunció que la empresa estatal ucraniana de producción, transporte y procesamiento de petróleo y gas natural, Naftogaz, estaba en conversaciones con los gigantes Chevron, ExxonMobil y Halliburton para vender sus activos, con lo cual el control de todo el sector de petróleo y gas quedará en manos de estas empresas. Pero no hay competencia entree ellas: las tres están unidas por la empresa financiera Vanguard, que tiene la mayoría de las acciones de las tres primeras y, de hecho, controla y dirige sus actividades.

Según el think tank de analisis militar ruso Rybar, no es la primera vez que Vanguard intenta ingresar al mercado ucraniano. Entre 2020 -cuando Zelenski firmó la ley que abrió el mercado de la tierra- y 2022, Monsanto, Cargill y Dupont, cuyos principales accionistas son Vanguard junto con Blackrock, se apoderaron de casi 17 millones de hectáreas de tierra cultivable en Ucrania, aproximadamente 52% de toda la extensión para agricultura en el país.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocomolmo  señala en su último informe que 2022 es uno de los mas peligrosos periodos en la historia humana por el crecimiento del arsenal nuclear, llamando con urgencia a restaurar la diplomacia nuclear y a fortalecer los controles internacionales sobre este tipo de armamento. Estima en nueve los países con armas nucleares.

La  Rand Corporation, think tank de la Fuerza Aérea estadounidense,una de las principales promotoras del acoso estratégico desplegado contra Rusia a lo largo de decenios, ahora muestra preocupación por un alargamiento de la guerra en Ucrania, e incluso propone negociaciones en las que la cesión de territorio ucranio será un elemento fundamental.

“Evitar una guerra larga es también una prioridad más importante para EU que facilitar significativamente un mayor control territorial a Ucrania”, afirman Charap y Priebe en Avoiding a long War, de la Rand Corporation (2023), previendo una posible escalada hacia una guerra o el uso de armas nucleares.

Al igual que EEUU, el Reino Unido ofreció enviar a Ucrania municiones de uranio empobrecido, presentándolas de manera aséptica como “proyectiles perforantes que sólo destruyen los tanques, por lo que no implican una escalada, porque ‘técnicamente’ no se trataría de un arma nuclear como dicen las autoridades rusas”.

Irak sufrió bombardeos por parte de EEUU con estas armas, mientras la OTAN bombardeó Yugoslavia: hay suficiente evidencia de los daños a las personas, animales y medio ambiente en hospitales y morgues. No existe manera digna de disimular el uso de proyectiles con un historial tan trágico como el uranio empobrecido, señala Mirko Casale.

Frente a la preocupante fusión de riesgos bioclimáticos y bélico industriales existe una notable ignorancia pública, precisamente de parte de la población que enfrenta directamente esas amenazas. Es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedente en los próximos cinco años, impulsadas por los gases de efecto invernadero  aunado al fenómeno natural de El Niño, señala la Organización Metereológica Mundial.

Hay alta probabilidad de que entre 2023 y 2027 la temperatura media mundial anual supere en más de 1.5 grados los niveles preindustriales durante al menos un año, lo que representaría, literal, consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la población mundiales, no solo la ucraniana.

*Investigación dirigida por el sociólogo Álvaro Verzi Rangel, de la que participaron Isabella Arria, Victoria Korn, Rubén Armendáriz, Mirko C. Trudeau y Aram Aharonian