Trump amenaza a Guatemala y crece la preocupación por los derechos humanos de los migrantes
Gerardo Villagrán del Corral|
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar una prohibición, nuevos aranceles y comisiones a las remesas después de que Guatemala decidió no aceptó ser tercer país seguro, que implicaría recibir a más solicitantes de asilo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) censuró las medidas migratorias y de asilo adoptadas conjuntamente por EEUU y México.
Ser tercer país seguro supone que los solicitantes de asilo en EEUU que hayan pasado antes por otro país deben pedirlo en la nación considerada segura. “Guatemala (…) ha decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros de suscribir un necesario acuerdo de tercer país seguro. Estábamos listos para avanzar (…), “ahora estamos analizando la ‘Prohibición’, aranceles, comisiones a remesas, o todas ellas. Guatemala no ha sido buena”, agregó Trump, negándose luego a dar mayores detalles.
Los derechos humanos
Las medidas adoptadas por EEUU y México están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección internacional, dijo la CIDH.
La CIDH remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas.
Destacó que a partir de la implementación unilateral del programa Quédate en México, EEUU ha devuelto a territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo, y agregó que 18 mil 778 personas habían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud.
La CIDH afirmó que estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, y solicitó a los países de Norte y Centroamérica adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional.
Otro aspecto que preocupa los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, así como las nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Washington el 15 de julio, que impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo cual violenta el derecho internacional.
La CIDH confirmó, asimismo, que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes, lo que confirma el informe del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes.
Sobre el plan del gobierno mexicano para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la CIDH consideró positivo la implementación de medidas para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.
Ante el informe humanitario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana defendió las políticas en la materia y afirmó que el gobierno está comprometido con la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, y reprochó que en su pronunciamiento la CIDH no hizo pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, que realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes.
Señaló que la migración regional es un fenómeno que debe atenderse de manera compartida y coordinada, mediante la promoción de oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen y sostuvo que el proceder del Instituto Nacional de Migración y la labor de la Guardia Nacional se conducen bajo protocolos de protección a los derechos humanos y con el cercano acompañamiento de organismos internacionales.
La cancillería mexicana insistió en que por razones humanitarias aceptó recibir a solicitantes de asilo retornadas por Estados Unidos en espera de la conclusión de sus procesos y afirmó que fue una determinación soberana. México no coincide con las medidas que limitan el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en sus países de origen por motivos de persecución, añadió.
Pompeo y el Episcopado
Después de la visita a México del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien el domingo dio el visto
bueno a los operativos en materia migratoria, la Iglesia católica mexicana afirmó que el país se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno de Washington aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció la necesidad de tomar decisiones valientes para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos por EEUU, amenaza que hizo el presidente Donald Trump, “pero no en detrimento de la soberanía nacional, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, la solidaridad entre los pueblos y el trabajo por el bien común”.
El prestigioso diario The New York Times aseguró que fueron sólo 35 los migrantes detenidos durante las masivas redadas en las que Trump prometió arrestar durante la operación Border Resolve, primero a dos mil familias y luego a 2.105 personas con órdenes de deportación en unas doce ciudades, hace dos semanas.
Matthew Albence, director en funciones del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), admitió que el número de aprehensiones fue bajo y culpó de ello a quienes alertaban a los migrantes (“personas que están en la ilegalidad”) de la presencia de patrullas en las cercanías.
Jimmy Morales, a las órdenes de Trump
El gobierno de Guatemala responsabilizó a la Corte de Constitucionalidad del país de demeritar la buena relación con EEUU, después de que ésta determinó hace unos días que cualquier acuerdo que pudiera convertir a la nación centroamericana en tercer país seguro debía ser sometido a la aprobación del Congreso.
El gobierno de Guatemala tenía previsto sostener la semana pasada una cumbre con Trump en la cual Morales firmaría el acuerdo de tercer país seguro, pero canceló su viaje a Washington un día antes de que la Corte Constitucional bloqueara la idea del mandatario de hacer la declaración. Morales no logró sacarse la selfie con Trump.
La cancillería afirmó en un comunicado que en diversos momentos se han hecho alianzas importantes para apoyar principalmente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, donde se han dando avances importantes, los cuales han sido reconocidos por el gobierno del señor Donald Trump.
El presidente Jimmy Morales dijo que las negociaciones para implementar un plan con EEUU para atender la migración irregular se llevaban a cabo con apego a las leyes locales y que la Corte no tiene facultades para entrometerse en política exterior. “Todo esto pone en riesgo la relación bilateral con EEUU que traerá consigo posibles sanciones”, escribió Morales en sus redes sociales.
La preocupación del gobierno es financiera: las remesas de dinero por parte de los migrantes guatemaltecos representan más de 11 por ciento del producto interno bruto del país. A su vez, EEUU es el principal socio comercial de Guatemala, con un intercambio equivalente a casi cinco mil millones de dólares durante los primeros cinco meses del año, de acuerdo con cifras del Banco Central.
Las restricciones a la inmigración son un punto clave en el mandato de Trump y también en su adelantada campaña para la reelección, donde instó a Guatemala, México y otros países de la región a actuar como zonas intermedias y acoger a los solicitantes de asilo que, de otra manera, ingresarían a Estados Unidos.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)