¿Quién gobernará Bolivia?
Olivia Arigho
Los bloqueos en Bolivia son una colosal demostración del poder obrero e indígena contra un gobierno derechista impopular. Pero en tanto las movilizaciones no se unifiquen, el peligro del vacío político estará al acecho.
Bolivia está al borde del colapso. Durante más de cuarenta días, las ciudades de La Paz y El Alto, junto con las regiones de Oruro, Potosí y Cochabamba, han sido asfixiadas por bloqueos que impiden el paso de alimentos, mercancías y personas por las rutas. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos son una colosal demostración del poder obrero e indígena contra un gobierno derechista impopular. Pero las movilizaciones distan de ser unificadas, y estas fricciones tienen el potencial de generar un perturbador vacío de poder y de escalar un clima político y económico peligrosamente inestable.
Mientras tanto, el gobierno recurre a tácticas cada vez más represivas en su intento de contener un conflicto que se está desplazando rápidamente fuera de su control. Noventa personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas en los enfrentamientos. Se informó que dirigentes sindicales fueron secuestrados en la vía pública y varios de ellos encarcelados. En un comunicado público, la Central Obrera Boliviana (COB) denunció al gobierno por iniciar una «cacería» contra su dirigencia.
Se produjeron detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales en todo el país, en particular de aquellos vinculados al evismo (en referencia al ex presidente Evo Morales). Por ejemplo, Yesenia Vargas, ex dirigente de la Federación del Trópico de Carrasco en Cochabamba, fue encarcelada esta semana. Vargas formaba parte de la delegación que viajó a El Alto para exigir la renuncia del presidente Paz.
Hace poco más de una semana, en las primeras horas del domingo, la Legislatura boliviana (de mayoría derechista) aprobó un proyecto de ley que le permitiría al presidente Rodrigo Paz declarar el estado de emergencia. Se teme que el estado de excepción sea invocado en breve y que se desplieguen fuerzas militares para desbloquear las rutas por medio de la violencia. En un punto crucial, Paz también cuenta con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos: el secretario de Estado Marco Rubio le prometió asistencia de emergencia al acosado presidente.
La localidad de San Julián, en Santa Cruz, hogar de grupos campesinos conocidos como Interculturales, fue la semana pasada escenario de un violento «desbloqueo» en el que el grupo paramilitar de extrema derecha Unión Juvenil Cruceñista, actuando junto a la policía, irrumpió en el pueblo y presuntamente utilizó munición real contra los bloqueadores. No obstante, los movimientos sociales declararon que no darán marcha atrás ni negociarán con el gobierno.
Detrás de los bloqueos
Los sectores que coordinan la mayor parte de los bloqueos contra Paz en el altiplano son quienes lo votaron en las elecciones del año pasado. El pueblo aymara fue anteriormente un pilar esencial de la base del Movimiento al Socialismo (MAS), al que Paz cortejó con promesas pragmáticas de un «capitalismo para todos», apelando a una creciente clase de sectores comerciales aymaras más acomodados, una lógica conocida como qamirismo, que deriva de la palabra aymara qamiri, utilizada para describir a alguien con dinero.
Una vez en el gobierno, Paz abandonó las promesas de continuar los programas sociales del MAS, y su base de apoyo principal se desplazó hacia los intereses empresariales revanchistas de Santa Cruz, un sector que ni siquiera lo había votado a él sino al ultraderechista Jorge «Tuto» Quiroga.
Roberto Pacosillo Hilari es un veterano dirigente político aymara y una figura clave en los bloqueos. Le dijo a Jacobin que Paz es el último de una larga tradición de políticos en Bolivia que extraen riqueza del pueblo sin darle nada a cambio. «No hay confianza con este hombre. Es un mentiroso. En aymara diríamos sallqa, que significa una persona que miente, un charlatán. Esta es la razón por la que queremos que renuncie».
La capitulación de Paz ante los intereses empresariales y de élite de la derecha es vista por los manifestantes como un retorno a un pasado en el que los pueblos indígenas eran sistemáticamente excluidos del poder y sus votos eran explotados para servir a los intereses de las élites que manejan el poder.
A medida que el conflicto con el Estado fue escalando, los bolivianos volvieron una vez más a las barricadas para ejercer presión. «El bloqueo», le dijo a Jacobin el antropólogo boliviano Pedro Pachaguaya, «es una tecnología política ancestral que transforma el control territorial en poder de negociación». Estos bloqueos son el resultado de procesos sociales colectivos. «El bloqueador no es el campesino atrasado que asedia a la ciudad moderna: es un ciudadano complejo que activa su pertenencia comunitaria cuando la asamblea así lo decide», agrega Pachaguaya.
Otro elemento clave de la protesta tiene que ver con la crisis estructural de la economía y el problema de larga data de la gasolina basura. El diésel de mala calidad ha estado arruinando los motores de los minibuses del transporte público, y la prometida compensación por los gastos a los conductores nunca se hizo efectiva. En consecuencia, el sector del transporte ha estado en huelga de manera intermitente durante meses. Los conductores hacen cola durante cinco días en sus vehículos para obtener combustible en El Alto y La Paz.
Paz no ha podido garantizar un suministro confiable de combustible, un problema que comenzó en 2023 bajo el gobierno del MAS de Luis Arce. Ante la ausencia de reservas de divisas debido al colapso de las exportaciones de hidrocarburos, Bolivia no puede importar combustible en cantidades suficientes. A pesar de haber obtenido préstamos y rescates de instituciones internacionales, la economía está en caída libre y los más pobres pagan un precio muy alto.
Viraje conservador
En abril de este año, ataviado con un poncho rojo tradicional, Paz pronunció un encendido discurso en Achacachi, el histórico bastión de los movimientos campesinos aymaras que lo habían votado de manera abrumadora en las elecciones del año pasado. Inicialmente atraídos por su promesa de un «capitalismo para todos» y por el atractivo de hombre del pueblo de su vicepresidente, Edman Lara, los achacacheños y otras comunidades campesinas e indígenas de todo Bolivia están ahora profundamente descontentos con la capitulación inmediata de Paz ante los intereses derechistas, empresariales y de la vieja élite.
El descontento comenzó con el intento de Paz de emitir el Decreto 5503 en enero de este año, antes de que masivas protestas lo forzaran abruptamente a cambiar de rumbo. Luego, en mayo, intentó aprobar la Ley 1720, que habría profundizado la mercantilización de las pequeñas parcelas de tierra, beneficiando al agronegocio a expensas de los pequeños agricultores campesinos.
Los movimientos campesinos e indígenas de las regiones amazónicas de Pando y Beni marcharon durante un mes a pie hacia La Paz para exigir la derogación de la ley. Finalmente tuvieron éxito, ya que la Legislatura votó para abandonar el decreto. Pero era demasiado tarde; los movimientos del altiplano, así como los sectores cocaleros del Chapare, se movilizaron y formaron bloqueos exigiendo nada menos que la renuncia de Paz.
En su afán por desacreditar la movilización, gran parte de los medios progubernamentales retrató a los bloqueadores como títeres del ex presidente Evo Morales, difundiendo una narrativa según la cual Evo está orquestando los bloqueos con miras a tomar el poder. Pero en realidad, el evismo es solo un elemento de una movilización multisectorial amplia y diversa, y hay pocas indicaciones de que Evo cuente con mucho apoyo más allá de su base central.
El líder de la COB, Mario Argollo, por ejemplo, se ha empeñado en distanciar a la movilización de la COB de Morales. «No hay ningún financiamiento externo en nuestras movilizaciones», sostuvo en una entrevista. «Le pedimos a Evo Morales que no se cuelgue de nuestra lucha». Argollo afirmó que las movilizaciones están siendo impulsadas desde las bases. «El pueblo ya no cree en el gobierno; hay mucha desconfianza», dijo. Y añadió: «No se puede tener un diálogo así. Pero eso lo decidirán las bases. Hasta este momento solo exigen la renuncia, pero nos reunimos constantemente y la situación será evaluada».
Pero también es cierto que los bloqueos no tienen apoyo universal dentro de las comunidades y que profundas divisiones atraviesan los movimientos. Quienes bloquean no comparten todos los mismos intereses ideológicos o de clase. Por ejemplo, algunos sectores de la confederación sindical campesina CSUTCB habrían condenado los bloqueos.
En las calles de El Alto también estallaron escaramuzas entre los bloqueadores y sus opositores. Las divisiones reflejan un fenómeno de paralelismo por el cual los movimientos se dividen en múltiples facciones superpuestas, lo que ha perjudicado la unidad de los movimientos indígenas y obreros desde los últimos años del MAS.
No se puede negar, por supuesto, el doloroso impacto de los prolongados bloqueos. Los hospitales advirtieron que no pueden realizar cirugías críticas porque no tienen suficiente oxígeno. Los informes sugieren que algunas personas murieron por no poder acceder a atención médica de emergencia. El gas y la carne son prácticamente inalcanzables en La Paz. Una pequeña cabeza de brócoli se vende en los supermercados de la capital a 6 dólares, y ante la ausencia de pollo o carne vacuna, se traen en avión cajones fríos de pollo desde ciudades vecinas.
Los aeropuertos permanecen abiertos, pero en El Alto muchos se han visto obligados a caminar kilómetros con sus maletas para sortear los bloqueos. Los gobiernos derechistas de Perú y Chile enviaron suministros en apoyo al gobierno para aliviar la presión de los bloqueos.
El economista Javier Gómez señala que los bloqueos corresponden a «una nueva cartografía del poder» que refleja los profundos cambios territoriales y económicos de las últimas dos décadas, incluida la expansión de las economías informales, el auge del extractivismo y la creciente penetración del capital ilícito en la sociedad boliviana.
Esta semana se celebró un gran cabildo en La Paz, convocado por sectores de clase media urbana disconformes que exigen un mayor uso de la fuerza por parte del Estado para desbloquear las rutas. Pero Paz será cauteloso a la hora de utilizar la fuerza militar para sofocar los bloqueos, consciente del riesgo de escalar el conflicto y abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Con pocos aliados, su control sobre el poder es débil.
En tanto los bloqueos no muestran señales de ceder, surgen preguntas difíciles e inevitables. Los movimientos exigen que Paz y Lara renuncien, pero no hay una figura obvia que reemplace a Paz ni una entidad electoral clara en torno a la cual movilizarse, aunque el evismo busca una oportunidad para que Evo Morales vuelva a presentarse como candidato. En las elecciones del año pasado, el MAS fue aniquilado como fuerza política, y prácticamente no hay presencia progresista o de izquierda en la Legislatura. Un peligroso vacío político acecha las protestas.
Las movilizaciones de esta semana son testimonio de la negativa de los trabajadores y las masas indígenas bolivianas a ser tratados como peones políticos, a ser instrumentalizados durante las elecciones y luego ignorados. Pero la fragilidad del ecosistema político de Bolivia es preocupante a medida que avanza hacia la era post-MAS, en la que los movimientos sociales exigen que el Estado represente sus intereses pero, en simultáneo, demuestran ser incapaces de reafirmar un control tangible sobre el poder estatal. Hay pocos ganadores en esta movilización, y Bolivia enfrenta un futuro sombrío e incierto.
*Colaboradora de la revista Alborada, escribe su tesis doctoral sobre los movimientos indígenas del siglo veinte en Bolivia.