¿Qué pasará con Florentino Ariza y Fermina Daza? No al Quimbo
JESSICA DOS SANTOS | Hoy que todos hablan del Gabo (Gabriel García Márquez) y sus 85 años de realismo mágico, yo me pregunto: ¿Y ahora donde se van a amar Florentino Ariza y Fermina Daza? Si Juan Manuel Santos y la multinacional Emgesa les desvió el Rio Magdalena. ¿Ya no habrá buque ni la complicidad de ningún capitán para que estos dos personajes puedan permanecer el resto de sus vidas en un ir y venir por el Magdalena?
Jessica Dos Santos Jardim
Con información del portal: www.corresponsalesdelpueblo.org
Ya no habrá viaje idílico como tampoco hay millares de caimanes en sus riveras porque estos sirvieron de blanco a los tiradores aficionados quienes a bordo de los buques cumplían su travesía matándolos a tiros de fusil por la única “diversión” de acertar en sus apuestas con los demás pasajeros.
¿Hasta cuándo seguirán ganando los intereses de las multinacionales (Emgesa, Endesa, ENEL) y las oligarquías? ¿Hasta cuándo seguirán llevándose los recursos y los deseos del pueblo? ¿Hasta cuándo algunos seguirán dormidos, sumergidos en la estupidez y la alienación?
Ya no estará el río Magdalena donde esos viejos, que ya pasan de los setenta, se entregaron a su amor, con tanto apasionamiento que para librarse de testigos y permanecer a solas en el barco, Florentino Ariza enarbolo la bandera amarilla del cólera y, una vez llegados a la desembocadura, y por lo tanto a la ciudad, volvieron a remontar el río; un Magdalena muerto, debido a la tala excesiva de la selva, por el que bajaban cadáveres, con un tiro en la nuca o bien víctimas del cólera, pero hoy vemos, en esta maldición oscura que llaman “realidad” que “los tiempos del cólera” no han quedado atrás pese a los partes de las autoridades sanitarias.
Pero tenemos la esperanza de que tampoco quede atrás el amor, ese que motiva las luchas, puesto que “el amor es amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más se acerca a la muerte” No?
Contexto
El Huila en Colombia, dicen los historiadores, quedó arruinado después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los beligerantes arreaban el ganado, que era la única riqueza de la región, para alimentar y calzar a sus tropas. En el conflicto con el Perú (1932) el departamento aportó gran parte de los contingentes que fueron a pelear en las selvas pretendidas por la Casa Arana, que competía con ferocidad a los caucheros huilenses, tolimenses y caucanos.
Por la misma época se inicia la siembra de arroz con riego en Campoalegre y Palermo. El algodón, el sorgo, el tabaco y otros cultivos comerciales vendrían después de la Violencia (1946-53), cuando gran parte de las tierras más planas y fértiles a orillas del río Magdalena habían sido concentradas en pocas manos. Los campesinos fueron desalojados y expulsados hacia las cordilleras y hacia las selvas.
Lucha agraria en Colombia
En Colombia la lucha contra el latifundio venía afianzándose desde el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad (1936), pero fue en los años sesenta cuando, amparados en la AID, un acuerdo entre algunos liberales y unos pocos conservadores permite sacar adelante la Ley 135 de 1981, que autorizó reformar la rígida estructura agraria.
Durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) el campo vivió un notable revolcón más de expectativas que de realidades. El Incora titula tierras baldías en zonas alejadas, parcela rastrojeras empobrecidas de terratenientes a unos pocos campesinos, construye distritos de riego y organiza empresas comunales.
Los terratenientes y gamonales opusieron una tenaz resistencia que obligó al Gobierno a organizar el movimiento campesino en una poderosa asociación (ANUC), que pronto desborda el marco legal y se lanza a la invasión de haciendas.
En el Huila, donde el conflicto armado revestía gran fuerza, la reforma agraria fue particularmente tímida. El esfuerzo se orientó a la titulación de predios baldíos. No obstante, los campesinos sin tierra, muchos jornaleros en las grandes empresas arroceras, invadieron tierras que, por presión de los acontecimientos de orden público, terminaron siendo tituladas. Al sur de Neiva y ribereñas del Magdalena, se organizaron ocho empresas comunitarias.
Dos han sido muy nombradas: la de Escalereta, en el municipio de El Agrado, y la de Veracruz, en el municipio de Gigante. La primera fue resultado del tesón campesino y de la pobreza municipal. Los jornaleros invadían, la Policía los encarcelaba y el Alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos.
Así muchas veces, hasta que los invasores se quedaron con la hacienda. En Gigante —donde aún crece la ceiba plantada en 1853 cuando se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia—, la falta de agua impedía que los cultivos de arroz, sorgo y maíz fueran rentables y el ganado lechero diera para el sustento.
La situación era tan crítica que los parceleros tuvieron que volver a jornalear. Hasta que un día un inversionista les propuso a los comuneros un negocio: tomar las tierras comunales en comodato durante 15 años a cambio de construir en ellas un distrito de riego. Así fue. Los campesinos se volvieron primero peones en las obras de riego y luego en los cultivos beneficiados. Hace cinco años, los socios de la empresa comunitaria, ya viejos, pudieron “gozar” del logro de sus luchas y sacrificios. Después de cuarenta años, al menos sus hijos acariciaban el sueño (más o menos cercano) de una tierra propia y fértil.
Pero el sueño fue interrumpido una tarde cuando llegaron unos empleados uniformados a informarles que esas tierras irían a ser inundadas para construir la represa del Quimbo.
La obra
El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno colombiano en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son “la confianza inversionista y la seguridad democrática”. La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares.
La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En plata blanca: pura ganancia para la empresa.
La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta.
Según la empresa, se iniciaron obras desde 2009 y terminarían en 2013 ó 2014, con “una energía firme” hasta el año 2034, lo cual quiere decir que hasta esa fecha la Hidroeléctrica funcionará a su máxima capacidad (véase http://www.emgesa.com.co/eContent/newsDetail.asp?id=411).
Con este proyecto se afectarían por la inundación los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol y Tesalia, estando en peligro el peñón sobre el Río Magdalena abajo del municipio de La Jagua, el puente sobre la quebrada Yaguilga, la iglesia de San José de Belén, las labranzas de cacao de Río Loro, la historia de la reforma agraria de La Escalereta y una de las zonas mas productivas de la región.
En este territorio de casi 9.000 hectáreas, según la Declaración del Encuentro Surcolombiano de Organizaciones Sociales sobre Tierra y Territorio, aparte de ser Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, «tiene 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, poblaciones de peces que son básicos para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical».
Para el Gobierno y para Emgesa (la firma constructora) es un proyecto que cumple todas las de la ley y blinda al país contra nuevos apagones; para la bancada parlamentaria del departamento, la obra suprimiría 25.000 empleos, afectaría a más de 500 familias de pequeños campesinos y destruiría el alcantarillado de todas las cabeceras municipales rivereñas. Ellos serán desplazados de sus viviendas, parcelas, lugares de trabajo, tradiciones culturales, lugares de encuentro y de tierras.
Toda obra de magnitud como la proyectada en el Quimbo tiene efectos directos y colaterales, esta vez: todos negativos. Emgesa habla de 3.000 puestos de trabajo que supuestamente benefician al departamento, pero no asegura que sean obreros de la región. El Gobierno hace la segunda voz y alega que el Sena prepararía a cientos de trabajadores, pero vean las condiciones y opiniones de los pocos, poquisimos, trabajadores Colombianos que Emgesa tiene en la zona:
El segundo gran problema social del Quimbo es el desalojo de unas 500 familias campesinas, la compra de predios a grandes propietarios y la reubicación de 800 familias que residen hoy en la futura zona de inundación.
A los grandes propietarios se les comprará a buen precio sus tierras, como es normal; ellos suelen ser también políticos o gente pudiente a nivel departamental o nacional. Son sólo siete hacendados.
A los pobladores que residen y son afectados, la empresa les ha ofrecido la construcción compensatoria de barrios satélites. A los campesinos les está ofreciendo compra de predios y reubicación (Esta de sobra decir que ninguna de las dos últimas se ha cumplido) Vean:
El Gobierno prevé una gran agitación social y una protesta de carácter político (Desde el 28 de febrero hasta el día de hoy las marchas no han parado ni un segundo), para lo cual prepara la construcción de cuarteles de Policía —especialmente para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)— y la instalación de una base del Ejército.
Juan Manuel Santos anunció que el Quimbo va porque va así deban usar la fuerza pública, y si, claro que la uso:
Dentro del mismo paquete de garantías al inversionista está la declaración de utilidad pública del área, que le permite a Emgesa solicitar la expropiación por vía administrativa a propietarios que no se avengan a una negociación de predios donde en el mejor de los casos los afectados sólo cuentan con un único voto a su favor, pues los otros dos son de Emgesa y del Gobierno.
Para poner un ejemplo sobre la diferencia que separa las partes: el valor de la producción de la zona a inundar es avaluado por la empresa en 16.000 millones anuales, un ex director de la Corporación Regional del Alto Magdalena, Eduardo Patarroyo, lo calcula en 30.000 millones y Plataforma Sur en 50.000.
Los efectos sobre la vida y los flujos de los peces ni siquiera han sido discutidos.