Preocupación por la presencia de tropa estadounidense en Paraguay

Celso Guanipa

El 11 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados paraguaya aprobó con 53 votos a favor el acuerdo conocido como SOFA (Status of Forces Agreement), el cual regula la presencia temporal de tropas y personal civil de Estados Unidos en su territorio. Para el gobierno paraguayo es una “obligación estratégica” para combatir al crimen organizado. Para muchos, se trata de otra “injerencia directa” de Estados Unidos en Paraguay.

Para los países limítrofes, es una amenaza a la seguridad de la Triple Frontera (Brasil-Paraguay-Argentina). El presidente paraguayo Santiago Peña promulgó hace unos días el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA por sus siglas en inglés, con Estados Unidos, que habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por la presencia de militares de EEUU en Paraguay y la posibilidad de que «un país resuelva invadir Brasil». Obviamente, la cooperación militar entre Asunción y Washington puede ser «una amenaza» para Brasilia. «¿Dentro de poco un país menor resuelve invadir Brasil y nosotros vamos a tener dificultades?», dijo Lula .

La iniciativa, que había sido acordada en diciembre por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, fue ratificada la semana pasada por el Congreso paraguayo. “Se trata de un acuerdo internacional que establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa”, informó el gobierno en un breve comunicado.

Este convenio, que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo, se basa en la excusa de estrechar la colaboración en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Según los registros de la Cámara de Diputados de Paraguay, la medida representa un cambio estratégico en la región bajo el marco del plan “Escudo de las Américas” delineado por el presidente estadounidense Donald Trump en una reunión con mandatarios derechistas de la región.

Sus objetivos declamados  son la contención regional y el reforzamiento de las fronteras aliadas contra el narcotráfico y el flujo migratorio, y la competencia con China: Frenar el avance comercial y político del gigante asiático en Latinoamérica mediante alianzas militares y de seguridad.

Si bien Washington ha ejercido desde hace mucho tiempo una influencia significativa en la política interna y exterior de Paraguay, esta estrecha cooperación se ha vuelto particularmente visible durante el último año, bajo las administraciones de Santiago Peña y Donald Trump. Antes de la firma del acuerdo, la presencia de militares estadounidenses en Paraguay estaba ceñida a programas de capacitación, operaciones antinarcóticos e intercambio de inteligencia sobre amenazas del crimen transnacional..

Paraguay se posiciona así como un aliado clave en el hemisferio. Se han reportado movimientos similares en otros países; por ejemplo, el nuevo gobierno ultraderechista de Chile también ha mostrado interés en sumarse a esta iniciativa mediante acuerdos que vinculan la seguridad con el acceso a minerales críticos, fundamentales para la tecnología moderna.

Diversos sectores advierten que el tratado constituye una cesión de facultades judiciales, al otorgar inmunidad a efectivos externos frente a la ley local. Una vez que el acuerdo entre en vigor, el punto de fricción persistente será la contradicción entre las políticas de seguridad nacional y el mantenimiento de la autonomía jurídica frente a tribunales extranjeros.

Entre los puntos más discutidos en el Congreso está el hecho de que Paraguay autoriza a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras este se encuentre en el territorio paraguayo. Esto significa que los delitos cometidos por efectivos estadounidenses en territorio paraguayo deberán juzgarse en EE.UU. en lugar de Paraguay, algo que fue cuestionado por la oposición. Además de Paraguay, EEUU.tiene este tipo de acuerdos con Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras, Belice y Guatemala.

Los críticos sostienen que esta iniciativa otorga privilegios excesivos al personal estadounidense y establece una relación desigual en materia de seguridad entre los dos países. El diputado opositor Adrián Vaesken, del Partido Liberal, sostuvo que “dar paso a este acuerdo es ser un verdadero antipatriota” y el dirigente del Frente Guasu, Sixto Pereira, lo definió como una “injerencia directa”

El acuerdo SOFA no otorga libertad absoluta para operaciones militares, sino que delimita las tareas permitidas bajo un esquema de cooperación técnica. Los puntos centrales del documento establecen que el personal estadounidense podrá ingresar al país para: Entrenamiento especializado y ejercicios militares conjuntos con las fuerzas locales; labores de asistencia humanitaria en zonas vulnerables, y capacitación estratégica para el combate al terrorismo y al narcotráfico transnacional.

Ante las dudas generadas en la opinión pública, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, aclaró que este tratado no permite la instalación de bases militares permanentes. La estancia del personal será temporal y siempre vinculada a los objetivos específicos del convenio. El acuerdo establece que el personal de Estados Unidos gozará de una inmunidad equivalente a la de los diplomáticos: Si un soldado estadounidense cometa un delito en territorio paraguayo, será EEUU quien ejerza la jurisdicción penal sobre su propio personal,  lo que despertó el rechazo de diversos sectores de la sociedad porque podría generar un escenario de impunidad y vulnerar la soberanía nacional.

*Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)