Con la exigencia ciudadana de ir a convocatoria de elecciones y la apertura de un proceso constituyente que ponga fin a la Constitución fujimorista, la democracia peruana trae a debate la inestabilidad política que siembra la corrupción como norma histórica.

Vemos cómo en el Perú de estos días, atosigado por la crisis sanitaria que le genera el Covid 19 y el festín rapaz que hace su clase política, no sólo se remece la institucionalidad del país sino la democracia misma porque termina con el Congreso copando dos poderes, el legislativo y el ejecutivo.

El sistema político peruano tiene un Congreso, de apenas 130 legisladores. Sólo cuenta con una cámara legislativa. Y existen las mociones de censura, una figura jurídica que catapulta presidentes a los mandatos de renuncia y a los pedidos de vacancia. Los gabinetes ministeriales y presupuestos del Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso.

Es ése Congreso, denostado y rechazado por los ciudadanos, el organismo que vota y decide quién será ahora el Presidente de la Transición; aún no logran acuerdo al respecto.

Por eso, manifestantes peruanos mientras homenajeaban a los dos jóvenes asesinados por la Policía Nacional de Perú y exigían aparición con vida de más de 40 desaparecidos, indicaban a viva voz que la renuncia de Manuel Merino no pone paños fríos a la crisis política: van por más.

Exigen la renuncia de los parlamentarios, la salida de las transnacionales de su territorio, revertir la concesión por 20 años a Telefónica realizada en tiempo récord, piden desandar un andamiaje de corrupción, mafias enquistadas en el poder, puertas giratorias y desigualdades forjadas en decenios.

La sociedad civil y múltiples actores sociales están en las calles y logran números récords de asistencia; demuestran que la articulación política es la base para el cambio y no sólo de inquilino presidencial. Imagen

 ¿Quiénes han sido y porqué hay tantos ex presidentes en 20 años?

MANUEL MERINO (10-15 de noviembre de 2020)

El 15 de noviembre del 2020, Merino presentó su renuncia irrevocable tras protestas ciudadanas. Le quitó la silla a Martín Vizcarra que salió expulsado por “incapacidad moral” mientras la justicia lo investiga por presunta corrupción.

MARTÍN VIZCARRA (2018-2020)

La justicia lo investiga porque habría recibido, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, unos 640.000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas. Vizcarra era un Presidente sin partido político ni bancada. Al disolver el Congreso, no hizo alianza con alguno de los 24 partidos con inscripción vigente para presentar candidatos al Congreso.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI (2016-2018)

Está bajo arresto domiciliario mientras fiscales lo investigan por favorecer contratos a Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro de Alejandro Toledo. Fue el que dijo en EE.UU. en febrero del 2017: «Para EE.UU. América Latina es como un perro simpático que no genera problemas»

OLLANTA HUMALA (2011-2016)

Habría recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. Según investigaciones judiciales, parte de los fondos ingresaron a su partido y otra parte, fue a engrosar su patrimonio y el de su esposa Nadine Heredia.

Los fiscales han solicitado para Humala 20 años de prisión, pero el proceso judicial aún no inicia. El exmandatario dijo que se postulará a las elecciones presidenciales del 2021.

ALAN GARCÍA (1985-1990/2006-2011)

Se suicidó en abril del 2019 cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por sobornos de Odebrecht. Todavía sus bienes se encuentran embargados.

ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)

En libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a Perú acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht. Para la justicia peruana, Toledo es un fugitivo desde el 2017.

ALBERTO FUJIMORI (1990-2000)

Cumple condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo paramilitar y parapolicial. Fujimori, también recibió condena por corrupción, fue indultado por Kuczynski en 2018, el destituido Vizcarra anuló la acción.

Cambiar para que nada cambie

La brutal represión contra la movilización popular en las últimas semanas muestra a las fuerzas militares y policiales siguiendo el viejo guión esgrimido por gobiernos neoliberales, herencia del Plan Cóndor en América Latina.

Solo en el siglo XX, se cometieron ocho golpes de Estado en Perú, se vivió una grave crisis económica a fin de los años 80 y los enfrentamientos de las autoridades y grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) han dejado heridas abiertas y un territorio emocional dañado ante el dolor de las balas. El “sálvese quien pueda” se escuchó por años en Perú.

Otrora el país del milagro económico, la nación vivió su momento fulgurante: entre el 2002 y el 2013, tuvo una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1 por ciento anual, con más de 20 años de crecimiento consecutivo pero no ancló un plan de acción para mejorar el bienestar ciudadano, ni siquiera para bajar la informalidad laboral que llega al 70%. Por esto, la gran masa laboral nunca tuvo protección social entre otros derechos insatisfechos.

El boom de los precios de las materias primas, engrosó bolsillos de las transnacionales. En 2016, había 150 conflictos socioambientales latentes. La minería representa el 60 % de las exportaciones del país – China es el principal socio comercial- y este sector muestra los dos rostros del Perú latentes, en lucha, confrontados en una disputa histórica: Las familias feudales y acaudaladas y el obrero al que señalan y reprimen cada vez que reclama lo suyo. Imagen

Para el final, indagar en el vínculo con su aliado EEUU aporta un dato clave: en 2015 hubo manifestaciones en contra del aumento de la presencia militar estadounidense en ese país. En ese entonces, se pasaría de 125 militares estadounidenses a 3.200. Estados Unidos tiene 8 bases militares asentadas en suelo peruano al año 2018.

Según el Departamento de Defensa estadounidense, los activos de las fuerzas armadas estadounidenses en Perú tienen un valor de US$14,2 millones.

El renacimiento de la Doctrina Monroe, mencionada por Rex Tillerson cuando se refirió a la amenaza que representa para «nuestros valores democráticos» la presencia comercial de China y de Rusia en la región, muestra la decisión de la potencia imperial en todo su esplendor.

La próxima semana llegará la Organización de Estados Americanos y su crónica de recetas injerencistas anunciadas: ¿logrará Perú abrir su destino soberano a meses de celebrar sus 200 años de independencia?  ¿O seguirá Almagro apuntando su vista hacia Venezuela y su contexto electoral?