Panorama Económico Latinoamericano- Del 18 al 25 de noviembre de 2026
Las grandes tecnológicas con más información sobre los brasileños que el IBGE

“Hace más de cien años decidimos tener soberanía económica. Ahora, nuestro reto es tener soberanía digital”. Esta declaración proviene del presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Márcio Pochmann.
El economista hizo hincapié en que el mundo está atravesando un punto de inflexión histórico y argumentó que Brasil debería tener un proyecto nacional para proteger los datos de la población.
Pochmann citó el ejemplo de los países que invierten en información y la valoran como recurso económico.
“Lo cierto es que los datos se convierten en un factor de producción, y los países que se organizan suelen ser capaces de gestionarlos. No hay una solución para el futuro, pero Brasil necesita un plan. La verdad es que las grandes empresas tecnológicas extranjeras tienen más información sobre los brasileños que el IBGE”, afirmó.
En esta misma línea, el profesor Sergio Amadeu da Silveira, de la Universidad Federal ABC, mencionó un contrato multimillonario entre Caixa Econômica Federal y Microsoft para el uso de los servicios de inteligencia artificial y computación en la nube de Copilot. Según él, Brasil utiliza productos digitales y desarrolla aplicaciones en infraestructuras controladas por grandes empresas tecnológicas, sin tener control total sobre los datos.
«Enviar datos confidenciales a servidores extranjeros de grandes empresas tecnológicas es inaceptable. Para proteger la información estratégica, debemos priorizar el uso de nubes gubernamentales (Serpro/Dataprev) o entornos con aislamiento estricto (de un solo inquilino)», argumentó.
Amadeu también criticó el Régimen Tributario Especial para Servicios de Centros de Datos (Redata), que crea incentivos fiscales para las empresas que instalan o amplían centros de procesamiento de datos en Brasil. Según el profesor, estos centros pueden causar importantes impactos ambientales y no garantizan, por sí mismos, el control sobre la información almacenada en territorio brasileño.
“No podemos apoyar a Redata. Si se trata de la construcción de centros de datos en Brasil, entonces podemos evaluarlo. Necesitamos apostar por un cambio hacia la soberanía digital. Tenemos mucha creatividad y podemos avanzar aún más en educación, para no ser solo usuarios avanzados de las grandes tecnológicas; de lo contrario, no desarrollaremos este país”, afirmó.
Chile cae en recesión, admite el ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, admitió esta semana que la economía local cayo en recesión, tras completar dos trimestres consecutivos en decrecimiento.
«Se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre», dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg, reproducida por medios locales.
Quiroz se había resistido sucesivamente a admitir aquello pese a que sucesivas negativas cifras mensuales de actividad económica lo evidenciaban.
El Producto Interno Bruto (PIB) local se contrajo 0.02 por ciento en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores, tras caer 0.25 por ciento en el primero; y se augura un crecimiento nulo en 2026.
Quiroz atribuyó el retroceso a la fuerte merma en la producción minera, particularmente de cobre, que entre enero y septiembre retrocedió un 8.5 por ciento, frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El acumulado del período suma 3.63 millones de toneladas, una baja de 338 mil 500 toneladas frente a los 3.97 millones del año previo, el peor desempeño en 20 años.
«Pero si se observa el sector no cuprífero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento, especialmente en los últimos dos o tres meses”, contrastó.
“Estamos muy confiados en que, tan pronto como termine este año con esta caída en la producción de cobre, veremos cifras de crecimiento por alrededor del 3 por ciento el otro año”, añadió.
Pero las cifras desempleo ratifican que la economía local pasa por una mala racha, pues en el trimestre móvil julio-septiembre, la tasa de desocupación alcanzó 9.8 por ciento, más de un millón de personas sin trabajo.
La inflación acumulada hasta octubre es del 4.5 por ciento respecto del mismo periodo de 2025.
Continúa paro de camioneros
A aquello se le agregaba la continuación, por segundo día consecutivo, de un paro de camioneros en demanda de “congelar” el precio de los combustibles, particularmente petróleo diésel, que en 2026 se encareció en torno al 70 por ciento.
Incluso el gobierno anunció para este jueves un nuevo incremento, de unos 5 centavos de dólar por litro; mientras que parlamentarios pedían una reducción temporal de 50 por ciento en el gravamen específico a los combustibles.
La protesta es organizada por gremios de pequeños y medianos transportistas, y han adherido autobuseros interurbanos, operadores de grúas y automovilistas que reclaman una reducción en las tarifas de los peajes de las autopistas concesionadas a privados.
La movilización es de carácter indefinido, hasta alcanzar acuerdos, y podrían sumarse las mayores organizaciones de camioneros, que están expectantes, y amenaza con causar graves perjuicios a los exportadores de frutas, dado los bloqueos de carreteras y de acceso a los principales puertos de la zona central del país.
Las multinacionales sacan de Argentina más dólares de los que traen

Eugenia Rodríguez
La inversión extranjera directa no alcanza para compensar los dólares que las multinacionales giran al exterior por sus ganancias. El rojo acumulado hasta septiembre se suma a la creciente dolarización privada y anticipa mayores tensiones para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
Las multinacionales sacan más dólares de los que traen. En lo que va de 2026, el ingreso de inversión extranjera directa no alcanzó para compensar las divisas que las empresas giraron al exterior en concepto de utilidades y dividendos. El resultado fue un saldo negativo de USD 4.561 millones.
El fenómeno se inscribe en un escenario de fuerte disponibilidad de divisas por el desempeño exportador, pero también de crecientes canales de salida. A los giros de ganancias de las empresas extranjeras se suma la dolarización de carteras: hasta septiembre, el sector privado compró más dólares para atesoramiento que el superávit comercial acumulado durante todo el período. Así, una parte importante de las divisas que ingresan no se traduce en inversión productiva ni permanece dentro del circuito financiero local.
Lo anterior importa, además, porque pone sobre la mesa las dificultades que tendrá el Gobierno nacional de cara a 2027. Con vencimientos de deuda por más de USD 32.000 millones con organismos internacionales y acreedores privados, deberá afrontar sus compromisos en un contexto de constante salida de capitales y rentas, y con dificultades crecientes para renovar deuda en los mercados
Argentina atraviesa un momento excepcional en el frente externo. En los tres primeros trimestres del año las exportaciones totales acumulan USD 87.123 millones (combinando bienes y servicios) y se encaminan a superar el récord de 2025, según el último informe de coyuntura presentado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Sin embargo, esa abundancia de divisas no se reflejó en la economía real ni en las reservas. Tras el rebote de 2025 (+4,4%), la actividad se estancó en 2026 y el crecimiento se concentró en los sectores primarios, con escasos encadenamientos y baja capacidad de generar empleo. Mientras tanto el mercado interno sigue cediendo terreno frente a la apertura importadora y la apreciación cambiaria.
¿Dónde terminan entonces los dólares que ingresan? El documento al que accedió este medio aseguró que la respuesta está en la cuenta financiera. Puntualmente, en la salida de rentas al exterior. Sobre ello, con la desregulación cambiaria y los marcos más flexibles que impulsó el Gobierno de Javier Milei, el excedente que generan los sectores primarios vuelve a filtrarse en la salida de renta: USD 4.500 millones de saldo negativo.
En concreto, al analizar la evolución entre el ingreso de inversión extranjera directa (IED) y la salida de dólares por remisión de utilidades y dividendos de las multinacionales entre 2016 y septiembre de 2026, el centro de estudios detectó que mientras durante varios años la IED tuvo un saldo positivo —es decir, ingresaron capitales al país—, ese flujo perdió fuerza en los últimos periodos y no alcanzó para compensar la salida de divisas por las ganancias que las multinacionales giran al exterior.
De hecho, la situación se profundizó en 2026: los dos movimientos arrojaron un resultado negativo y dejaron un saldo conjunto de USD 4.561 millones, según los datos del BCRA procesados por el CESO. En otras palabras, en lo que va del año, los dólares que salen por estas operaciones superan ampliamente a los que ingresan como inversión.
Crece la dolarización de activos
Otro factor en escena tiene que ver con la creciente dolarización de carteras. Este fenómeno conlleva la presión sobre el tipo de cambio al momento en que se realiza la compra de dólares para atesoramiento, en tanto que otro aspecto se vincula con el tiempo en que ese depósito permanece en el sistema bancario argentino. Mientras no se realice una transferencia hacia el exterior o un retiro por ventanilla, esos dólares engrosan las reservas internacionales, o en su defecto, son utilizados para financiar al sector exportador.
En los momentos de agudización de las crisis cambiarias, la presión alcista de la divisa se combina con un retiro acelerado de fondos del sistema, generando riesgo estructural.
Hasta septiembre, el sector privado compró USD 21.315 millones para atesoramiento, un monto por arriba de todo el superávit comercial acumulado en el año (USD 19.583 millones). A su vez, de acuerdo con el CESO, apenas una cuarta parte de esas compras permaneció en el sistema bancario como depósitos; el resto salió del circuito local. “Del total de compras en dólares, tan solo el 23% quedó en el sistema bancario argentino. La Formación de Activos Externos (FAE), por lo tanto, implicó una demanda de dólares un 8,8% superior al resultado comercial”, destacaron los economistas.
El problema de los vencimientos para 2027
La situación se vuelve más crítica al mirar el año próximo en el que el país enfrenta una suma considerable de servicios de deuda en dólares.
Por un lado, la gestión libertaria deberá afrontar pagos a los organismos internacionales por un total de USD 16.000 millones. Por otro, aparecen los vencimientos de USD 11.700 millones de bonos del Tesoro y USD 5.125 de BOPREALES del BCRA, respecto de lo que desde los especialistas analizaron que “con un riesgo país en niveles crecientes parecen ser difíciles de refinanciar a través de los mercados”.
En tal panorama y aun con el resultado positivo en el frente, el esquema de apertura financiera y tipo de cambio apreciado dificultan acumular las divisas necesarias para sostener los compromisos de deuda. Así las cosas y en un año electoral, con presiones cambiarias que históricamente se intensifican, el documento destacó que “el mayor nivel de depósitos en dólares desde la Convertibilidad y un apoyo de Washington y del FMI que podría debilitarse tras la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos, indican que el esquema cambiario enfrentará en 2027 su prueba más exigente.
Venezuela y Emiratos Árabes fortalecen su cooperación estratégica

Caracas y Abu Dabi reafirmaron los lazos de hermandad, respeto mutuo y cooperación estratégica durante una reunión bilateral entre la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Durante la reunión, ambos mandatarios destacaron el excelente momento que atraviesan las relaciones diplomáticas bilaterales, las cuales superan ya el medio siglo de historia. El encuentro permitió revisar a profundidad el mapa de cooperación entre ambas naciones, con especial énfasis en las áreas económica y de desarrollo. En este sentido, las autoridades ratificaron su compromiso de impulsar el intercambio bilateral y ampliar la alianza en todos los ámbitos.
De igual manera, la agenda abordó los preparativos para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026, evento que tendrá lugar en Abu Dabi durante el mes de diciembre. Ambas partes coincidieron en resaltar la importancia de esta cita para dinamizar los esfuerzos internacionales destinados a atender los desafíos globales relacionados con el recurso hídrico.
A la jornada de trabajo asistieron también Su Alteza el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, junto a ministros y altos funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Por la parte venezolana, estuvo presente la delegación oficial que acompaña a la presidenta Rodríguez en esta agenda internacional.
En su canal de Telegram, la jefa de Estado expresó: «Agradezco importante y fructífero encuentro con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el que reconocí su apoyo a Venezuela durante el doble terremoto. Igualmente, revisamos oportunidades de inversión y desarrollo conjunto, en beneficio de ambos países».
Uruguay: la inflación aumenta y el salario se mantiene

Héctor Tajam
Comparándonos con nosotros mismos, la inflación se encuentra en un recorrido de niveles reducidos – 4,9% en octubre – si tenemos en cuenta que en lo que va de este siglo el promedio ha sido 8%. Si nos comparamos ahora con el entorno regional de América Latina y el Caribe, nos encontramos en una situación intermedia, donde los extremos superiores están liderados por Venezuela y Argentina, y en el fondo de la tabla, con registros menores al 2% anual, Paraguay, Ecuador y Costa Rica. No son estos los países que se destacan por tasas de interés muy altas. Por el contrario, tres de las economías grandes del continente, Argentina, Brasil y Colombia, son las que enfrentan el fenómeno inflacionario con tasas de interés más recesivas para su economía -lo que podemos apreciar en el siguiente cuadro – coherente con su débil crecimiento económico.
Nuestra inflación
En lo que va del 4° período de gobierno del Frente Amplio (19 meses), la evolución de los precios al consumidor (IPC), el indicador de la inflación, aumentó 7%, con dos características bien marcadas: los precios que influyeron a la baja del IPC promedio se ubicaron en torno a los bienes con fuerte influencia de los precios externos (bienes finales importados o con insumos provenientes del extranjero), tales como ropa y calzado, electrodomésticos, celulares y computación, automotores, bebidas alcohólicas, y aquellos que presionaron al alza fueron bienes y servicios de producción nacional para el mercado interno, fundamentalmente alimentos, vivienda, salud, educación y servicios financieros. Revelando una clara influencia de la evolución en el precio del dólar, que se redujo en 5% mientras el IPC aumentó en 7%, algo que las autoridades económicas (BCU, MEF) están asegurando que van a incrementar (1).
Si nos trasladamos al escenario más reciente, en los últimos 12 meses el IPC muestra una variación acumulada de 4,9%, manteniendo las mismas incidencias señaladas. El 55% de este aumento se explica por las variaciones en los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda. Estos dos últimos fuertemente influenciados por el aumento de las tarifas en combustibles, agua y energía eléctrica, y los alimentos por los altos precios de la carne en todos sus cortes y aumentos estacionales en hortalizas y legumbres. ¿Es un aumento transitorio? Por los componentes principales que están influyendo no lo parece, aunque en buena medida están sujetos a decisiones de política económica que pueden modificarlos.
Asimismo, las incidencias a la baja de la inflación se ubicaron nuevamente en los bienes importados, prendas de vestir, calzados, equipos de informáticas y comunicación, electrodomésticos y frutas de estación.
Lo que importa: Salarios e Inflación
La evolución promedio de los precios que hemos observado, ha tenido un impacto no muy significativo en el poder de compra de los ingresos de la población uruguaya, en particular en los salarios reales. En efecto, desde marzo 2025 a setiembre 2026 el salario real promedio de los trabajadores aumentó 1%, producto de un aumento en los salarios nominales de 7% y un menor aumento de los precios, 6%. En lo que va del año 2026 el registro es similar, con un aumento del salario de 5% frente a un aumento del IPC en torno a 4%.
A su vez, lo que podemos apreciar en la gráfica adjunta, es que el mantenimiento del poder de compra de los trabajadores, con una ligera recuperación salarial, se ha debido sobre todo a una disminución de la inflación. El salario real, que es producto de la diferencia entre el salario nominal promedio y la inflación promedio, se mantuvo entonces por una disminución más pronunciada de la inflación, que amplió dicha diferencia.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice Medio del Salario Real desde enero del año 1968, y que mostramos en una gráfica que siempre es útil recordar. El nivel más alto de dicha serie se alcanzó en octubre de 1971, un año en el cual confluyó la lucha de los trabajadores con el desafío electoral que significó el Frente Amplio, y el más bajo se dio en agosto de 1984, cuando la dictadura, ya en plena crisis, había cumplido uno de sus principales objetivos. Cierto es que hoy, a setiembre de 2026, se registra el salario real más alto en 52 años, pero aún un 40% por debajo de aquel registro que Bordaberry y la dictadura cívico-militar después, aniquilaron. La más grande y continua recuperación del salario real de las y los trabajadores uruguayos de si dio en el período abril 2004-febrero 2020 – en el curso de los tres primeros gobiernos del FA – que acumuló un aumento histórico de 68%, más de 4% anual. De allí en adelante, solamente se ha sumado un 3,7%, al ritmo lento de 0,5% anual. Situarse en los justos términos nos da la dimensión del desafío que tenemos por delante.


* Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio.
La minería metálica en Panamá: el caso de la mina de cobre de Donoso

Pedro Rivera Ramos-ConNuestraAmérica
El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón.
Desde la época precolombina, hace aproximadamente unos 1700 años atrás, los pueblos originarios de Panamá trabajaban de manera muy rudimentaria metales como el cobre, la plata y el oro, tal como eran encontrados en la naturaleza y sin provocar alteraciones químicas importantes en los sitios de extracción, así como tampoco daños irreversibles en esos ecosistemas.
No fue sino a partir de las décadas 50-60, cuando arrancó en todo el territorio nacional la minería industrial a gran escala, impulsada por todos los gobiernos que se fueron sucediendo, convencidos firmemente que el país debía desarrollar la actividad extractivista minera, como una fuente y puntal importante y decisiva del progreso y desarrollo nacionales, destacándose entre esos gobiernos los de Endara, Balladares, Mireya, Martín, Martinelli, Varela y ahora este último presidido por José Raúl Mulino.
En el caso de la minería de cobre y otros metales en el distrito de Donoso, provincia de Colón, fue el gobierno de Juan Carlos Varela que, en el año 2016, decidió extender por 20 años adicionales hasta el 2037, la concesión minera que el gobierno Balladares había otorgado en 1997 a la empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., mediante Contrato-Ley No. 9 de ese año por 20 años y dos prórrogas automáticas por igual período.
Esta empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., que tomó el nombre de Petaquilla del cerro de igual nombre ubicado en Donoso y que contaba con depósitos de oro y otros metales en cantidades importantes, desarrolló este proyecto minero hasta el año 2013, bajo el mando del consorcio canadiense Inmet Mining Corporation, cuando este por oferta pública en Canadá es adquirido por First Quantum Minerals, que continuará ahora a través de su filial Cobre Panamá, con la construcción y explotación de minerales en este cerro y áreas aledañas, bajo la misma concesión otorgada por el Estado panameño en 1997.
Sobre ella pesaban dos demandas de inconstitucionalidad (en 1998 y 2009) ante la Corte Suprema de Justicia, tomándole a esa corporación más de 20 años para declarar el 25 de septiembre de 2018, la inconstitucionalidad del contrato otorgado. ¡Qué asombrosa celeridad por parte de la Corte! Pero eso no terminó allí. Pasaron entonces tres años para que este fallo fuera publicado en Gaceta Oficial, ya que desde el poderoso bufete Morgan & Morgan hicieron todo lo posible por dilatar su publicación. A pesar de todo ello, la mina de cobre entró en operación a mediados del año 2019, pasando abiertamente por encima de la Constitución nacional y el pronunciamiento de la Corte Suprema.
De ese modo, la mina de cobre a cielo abierto que Minera Panamá o Cobre Panamá comenzó a explotar en el distrito de Donoso, provincia de Colón, comprende una concesión total de más de 130 km2, con una intervención de 59 km2 y una excavación principal que cubre alrededor de 300 hectáreas.
Se estima que en el área concesionada existe aproximadamente 3,000 millones de toneladas de reservas probadas y probables de cobre, que, junto a otros metales como oro, plata y molibdeno, forman parte de la producción comercial de esta mina. Aunque geográficamente este territorio es colonense, el acceso principal a la minera en cuestión, se produce por el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.
Donoso, el distrito donde Cobre Panamá venía operando una mina a cielo abierto en base a un contrato inconstitucional, posee una superficie total de 1700 km2 y según estimaciones del año de operación (2019), la población total de habitantes se estimó en 14,798.
Por ser un sitio de una gran riqueza biológica que está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, donde las principales actividades económicas de su población se reducen a la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal y la pequeña ganadería, no podría aspirar a que su único activo económico local fuera un yacimiento de cobre, que los ha llevado a perder sus dinámicas territoriales tradicionales, destruir su biodiversidad y sus bosques, degradando sus suelos y contaminando sus principales fuentes de agua; asunto este último que se agrava, cuando en este distrito se encuentran las cuenca de los ríos Coclé del Norte, Miguel de la Borda y Belén, así como varias microcuencas y ríos costeros.
Es decir, claro que una región que dependía principalmente de la agricultura y la pesca, tema lógicamente por los perjuicios a la salud, a sus animales y plantas alimenticias, que la actividad minera industrial vaya a causarles.
Estas preocupaciones, que incluyen hasta el hecho que muchos médicos se cuiden de diagnosticar enfermedades relacionadas con venenos o por la polución que hay en el ambiente, serían abordadas de manera diferente, si el yacimiento minero estuviera ubicado cerca de los vecindarios donde viven muchos políticos, millonarios y altas autoridades de este país. Por eso todo esto es posible en la nación, menos correr el peligro que sus lujosas propiedades de varios millones fueran devaluadas, por la proximidad de una explotación minera. Y eso sí que no.
Lo anterior viene a demostrar con mucha claridad, la diferencia que pueden existir en las miradas de las áreas mineras, según si los ojos pertenecen a inversionistas, beneficiarios o a los habitantes de Donoso. Unos ven un entorno con respeto, amor y un alto grado de intimidad, mientras otros solo ven, cuánta importancia hay allí para satisfacer el lucro y el afán de riqueza material.
A estos últimos se le unen en sus sueños y ambiciones, los que nutren las instalaciones temporales de las minas, que semejando campamentos militares los tienen sin arraigo ni amor alguno por el lugar, convencidos que pasado un tiempo se encontrarán en otro lado u otra mina lejana. En esos campamentos se dan todos los servicios que los hombres allí alojados necesitan (hasta la facilitación de mujeres), aunque ellos procuran ahorrar dinero suficiente para irse lo más lejos posible de esos parajes devastados, donde los nativos o locales les queda el inmenso hueco de la excavación y todos los problemas ambientales y de salud asociados.
Por eso los conflictos con la minera y los habitantes de Donoso no son solo un problema de carácter socioambiental, también lo es en el ámbito económico, cultural y político.
El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón.
Con su cierre a fines de ese mismo año, la empresa estimó que dejó de percibir 6,000 millones de dólares y se perdieron 54,000 empleos indirectos, aunque solo aseguró haber despedido a 4,000 empleados del total contratado. Por otro parte, las principales autoridades del país aseguraron que este cierre causó en la economía, que el PIB de Panamá cayera un 5%, cifra irrelevante o de poca importancia, cuando la alarma que quieren que despierte, jamás compensará la gran devastación medioambiental ya causada en Donoso y que más temprano que tarde terminará por mostrar sus evidencias en la salud de las personas que viven y trabajan allí.
De allí que no tiene nada de raro que la explotación de la mina de cobre en esta parte del país, se parezca mucho al robo de nuestras materias primas en tiempos de los imperios del siglo XV y que la lucha de ahora se interprete como parte integral de la resistencia global, contra la colonización extractivista.
Como era de esperarse, ante el cierre de sus operaciones, la minera en Donoso no se ha quedado de brazos cruzados. Impulsó una fuerte e intensa campaña de relaciones públicas para supuestamente reducir la desinformación y las aseveraciones carentes de datos científicos y cargadas, según ellos, de mucha mala fe.
La cooptación de algunos de los llamados “influencer” y otras figuras públicas relacionadas con el deporte, el arte y la cultura en general, parecen ser frutos de esta campaña, cuando muchos de ellos pasaron de la noche a la mañana, de una aparente apatía por este asunto, a levantar sus voces en defensa de la minería “sostenible”, que practica en Donoso la empresa canadiense Cobre Panamá.
Forman parte también de esta ofensiva minera, los programas de protección de áreas ricas en biodiversidad en el Parque Nacional de Santa Fe y el Parque Nacional Omar Torrijos, que son patrocinados por esta empresa, quizás tratando de justificar con ello, la destrucción ambiental en una zona con la compensación en otras áreas del país.
Asimismo, la empresa amenazó de inmediato al país con demandas multimillonarias, no en los tribunales panameños, sino ante mecanismos internacionales que han sido creados como concesión a las empresas transnacionales. De ese modo, se le da visos de legalidad al disparate de concederle prerrogativas a empresas extranjeras, para emplazar ante la justicia a Estados nacionales.
Otra concesión, además de la anterior que alcanzan dichas empresas, en este caso las mineras, reposa en la ampliación del plazo de duración de la concesión con opciones renovables. Con cierta frecuencia participan directa o indirectamente en la redacción de los textos mineros de los países y los someten con la protección que les otorgan los tratados de inversión, que obliga al arbitraje internacional en el llamado CIADI y otros mecanismos similares, con su alto costo y la imposibilidad que las comunidades afectadas se vean representadas.
Por eso es que definitivamente una exigencia que hay que incluir en la lucha contra los proyectos mineros o extractivistas, es la anulación o derogación de esos tratados o reformularnos en beneficio de los intereses nacionales. Para ello hay que apoyarse en gran medida en los avances de la revolución digital y las redes sociales como espacios para la articulación de acciones, demandas y mantenimiento de las protestas y movilizaciones en el tiempo.
Claro está que esas manifestaciones no pueden sustituir las acciones colectivas reales, solo las complementan. Pero antes hay que buscar el mayor consenso sobre los peligros y las amenazas de los proyectos extractivistas, con el fin superior de conformar a mediano plazo, un proyecto poscolonial que supere la dependencia excesiva en la extracción y exportación de minerales como el cobre.
Para la legislación panameña vigente, la minería es definida como el conjunto de actividades de exploración y extracción de los yacimientos minerales de toda clase, existentes en el territorio nacional; todo muy escueto y sin profundizar mucho, mientras que, por otro lado, una gran parte de nuestra legislación sobre el ambiente responde a interpretaciones más bien de carácter comercial, o en último caso, son verdaderos instrumentos comerciales.
Esa debilidad tan marcada en nuestras normas que suelen ignorar los peligros que entraña este tipo de actividad extractiva, junto al convencimiento de que representan para la economía lo más parecido a una tabla de salvación, explica a la perfección que las empresas mineras gocen desde el principio como prebendas para saquear la naturaleza, de una serie de ventajas tributarias a través de incentivos y exenciones del Estado: reducción del impuesto sobre la renta, flexibilidad laboral, pésimos controles ambientales, eliminación de otras formas de impuestos, entre ellos el que debieran pagar por los subproductos mineros que exportan y no declaran.
Entretanto, en los acuerdos pactados tienen la precaución de mantener alejada a la clase obrera de cualquier participación en los ingresos, así como a las comunidades y autoridades del municipio de Donoso.
Esta conducta sirve también para explicar porqué prefirieron ignorar la necesidad de un plan de ordenamiento territorial, donde se estableciera una delimitación entre las actividades agropecuarias y mineras, tomando en consideración el uso del agua y la tierra, el control del nivel de gases en la mina y sus potenciales efectos en los seres humanos y, sobre todo, en los niños del lugar; lo mismo que el desarrollo de proyectos alternativos sustentables que no implicaran la devastación del medioambiente o la contaminación de los suelos y las aguas.
Naturalmente que la explotación de la mina en Donoso no es independiente de los proyectos mineros que se desarrollan en toda el área centroamericana, como la mina de oro Cerro Blanco en Guatemala, la mina de óxido de hierro en Corpus, Honduras, el proyecto El Dorado en Cabañas, El Salvador. A estos se le pueden agregar el crecimiento de los proyectos mineros en Perú y los proyectos de fracturación hidráulica o fracking que avanzan con rapidez en países como Argentina (proyecto como Vaca Muerta) y Chile (en la región de Magallanes y Tierra del Fuego).
Estas grandes aventuras mercantiles llevaron hace poco al presidente de la Alianza Minera de América Latina de visita en Panamá, a que afirmara que la región de América Latina y el Caribe concentran una cartera de inversiones mineras por el orden de los 300 mil millones de dólares, donde Chile y Perú aparecen como los países que tienen los porcentajes más elevados de esa inversión. Mientras que, sobre el cierre de la mina en Donoso, este intrigante personaje remató sus opiniones, asegurando que prohibir la minería legal estimulaba la ilegal y al detener esas operaciones lo único que se consiguió fue aumentar el desempleo y la caída del PIB. Se le olvidó a este “experto” recordarnos que la minería en Chile produce alrededor del 50% de las exportaciones de ese país, pero solo genera el 1% del empleo directo.
Con un Estudio de Impacto Ambiental realizado en septiembre de 2010 por la consultora Golden Associates y con una sentencia de inconstitucionalidad del contrato-ley No. 9 en 2018, publicado en Gaceta Oficial solo en el año 2021, la empresa First Quantum Minerals Ltd (también conocida como Minera Panamá o Cobre Panamá), consiguió en octubre del 2023 que el gobierno de Laurentino Cortizo accediera a otorgarle un segundo contrato por otros 20 años, para continuar con la explotación de cobre en la mina a cielo abierto ubicada en el distrito de Donoso. Así las cosas, el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el 20 de octubre el polémico proyecto de ley #1100, sobre un contrato de concesión actualizado entre Minera Panamá S.A. y el gobierno nacional, con una votación de 44 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Un dato muy curioso que rodea a este contrato y la actuación de la Asamblea, es que fue devuelto al Órgano Ejecutivo con una serie de recomendaciones, violando de ese modo la normativa que los obliga solo a aprobar o rechazar este tipo de propuestas.
Menos de un mes tardó el Ejecutivo para volver a presentarlo a la Asamblea, que ahora entre el 18 y el 20 de octubre lo aprobaba en la Comisión de Comercio. Ese mismo día 20 de octubre el presidente de la Republica lo sanciona y en horas de la tarde es publicado en Gaceta Oficial, convirtiéndolo así en la Ley No. 406 de la República. ¿Qué asombrosa celeridad no?
Esto y la evidente impopularidad del gobierno de turno, fueron el detonante perfecto para las masivas protestas que se produjeron por todo el país. Las consecuencias finales a la vista: la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, declaró inconstitucional el contrato renovado con la Ley No. 406, la empresa minera cesó sus operaciones y el gobierno se vio obligado, además, a declarar una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional (Ley No. 407 de noviembre de 2023).
Y es que el contrato renovado ahora estaba redactado de manera más lesiva a los intereses nacionales que el original de 1997, hasta el punto que había un énfasis muy pronunciado de los beneficios económicos y derechos excesivos para la empresa minera, en detrimento de las comunidades, pueblos y sociedad panameñas y de sus intereses ambientales.
Realmente las primeras manifestaciones y protestas contra la actividad minera, se iniciaron en nuestro país en julio del 2023 y continuaron creciendo en intensidad entre agosto, septiembre y octubre, hasta llegar a la pausa victoria del 29 noviembre de ese año. Transcurrieron un poco más de 40 días de protestas masivas y sostenidas, que incluyeron hasta una vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Todas las provincias participaron, sin excepción.
Decenas de lanchas con manifestantes protestaron en el mar cerca al Puerto Rincón de la Minera, conocidos después como los “guerreros del mar”. Lo cierto es que el rechazo fue contundente. Jóvenes convocados por el esquema “Sal de las Redes”, salieron a protestar ante lo que consideraban un daño irreparable al ambiente. Otros sectores pertenecientes a casi toda la sociedad panameña alzaron también su voz: campesinos, obreros, educadores, trabajadores del banano, indígenas, sectores estudiantiles y ciudadanos en general.
Estas presiones del movimiento popular y juvenil junto a las claras violaciones a la Constitución del contrato perverso, hicieron que la Corte nuevamente se pronunciara en contra de los intereses mezquinos de la minera, que eran los mismos que los del gobierno de turno, cuando el día 28 de noviembre declaró inconstitucional la Ley No. 406 y con ello obligaba al cese de sus operaciones.
Tanto el fallo de la Corte Suprema de Justicia y su declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, por su número considerable de violaciones a preceptos de nuestra Constitución nacional, por sus impactos potenciales en el medioambiente junto a los escuálidos beneficios que recibiría el Estado, van a representar, sin dudas, para los movimientos y organizaciones populares, sociales y ambientalistas, un triunfo inobjetable de la razón y los intereses patrios.
No basta con tratar de justificar la devastación de nuestros recursos naturales con la imposición de un contrato leonino, solamente porque según los gobernantes, significaba una excelente oportunidad para generar empleos e ingresos para el país. Naturalmente que el cierre de operaciones de la mina impactó directamente a las comunidades que han tenido su sustento en esa actividad, pero los costos ambientales y sociales de la explotación minera no se pueden ocultar, ni tampoco la contaminación de los recursos naturales y la destrucción de la biodiversidad que nos quedan para siempre.
Ahora bien, después de todo esto la mina de cobre en el distrito de Donoso debiera estar siendo sometida, a un plan de cierre definitivo ordenado y seguro y no buscándose alternativas para que la misma empresa canadiense, controle una reapertura con el intento muy claro de mantenerla activa todo el tiempo posible.
Todos los pasos que está dando el actual gobierno desde su llegada en julio del 2024 hasta la fecha, parecen estar destinados a garantizar con la reactivación de la mina, el negocio fenomenal que vislumbra el poder político panameño. De allí que los sectores más conscientes y comprometidos con la protección de los recursos ambientales del país, consideren que existe el peligro inminente de una imposición gubernamental de reapertura de la mina y la explotación de minerales.
Ya desde los inicios del año 2025 el gobierno de Mulino, se mostraba muy dispuesto a negociar con First Quantum Minerals Ltd, la reapertura de la mina bajo la condición primero, de que se suspendieran las demandas de arbitraje presentadas en tribunales internacionales, donde exigían al Estado panameño más de 20,000 millones de dólares como compensación. La empresa accedió a desistir formalmente de los arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
A mediados de junio del 2026 se entregó al gobierno actual, lo que se calificó como el “Informe Final de Auditoría Integral de la Mina de Cobre Panamá”, que una Comisión Interministerial de alto nivel conformada por tres ministros de Estado, les correspondió revisar y analizar. El 30 de septiembre de este año la comisión entregó a la presidencia un informe final con sus recomendaciones. De todo esto se colige que el gobierno valora seriamente iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá/First Quantum Minerals Ltd, para buscar, según sus declaraciones, un cierre progresivo y ordenado, sin costos para el país y sin posibilidades de prórroga de contrato.
Naturalmente que en esta perspectiva tan interesada sobre el futuro de la mina, vuelven a aglutinarse en torno a ella, no solo los que se benefician directamente, sino también los que tratan de manera sospechosamente ingenua, de embellecer un discurso sobre una reapertura que ahora sí considere mayores y mejores beneficios para el Estado, que tendrá la responsabilidad de destinarlos a infraestructura social y sectores como educación y salud; reparar los daños ambientales ya causados y las afectaciones a las personas, tomar medidas para impedir daños ambientales y sociales en el futuro y garantizar mayor participación de las comunidades afectadas; todo esto suena nuevamente a promesas conocidas que nunca llegan después a cumplirse.
El tipo de prosa anterior es muy similar a la que sirve para justificar el “robó, pero hizo”, que en este caso se traduce, dejarle al pueblo los desechos, las contaminaciones, la devastación de la biodiversidad, así como las afectaciones y complicaciones de salud permanentes que arrastrarán por el resto de sus vidas, las personas expuestas a sus venenos. Tampoco podríamos dejar por fuera de esta abigarrada mezcla, a los peores: los que hubiesen preferido la continuación sin interrupción de la actividad minera, aun cuando eso significara la violación de importantes preceptos constitucionales, y están, por último, los otros, los que sueñan todas las noches con convertirnos en colonia no reconocida del poder estadounidense.
Así que la insistencia por reactivar la explotación minera del cobre demuestra con claridad meridiana, que al gobierno de turno poco le importa que a raíz del terremoto ocurrido el 9 de octubre pasado, el propio ministro de MiAmbiente reconociera que se produjo un deslave en la antigua mina de oro Remance, de la empresa Greenfield Mining inactiva desde 1999 y localizada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas y que por su cercanía al río San María, corriente de agua fundamental en el abastecimiento de agua potable, existe una gran preocupación que se contamine con esos desechos venenosos junto a los suelos y el resto de los ecosistemas de esa región.
Tampoco parece importar mucho que la misma empresa con la que pretenden negociar la reactivación de la mina de cobre en Donoso, haya sido multada desde el año 2020 (a solo un año de inicios de operaciones) por violaciones reiteradas a la normativa ambiental, que abarcan desde contaminación de fuentes hídricas y suelos, hasta transgresiones e incumplimiento del estudio de impacto ambiental. Y lo peor de toda esta posible ambivalencia gubernamental, parece perfeccionarse cuando el presidente panameño acude a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de este año, para invitar a otros jefes de Estado a que lo acompañen en los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos universales de la naturaleza.
¿En serio? ¿Cómo espera el gobierno panameño que debemos interpretar esta extraña postura “ambientalista” de defender, por un lado, los derechos de la naturaleza como equivalentes de los derechos humanos fundamentales, cuando por el otro, pretende es mismo gobierno imponernos contra viento y marea la continuación de la expoliación y devastación minera en Donoso?
De todos modos, es bueno recordar aquí que el futuro de la mina de cobre en el distrito de Donoso, afortunadamente no dependerá solo de las decisiones que adopte el gobierno central. Ese futuro dependerá principalmente de la fuerza y organización de los grupos de poder, tanto en la provincia de Colón como en el mismo distrito, de las comunidades que allí viven, así como también de la conciencia colectiva sobre los intereses comunes y los bienes públicos compartidos, que ha crecido considerablemente en el país y que pueda dar una gran y poderosa sorpresa.
Panorama internacional

¿Podría Brasil ser una potencia en energía de fusión nuclear?
Sputnik Brasil
En la actualidad, China lidera la carrera por la energía de fusión nuclear. En Brasil, para impulsar este tema, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) establecieron el Programa Nacional de Fusión Nuclear en 2025. Brasil es el único país del hemisferio sur que posee un reactor Tokamak, necesario para generar energía de fusión.
Este reactor es capaz de alcanzar una temperatura de 150.000.000 °C, superior a la del Sol, que llega a los 15.000.000 °C. Por ello, se le conoce como un «sol artificial».
En una entrevista con Sputnik Brasil, el Dr. Julio de Oliveira Jr., coordinador y profesor del Departamento de Ingeniería Nuclear Igor Kurchatov del Instituto Soyuz, afirma que un tokamak es un anillo metálico que calienta plasma en su interior, capaz de generar condiciones de presión y temperatura equivalentes a las de una estrella.
«Realmente parece un sol, alcanza más de 150 millones de grados Celsius, hace muchísimo calor. Y esto provoca que los átomos de hidrógeno empiecen a fusionarse, igual que en las condiciones de una estrella, por lo que se replican las condiciones de una estrella localmente en la Tierra», explica.
Según explica, el Programa Nacional de Fusión Nuclear es un proyecto para desarrollar nuevos reactores de fusión experimentales, incluido uno en la ciudad de Iperó, en São Paulo, junto al reactor multipropósito brasileño, que es un reactor de fisión experimental para la investigación y producción de radiofármacos.
«Brasil aún no puede alcanzar a los principales actores del mercado, pero eso no significa que esté fuera de la carrera, ya que hemos realizado mucha investigación en este campo. Brasil cuenta con tres tokamaks, los únicos en el hemisferio sur, por lo que estamos por detrás de los principales actores, pero por delante de prácticamente el resto del mundo en términos de fusión nuclear», afirma Oliveira.
Añade que Brasil es un terreno muy fértil en cuanto a recursos intelectuales e investigación, pero carece de una mayor industrialización para alcanzar a las grandes potencias del sector.
«Necesitaríamos mayor mecanizado de materiales, producción de hierro, litio, tierras raras […] Brasil tendría que dar los pasos tecnológicos necesarios para llegar a China, Estados Unidos e Inglaterra y, por lo tanto, superarlos en fusión nuclear. Es posible, pero llevaría tiempo. A diferencia de ellos, que tienen expectativas comerciales para 2040, en Brasil probablemente sería para 2050».
Según Oliveira, actualmente China lidera la carrera por la energía de fusión nuclear, «siempre a la vanguardia en casi todo tipo de tecnología», y tiene previsto inaugurar un reactor de fusión a escala comercial para 2030.
«Estados Unidos e Inglaterra también son actores destacados, principalmente porque cuentan con una ventaja que Brasil aún no tiene: las iniciativas privadas para el desarrollo de la fusión nuclear. Así que no solo las universidades y los institutos de investigación realizan [investigaciones], sino que también hay empresas que invierten dinero en la producción de reactores de fusión», señala el experto.
Leonam Guimarães, doctor en ingeniería naval y oceánica por la Universidad de São Paulo (USP), coordinador del Comité Científico y Tecnológico de Amazul y director técnico de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de Actividades Nucleares (ABDAN), cree que la fusión nuclear representa una de las perspectivas más prometedoras para el futuro de la energía.
«Se trata de la posibilidad de producir grandes cantidades de electricidad con muy bajas emisiones de carbono, alta densidad energética y disponibilidad independiente de las condiciones climáticas», afirma.
Según Guimarães, si se logra la viabilidad comercial, la fusión nuclear podría complementar las energías renovables y la propia generación por fisión nuclear.
Sin embargo, es importante distinguir entre el potencial científico y la realidad industrial. Si bien se han logrado avances extraordinarios en los últimos años, todavía no existe ninguna central de fusión que produzca electricidad a escala comercial.
Afirma que aún quedan desafíos tecnológicos por superar, pero la fusión ofrece importantes ventajas en materia de seguridad y puede reducir ciertos problemas asociados a los residuos radiactivos de la fisión, si bien no está completamente libre de materiales radiactivos. Por lo tanto, subraya que no debemos considerar la fusión como una solución inmediata para la transición energética.
«En las próximas décadas, tendremos que seguir ampliando las fuentes bajas en carbono ya disponibles, incluida la energía nuclear convencional. La fusión debe entenderse como una oportunidad estratégica a largo plazo, capaz de transformar profundamente el sistema energético mundial si se superan sus desafíos técnicos y económicos», señala.
Otra razón que Guimarães aduce para mantener un optimismo moderado con respecto a la energía de fusión es el hecho de que el tritio es el principal combustible utilizado por el Tokamak para generar energía de fusión nuclear.
El tritio no existe en la naturaleza en estado libre. Debe producirse, y esta producción puede realizarse en reactores de fisión nuclear o en el propio reactor de fusión. Al optar por producirlo en el reactor de fusión, se genera un problema de balance energético; se termina consumiendo más energía para producirlo de la que el reactor genera. Por lo tanto, la búsqueda de un balance positivo, que lleva décadas en marcha, aún está lejos de haber concluido.
En lo que respecta a Brasil, Guimarães afirma que el país tiene el potencial de alcanzar una posición significativa en el desarrollo de la fusión nuclear, pero esto no sucederá de forma espontánea.
«Hemos acumulado conocimientos científicos en física de plasmas, ingeniería nuclear, materiales avanzados y superconductividad, así como instituciones de investigación y una base tecnológica que puede movilizarse para este fin.»
Considera poco realista pensar que Brasil pueda competir de inmediato con los principales programas internacionales en el desarrollo integral de una central eléctrica de fusión comercial.
En opinión de Guimarães, una mejor estrategia sería identificar nichos tecnológicos en los que el país pueda desarrollar capacidades de primer nivel, como sistemas magnéticos superconductores, electrónica de potencia, instrumentación, control de plasma, materiales especiales e ingeniería de sistemas complejos.
Según él, estas tecnologías tienen aplicaciones que van más allá de la fusión nuclear en sí misma y pueden generar beneficios industriales y económicos mucho antes de que las primeras centrales eléctricas comerciales entren en funcionamiento.
En vista de esto, Brasil no necesita ser necesariamente el primero en construir una planta de fusión para ser relevante en este sector. El país puede alcanzar una posición estratégica como desarrollador y proveedor de tecnologías esenciales para esta nueva industria.
«El mayor riesgo no es que nos retrasemos en la construcción de las primeras centrales eléctricas, sino que no aprovechemos la oportunidad, a partir de ahora, de desarrollar tecnologías y formar a los profesionales que determinarán nuestro papel en la industria energética del futuro», concluye el experto.

Enfrentamiento entre potencias redefine la lógica de la economía
Roberto González Amador
Shenzhen, la región de Asia Pacífico, es el motor de crecimiento del planeta. Y, al mismo tiempo, se ha convertido en epicentro de la más intensa rivalidad geopolítica e industrial, consideran especialistas.
Es una zona que genera dos terceras partes del valor de la economía mundial, donde las tensiones comerciales aumentan la incertidumbre. Mientras la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas y empresas incrementa las interrogantes sobre quiénes serán sus beneficiarios, señalan.
La 33 reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el miércoles y jueves próximos, redondeará un año de trabajos de este mecanismo de cooperación. Está confirmada la llegada a esta ciudad, entre otros líderes, de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostendrá encuentros bilaterales con el líder chino, Xi Jinping, y los mandatarios de Canadá, Vietnam y Australia.
En las calles se observan banderines y anuncios espectaculares, algunos realmente espectaculares, para dar la bienvenida a los visitantes. Como suele ocurrir en este tipo de reuniones, la seguridad se va reforzando en una ciudad que tiene cámaras por doquier. La alcaldía de Shenzhen anunció algunas restricciones a la circulación de vehículos durante la semana de la cumbre.
China es por tercera ocasión la sede de la cita anual de APEC: en 2001, en Shanghái, y en 2014 en la capital, Pekín. Esta reunión ocurre dos semanas después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, una contundente derrota para el partido del presidente Donald Trump –cuya asistencia está confirmada aquí–, en medio de una guerra en Oriente Medio, que ha elevado los costos logísticos y de los combustibles.
Nueva economía mundial
“El resurgimiento de las barreras arancelarias, la restructuración de las cadenas de suministro, así como el desbordamiento de la competencia estratégica entre las potencias que están redefiniendo la lógica fundamental que rige la economía mundial”, explica, a propósito de la cumbre, Yuan Yuan, especialista en temas económicos, que reside en Shanghái y es comentarista de National Business Daily.
Los motores tradicionales del crecimiento de Asia Pacífico –región en la que se realiza poco menos de la mitad del comercio global y donde vive un tercio de la población del planeta– están experimentando cambios estructurales, afirma.
“La competencia estratégica prolongada entre China y Estados Unidos, la intensificación de la carrera en inteligencia artificial, la elevación de las industrias verdes como un nuevo frente de competencia nacional y el remplazo gradual del modelo de cadenas de suministro globales –ahora se prioriza la seguridad antes que la eficiencia–, son factores que han convertido a Asia-Pacífico en el motor de crecimiento más importante del planeta y en el epicentro de la más intensa rivalidad geopolítica e industrial.”
Ese es, apunta, el contexto de la reunión. Es más que una conferencia económica de una región específica del mundo, añade. “Constituye una prueba de resistencia sobre la dirección futura de la globalización en un mundo cada vez más fragmentado”.
Ganadores e innovación
El Foro APEC 2026 se desarrolla en una época distinta al entorno global que dio origen a su misión fundacional en 1989.
“Aparentemente, la economía mundial sigue funcionando, pero su orden se encuentra en restructuración permanente: proliferan las políticas de unilateralismo y proteccionismo; los efectos secundarios de los conflictos geopolíticos perturban los flujos comerciales y de inversión, en tanto las crisis entrelazadas de seguridad energética y alimentaria en múltiples regiones reducen los márgenes de certidumbre para el crecimiento de las naciones”, agrega.
Ahora hay más factores de qué preocuparse, menciona Eduardo Pedrosa, director ejecutivo de APEC. Las tensiones comerciales aumentan la incertidumbre, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades, pero también plantea preguntas difíciles sobre preservación de empleos, exigencia de nuevas habilidades y quiénes, al final, se beneficiarán de todo ello, expuso en una presentación distribuida el sábado.
“El año de acogida de la cumbre de APEC en China se ha centrado en la apertura, la innovación y la cooperación. Estas prioridades reflejan la necesidad de la región de mantener el crecimiento en un entorno más incierto”, expuso.
“La cooperación digital es otra prioridad. La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para la productividad en la agricultura, los servicios, la energía y el comercio; sin embargo, el acceso a la infraestructura, las habilidades y la inversión necesarias para beneficiarse de estas tecnologías es desigual.
“Las propuestas de China para la economía digital y la cooperación en tecnologías de vanguardia se centran en apoyar a las economías en la construcción de infraestructuras, habilidades y capacidades necesarias para beneficiarse del cambio tecnológico”, mencionó.
