¿Para qué sirve la OEA?

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ALBERTO LÓPEZ GIRONDO | El golpe de Estado institucional contra el presidente paraguayo Fernando Lugo puso nuevamente sobre el tapete un debate que en sordina o más desembozadamente, según los períodos, se viene dando en América Latina desde hace décadas: ¿para qué les sirve la OEA a los países del sur del Río Bravo?

  Tiempo Argentino

Como recuerda alguna de las columnas que acompañan este artículo, la OEA nació como necesidad de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Y la expulsión de Cuba es el mejor reflejo de esta situación. El Consenso de Washington y el proyecto neoliberal fueron la contrapartida económica. Pero con el inicio del siglo XXI los gobiernos más progresistas de la región fueron coincidiendo en la voluntad de revisar ese escenario, históricamente gravoso para los intereses de los países y sobre todo de la democracia.

Desde ese momento se desarrolla una secuencia llamativa. Así, según indican los propios documentos de la OEA, «el 3 de junio de 2009, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG/RES. 2438, (que) resuelve que la Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos». El presidente hondureño Manuel Zelaya fue sacado de la cama por un piquete militar 25 días después, el 28 de junio de 2009.

La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), presentada en diciembre pasado en Venezuela, colocó la discusión en otra órbita. Porque a ese organismo no fueron invitados ni Estados Unidos ni Canadá. En la última Cumbre de las Américas, que se desarrolló a fines de abril en Colombia, se debatió nuevamente la situación de Cuba, entre otras cuestiones de fondo. El golpe a Lugo dos meses más tarde podría, con sólo confrontar fechas, interpretarse como una respuesta a la voluntad de autonomía de los líderes latinoamericanos en el nuevo contexto mundial.

Así lo entendieron los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Uruguay que protagonizan los pedidos más enfáticos para que, tal como hicieron la Unasur y el Mercosur, el gobierno de facto de Paraguay sea suspendido de todos los organismos regionales hasta que el país vuelva a la senda democrática. La presión sobre el organismo panamericano se sustenta en el antecedente de las sanciones que tomó en 2009 contra el gobierno surgido en Honduras tras la destitución manu militari de Zelaya.

Pero esta vez el titular de la entidad, el chileno José Miguel Insulza, formalmente eligió el camino de la prudencia y visitó Asunción para hablar con todos los sectores en pugna, aunque lo hizo acompañado de una misión que no podría exhibirse como imparcial. Formaron parte de ella los representantes permanentes de Canadá, Allan Culham; de Estados Unidos, Carmen Lomellin; de Haití, Duly Brutus; de Honduras, Leónidas Rosa Bautista; y de México, Joel Hernández.

La decisión final de la OEA sobre Paraguay se demoraría quizás una semana más, porque las diferencias de enfoque son demasiado notables. Insulza desalentó una medida punitiva, algo en lo que coincide con Washington, que también ve como ajustado a derecho el proceso que destituyó al ex obispo.

El canciller argentino Héctor Timerman, en cambio, fue muy rotundo al recordar que el juicio exprés contra Lugo obedece a los grupos concentrados de poder que pretenden «tratar de descarrilar uno a uno los procesos que se están construyendo» en el continente». «Los miembros de la OEA deben tomar la debida consideración a las manifestaciones del Mercosur y de la Unasur, que son manifestaciones de países democráticos y comprometidos con la promoción de la democracia», lo apuntaló su par brasileño, Antonio Patriota.

Ayer, Insulza viajó a El Salvador para conocer de primera mano el proceso de pacificación entre pandillas de Maras alentado por el gobierno de Mauricio Funes. Unos días antes, la OEA había declarado que los comicios en México fueron ejemplares y que el sistema electoral allí es confiable, algo en lo que no estuvo de acuerdo ni el candidato de la izquierda ni el presidente Felipe Calderón. «

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