Panorama Económico Latinoamericano- Del 8 al 15 de julio de 2026

México: tras 19 meses a la baja, la inversión repuntó 5.1%

Tras 19 lecturas de caídas a tasa anual, la inversión fija bruta de México, que representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción, repuntó 5.1 por ciento en abril, su mejor variación anual desde julio de 2024, cuando todavía se contabilizaba el efecto de los grandes proyectos de la administración pasada.

De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el que la inversión haya roto la racha de caídas que acumulaba por más de un año y medio se debe, sobre todo, al impulso que tuvo la construcción residencial y maquinaria importada.

Con cifras desestacionalizadas, para hacer más comparables los periodos por efecto de calendario, el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBCF), que representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción, se ubicó en promedio en 107.4 puntos en abril, lo que representó un repunte mensual de 4 por ciento, el segundo consecutivo, y su mejor variación mes a mes desde noviembre de 2020.

Por componente, los gastos en construcción subieron 6.5 por ciento mensual en abril, y en maquinaria y equipo –tanto de origen nacional como importado– crecieron 2 por ciento mes a mes en abril pasado.

A tasa anual, los gastos en construcción aumentaron 8.8 por ciento en abril, mientras en maquinaria y equipo subieron 0.9 frente al cuarto mes de 2026.

La inversión de la construcción residencial revivió a la inversión fija, que repuntó 12.4 por ciento mensual, su mejor crecimiento desde agosto de 2020, y 16.7 anual, su mayor variación desde marzo de 2025. Pero también apoyó el equipo de maquinaria, equipo y otros bienes importados, 7.1 y 9.8 por ciento mensual y anual, en ese orden.

Con cifras originales, sin un efecto calendario, la inversión creció 5.9 por ciento frente a abril de 2025, afectada por la caída de la maquinaria y equipo nacional. En tanto, de enero a abril presentó una contracción de uno por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

Bienes importados

El consumo privado cerró abril con un crecimiento de 2.1 por ciento, principalmente por la adquisición de bienes importados. No obstante, este indicador tenía un avance anual de 3.1 por ciento en marzo de 2026.

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) se ubicó en 113.7 puntos en promedio en abril de 2026, lo que representó un marginal avance de 0.1 por ciento mensual, luego del repunte previo de 1.2 por ciento, con cifras desestacionalizadas, para hacer más comparables los periodos.

El avance mensual se explicó por el consumo de bienes nacionales, que subió 1.1 por ciento en abril frente a marzo, pues los servicios retrocedieron 0.1, pero los bienes importados se contrajeron 1.5 por ciento. Respecto a abril de 2025, los bienes importados se dispararon 11.7 por ciento y los bienes nacionales no presentaron variación.

Con cifras originales, sin un efecto de calendario, el Inegi precisó que en el periodo enero-abril de 2026, el consumo privado mostró un avance de 2.2 por ciento anual; los bienes importados subieron 12.2 por ciento y los nacionales cayeron 0.3 por ciento. “La recuperación de la demanda interna se sostiene en pilares poco diversificados, con la construcción impulsando la inversión y los bienes importados explicando el dinamismo del consumo, mientras la maquinaria nacional y el gasto en bienes domésticos permanecen rezagados.

“Hacia adelante, la clave será si esta fortaleza logra transmitirse a la inversión productiva y al consumo nacional; de no ocurrir, el crecimiento seguirá expuesto a choques cambiarios y a una desaceleración de la demanda externa, un riesgo relevante para el producto interno bruto en la segunda mitad de 2026”, explicó Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex.

Crece la producción cafetera en Colombia

La producción cafetera de Colombia creció un 43% en junio de este año respecto al mismo mes de 2025, aunque persiste un descenso en las exportaciones de este grano. La producción de café en junio alcanzó los 1,30 millones de sacos, de 60 kilogramos, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 909.000 sacos.

Este crecimiento también se evidenció en el segundo trimestre de este año, comprendido entre abril y junio, ya que la producción cafetera alcanzó los 3,06 millones de sacos, frente a los 2,43 millones de bolsas registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 26%.

Las exportaciones durante el primer semestre, en tanto, alcanzaron los 5,23 millones de sacos, una disminución del 18% frente al mismo periodo del año anterior.

De los buenos precios en la Bolsa de Nueva York se hizo eco el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, quien destacó la producción de café en Colombia. “Sin producción no sería tan importante este gran precio”, manifestó el ejecutivo en redes sociales en las que recordó que “desde 2011 no (se) cotizaba en la Bolsa de Nueva York la libra de café por encima de los tres dólares”.

En ese sentido, Bahamón destacó la tenacidad de los cafeteros colombianos que, con esfuerzo y dedicación, han “logrado una producción de 12,9 millones de sacos en más de 600 mil fincas, creciendo 19%” y agregó que este año se estima una producción de 13 millones de sacos.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) detalló que las importaciones del grano para abastecer el mercado interno en el último año sumaron 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo local fue de 2,31 millones de bolsas.

“La principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador”, aseguró la Federación

Colombia es el tercer productor mundial de café, por detrás de Brasil y Vietnam, y el número uno en café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático del país, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país.

Los cultivadores de café de Colombia celebran que el grano haya alcanzado esta semana precios récord en el mercado internacional, una coyuntura que puede verse afectada por la falta de disponibilidad de contenedores y de espacio en los buques cargueros.

Este movimiento de alza de precios, según expertos, se debe principalmente a las menores expectativas de Brasil, el mayor productor mundial, cuya cosecha se verá afectada por una grave sequía que afecta a ese país y por los incendios.

Uruguay advierte a la UE: ratificar Mercosur o perder frente a China

El ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, ha instado a la Unión Europea a aprovechar la que considera una oportunidad histórica y culminar la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, advirtiendo de que Europa corre el riesgo de ceder influencia en América Latina a China y otras potencias globales si el proceso se paraliza.

Lubetkin, cuyo país acaba de asumir la presidencia rotatoria de Mercosur, definió el acuerdo como un salto cualitativo en las relaciones entre Europa y Sudamérica y recalcó que el bloque ya ha cumplido su parte del compromiso.

«Los cuatro países de Mercosur ratificaron el acuerdo en apenas dos meses», dijo Lubetkin. «Eso no había ocurrido nunca. Gobiernos de derecha y de izquierda estuvieron de acuerdo porque consideramos que esto es estratégico, no solo para nosotros, sino también para Europa».

El acuerdo, que se cerró políticamente tras más de dos décadas de negociaciones, entró en fase de aplicación para Mercosur el 1 de mayo.

En Europa, sin embargo, el proceso de ratificación sigue siendo objeto de controversia política, con el Parlamento Europeo como principal obstáculo procedimental.

En enero de 2026, el Parlamento votó solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la estructura jurídica del acuerdo y su aplicación provisional son compatibles con los Tratados de la UE.

Como consecuencia, el Parlamento aún no ha dado su consentimiento. El procedimiento está de facto congelado a la espera del dictamen del Tribunal, que podría tardar más de un año. Mientras tanto, el conjunto del Acuerdo de Asociación aún no ha entrado plenamente en vigor, aunque el pilar

Baja del riesgo país

El ministerio uruguayo de Economía a puso énfasis en la “baja histórica en el riesgo país”, un indicador que, según señaló, sintetiza cómo perciben desde el exterior a quienes financian al país

“También la evolución positiva de la inflación, con los menores registros de los últimos 70 años, y también en lo que hace al riesgo país, como señal que resume cómo nos ven del exterior quienes financian al país, con niveles mínimos históricos”, destacó el subsecretario Martín Vallcorba al  presentar el proyecto de Rendición de Cuentas ante los dirigentes del partido de gobierno.

El equipo económico detalló avances en el mercado laboral: la creación de empleos registrados el año pasado y la continuidad de ese dinamismo en los primeros meses del año. Vallcorba destacó además la mejora del salario real y, como consecuencia, un crecimiento en el nivel de ingresos de los hogares, resultados que vincularon a la política económica implementada en los 17 meses de gobierno.

Argentina: neoliberalismo hídrico extremo, mercantilizar el agua

Emilio Taddei 

A mediados de mayo 2026, el gobierno argentino de Javier Milei inició formalmente la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la empresa pública de distribución de agua y saneamiento más importante del país y una de las más grandes de Nuestra América, que cuenta con una red que cubre a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 3,8 millones de usuarios directos en su área de cobertura de 3,363 km.

Se trata de la segunda privatización de esta empresa que fue subastada por primera vez en los años noventa por el gobierno neoliberal de Carlos Menem (transformada en Aguas Argentinas bajo control mayoritario del grupo francés Suez) ; vaciada por la gestión privada transnacional y finalmente recuperada en 2006 bajo control estatal y rebautizada AySA, S.A. por el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

El intento de reprivatización de esta emblemática empresa pública es una de las múltiples expresiones del proceso de mercantilización, de privatización y de entrega del agua y de los bienes hídricos impulsado por el gobierno de Javier Milei y por los gobernadores de diversas provincias aliados al gobierno nacional. La cruzada a favor de la privatización del agua del presidente libertario se funda en el ideario hídrico neoliberal, que concibe el agua como una mercancía y no como un derecho humano extraeconómico.

Durante su campaña presidencial en 2023 Milei explicitó el fundamento de su política hídrica cuando señaló que “[…] el precio del agua es cero. El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua. Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad“.

En consonancia con estos principios el gobierno de Milei impulsa una agresiva política de gestión de los bienes hídricos orientada a garantizar la apropiación privada, directa o indirecta, de los bienes hídricos. Se trata de una política de mercantilización del agua mucho más ambiciosa que la implementada por los gobiernos neoliberales de los años noventa y que no se limita a reeditar las recetas de privatización de los servicios de distribución y de saneamiento hídrico para asegurar ganancias extraordinarias a través de los aumentos tarifarios.

Hoy se busca, además, garantizar la apropiación y el control directo del agua a manos de grandes empresas, grupos transnacionales y fondos de inversión privados que controlan sectores productivos clave de la economía mundial, y cuya reproducción depende del consumo de enormes volúmenes de agua. La ambiciosa política de Milei se orienta a beneficiar al agronegocio y al modelo agroalimentario neoliberal ; a las grandes empresas hidrocarburíferas y de energía fósil y a las empresas transnacionales vinculadas al complejo digital-militar (grandes mineras y empresas de tecnología digital, en especial las dedicadas al desarrollo de la IA).

Estos actores son directamente responsables del sobreconsumo hídrico que engendró la situación de “bancarrota hídrica” mundial, reconocida por la ONU en un informe reciente. Para éstos y otros sectores económicos, el acceso al agua dulce y a los abundantes bienes hídricos de Argentina resulta un objetivo fundamental de la nueva ofensiva extractivista que se despliega en Nuestra América.

Esto ha sido explicitado por diplomáticos, políticos y militares estadounidenses del gobierno Trump, quienes de forma recurrente subrayan la importancia estratégica de las reservas hídricas de Nuestra América para garantizar la extracción y control de minerales estratégicos y el desarrollo de otras industrias extractivas, en especial la de los hidrocarburos “no convencionales” subyacentes en el extenso yacimiento argentino de “VacaMuerta“.

El gobierno de Javier Milei, que reivindica su condición de aliado estratégico del trumpismo y de Israel en la región, despliega una política en este terreno que promueve un neoliberalismo hídrico extremo, que crea las condiciones para la mercantilización y enajenación del agua en beneficio de capitales privados nacionales y del capital financiero internacional, rasgo que comparte con otros gobiernos latinoamericanos de extrema derecha promovidos y respaldados por la administración Trump.

Mercantilización del agua y despojo hídrico multiescalar en el gobierno de Milei

Las múltiples iniciativas promovidas por el gobierno libertario dan cuenta de la amplitud de la política de privatización/mercantilización hídrica. Como indicamos, ésta no se limita a la transferencia al capital privado del 90% de la propiedad estatal de AySA, sino que involucra un conjunto de medidas que socavan las funciones regulatorias hídricas estatales, que inciden en el desarrollo de los ciclos hidrosociales y que perturban la recarga y la sustentabilidad hídrica de los ecosistemas. Se trata del conjunto de decisiones que afectan la reproducción de los ciclos hídricos y atentan contra el control público democrático de los bienes hídricos, socavando los fundamentos de la soberanía hídrica del país y atentando contra el cumplimiento del derecho humano al agua.

Una de las medidas más emblemáticas de socavamiento de la soberanía hídrica del país es el impulso al acuerdo marco del Estado federal con la empresa pública israelí de agua Mekorot para la realización de estudios de prospección hídrica y la elaboración de planes maestros de conservación y gestión del agua en las provincias. Este convenio, negociado y refrendado por el anterior gobierno de Alberto Fernández, ha sido ya rubricado por doce gobernadores, representantes de la mayoría de las provincias cordilleranas donde se encuentran las reservas estratégicas de agua de los glaciares que proveen 30% del agua dulce del país.

Distintas organizaciones ambientales denuncian la confidencialidad y la falta de transparencia de estos acuerdos y subrayan que los mismos garantizan la producción y el acceso de esta empresa extranjera a datos estratégicos sobre los bienes hídricos, empresa que fue denunciada internacionalmente en distintas oportunidades por practicar el “apartheid hídrico” contra el pueblo palestino.

En el marco de la licitación internacional para la concesión por veinticinco años del dragado del Río Paraná, dos empresas de origen belga (Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV [DEME]) resultaron finalistas en un concurso que ha sido denunciado como irregular por otros competidores. La licitación busca transformar este río – la principal cuenca hídrica del país, por donde transitan las exportaciones que representan 80% del PIB argentino– en una autopista fluvial para buques de ultramar de ochenta mil toneladas.

Este objetivo requiere aumentar artificialmente en tres metros el cauce del río por medio de técnicas de dragado que provocan la remoción de sedimentos contaminados y acelera la erosión de las costas e islas, a la vez que destruye los humedales ribereños que almacenan las reservas de agua dulce en tiempos de sequía. No sólo se pretende de esta forma subordinar a los requerimientos del mercado mundial la dinámica natural de un ecosistema vital sino que además se pone en riesgo el suministro de agua potable para catorce millones de argentinas/os.

El desconocimiento de diversos estudios de impacto ambiental presentados durante el proceso licitatorio no solamente representa una violación del Acuerdo de Escazú sino que además busca ocultar los riesgos ambientales de este proyecto que arriesga provocar un ecocidio planificado en una de las tres cuencas hídricas más importantes de Sudamérica. La concesión del dragado del Río Paraná al control estratégico de empresas extranjeras, sumada a la autorización reciente del gobierno de la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, constituyen dos evidencias irrefutables del proceso de extranjerización hídrica que experimenta el país.

Un tercer y emblemático ejemplo de la política de mercantilización y de enajenación del agua es la reciente aprobación parlamentaria de la modificación de la Ley de Glaciares vigente desde 2010, impulsada por el gobierno para estimular las inversiones mineras a través de los beneficios fiscales previstos en el Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) aprobado en 2024. Las modificaciones impulsadas remueven las regulaciones ambientales más importantes, en especial los presupuestos mínimos que protegían el ambiente glaciar y periglaciar, limitando su protección a la evidencia de una “función hídrica efectiva” y permitiendo actividades económicas en zonas protegidas para favorecer la explotación minera transnacional.

Paralelamente el gobierno lleva adelante una contrarreforma ambiental legal y administrativa que debilita los controles que permiten garantizar las diversas funciones de regulación ecosistémica y climática del agua. El ejecutivo promueve por un lado la flexibilización y/o la derogación de leyes y de normativas legales de protección del ambiente, que expresan las conquistas logradas en el pasado reciente en terreno. La modificación de la Ley de Glaciares, la pretensión de flexibilizar la Ley de Tierras y la Ley de manejo del fuego y su oposición frontal a la sanción de una Ley de protección de los humedales son expresión de ello.

Esta política tiene además su correlato a nivel provincial, donde distintos gobernadores, aliados al gobierno nacional, impulsan reformas legales que promueven las actividades extractivas y favorecen la apropiación privada del agua. Las recientes y masivas protestas que tuvieron lugar en las provincias de Mendoza y de Río Negro son expresiones del amplio repudio social generado por estas medidas, que se tradujo en la organización de movilizaciones masivas, caravanas, asambleas populares y campañas multisectoriales en defensa del agua y contra la minería y que en algunas ocasiones fueron violentamente reprimidas.

Por otro lado, el gobierno lleva adelante una política de desmantelamiento de las estructuras y organismos estatales de gestión hídrica que apunta a garantizar la influencia de intereses corporativos hídricos en la estructura burocrático administrativa del Estado. Esto se refleja en el desfinanciamiento, en la pérdida de autonomía de algunas reparticiones estatales y/o en el progresivo debilitamiento de organismos de la gestión del agua y de diversos organismos de investigación ligados a la prospección y monitoreo de los bienes hídricos.

Los ejemplos más emblemáticos de estas medidas son por un lado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que ejecutaba obras de red de agua y cloacas, y la desregulación y racionalización del Instituto Nacional del Agua, organismo federal dedicado históricamente a la investigación y formulación de soluciones técnicas y científicas a problemáticas hídricas complejas, con un abordaje regional y nacional con un enfoque integrador. El gobierno de Milei transformó este organismo en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, quitándole el estatus de ente descentralizado con ciertos grados de autonomía.

“El agua vale más que todo”: las resistencias al neoliberalismo hídrico libertario.

Con estas medidas la Argentina del gobierno libertario se transformó en un campo de experimentación del neoliberalismo hídrico. La intensidad y amplitud de las políticas privatizadoras del agua enfrenta, sin embargo, importantes resistencias que si bien encuentran escollos para impedir las contrarreformas impulsadas, se fortalecen como espacios de debate, de acción, de resistencia comunitaria y de socialización de experiencias de gestión hídrica colectiva.

La gigantesca caravana denominada “Gesta Libertadora por el Agua” que partió de la ciudad de Uspallata, Mendoza, en diciembre de 2025, para manifestar la oposición del pueblo mendocino a la aprobación del Proyecto minero San Jorge en esa provincia, fue una contundente expresión de conciencia popular y de defensa de la soberanía hídrica. En el mismo sentido podemos referirnos a las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en Buenos Aires y otras ciudades capitales en repudio a la modificación de la Ley de Glaciares.

La construcción colectiva y la madurez política de colectivos y ONG ambientales, de sindicatos, de organizaciones de mujeres y estudiantes, junto a organizaciones territoriales, permitió desplegar una masiva campaña de recolección de firmas en apoyo a una demanda judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la nueva norma regresiva. La lucha colectiva en defensa del agua como un bien público no mercantil resulta actualmente una referencia insoslayable de las luchas socioambientales en la Argentina.

La consigna “El agua vale más que todo” sintetiza el espíritu de las rebeldías y dibuja un horizonte para pensar y forjar transiciones ecosociales populares, justas y democráticas necesarias y urgentes. Ante la intensificación de la crisis climática y sus consecuencias socioambientales, esta tarea resulta impostergable en la construcción de alternativas vitales a la crisis civilizatoria del capital y al horizonte de devastación y muerte que pregona el tecnofascismo armado.

*Profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Investigador UBA/CONICET – Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Miembro del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe (GEAL)

Petronas refuerza su presencia en Surinam: nuevos descubrimientos

Surinam confirma la posición de esta nación sudamericana como una de las provincias emergentes de petróleo y gas más prometedoras del mundo.

Petronas, el gigante energético estatal de Malasia, ha descubierto más de mil millones de barriles de petróleo equivalente (boe) en recursos recuperables frente a las costas de Surinam, tras dos nuevos descubrimientos y una exitosa campaña de evaluación, consolidando aún más la posición de la nación sudamericana como una de las provincias emergentes de petróleo y gas más prometedoras del mundo.

Los descubrimientos se realizaron en el Bloque 52, donde Petronas completó recientemente una campaña de perforación de tres pozos antes de su decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para finales de este año, sobre su proyecto de desarrollo Sloanea.

La compañía informó que el pozo exploratorio Caiman-1 encontró múltiples intervalos de arenisca cretácica con petróleo tras ser perforado a 90 metros de profundidad y alcanzar una profundidad total de 5065 metros. Por su parte, el pozo exploratorio Swartzia Aspasia Complex-1 (SAC-1), ubicado aproximadamente a ocho kilómetros al este del descubrimiento de Sloanea, interceptó yacimientos de arenisca con gas. Una prueba de formación confirmó una alta productividad de gas, lo que indica características de yacimiento de alta calidad.

Petronas también evaluó con éxito el pozo Roystonea-2, que confirmó la extensión lateral de los yacimientos de petróleo previamente identificados, y las pruebas indicaron un fuerte potencial de producción.

La campaña más reciente le otorga a Petronas un impresionante historial en el Bloque 52, donde los ocho pozos perforados hasta la fecha han resultado en descubrimientos o evaluaciones exitosas. Los pozos son Roselle-1, Sloanea-1, Roystonea-1, Fusaea-1, Sloanea-2, Caiman-1, SAC-1 y Roystonea-2.

«Los ocho pozos exitosos en Surinam, con recursos recuperables de más de mil millones de barriles de petróleo equivalente, reflejan la solidez de nuestras capacidades técnicas, la ejecución disciplinada y la sólida colaboración en Surinam», dijo Mohd Jukris Abdul Wahab, director de operaciones de Petronas.

La empresa planea desarrollar el yacimiento de gas descubierto en Sloanea mediante un proyecto integrado de planta flotante de gas natural licuado (FLNG, por sus siglas en inglés), y se espera que la decisión final de inversión se tome antes de que termine el año.

Petronas opera el Bloque 52 con una participación del 80%, junto con Staatsolie, la empresa energética estatal de Surinam, que posee el 20% restante. Además del Bloque 52, la empresa malasia también tiene participaciones en otros siete bloques de exploración en alta mar, lo que demuestra su interés a largo plazo en el sector energético marino de Surinam, que se encuentra en rápida expansión.

Brasil: las empresas estatales federales registran ganancias récord

Petrobras es responsable de 110.600 millones de reales de las ganancias.

El Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI) presentó este martes (2) el Informe Agregado de Empresas Estatales Federales 2026 (año base 2025). Los datos apuntan a un escenario de fuerte recuperación y solidez financiera de las empresas públicas: la utilidad neta alcanzó un récord de R$ 169.400 millones (incluyendo Petrobras, responsable de R$ 110.600 millones). La inversión representó un incremento de más del 100% con respecto a 2022. El patrimonio neto consolidado de las empresas superó, por primera vez, la barrera de R$ 1 billón, con ingresos que alcanzaron R$ 1,4 billones.s resúmenes

Según la Secretaria de Coordinación y Gobernanza de Empresas Estatales, Elisa Leonel, los resultados reflejan el esfuerzo del gobierno federal por fortalecer el papel estratégico de estas empresas. Actualmente, la Unión cuenta con 44 empresas de control directo (27 independientes y 17 dependientes) y 73 subsidiarias, que en conjunto emplean a 441.000 personas.

«Analizar las empresas basándose en el principal indicador de déficit es una forma errónea de evaluarlas. Lo ideal sería fijarnos en los beneficios», afirmó Leonel. «La salud financiera de las empresas no está ligada a los indicadores de déficit».

El mito de los déficits y la rentabilidad financiera

La secretaria explicó que la metodología de cálculo del Banco Central, basada en las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), contabiliza las inversiones en el año en que se realizan, sin considerar el efectivo acumulado de años anteriores. Citó el caso de Emgepron, que aparece temporalmente con un déficit debido a las inversiones en la construcción de fragatas, lo cual no representa una pérdida real, ya que el activo se contabiliza a lo largo del tiempo.

El informe demuestra la alta eficiencia del capital público: por cada R$ 1,00 invertido por el Tesoro Nacional en empresas, R$ 1,40 regresan a las arcas públicas. En 2026, se pagaron R$ 84.200 millones en dividendos, de los cuales aproximadamente el 54% se destinó directamente al Gobierno Federal. Incluso con los subsidios que totalizaron R$ 31.000 millones —fuertemente concentrados en Embrapa y en servicios de apoyo al SUS (Sistema Único de Salud)— el resultado neto generó un ingreso de R$ 13.100 millones al Presupuesto General del Gobierno Federal.

Entre los resultados financieros individuales más destacados se encuentran Serpro (R$ 775,1 millones), Emgea (R$ 900,1 millones) y Banco do Nordeste (BNB), con R$ 3.080 millones, todos operando con ganancias récord. Empresas que previamente registraron pérdidas, como Infraero y Telebras (esta última en proceso de transición para dejar de depender de Telebras), lograron revertir la tendencia y cerraron el período con ganancias.

Inclusión social, sostenibilidad e inteligencia artificial

Además de los estados financieros, el gobierno destacó el «beneficio social» generado por empresas como Embrapa (R$ 124 mil millones) y Conab (R$ 18 mil millones), así como el beneficio estratégico de Hemobras, que garantizará la autonomía de Brasil en el tratamiento de la hemofilia. En el área de desarrollo, el BNDES captó R$ 366 mil millones en créditos, mientras que PPSA lideró la captación para la Unión con R$ 30.9 mil millones.

El informe también destaca la alineación de las empresas estatales con las agendas de gobernanza y sostenibilidad:

Crédito verde: Banco do Brasil movilizó R$ 500 mil millones en crédito sostenible hasta 2030, y Caixa Econômica Federal consolidó la mayor cartera de finanzas sostenibles del mercado, que totalizó R$ 867.5 mil millones.
Diversidad: Las empresas firmaron un pacto de derechos humanos y diversidad. BNDES, por ejemplo, implementó una cuota del 30% de sus vacantes para personas negras y del 15% para personas con discapacidad (PCD).

Tecnología: Serpro y Dataprev prevén inversiones conjuntas de 3.000 millones de reales en Inteligencia Artificial, impulsando la repatriación de datos de los ciudadanos brasileños a nubes soberanas nacionales.

El servicio postal y el debate sobre la soberanía global.

Al ser consultada sobre la situación del Servicio Postal —la única empresa estatal federal que no registró ganancias durante ese período—, Elisa Leonel contextualizó la situación como parte de una crisis postal global. Criticó las repercusiones del período en el que la empresa fue incluida en el programa nacional de privatización, lo que paralizó las inversiones y generó una «competencia desleal» con el mercado privado.

El secretario argumentó que el papel de las empresas estatales se ha redefinido, incluso en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro Económico Mundial, donde la atención se ha desplazado de las privatizaciones al debate sobre la soberanía nacional.

Panorama internacional

La minería metálica como fenómeno económico y geopolítico global

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate 

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.