Panorama Económico Latinoamericano – Del 31 de enero al 6 de febrero de 2026
CLAE-Nodal
Ley de Pesca chilena: Corrupción disfrazada de reforma
Radio U Chile
En el turbio caldo de la corrupción y la depredación, vio la luz la actual Ley de Pesca, conocida por su nombre menos glamoroso, Ley Longueira. Un alumbramiento manchado por sobornos a legisladores que consagró la explotación sin freno de nuestro océano por parte de unas pocas élites privilegiadas del sector pesquero industrial. Hoy, en medio del debate sobre la posibilidad de una nueva legislación que enmiende las injusticias, surge la pregunta clave: ¿realmente avanzamos hacia un modelo más justo y sostenible?
La propuesta presidencial, sometida a la Cámara de Diputados para su análisis, revela que el cambio prometido es más un espejismo que una realidad. En una era donde la conciencia ambiental y la justicia social deben prevalecer, la propuesta parece aferrarse a prácticas anticuadas, ignorando por completo la existencia de pueblos originarios pescadores, como los camanchacos, lafkenches, huilliches, Kawéskar y Selk’nam. Para esta nueva ley, los pueblos originarios parecen invisibles, mencionados tan solo dos veces en 375 artículos, sin ninguna distinción entre ellos.
Aunque se llevaron a cabo 154 encuentros locales con pescadores artesanales, 17 con mujeres del sector pesquero artesanal, y varios encuentros con distintos sectores, no se registró ni un solo encuentro con los cinco pueblos originarios marinos del país. En otras palabras, se gestó un proyecto de ley a espaldas de las comunidades indígenas que viven del mar.
En consecuencia, la iniciativa carece de una perspectiva inclusiva hacia los pueblos originarios, relegándolos una vez más al margen de la legislación, con apenas un par de menciones en una ley que nunca los convocó. La nueva ley, por ejemplo, ignora gravemente el derecho ancestral a la trashumancia de los pueblos originarios marinos, una práctica milenaria que les permite desplazarse según las migraciones de los peces. Mientras se persigue y criminaliza esta práctica, se concede a la industria depredadora el privilegio de moverse a su antojo. ¿Cómo puede considerarse justa una propuesta que niega a los pueblos originarios su derecho ancestral a la trashumancia, un derecho que poseen desde antes de la creación del Estado chileno y aún antes de la colonización española?
La nueva ley mantiene el concepto de “habitualidad”, algo completamente inaplicable a los pueblos originarios. El castigo desproporcionado propuesto para los pescadores artesanales, que podrían perder su permiso si no trabajan durante un año, no solo constituye un atentado contra sus derechos humanos básicos, sino también una privación arbitraria de un derecho ancestral que han ejercido mucho antes de la existencia del Estado chileno. ¿Es justo penalizar a estas comunidades, especialmente a los pescadores pertenecientes a los pueblos originarios marinos, al ignorar sus tradiciones y su conexión histórica con la pesca, especialmente cuando la realidad económica, climática y el deterioro de su salud pueden obstaculizar su actividad en determinados períodos?
Asimismo, la llamada “comunidad hereditaria”, persiste en la propuesta como otro engranaje colonialista, al no distinguir a los pescadores de pueblos originarios, los ignora y los atropella. Según este concepto insensato, si un pescador fallece su cupo como pescador se lo lleva consigo solo a un heredero afortunado. Pero claro, en el caso de los pueblos indígenas, esta extravagante ley parece desconocer que el derecho a pescar y cazar le pertenece a la familia en su totalidad, y no a un simple descendiente.
En conclusión, una nueva Ley de Pesca no puede jactarse de equidad si excluye a estos cinco pueblos originarios marinos. La equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos fundamentales deben ser los cimientos de cualquier legislación que pretenda regular el uso de nuestros recursos marinos. Es hora de abandonar prácticas arcaicas y abrazar un enfoque que promueva un equilibrio armonioso entre la actividad humana y la preservación de nuestro valioso ecosistema marino. No necesitamos más leyes que sean como anzuelos para unos pocos y redes de olvido para los más vulnerables.
Cambios tributarios en Cuba preocupan a la ciudadanía
Luis Brizuela*
Cuba inició el año con modificaciones tributarias y arancelarias. Defendidas por el gobierno como necesarias para financiar el gasto social y reactivar la economía, las medidas generan sin embargo suspicacias en una población agobiada por el continuo encarecimiento del costo de la vida.
Desde el 1 de enero se suspendieron las exoneraciones para el pago de algunos impuestos con repercusiones, sobre todo, en los llamados nuevos actores económicos, como se denominan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores autónomos.
Con anterioridad, las mipymes que nacían de la reconversión de una actividad anterior, estaban exoneradas del pago de tributos por seis meses; si eran de nueva creación, el periodo era de un año.
“Todo negocio nuevo tiene un tiempo para organizar y articular los sistemas para comenzar, y de ahí la exención”, reflexionó la profesora e investigadora Iliana Fernández, coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.
En diálogo con IPS, Fernández sostuvo que “en Cuba no existe otra vía impositiva de apoyar los nuevos negocios”, por lo cual, al cancelarse esas facilidades, “quedan desprovistos y proclives a pérdidas o a morir, mucho más en las adversas condiciones de la economía cubana”.
En este país insular caribeño se han aprobado más de 10 000 mipymes, en su mayoría privadas, desde que en septiembre de 2021 el gobierno levantó la veda para su constitución.
Se trata, argumentan funcionarios, de “un sector que ha crecido y demostrado capacidad económica y contributiva”.
La creación de mipymes se limita a sectores no estratégicos. Su actividad, junto con la de cooperativas y de trabajadores autónomos, se considera complementaria a las de la empresa estatal socialista catalogada como el sujeto principal de la economía.
Estas nuevas formas de gestión emergieron en un contexto marcado por la covid-19, el fortalecimiento del embargo estadounidense, la profundización de la crisis económica interna, junto con errores y demoras en el proceso de transformaciones del modelo de desarrollo socialista consensuado con la ciudadanía desde 2011.
Consideradas claves en la dinamización económica por su ductilidad, las mipymes son al mismo tiempo muy vulnerables en entornos de crisis, sobre todo aquellas que resultan del autoempleo o negocios familiares.
Otros impuestos y aranceles
Las nuevas medidas incluyen aplicar el impuesto sobre las ventas y servicios a la totalidad de las operaciones de la mipymes, independientemente de la comercialización mayorista o minorista.
Asimismo, se elevaron los tributos para cualquier entidad, estatal o privada, que importe artículos terminados y listos para la venta y se decretó una reducción de 50 % del impuesto aduanero por la importación de materias primas destinados a la producción nacional.
Al mismo tiempo, se incrementaron las tarifas arancelarias para la importación de mercancías que tienen similares en producciones nacionales.
“Aumentar los impuestos a ventas mayoristas y minoristas solo incrementará el precio final. Por ejemplo, el mango, quien venda la fruta pagará un impuesto mayorista que incluirá en el precio; la cafetería también lo sube por el impuesto sobre ventas minoristas. Al final la población tomará un jugo más caro. Y por supuesto, eso incrementa la inflación”, razonó Fernández.
Otros economistas consideran contraproducente gravar importaciones de insumos que, aunque encarecidos, mitigan en parte la insatisfecha demanda interna debido al desabastecimiento de productos esenciales, incluidos los alimentos, y deprimidas ofertas por parte de entidades estatales.
Es un hecho que gran parte de los alimentos y bienes vendidos en la red de tiendas estatales en divisas son importados y con precios muy elevados.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reconoció el 27 de diciembre en una comparecencia televisiva que debido a las condiciones estructurales de la economía cubana “no se logran los niveles productivos que nos proponemos”.
En el caso específico de la agricultura y la producción de alimentos subrayó que “tenemos menos ofertas y no hemos podido cubrir con las ofertas estatales las necesidades que tiene la población”.
“En Cuba no se produce o son muy bajas las producciones de leche condensada, quesos, maicena, caramelos, refrescos y maltas, por decir algunos. Cuando importo esos productos comprando una divisa que no me vende el gobierno, y con mayores impuestos, tendré que subir el precio”, dijo a IPS Roberto, director de un mercado privado de víveres en La Habana, quien solicitó omitir su apellido.
Debido a la escasez de divisas convertibles asociada a la contracción de las principales fuentes de ingresos, las entidades bancarias nacionales venden magras cantidades a la ciudadanía.
Para comprar insumos en el exterior muchos de los empresarios privados obtienen dólares o euros en el mercado informal, a más del doble de la tasa de cambio oficial (120 pesos por dólar), con un devaluado peso cubano.
Las importaciones del sector privado en Cuba superaron los 1000 millones de dólares de enero a noviembre de 2023, trascendió en las sesiones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento.
Decisiones adicionales
El gobierno estimó una contracción del producto interno bruto (PIB) de 1 % a 2 % en 2023, y cifró en 30 % la inflación en el mercado formal.
La isla cerró el pasado año con un déficit fiscal de más de 98 000 millones de pesos (819 millones de dólares), 44 % por encima de lo proyectado, y una deuda pública superior a los 151 000 millones de pesos (1258 millones de dólares).
Para 2024 el presupuesto del Estado proyecta un déficit fiscal de 147 391 millones de pesos (1228 millones de dólares), equivalente a 18,5 % del PIB previsto.
Durante los últimos cuatro años Cuba ha mantenido déficits fiscales superiores a 10 % del PIB, financiados en parte con emisión monetaria algo que, según diferentes analistas, provoca inflación y deprecia la moneda nacional.
Esta situación se ha agravado como consecuencia de la caída de la recaudación fiscal, por la disminución de actividades empresariales y gastos asociados a mantener servicios públicos y sectores productivos, entre otros factores.
Los ingresos tributarios por la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones, representan 64 % de los ingresos mínimos que debe incorporar el presupuesto del Estado para sostener en 2024 gastos relacionados con la salud pública, educación, asistencia y seguridad social, cultura, ciencia y deporte, trascendió en diciembre durante las reuniones parlamentarias.
Desde julio de 2021 la Aduana aprobó, y luego renovó cada seis meses, la autorización temporal para que las personas naturales importen alimentos, productos de aseo y medicinas sin carácter comercial en su equipaje acompañado, sin límite de cantidades y exenta del pago de aranceles, lo cual favorece que una parte de la población acceda a estos insumos deficitarios.
Ahora la exoneración aduanera se extendió solo por tres meses (hasta el 31 de marzo) tras detectarse “distorsiones” relacionadas con el objetivo de la medida, a saber “personas que han utilizado ese mecanismo para suministrar mercancías para sus propios negocios, incluidos algunos que no son lícitos ni tienen las autorizaciones correspondientes”, según información suministrada.
* Corresponsal de la agencia IPS en La Habana. Con máster en Ciencias Políticas, de la Universidad de La Habana, trabajó antes en la agencia Prensa Latina hasta 2018, como corresponsal en Siria y Bolivia
Desafíos, proyecciones y perspectivas de Bolivia para el 2024
Martín Moreira
El informe recientemente presentado por el Banco Mundial (BM) subraya la necesidad de abordar desafíos estructurales para garantizar la estabilidad económica, fomentar el desarrollo tanto del sector privado como del público y salvaguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad. La proyección del 1,5% indica un crecimiento más moderado de lo anticipado por el Gobierno.
Para entender este panorama es fundamental analizar los indicadores económicos del país. Bolivia ostenta posiciones destacadas en la Región, en contraste con las difíciles circunstancias que atraviesan algunos de sus vecinos:
- Desocupación más baja: Bolivia se sitúa en el primer lugar, con la tasa de desocupación más baja, registrando un impresionante 3,8%. Este indicador refleja la fortaleza del mercado laboral en comparación con otros países de la Región;
- Inflación controlada: el país ocupa el segundo lugar en la Región con la inflación más baja, marcando un 2,1%. Solo Ecuador supera a Bolivia en este aspecto, evidenciando una gestión eficiente de la política económica;
- Crecimiento sostenido: Bolivia se ubica en el tercer lugar en términos de crecimiento económico, con un 2,2%. Aunque detrás de Paraguay y Brasil, sigue demostrando una capacidad de expansión notoria en comparación con otros países sudamericanos.
La discrepancia entre las proyecciones del BM y las metas gubernamentales resalta la importancia de abordar los desafíos estructurales para alcanzar un crecimiento sostenible. En este contexto, Bolivia destaca como un caso excepcional en Sudamérica, enfrentando la realidad regional con indicadores económicos sólidos. Sin embargo, la brecha entre las expectativas gubernamentales y las proyecciones internacionales sugiere la necesidad de ajustes y estrategias para alcanzar un desarrollo equitativo y duradero.
El Gobierno del presidente Luis Arce presentó recientemente el presupuesto para el año 2024 con metas ambiciosas y un enfoque claro en la estabilidad macroeconómica y el desarrollo industrial. Entre las proyecciones destacadas se encuentran una tasa de crecimiento del 3,71%, una inflación del 3,60% y una inversión pública de cuatro mil 274 millones de dólares.
El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2024 abarca a 585 entidades del sector público, incluyendo gobernaciones, municipios, instituciones descentralizadas, de seguridad social, empresas públicas, órganos del Estado, universidades estatales y gobiernos indígenas. Este enfoque inclusivo refleja la amplitud de las áreas administrativas que se buscan fortalecer durante la presente gestión.
Dentro de los objetivos económicos trazados por el Gobierno están la industrialización de recursos estratégicos como el litio, así como la sustitución de importaciones. Estas metas se alinean con la visión de un país más autosuficiente y con una economía diversificada.
Aunque la norma presupuestaria fue inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados, encontró obstáculos en el Senado y fue devuelta a la cámara de origen, quedando en suspenso durante el receso parlamentario de fin de año. La situación generó incertidumbre hasta que se cumplió el plazo constitucional y la ley, finalmente, fue ratificada.
El presupuesto consolidado experimenta un crecimiento significativo del 8,9%, pasando de 243 mil 950 millones de bolivianos en 2023 a 265 mil 558 millones de bolivianos en 2024. Este aumento refleja la determinación del Gobierno en fortalecer la economía y estimular el desarrollo.
Dentro de la inversión pública, el 56% se destinará al sector productivo, mientras que el 22% se dirigirá al área social, abarcando aspectos como educación, salud, seguridad social y cultura. Este enfoque equitativo busca impulsar tanto la actividad económica como el bienestar social.
A nivel global, se proyecta una desaceleración del crecimiento económico por tercer año consecutivo, con una disminución del 2,6% al 2,4% en 2024. Las economías en desarrollo se ven particularmente afectadas, con un crecimiento estimado del 3,9%, más bajo que la década anterior.
Según el BM, el panorama económico global requiere medidas significativas para evitar una década de oportunidades desperdiciadas. Se enfatiza la necesidad de un aumento considerable en la inversión de al menos 2,4 billones de dólares anuales en los países en desarrollo para abordar desafíos como el cambio climático y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.
El informe del BM destaca la importancia de los “auges de inversión”, indicando que un crecimiento sostenido de la inversión per cápita puede impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y mejorar la productividad. Sin embargo, se subraya la necesidad de políticas integrales para lograr este objetivo.
En resumen, el año 2024 presenta desafíos económicos a nivel nacional e internacional, pero también abre oportunidades para un crecimiento sostenible. La implementación efectiva de las políticas propuestas y la adaptabilidad a un entorno económico global cambiante serán clave para el éxito del plan presupuestario y para enfrentar los retos futuros.
El Tratado de Libre Comercio con China, un riesgo para Ecuador
Isabel Vargas Torres*
La Asamblea Nacional está discutiendo la firma del Tratado de Libre Comercio con China, firmado el año pasado por Guillermo Lasso, representa un riesgo para Ecuador ya que esta endeudado en más de $18.200 millones con gigante asiático, esta es una desventaja, que, según el analista Camilo Defelipe Villa, el endeudamiento con China puede ser riesgoso, ya que el país podría quedar comprometido a aceptar ciertas condiciones, como la llegada de empresas tecnológicas o biotecnológicas que tienen la capacidad de estandarización de normas tecnoproductivas.
Esto se corrobora con lo establecido en este acuerdo pues al reducir los obstáculos técnicos al comercio, China traerá desechos tecnológicos, como baterías, cenizas, chatarra y desechos farmacéuticos, lo que supondrá un peligro para la calidad de vida de toda la población y aumentará la contaminación ambiental.
Si este acuerdo comercial es aprobado por la Asamblea Nacional, ¿qué ocurre con los grandes empresarios exportadores de camarón, minerales, metales, madera, manufacturas, banano, plátano, entre otros? Los empresarios se beneficiarían, ya que no pagarían aranceles a China, lo que aumentarían sus ganancias y sus ventas en aproximadamente entre USD 3000 a 4000 millones, es decir, un gran negocio para un pequeño grupo, por más de 10 años.
Por otro lado, las importaciones desde China no serían sujetas al IVA, lo cual significa que Ecuador por las importaciones actuales dejaría de recibir 762 millones de dólares, provocando que las pequeñas y medianas empresas nacionales se desvanezcan debido a la competencia desleal. Queda claro que la aprobación de este acuerdo beneficiará a los grandes exportadores.
En resumen, con la aprobación de este TLC con China y el aumento del porcentaje al IVA, todos los ciudadanos ecuatorianos pagaremos para que los poderosos de este país continúen llenando sus bolsillos a costa del incremento de la pobreza de nuestro país.
La unidad es con el pueblo para exigir a los asambleístas nieguen este acuerdo criminal.
*Secretaria Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
Acelera la inflación en México: cinco quincenas en repunte
El encarecimiento de las frutas y verduras, así como la renuencia de las mercancías alimenticias y de los servicios a bajar, provocó una reaceleración de la inflación general anual en México en la primera quincena de enero y otra vez ronda 5 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La inflación general en México fue de 0.49 por ciento quincenal y de 4.9 por ciento anual en la primera quincena de enero, alejándose del objetivo de estabilidad de precios del Banco de México (entre 3 y 4 por ciento), toda vez que se ubicó por arriba de las expectativas y representó el mayor nivel de precios al consumidor en las 14 quincenas pasadas.
Con la cuesta de enero en primer plano, la inflación en el país se siguió acelerando por quinta quincena consecutiva y acumuló 69 quincenas fuera del objetivo de estabilidad de precios.
El jitomate, cuyo precio es tema de conversación entre consumidores en las semanas recientes, al estar en alrededor de 50 pesos el kilo, y cuando los comerciantes argumentan que ahora se tiene que contratar seguridad porque lo roban con todo y camión, fue de los productos que más incidencia tuvieron con a inflación, con una variación quincenal de 25.64 por ciento y anual de 54.24; le siguieron las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con una variación quincenal de 0.76 por ciento y anual de 7.7 por ciento; y la cebolla, 7.16 por ciento quincenal y 138.46 anual. Además de los aumentos de los cigarrillos, vivienda propia, tomate verde, restaurantes, refrescos envasados y derechos por suministro de agua, principalmente.
Si bien el aumento de la inflación en la primera quincena del año está relacionada con productos volátiles, como los agropecuarios, y de otras mercancías estacionales por inicio de año, el incremento de precios al consumidor fue superior a la estimación que tenía el consenso del mercado de 4.78 por ciento, y estuvo por encima del 4.86 por ciento anual registrado en las dos semanas anteriores.
De acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor, la inflación de los precios de frutas y verduras se dispararon 4.95 por ciento en los primeros 15 días de enero respecto a la segunda quincena de diciembre; mientras en los anteriores 12 meses, 20.69 por ciento. En 2022, estos productos contribuyeron al descenso de la inflación, al reportar caídas, pero las sequías, el fenómeno de El Niño y problemas de seguridad están presionando el precio de estos productos esenciales.
La inflación anual de servicios se mantiene por arriba de 5 por ciento y continúa registrando cifras quincenales por encima de sus promedios históricos. Estimamos una mejoría gradual del panorama inflacionario, debido a la desaceleración que pronosticamos para el consumo y la apreciación acumulada del tipo de cambio. Como riesgos al alza para la inflación destacamos un componente de servicios más persistente de lo estimado y un rebote más pronunciado de la inflación no subyacente, particularmente frutas y verduras, 40 por ciento que sorprendieron al alza, explicó Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex.
La buena noticia es que la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determinar la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, aunque repuntó 0.25 por ciento a tasa quincenal, luego de la caída previa, la tasa anual bajó a 4.78 por ciento desde 4.98 por ciento, su nivel más bajo desde agosto de 2021.
La inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, registró un crecimiento de 1.22 por ciento quincenal y de 5.24 por ciento a tasa anual.
Dado que el dato de inflación sorprendió, la hoja de ruta del costo del crédito está en el aire, pues dividió opiniones entre los analistas, ya que algunos mantuvieron que el Banco de México descenderá la tasa de referencia, actualmente en 11.25 por ciento, en marzo; mientras otras voces consideran que la autoridad debería esperar hasta asegurarse de que la desinflación retoma su tendencia.
Hay cerca de 2,300 obras públicas paralizadas en Perú
Pese al déficit de infraestructura en nuestro país, las autoridades se dan el lujo de tener obras truncas. La Contraloría General de la República (CGR) precisó que, a diciembre de 2023, se registraron 2,298 obras públicas paralizadas, en las cuales hasta el momento se ha invertido un poco más de S/26,992 millones y se necesitarían más de S/13,772 millones par concluirlas.
De acuerdo con el informe de la institución, 1,714 obras (74.6%) pertenecen a los gobiernos locales, 361 obras (15.7%) al gobierno nacional y 233 obras (9.7%) a los gobiernos regionales.
Por saldo de inversión por ejecutar, La Libertad es el departamento que encabeza la lista con S/2,874 millones y 78 proyectos paralizados. Asimismo, Arequipa se encuentra en segundo lugar con S/2,080 millones y 90 obras.
En cuanto a sectores, Transportes y Comunicaciones lidera el ranking con 628 proyectos inconclusos, seguido por Vivienda, Construcción y Saneamiento con 529 obras y Agricultura con 281 obras.
¿Cuáles son las razones por las que las obras no siguen adelante? La Contraloría indicó que una de las principales causas está relacionada con los incumplimientos de contratos, así como la falta de recursos financieros y liquidez. También, las discrepancias, controversias, arbitrajes y conflictos sociales.
Además, el órgano contralor precisó que más del 55% de estos proyectos son ejecutados bajo la modalidad de administración directa, lo que significa que los mismos gobiernos desarrollan esta obra utilizando sus presupuestos, personal, infraestructura, equipos y maquinarias.
Entre las principales obras emblemáticas paralizadas, la CGR destacó al proyecto Majes Siguas II (Arequipa). El año pasado, el concesionario del proyecto decidió resolver el contrato, debido al incumplimiento del Gobierno Regional de Arequipa en la entrega de terrenos, así como la cancelación del contrato de supervisión.
Según los estudios, dicho proyecto permitiría contar con 38,500 hectáreas de riego en la zona agrícola, cuyo costo estimado es de US$655 millones, así como generar 145,000 empleos.
También, aparece el proyecto de “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa”, cuyo desembolso asciende a S/343 millones, que beneficiaría a más de 477,000 personas.
Otra obra que está en la lista es el mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa que se paralizó en 2020. Aunque la inversión inicial fue de S/420 millones, el monto actualizado al día de hoy supera los S/813 millones.
Además, se encuentra la Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica por más de S/727 millones.
l exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva explicó que muchas veces se paralizan proyectos por un tema de corrupción y a veces por cuestiones políticas.
“Siempre hay problemas, ya sea por los expedientes técnicos mal hechos, estafas del proveedor, contingencias, en fin, la problemática es bien amplia. Incluso es más complicado cuando se trata de municipalidades más chicas”, aseguró.
A partir del 1 de abril entra en vigencia un nuevo marco normativo para regular obras que se ejecutan por administración directa. La Contraloría informó que desde el 1 de febrero brindarán capacitaciones presenciales, virtuales o híbridas a los gestores de las entidades públicas.
Panorama internacional
Seguridad y salud en el trabajo, se perpetua la violencia y el acoso
Eduardo Camín
Un nuevo informe de la OIT hace hincapié en el uso de marcos de seguridad y salud en el trabajo (SST) para abordar las causas profundas de la violencia y el acoso, y fomentar la acción colectiva en favor de mejores entornos de trabajo. Debemos de destacar que la violencia y el acoso son un problema que afecta a numerosos lugares de trabajo en todos los países. Es cada vez más evidente que no hay individuos, empresas, sectores ni sociedades que puedan jactarse de estar totalmente a salvo de la violencia y el acoso.
Según las estimaciones más recientes de la OIT, más de una de cada cinco personas con empleo ha sufrido violencia y acoso durante su vida laboral. Como sabemos se entiende por violencia laboral como una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica. Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o descendente) como entre pares.
Pero este fenómeno no se limita a un lugar de trabajo específico (despacho, espacio colectivo de oficina, fábrica, comercio al por menor), sino que puede producirse en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, en el espacio digital de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, en los desplazamientos, eventos o actividades sociales relacionados con el trabajo, e incluso en las oficinas ubicadas en el propio domicilio
La violencia y el acoso conllevan un costo elevado para la salud, el bienestar y los medios de vida de los trabajadores, para la prosperidad de las empresas —debido a la merma de la productividad, la sustitución, la jubilación y el menoscabo de la reputación— y para la sociedad en su conjunto, ante la pérdida potencial de trabajadores productivos y el aumento de la presión sobre los servicios sociales.
De cara al futuro, —insiste el Informe —el problema puede agravarse por un cúmulo de factores que están alterando la naturaleza del trabajo, como las nuevas formas de contratos, el envejecimiento de la población ocupada, la intensificación del trabajo, la vigilancia digital y la falta de conciliación del trabajo con la vida privada.
En este contexto, la adopción del Convenio (núm. 190) y la Recomendación (núm. 206) sobre la violencia y el acoso, 2019, de la OIT representa un hito en el compromiso internacional de reconocer el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Recordamos que en el Convenio núm. 190 de la OIT se subraya la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (artículo 4).
Además, se especifican algunas medidas preventivas (artículo 9), destacando (entre otras cosas) la necesidad de abordar los riesgos psicosociales en el trabajo. Ya que los expertos señalan que la violencia y el acoso en el trabajo y los riesgos psicosociales se potencian entre sí. Es decir, diversos factores individuales, sociales y organizativos pueden inducir situaciones de violencia y acoso, pero hay evidencia empírica de que existe un círculo vicioso, en tanto en cuanto los riesgos psicosociales actúan como causa coadyuvante de violencia y acoso, y viceversa. La violencia y el acoso se sitúan en la intersección de los factores individuales (subjetivos) y los factores colectivos (organización del trabajo). Habida cuenta de esta interrelación, mientras no se aborden los factores de carácter organizativo y demás causas subyacentes de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, este fenómeno seguirá constituyendo un reto para el mundo laboral
Por otra parte, destacamos que este compromiso se reafirmó en 2022, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo decidió enmendar la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) para incluir «un entorno de trabajo seguro y saludable» como principio y derecho fundamental en el trabajo, lo que constituye una de las estrategias para abordar la violencia y el acoso en el mundo laboral. Este cambio de orientación está en consonancia con la evolución del concepto de seguridad y salud en el trabajo (SST) a lo largo del último decenio, en un sentido que ha pasado a englobar el bienestar físico y mental además de los riesgos para la seguridad de los trabajadores
El informe hace hincapié en que los marcos de SST abordan las causas profundas de la violencia y el acoso señalando los riesgos subyacentes, como la organización inadecuada del trabajo, los factores relacionados con tareas específicas (por ejemplo, trabajar solo o interactuar constantemente con terceros) y las condiciones de trabajo que producen altos niveles de estrés que, a su vez, conducen a la violencia y el acoso. Los marcos de seguridad y salud en el trabajo que se basan en la cooperación en el lugar de trabajo y el diálogo social movilizan tanto a los empleadores como a los trabajadores para crear entornos laborales libres de violencia y acoso, señala el análisis.
En los 25 países estudiados, cerca de dos tercios de todas las disposiciones legales sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo están contenidas en la legislación y los reglamentos sobre SST, según el estudio. Las políticas de SST son más detalladas a la hora de esbozar estrategias preventivas y definir las responsabilidades de empresarios y trabajadores en comparación con otros enfoques normativos.
En las Américas, Europa y Asia Central, las disposiciones sobre violencia y acoso están integradas principalmente en las leyes que regulan la SST, mientras que en Asia Pacífico y los Estados Árabes la atención se ha centrado en abordar el acoso sexual a través de marcos jurídicos específicos.
En Dinamarca, existen leyes específicas para prevenir la violencia y el acoso, mientras que El Salvador lo reconoce como un riesgo psicosocial. España y Túnez cuentan con una amplia legislación en materia de SST que podría abarcar la violencia y el acoso, pero sólo España reconoce explícitamente y proporciona orientación sobre su gestión. Las políticas de Barbados y Bangladesh abordan principalmente el acoso sexual.
Según el informe, las herramientas prácticas, los programas de formación y las directrices adaptadas a las empresas y los lugares de trabajo pueden ayudar a poner en práctica las políticas sobre violencia y acoso. Estas herramientas explican los pasos necesarios para llevar a cabo intervenciones destinadas a atajar la violencia y el acoso, y ayudan a realizar tareas complejas como las evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo, subraya el informe.
No obstante destacamos que Incluso en los países que disponen de un sólido marco jurídico sobre la violencia y el acoso en el ámbito de trabajo y han implementado completas orientaciones y herramientas al respecto, las organizaciones a veces tropiezan con dificultades que les impiden utilizar eficazmente esos instrumentos y concebir soluciones adecuadas a sus retos específicos en materia de violencia y acoso. Los escollos se deben a diversos factores, desde la falta de recursos hasta procesos de trabajo paralelos que exigen recursos excesivos. Por consiguiente, cada vez es más vital proporcionar información minuciosa y adaptada, junto con servicios individualizados de apoyo y consulta para empleadores y trabajadores. Además, ante la continua evolución de las condiciones de trabajo y la aparición de nuevos riesgos psicosociales, las respuestas jurídicas y de políticas exigen un seguimiento y una evaluación continuos, así como mejoras y adaptaciones que den cabida a los elementos novedosos.
En esta concepción se puede considerar que las formas de maltrato y violencia laboral, en una actualidad circundante transita por dispositivos tecnológicos, que por ende adquieren nuevas mecánicas que tienden, como ya lo hicieron en el pasado, a invisibilizar sus lógicas operantes, no debemos olvidar que el miedo y la incertidumbre de encontrar un nuevo empleo limitan la posibilidad de denuncia.
Pero desde una perspectiva histórico-filosófica, -aunque el Informe no lo diga- debemos elevar las miras del análisis en la cual el capitalismo ha gestado una y otra vez nuevas morfologías de maltrato, acoso, violencia y control en su lógica por perpetuarse, infinitamente. Por lo tanto, los convenios vinculantes avalados por los Estados y toda la parafernalia jurídica, pueden servir a condición de que se apliquen con todo su rigor, lo demás es el eterno status quo, del mundo de la promesas.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Davos y el deshielo de la economía mundial
Michael Roberts *
La élite rica se reunió en Davos para discutir los desafíos que enfrentará la humanidad en 2024, como el cambio climático y la inteligencia artificial. Pero cualquier solución propuesta está impulsada por el objetivo de sostener el orden capitalista mundial.
La reunión anual de la élite mundial multimillonaria llamada Foro Económico Mundial (FEM) se realizó nuevamente en la lujosa estación de esquí de Davos, Suiza. Miles de personas asisten y muchos de los «grandes y buenos» líderes políticos y corporativos han llegado en sus aviones privados con un enorme séquito. Entre los oradores se encuentran el primer ministro de China, Li Qiang, la jefa de la UE, Ursula von de Leyen, Zelensky de Ucrania y muchos líderes empresariales de alto nivel.
El FEM tiene como objetivo discutir los desafíos que enfrenta la humanidad en 2024 y en adelante. Estos desafíos, sin embargo, se ven principalmente desde el punto de vista del capital global y cualquier solución política propuesta está impulsada por el objetivo de sostener el orden capitalista mundial.
Esto se revela en el Informe anual de riesgos globales del FEM, que realiza una encuesta entre los participantes de Davos. El informe explora algunos de los riesgos más graves que podemos enfrentar durante la próxima década, en un contexto de rápidos cambios tecnológicos, incertidumbre económica, calentamiento del planeta y conflictos. A medida que la cooperación se ve sometida a presión, es posible que las economías y sociedades debilitadas sólo necesiten el más mínimo shock para superar el punto de inflexión de la resiliencia.
En cuanto a la economía mundial, el informe muestra preocupación. Entre los diez principales «riesgos» para los encuestados en 2024 se encontraba la crisis del costo de vida y el estancamiento económico. El informe del FEM dice: Aunque por ahora parece prevalecer un “aterrizaje más suave”, las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas. Hay múltiples fuentes de continuas presiones sobre los precios por el lado de la oferta que se avecinan durante los próximos dos años, desde las condiciones de El Niño hasta la posible escalada de conflictos. Y si las tasas de interés se mantienen relativamente altas por más tiempo, las pequeñas y medianas empresas y los países muy endeudados estarán particularmente expuestos a problemas de deuda.
El informe califica esta situación de «incierta», pero lo que es seguro es que el llamado «aterrizaje suave», es decir, una expansión económica constante sin una crisis, se limita a la economía estadounidense, no a otros lugares, al menos entre las principales economías capitalistas avanzadas.
Incluso las perspectivas de la economía estadounidense no son nada del otro mundo, a pesar de los comentarios optimistas de muchas fuentes estadounidenses. «Una recesión en el próximo año parece menos probable de lo que parecía a principios de 2023, ya que las tasas de interés tienen una tendencia a la baja, los precios de la gasolina han bajado respecto al año pasado y los ingresos están creciendo más rápido que la inflación», dijo Bill Adams, economista jefe de Banco Comerica.
Pero admitió que, en promedio, los economistas “esperan que la economía estadounidense crezca sólo un 1 % en 2024, aproximadamente la mitad de su tasa normal a largo plazo, y una desaceleración significativa respecto del 2,6 % estimado en 2023”. Así que, en el mejor de los casos, no habrá recesión, sino virtual estancamiento en 2024. “Esto es menos una recesión y más una parada del crecimiento”, dijo Rajeev Dhawan, economista de la Universidad Estatal de Georgia.
En el resto de las economías del G7, las cosas pintan peor. La economía alemana cayó un 0,3 % en 2023 y bien podría hundirse aún más este año, ya que la industria manufacturera de Alemania se contrajo a una tasa interanual del 6-7 %. Tanto la economía francesa como la británica se volvieron negativas en el último trimestre de 2023. Lo mismo ocurre con Canadá y Japón, mientras que Italia está estancada. Y hay varias otras economías capitalistas avanzadas que ya están en recesión: Países Bajos, Suecia, Austria y Noruega. En las llamadas economías emergentes, muchas se han desacelerado considerablemente desde cualquier estallido de recuperación en 2022 después del final de la crisis pandémica de 2020.
Las tasas de inflación están cayendo desde sus máximos de 2022 a medida que los bloqueos de la oferta y la debilidad del sector manufacturero se recuperan un poco después de que la pandemia mantuviera bajos la oferta y el comercio internacional. Los precios de los alimentos y la energía han caído drásticamente en 2023, pero el daño ya está hecho. En promedio, los precios para la mayoría de las personas en el mundo capitalista avanzado han aumentado un 20 % desde el final de la pandemia (y siguen aumentando). Es incluso peor para muchos países pobres y en muchas economías de ingresos medios como Argentina (150 %) y Turquía (50 %). Como resultado, los ingresos reales de los hogares promedio han caído desde 2019, en efecto, la mayor caída en los niveles de vida en décadas. Además, la inflación podría comenzar a aumentar nuevamente a medida que los recientes ataques a la navegación en el Mar Rojo y la destrucción de Gaza y sus dos millones de habitantes por parte de Israel comiencen a extenderse por todo el Medio Oriente rico en energía.
El Banco Mundial lo resume en su último informe. Puede que no haya recesión en Estados Unidos, pero “la economía mundial va camino de su peor media década de crecimiento en 30 años”.
Detrás de esta desaceleración, el Banco Mundial identifica la desaceleración de la inversión productiva de las principales economías en empleos e ingresos que crean valor.
Los marxistas agregarían que detrás de esa desaceleración de la inversión está el bajo nivel histórico de rentabilidad del capital global (excluyendo a la pequeña minoría de gigantes tecnológicos y energéticos).
El Banco Mundial espera que el crecimiento del PIB de la economía mundial crezca sólo un 2,4 % en 2024, frente al 2,6 % del año pasado (y eso incluye a India, China, Indonesia, etc., que crecerán entre un 5 y un 6 por %).
Este sería el tercer año consecutivo en el que el crecimiento resultaría más débil que los 12 meses anteriores. “Sin una corrección importante del rumbo, la década de 2020 pasará a la historia como una década de oportunidades desperdiciadas”, dijo Indermit Gill, economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial.
Se esperaba que el crecimiento del comercio mundial en 2024 fuera sólo la mitad del promedio de la década anterior a la pandemia. El comercio mundial de bienes se contrajo en 2023, lo que marcó la primera caída anual fuera de las recesiones globales en los últimos 20 años. Se proyecta que la recuperación del comercio mundial en 2021-24 será la más débil después de una recesión global en el último medio siglo.
Se esperaba que las economías avanzadas registraran un crecimiento de sólo el 1,2 %, frente al 1,5 % en 2023. Muchas economías en desarrollo siguen paralizadas por “más de medio billón de dólares de sobreendeudamiento” y la reducción del ’espacio fiscal’ (es decir, la capacidad de los gobiernos para gastar en necesidades sociales). La inseguridad alimentaria aumentó en 2022 y se mantuvo alta en 2023.
El informe del FEM señala el peligro para el capitalismo de lo que llama «polarización social», en otras palabras, crecientes divisiones entre ricos y pobres causadas por el estancamiento económico que conduce a la pérdida de apoyo a los partidos existentes del capital y sus instituciones políticas.
El informe no menciona el alcance de la desigualdad social en el mundo en 2024. Pero cada año en Davos, Oxfam presenta su informe «alternativo» sobre el estado de la desigualdad mundial. Es una condena asombrosa del fracaso del orden capitalista para satisfacer las necesidades sociales de la gran mayoría de la humanidad.
En su informe de este año, titulado «La supervivencia de los más ricos», Oxfam señala que la riqueza extrema y la pobreza extrema han aumentado simultáneamente por primera vez en 25 años. “Mientras la gente corriente hace sacrificios diarios en bienes esenciales como los alimentos, los superricos han superado incluso sus sueños más descabellados. Apenas dos años después, esta década se perfila como la mejor hasta ahora para los multimillonarios: un rugiente auge de los años 20 para los más ricos del mundo”, afirmó Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional.
Durante los años de pandemia y crisis del costo de vida desde 2020, 26 billones de dólares (63 %) de toda la nueva riqueza fueron capturados por el 1 % más rico, mientras que 16 billones de dólares (37 %) fueron al resto del mundo en conjunto. Un multimillonario ganó aproximadamente 1,7 millones de dólares por cada dólar de nueva riqueza global obtenida por una persona del 90 % inferior.
Al menos 1.700 millones de trabajadores viven ahora en países donde la inflación supera los salarios, y más de 820 millones de personas (aproximadamente una de cada diez personas en la Tierra) pasan hambre.
¡Las fortunas de los multimillonarios han aumentado en 2.700 millones de dólares al día! Esto se suma a una década de avances históricos: el número y la riqueza de los multimillonarios se han duplicado en los últimos diez años.
Al mismo tiempo, al menos 1.700 millones de trabajadores viven ahora en países donde la inflación supera los salarios, y más de 820 millones de personas (aproximadamente una de cada diez personas en la Tierra) pasan hambre. Las mujeres y las niñas a menudo comen menos y constituyen casi el 60 % de la población hambrienta del mundo. Oxfam cita al Banco Mundial diciendo: «probablemente estemos viendo el mayor aumento de la desigualdad y la pobreza global desde la Segunda Guerra Mundial».
Países enteros se enfrentan a la quiebra, y los países más pobres gastan ahora cuatro veces más en pagar deudas a acreedores ricos que en atención sanitaria. Tres cuartas partes de los gobiernos del mundo están planeando recortes del gasto del sector público impulsados por la austeridad (incluidos los de atención sanitaria y educación) de 7,8 billones de dólares durante los próximos cinco años.
Como de costumbre, el FEM en su informe no ofrece soluciones políticas para revertir o incluso frenar este grotesco nivel de desigualdad –ni siquiera un impuesto a la riqueza. En cambio, el principal problema de riesgo para los encuestados por el FEM es el «clima extremo». Las consecuencias económicas del calentamiento global y el cambio climático son lo que preocupa a los líderes empresariales y gubernamentales en Davos. Significa daños a las empresas y a la infraestructura, y tener que lidiar con millones de personas obligadas a abandonar sus hogares y migrar.
Sin embargo, como demostró la cumbre climática COP28, las corporaciones y los gobiernos no están cumpliendo con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarios para evitar temperaturas extremas, inundaciones y sequías. Como lo expresó el informe del FEM:
Muchas economías seguirán en gran medida sin estar preparadas para los impactos “no lineales”: la activación de un nexo de varios riesgos socioambientales relacionados tiene el potencial de acelerar el cambio climático, a través de la liberación de emisiones de carbono, y amplificar los impactos relacionados, amenazando a las poblaciones vulnerables al clima. La capacidad colectiva de las sociedades para adaptarse podría verse abrumada, considerando la magnitud de los posibles impactos y las necesidades de inversión en infraestructura, dejando a algunas comunidades y países incapaces de absorber los efectos agudos y crónicos del rápido cambio climático.
El capital no puede hacer frente.
El mundo experimentó su año más caluroso en 2023, con “récords climáticos cayendo como fichas de dominó” cuando la temperatura promedio global alcanzó casi 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según la agencia europea de observación de la Tierra Copernicus. Las temperaturas globales promedio durante 2023 fueron más altas que en cualquier otro momento de los últimos 100.000 años.
De hecho, si la élite de Davos mirara debajo de la nieve en su resort de lujo, encontraría que la capa total de nieve en Suiza ha caído casi 8 puntos porcentuales al comparar los promedios de tres años que abarcan las temporadas 2002-03 a 2004-05 con la temporada 2020-05. 21 a 2022-23 temporadas. Según un estudio publicado en Nature el año pasado, el número de días de nieve en los Alpes ha disminuido más en los últimos 20 años que en los 600 anteriores. El esquí invernal en Davos está en problemas.
Los científicos han advertido que los fenómenos meteorológicos extremos se volverán más frecuentes e intensos a medida que continúe el calentamiento global y que se deben tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en casi un 45 por ciento para 2030 para limitar el calentamiento a 1,5 °C. Ahora va camino de alcanzar casi los 3°C. Pero los participantes del FEM no ofrecen soluciones a este creciente desastre excepto repetir el llamado de la COP28 para “una transición lejos de los combustibles fósiles” y para más energías renovables y cooperación global. No se menciona la adquisición de las empresas de combustibles fósiles ni la planificación global para ayudar a los países pobres con sus desastres ambientales. En cambio, las empresas de combustibles fósiles están presentes en Davos para garantizar que todo siga como siempre.
Había otras dos cuestiones que preocupaban a los participantes del FEM: la inteligencia artificial y el peligro de que pudiera surgir «información errónea generalizada» de las máquinas de IA generativa no controladas; y el creciente número de conflictos armados interestatales en el mundo.
El capital global está preocupado por el daño al comercio, la inversión debido a las rivalidades geopolíticas y la desilusión social causada por la «desinformación» sobre la desigualdad y el crecimiento económico. Pero los participantes están menos preocupados por la pérdida de empleos a causa de la IA para sectores de trabajadores o por la horrenda pérdida de vidas y miembros debido a la guerra entre Rusia y Ucrania o la destrucción israelí de Gaza; o los millones de personas hambrientas y desplazadas en la guerra civil en el Sudán; o el bombardeo de ciudades y personas en Yemen. Pero, por supuesto, les preocupa que las tensiones sobre Taiwán se conviertan en un conflicto militar directo entre China y Estados Unidos, lo que amenazaría todo el orden mundial.
¿Qué concluyó el Informe de Riesgos del FEM a partir de su encuesta a los participantes de Davos?
Al entrar en 2024, destacamos una perspectiva predominantemente negativa para el mundo durante los próximos dos años que se espera que empeore durante la próxima década… Las perspectivas son marcadamente más negativas en el horizonte temporal de 10 años, y casi dos tercios de los encuestados esperan un panorama tormentoso o turbulento.
No es bueno para el capital y peor aún para los trabajadores.
*Economista marxista británico, a través de su blog The Next Recession discute aspectos teóricos que permiten explicar la crisis mundial y analiza las perspectivas económicas. Es autor de los libros La larga depresión y Marx 200.