Panorama Económico Latinoamericano – Del 18 al 26 de diciembre de 2024
Esequibo, la disputada llave del petróleo sudamericano
A un año de la reunión entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, Irfaan Ali en San Vicente y las Granadinas, que desescaló -al menos temporalmente- el enfrentamiento entre ambos por la disputa por el extenso territorio de la Guayana Esequiba, el conflicto vuelve a escalar con la presencia de terceros, en especial de Estados Unidos y Brasil.
Con una superficie mayor a la de países como Inglaterra, Cuba o Grecia, el Esequibo es un territorio de 169 mil quilómetros cuadrados lleno de minerales y otros recursos naturales cuya diversidad es una de mayores del mundo. Desde 1841 Venezuela y Guyana se disputan su soberanía, mientras Estados Unidos y Brasil están atentos a lo que suceda..
Venezuela rechazó a inicios de diciembre “de manera categórica y contundente” a las recientes acciones conjuntas ejecutadas entre el Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno de Guyana, en torno a la participación del Comando Sur estadounidense en la renovación de instalaciones militares guyanesas, una de ellas en el territorio en disputa y a pocos metros de una base venezolana en el río Cuyuní.
Calificó de “inaceptable” la consolidación de instalaciones militares estadounidenses en territorio guyanés, incluyendo el uso militar del Aeródromo Brigadier Gary Beaton, ubicado en la Guayana Esequiba, un territorio en reclamación por Venezuela.
Y denunció en un comunicado que se trata de una “provocación” por parte de Guyana, que atenta “contra la estabilidad regional y socavan los principios del derecho internacional, y constituyen una amenaza a la paz regional, contrario al espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966”y resaltó que la “ampliación de estaciones navales y aeroportuarias para uso militar” por parte de EEUU, entorpecen la “resolución política” del diferendo.
El Esequibo es la llave para un canal dirigido a facilitar la anexión estadounidense de América del Sur, y por eso no debe sorprender la imposición de Washington sobre Brasil para que vetara el ingreso de Venezuela a los BRICS, mientras agitaba el fantasma de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
El Esequibo siempre fue el camino secreto para la anexión de América del sur a Estados Unidos. En 1970, con el gobierno del democristiano venezolano Rafael Caldera se abrió una tregua de doce años para definir el punto esequibo.
La explicación calderista del Protocolo de Puerto España suscrito por Venezuela, Reino Unido y Guyana era que Brasil aspiraba a expandirse sobre Venezuela y poseer la faja petrolífera del Orinoco, y también sobre Ecuador, dominando a Guayaquil, todo en continuación del plan estadounidense.
Muy posiblemente es hoy el mismo plan de Donald Trump y se llamaba Desacoplamiento europeo, cuyo lema es entregar Europa a Rusia a cambio de que ésta entregue América latina a los Estados Unidos. Cabe recordar que la función de la Guayana Inglesa desde su creación en 1616 hasta 2015 fue la de impedir que Estados Unidos conquiste América del sur.
Los mandos militares brasileños realizaron la 26° Reunión de Coordinación con las Fuerzas de Defensa de Guyana, el 28 de noviembre de 2023 y, según declaraciones del Ministro de Defensa, aumentarán la presencia al norte, dada la tensión existente entre el país guayanés y Venezuela. Y llegó el veto de Brasil a la entrada de Venezuela a los BRICS. Brasil es tan esequibano como Venezuela desde siempre.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso “compensar” a Venezuela y Guyana para que no se extraiga el petróleo que los yacimientos de la región del Esequibo, en disputa entre ambos países. Eso, dijo, podría aportar al fin del litigio, ante el riesgo de “un conflicto militar” en la zona..
“Lo está haciendo el mundo. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar de conflicto en el Esequibo. Guyana, aliado con Reino Unido, está en lo mismo”, advirtió Petro en un encuentro sobre la protección de la Amazonía.
Brasil ha acusado a Guyana de estar «chupando su petróleo con un pitillo», haciendo referencia al ‘cable’ que se introduce en el fondo marino para extraer el crudo. os 645.000 barriles por día (b/d) en 2024, todo ello procedente del bloque Stabroek, explican desde la agencia de la energía de EEUU. Sin embargo, parte de ese bloque hace frontera o se encuentra en aguas que sus vecinos consideran como suyas.
El ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, acusó a Guyana de «chupar» las reservas brasileñas de petróleo ubicadas frente a la costa de la región amazónica. Los planes brasileños de producción de crudo en la zona en conflicto con Guyana pretenden propulsar el bombeo de crudo del país tal y como revelan los planes de inversión de Petrobras y los recientes hallazgos de crudo en el Margen Ecuatorial.
El Esequibo, desde un punto de vista geográfico, forma parte del Macizo Guayanés que comparte características similares con estados de Venezuela como Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, donde se encuentra el Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de más de 111.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio, entre otros minerales.
Las tensiones entre Venezuela y Guyana han aumentado desde que en 2015 comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa. Hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, el 0,6% del total mundial.
La mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país. Y una porción importante de ese bloque se encuentra en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.
Aunque el reclamo venezolano ha persistido durante todo este tiempo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha elevado su voz progresivamente desde 2015, cuando se descubrieron vastos yacimientos de petróleo en la zona.
En diciembre pasado, Brasil confirmó el envío de 28 vehículos blindados al estado de Roraima, que se encuentra en alerta debido a que comparte frontera con los países en conflicto. Brasil enviaba un mensaje claro a Venezuela sobre la inviabilidad de escalar la crisis con Guyana. El 22 de noviembre, Brasil envió a Caracas al embajador Celso Amorim, su asesor en temas internacionales, quien se reunió con Nicolás Maduro. El mismo personaje que acompañó a Lula en el veto a Venezuela en los BRICS.
Brasil y Guayana comparten una frontera de 1.605 quilómetros con una conexión terrestre por el puente sobre el río Tacutu, inaugurado en 2009. La frontera entre Venezuela y la región del Esequibo está formada predominantemente por densos bosques, lo que dificulta el movimiento de tropas y vehículos blindados.
Brasil calcula que 300.000 personas viven en Esequibo y que un conflicto en la zona podría tener repercusiones económicas y sociales en las regiones brasileñas cercanas. Brasil también tiene parte de sus fronteras con Guyana determinadas por arbitraje y teme que este tipo de acuerdo pacífico se convierta en una disputa.
Pero cuando hay tantas riquezas por explotar, hay muchos países interesados y usan diversos medios para ubicarse en la conversación, como la entrevisra de la BBC inglesa a Irfaan Ali, el mandatario guyanés, la que desembocó en un debate sobre exctractivismo y sobre más de dos billones de toneladas de emisiones de carbono que serán emitidas del fondo marino de la costa de Guyana.
El mandatario guyanés le respondió: «¿Sabes que tenemos un bosque que tiene la extensión de Inglaterra y Escocia juntos y que almacena 19,5 gigatoneladas de carbono”.»Este es un bosque con vida que ustedes disfrutan, que el mundo disfruta, por el cual no nos pagan, que ustedes no valoran, del cual ustedes no ven ningún valor, el cual la gente de Guayana ha mantenido con vida», contestó Ali.
Haciendo un poco de historia, desde la construcción del canal de Panamá, se intensificó el deseo de adueñarse del sur del continente, para robarse el petróleo, el oro, el gas,. Hasta 2015 lo impidió el Reino Unido y la política venezolana sobre el Esequibo. En diciembre de 2023, el presidente venezolano
Nicolás Maduro reafirmó que su país no reconocerá en ninguna circunstancia la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa que tiene con Guyana por ese territorio.
Fue una respuesta a EEUU que había exhortado a Venezuela y a Guyana a que resolvieran su disputa por medios pacíficos, y consideró que no puede resolverse mediante un referéndum, refiriéndose al realizado el 5 de diciembre en Venezuela con resultado de aplastante apoyo a la reivindicación del territorio.
Retaba también a Brasil, cuyos mandos militares, realizaron la 26° Reunión de Coordinación con las Fuerzas de Defensa de Guyana, el 28 de noviembre de 2023 y, según declaraciones del Ministro de Defensa, aumentarán la presencia al norte, dada la tensión existente entre el país guayanés y Venezuela. Brasil es tan esequibano como Venezuela, desde siempre.
Venezuela realizó el referéndum en respuesta a la decisión de Guyana de licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar entre los dos países. A esto se sumó que el gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; Total Energies y Sispro Inc, de Francia..
En la lista también se encuentra International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).
La inmensa formación petrolera de Venezuela conocida como la “Roca Madre, La Luna”, formación generadora de hidrocarburos, se extiende desde la cuenca del Lago de Maracaibo, al occidente y se desplaza hacia el oriente, hasta el norte del estado Monagas y las cuencas tradicionales conocidas como “Querecual”, y luego se deposita en el reservorio de petróleo más grande del planeta: la Faja Petrolífera del Orinoco.
La existencia del “Cratón de Guyana”, al sur de Venezuela, actuó como un tapón, provocando que estas formaciones se desplazaran hacia el Delta del Orinoco y su fachada atlántica, justamente hacia el mar territorial del Esequibo.
*Observatorio en Comunicación y Democracia. Fundación para la Integración Latinomericana (FILA)
Brasil: El paquete de recorte de gastos
Márcio Alves de Oliveira & Rogerio de Souza *
El paquete presentado por el ministro de Economía brasileño Fernando Haddad a finales de noviembre es el episodio más reciente de la novela que se ven desde los años 90
El estrangulamiento neoliberal de las cuentas públicas puso reformas gubernamentales desenfocadas en la agenda a nivel federal, estatal y municipal, amenazando permanentemente a los servicios y servidores públicos. El paquete de recorte de gastos presentado por Fernando Haddad a finales de noviembre es el episodio más reciente de la telenovela que se ven desde la década de 1990.
Esta vez parecía que sería diferente. Los hipsters de Faria Lima no dejan de quejarse: que el paquete tarda demasiado en salir; que la economía con los recortes de gastos está por debajo de lo necesario; que no necesitaba anunciar simultáneamente la exención del Impuesto sobre la Renta (IR) para aquellos que ganan hasta cinco mil reales mensuales; que la tributación de los súper ricos causará fuga del país, etc.
Caracterizado por ser un nicho económico asociado con el capital especulativo, rentier, invertir en paraísos fiscales a través del extranjero y surrupiizadores disfraces como el presupuesto público, los grite de la rica clase Faria Lima resultó, en la izquierda, en un ligero entusiasmo por las medidas económicas del gobierno federal.
Las propuestas de gravar a los súper ricos que ganan más de 500.000 reales al mes, es decir, más de 600.000 reales al año, en hasta un 10%; prohibición en la creación, aumento o ampliación de los beneficios fiscales (exenciones fiscales), que hoy suman más de 500.000 millones de reales; limitación presupuestaria de subsidios y subsidios; techo al crecimiento de las enmiendas parlamentarias imponentes; etc. [ii], son bienvenidas, pero son bienvenidas, pero son bien consistió.
Muchos súperricos han recurrido durante mucho tiempo al subterfugio de la pejotización para no cobrar los impuestos adeudados y, en promedio, pagan menos del 5% de la cantidad recibida. A diferencia de la clase media que paga, al límite, 27,5% al mes. Por lo tanto, la propuesta de gravar en menos de dos dígitos esta corrupción[iii], compuesta por blancos ricos, que se hacen llamar casos exitosos, llama el caso del éxito.
Mientras que diferentes sectores de la élite económica se quejan de los programas de transferencia de ingresos del gobierno federal como Bolsa Família, se desprestigian con exenciones fiscales y diversos subsidios, vean las exenciones fiscales que la rama de ocio ha ganado en el contexto de la pandemia y que ahora no quiere dejar el hueso. La práctica excusada del presupuesto secreto que, como argumenta Jessé Souza, es una forma de corrupción que la gran prensa elige no nombrar así, debería terminar.[iv]
El paquete del gobierno de recortar el gasto hasta que siga la orientación internacional de gravar a los que ganan más, sin embargo, no menciona ni una sola palabra sobre la auditoría de la Deuda Pública, una propuesta histórica de la izquierda brasileña y una acción que sin duda resultaría en la economía de miles de millones de reales. Tampoco alude a la tributación del patrimonio de los súper ricos, especialmente los impuestos de sucesiones, como ya ocurre en varios países del mundo.
Sin embargo, la misma tierna no es la misma tierna cuando se trata de los instrumentos de aplicación de las políticas públicas dirigidos a capas vulnerables. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación, sumado al crecimiento del PIB de dos años anteriores, demostró, con el tiempo, un instrumento esencial para reducir las desigualdades en Brasil.
Estudios del IPEA han revelado el impacto de esta política pública para mejorar la distribución de los ingresos en el país.[v] Sin el paquete de recortes al gasto establece una especie de freno en este crecimiento. Reduce el techo a niveles que le conviene al Consejo Fiscal. Es decir, condiciona el aumento del valor del salario mínimo a la inflación, sumado al límite de hasta el 2,5% del PIB, aunque tenga un aumento más alto.
Un gobierno de centro-izquierda no puede tomar del horizonte que la clase obrera defiende, durante décadas, que el salario mínimo necesario para el mantenimiento de una familia de cuatro debería ser, según DIEESE, de R$ 6,79.77 o 4.79 veces el mínimo de R $ 1,142.00.[vi] Con la aprobación del paquete de recorte de gastos, el salario mínimo, que en 2025 sería R $ 1.521.00 a R$ 1.521.00. Violación de 72 reales en el año de capas vulnerables.
Otra política pública que ha ayudado a reducir las desigualdades en Brasil es el Salario Abono, un beneficio que equivale a un salario 14 para aquellos que ganan hasta dos salarios mínimos (actualmente R$ 2.824.00) con una licencia formal. El gobierno federal parece ver esta práctica como una mayoría imopsiva para la supervivencia de los estratos populares, y propone reducir, a lo largo de los años, a un salario mínimo y medio el ingreso mensual del contingente que tendrá derecho a recibir la Ayuda Salarial.
Con la justificación de pasar el delgado en los programas sociales, el gobierno federal se desperdicia al margen de que el principal problema de las cuentas públicas, es decir, la dificultad para que el país se desarrolle, es la corrupción de los estratos populares, especialmente los que se apropian mal del dinero de la nación.a 18 años incompletos, y una cantidad anual de 14.250 millones de reales [viii]; y en el beneficio continuo, el BPC.
Sobre esto último, además de indicar un posible fraude y distorsiones de una política pública que sirva a los grupos socialmente vulnerables -garantizar un salario mínimo al mes a los ancianos de 65 años o más o a la persona con una discapacidad de cualquier edad – el gobierno amplía la noción de familia, es decir, cónyuge no-habitante y ingresos de hermanos, hijos y enteros (no sólo solteros) que ahora cuentan para tener acceso a la ayuda.
Las personas de las capas populares con discapacidades y mayores suelen vivir con familiares en la misma casa o en la misma tierra con algunas casas, allí residen hija, nieto, bisnieta, etc. Por lo tanto, el riesgo de esta «delgada-comb» en las políticas públicas de la distribución del ingreso se convierte en una justificación para no conceder el beneficio, parecido a la práctica desarrollada por los gobiernos neoliberales de la década de 1990.
El paquete de recortes de gastos avanza en privilegios, sin embargo, al menos en un tercio está por encima de lo más vulnerable socialmente, y esto en el frágil contexto social que todavía se está repletiendo urgentemente la desgarrada tessitura social en la última década, especialmente después del golpe de 2016 y el desastroso gobierno de Bolsonaro.
Además, indica, una vez más, que las políticas públicas dirigidas a los estratos populares están necesariamente impregnadas de estafadores y engaños. Este mismo impulso moralizador no se libera en las políticas públicas delgadas conocidas por las fracciones de la élite económica. El caso de corrupción que involucra a las tiendas estadounidenses y a uno de los hombres más ricos de Brasil reafirma, una vez más, que los jugadores del rapty no viven en las periferias, colinas y favelas.
En la forma expuesta en la junta de disputas por el presupuesto, el paquete de recorte de gastos obligatorio sólo quiere dar supervivencia al muriendo Arvisional Fiscal a través de acciones que cumplan con las voluntades de aquellos que históricamente apropian dinero público y boicotean a la sociedad brasileña.
Es necesario extender en la medida de lo posible las aperturas políticas, esta verdadera disputa por una reforma social amplia y estructural que revierta el flujo de apropiación de la riqueza producida por la clase obrera. En este sentido, hay que abrir la puerta abierta por la propuesta del gobierno adecuado de que vía del Impuesto sobre la Renta transferirá 30 mil millones al año de los más ricos a 30 millones de trabajadores que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, que pueden cerrar rápidamente en el actual contexto político neoliberal desfavorable.
En otras palabras, desvelar la necesidad de una reforma por parte de la izquierda que impida la fuga de recursos públicos para un mercado de estas palabras, con: la recomposición de cuentas públicas a través de la reonación fiscal de las empresas privadas que siguen suctando dinero público; la disminución en la tasa de interés que drena 30 mil millones de dólares anuales a partir de 1 punto Selico y que, según criterios razonables, debería ser de 2 a 4 puntos inferior a la actual; el desmantelamiento de los reales que son los reales;de la deuda pública.
Para ello, los movimientos sociales de la izquierda tienen que potenciar los caminos fructíferos
presentados como la lucha por el fin de la escala del 6X1, luchando contra la alta precariedad presente en el mundo del trabajo y trayendo al horizonte de cambios más estructurales el tema del día de los 4 días, operando políticamente, así, también en la necesaria disputa ideológica concreta contra una sociedad neoliberal fascistaiz.
La lucha política por la justicia social a través de la redistribución de los ingresos en el sentido más amplio posible tiene que centrarse urgentemente en la alta precariedad social con los ricos pagando la cuenta de los profundos desajustes sociales que ellos mismos produjeron. Nunca caí en la «culpture» de los pobres para los problemas brasileños.[ix] El engaño de la élite económica depredadora y egoísta necesita ser cargado, no con ternura, sino con firmeza.
Notas
[i] Yo AMZA, Jesse. La élite del atraso. De la esclavitud a Lava Jato. Nueva York: Leya, 2017.
[ii] BRASIL. PLP no 210 del 29 de noviembre de 2024. Modaza la Ley Complementaria No 200, de 30 de agosto de 2023, que establece un régimen fiscal sustentable para garantizar la estabilidad macroeconómica del país y crear las condiciones adecuadas para el crecimiento socioeconómico, y da otras medidas. Disponible en: https://www.camara.leg.br/propositionsWeb/fichadetramitacao?idProposition?2473389.
[iii] SOUZA, 2017.
[iv] Yo ofrebo.
[v] IPEA. Desigualdad de ingresos en Brasil: un análisis de la caída reciente. Disponible aquí.
[vi] DIEESE. El costo de la canasta básica aumenta en todas las ciudades. Nota técnica. Disponible en: https://www.dieese.org.br/analysebasesis/2024/2024/202410cestabasica.pdf.
[vii] BRASIL. PL No 4614 de 29 de noviembre de 2024. Enmiende la Ley No 8.171, de 17 de enero de 1991, Ley No 8.742 de 7 de diciembre de 1993, Ley No 10.633, de 27 de diciembre de 2002, y Ley No. 14.601, de 19 de junio de 2023, establece disposiciones para las políticas públicas y adopta otras medidas. Disponible en: https://www.camara.leg.br/purposesWeb/fichatramitacao?idProposition ?2473375.
[viii] BRASIL. 2023 es el año con mayor promedio de beneficiarios, de valor medio e inversión federal en la historia de Bolsa Família. Disponible aquí.
[ix]Tejiendo, Jesse. El pobre de derecha. La venganza de los bastardos. Qué explica la adhesión de los resentidos a la extrema derecha? Río de Janeiro: Civilización Brasileña, 2024.
* Alves de Oliveira es profesor de filosofía en el Instituto Federal de Sao Paulo (IFSP), de Souzaes profesor de sociología en el mismo instituto y Coordinador Estatal de la Unión Nacional de Servidores Federales de Educación Básica, Profesional y Tecnológica (SINASEFE-SP).
Cambios en el portafolio de clientes de carnes uruguayas
Una reestructuración de los mercados abastecidos permitió mantener los niveles de ingresos por las exportaciones del sector cárnico durante este año, con relación al registro de 2023, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC). China compró bastante menos, pero otros dos mercados compensaron eso.
Jorge Acosta -gerente de Información del INAC- indicó que los ingresos totales por exportaciones del sector cárnico en 2024 estarán cercanos a USD$ 2.600 millones, un valor similar a 2023. Por lo tanto, el ingreso global se mantiene por encima de los promedios históricos en valores corrientes.
El mercado de China, se explicó, mostró nuevamente una disminución importante (-33%) de los ingresos y generará divisas totales que superarían los US$ 800 millones (32% del total), una nueva reducción que significa US$ 400 millones menos que el año anterior.
Como contracara, el mercado del USMCA (Estados Unidos, México y Canadá) crece en su participación y alcanza el 30% de los ingresos totales, para lo cual mostró un crecimiento de +31% y quedaría cercano a los US$ 800 millones.
Por su parte, la Unión Europea (UE) crecería un 17% y llegaría a US$ 400 millones al cerrar 2024 (15% del total).
Uruguay aumentó el consumo de carnes a casi 97 kg p/persona según las proyecciones y alcanza el ingreso por productos cárnicos de 2.600 millones de dólares.
Carne bovina
La carne bovina muestra en 2024 un volumen de colocación (-0,3%) y una valorización promedio (IMEx-Ingreso Medio de Exportación) similar a 2023.
Se alcanzarían unas 490 mil toneladas (peso carcasa) exportadas con un valor promedio por encima de los US$ 4.200/ton peso carcasa, lo que reiteraría el aporte de la carne bovina por encima de los US$ 2.000 millones.
China nuevamente redujo su participación del volumen en 30% y el precio promedio en 8%. Mientras, Estados Unidos compensa con un crecimiento del 64%, explicado por una duplicación respecto a 2023 de lo exportado extra-cuota llegando cerca de 80 mil toneladas peso producto y con un precio total similar a 2023.
Por su parte, la UE aumenta +23% el volumen y con un precio total similar (+1%).
Respecto a los principales contingentes arancelarios que dispone Uruguay para carne bovina, cabe mencionar que se han aprovechado en su totalidad, con precios superiores de 11% para Cupo Hilton y de 8% para Cupo Estados Unidos. El ingreso semanal generado por exportación de carne bovina fue de US$ 3.475/ton
Carne ovina
Con relación a la carne ovina, cabe mencionar una disminución de 34% en volumen respecto a 2023 que podría alcanzar las 17 mil toneladas peso carcasa, con una reducción dramática de China del 70% como destino.
El valor promedio del IMEx en carne ovina cerraría 2024 cercano a US$ 4.000/ton peso carcasa, valor promedio similar al año anterior.
Por su parte, Brasil mantiene los volúmenes, pero crece en su participación al 28% con valores por encima del promedio (US$ 5.420/ton pc), mientras USMCA y UE disminuyen nuevamente la participación (a valores de 5% y 2%, respectivamente) con valores de IMEx inferiores al promedio global.
¿Es relevante un arancel de 25% a las exportaciones mexicanas a EEUU?
Enrique Dussel Peters *
El próximo presidente de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2025, ha sido contundente en múltiples ocasiones en amenazar a México e imponer aranceles a las importaciones estadunidenses provenientes de México. En su última versión los aranceles serían de 25 por ciento para todos las mercancías mexicanas. ¿Qué tan relevantes son?
En recientes contribuciones hemos destacado la nueva relación triangular entre Estados Unidos, China y México, señalando que 21.4 por ciento de las exportaciones mexicanas a EU fueron en 2020 valor agregado chino y que alrededor de 70 por ciento de las exportaciones mexicanas las realizan empresas extranjeras y particularmente estadunidenses. De igual forma, los flujos del comercio exterior de México han cambiado drásticamente en el transcurso del siglo XXI:
Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de México (con 62.58 por ciento del comercio exterior en 2023, muy por debajo del 81.03 por ciento en 1999) y particularmente a causa de la disminución de EU en las importaciones mexicanas, de apenas 42.68 por ciento en 2023 (y de 75.59 por ciento en 1996). China, como hemos destacado en esta columna, es un factor crucial para comprender estos cambios, aunque EU sigue siendo por mucho el principal destino de las exportaciones mexicanas (con 82.66 por ciento en 2023).
¿Qué tan relevante pudiera ser la imposición de un arancel generalizado de 25 por ciento, considerando que serían las empresas estadunidenses establecidas en México las principales afectadas? Varios aspectos son de relevancia, haciendo uso de la información proporcionada por el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y diversos análisis recientes del Boletín FAL de la Cepal.
Primero. Estados Unidos fue el principal promotor de tratados de libre comercio desde mediados del siglo XX –bilaterales y multilaterales a través de la Organización Mundial del Comercio– en aras de reducir las tasas arancelarias del comercio internacional. Como resultado, el arancel del total de las importaciones estadunidenses efectivamente cobrado fue el menor en su historia en 2008, con 1.23 por ciento y, desde entonces, inició un aumento hasta el 2.35 por ciento en 2023. El inicio de la guerra comercial entre EU y China en 2018 precipitó este aumento y afectó a todos los principales socios comerciales de EU.
Segundo. Las diferencias por países en los aranceles efectivamente cobrados por EU son drásticas. En 2023 China pagó un 10.40 por ciento y los dos países miembros del T-MEC fueron los principales beneficiarios, con un arancel promedio de apenas 0.18 por ciento, México de 0.26 por ciento y Canadá de 0.09 por ciento. Es decir, China pagó un arancel 41 veces superior en promedio a México.
Tercero. El arancel pagado por las importaciones de EU provenientes de México fue en 2009 un mínimo de 0.09 por ciento y aumentó lentamente desde entonces para alcanzar un 0.26 por ciento en 2023. Pocos sectores pagan en promedio un arancel superior a uno por ciento (por ejemplo, el tabaco, con 10 por ciento), mientras los principales importadores de Estados Unidos desde México gravan aranceles sorprendentemente bajos: automotor (con apenas 0.37 por ciento), autopartes (0.19 por ciento) y electrónica (0.27 por ciento). En cada uno de estos rubros el arancel de las importaciones totales de EU es por lo menos cinco veces superior al de México y más aún para las importaciones provenientes de China.
Estas tendencias son relevantes desde varias perspectivas. La imposición de un arancel generalizado de 25 por ciento implicaría un incremento del arancel de 68 veces para el sector automotor, 77 veces para la cadena automotriz y de 132 veces para la electrónica. Estos considerables aumentos con certeza tendrían implicaciones en las utilidades de las empresas exportadoras estadunidenses establecidas en México que, en la mayoría de los casos, operan con márgenes reducidos; ante la competencia con empresas chinas los retos de inversión en estos rubros son enormes.
De igual forma, y al menos a corto plazo, las propias empresas estadunidenses traspasarían sus nuevos costos a los consumidores de EU ante la imposibilidad de cambiar la proveeduría fuera de México. Bien pudiera plantearse que si Trump impone aranceles del 60 por ciento a China y de 25 por ciento a Canadá y México, éstos últimos aumentarían sus ventajas con respecto a China. Sin embargo, y por el momento, sorprendentemente Trump no ha mencionado al resto del mundo y fuera de estos tres países. Es decir, en el peor de los escenarios sólo Canadá, China y México se verían afectados por los nuevos aranceles de la administración Trump.
¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
Gasto corriente creció 30% en Perú, pero la inversión pública solo 13%
La Ley de Presupuesto del Sector Público para 2025, establece un monto de S/251,801’045,185 para el próximo año, lo que significa un crecimiento de 4.5% si se compara con el aprobado para 2024.
Incluyen bonificación en la Ley de Presupuesto publicada hoy en las normas legales.
Al respecto, la economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Paola Herrera, manifestó a este diario que algo que ha llamado la atención es el incremento del gasto corriente, que para el caso del gobierno nacional asciende a S/101,975’021,764.
“Lo que se destina a la planilla pública está dentro del gasto corriente, y esto ha crecido en términos reales 30% en cinco años, mientras que la inversión pública solo ha avanzado 13%”, añadió.
Del mismo modo, detalló que en el proyecto inicial que presentó el Ejecutivo al Congreso, el monto destinado a este gasto era de S/100,161’107,558, es decir, S/1,813 millones menos de lo que finalmente se aprobó.
“Se han desviado S/1,800 millones de inversión pública a gasto corriente. Sigue preocupando este incremento que vemos cada año”, aseguró y señaló que esta situación perjudica el cumplimiento de las reglas fiscales para los próximos años.
Por otro lado, se conoció que el presupuesto de 2025 contempla que en marzo se dará un primer aumento de S/100 para los profesores nombrados de la Carrera Pública Magisterial y profesores contratados en el marco de la Ley 30328.
Según el glosario del Banco Central de Reserva del Perú, el gasto corriente se refiere a pagos no recuperables y comprende los gastos en planilla (personal activo y cesante), pagos de intereses de la deuda pública, compra de bienes y servicios, y otros gastos de la misma índole.
La paradoja del gas como combustible de transición en Colombia
En Colombia, el gas natural ha sido considerado como un combustible clave para la transición energética. Aunque es una opción menos contaminante, sus impactos en la salud humana y el medio ambiente son innegables. Además, la limitada disponibilidad de reservas en el país pone en cuestión su viabilidad como alternativa energética a mediano plazo.
Hace décadas, la ciencia viene advirtiendo que son los combustibles fósiles la causa de la crisis climática. A lo largo de la historia, la industria del carbón, petróleo y gas ha sido responsable de más de tres cuartas partes de todas las emisiones históricas de dióxido de carbono desde la Revolución Industrial, como lo indica el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
El gas, aunque en teoría genera 40% menos de dioxido de cárboo (CO2) que otros combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, sigue siendo una fuente de gases de efecto invernadero altamente potente.
De hecho, el metano, que es su principal compuesto, se encuentra en segundo lugar después del CO2, y representa el 20% de las emisiones mundiales, según se indica el informe «¿Es el gas natural una buena inversión para América Latina y el Caribe?» , realizado por el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas.
Camilo Prieto Valderrama, médico y profesor de cambio climático y salud ambiental, recalca que el metano es más dañino que el CO2 en términos de calentamiento global e insiste en que la categorización del gas como un «energético limpio» es un mito comercial. «Termodinámicamente, todos los energéticos tienen un impacto ambiental», afirma Prieto.
Entre tanto, para Andrés Gómez, ingeniero de petróleos y coordinador para América Latina y el Caribe del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, se habla de “gas natural” porque se le ha hecho un lavado de imagen a este hidrocarburo, que es un combustible fósil.
“Solo tiene alrededor de 30% menos de emisiones de CO2 cuando se quema, pero, el gran problema es que buena parte del gas fósil, durante toda su cadena de extracción, hasta la llegada al consumidor final, como las casas, genera fugas”, explica. Gómez puntualiza que “cuando el metano, que es el mayor componente del gas fósil, se libera sin quemarse, tiene un efecto 86 veces mayor que el CO2 en términos climáticos en un horizonte de 20 años”.
“Cerrar el grifo” del gas natural en Colombia, donde las principales emisiones no provienen del sector energético, sino de la transformación del uso del suelo, es un álgido debate.
El mito de la inocuidad del gas natural
A pesar de que el gas natural es una fuente de energía menos contaminante que el carbón o el petróleo, no está exento de problemas. En los últimos años se ha demostrado que las emisiones fugitivas de metano (filtraciones durante la extracción y transporte) son más elevadas de lo que se creía, lo que aumenta su contribución al cambio climático.
Además, la combustión del metano tiene efectos perjudiciales sobre la salud pública, como el desarrollo de enfermedades respiratorias y el cáncer de pulmón, además de las que están relacionadas con la contribución al calentamiento global, como los golpes de calor, o la exposición a los rayos UV por el daño a la capa de ozono.
“Si uno mira todos los fósiles, en general son responsables de 5.3 millones de muertes al año en el mundo. Aunque, obviamente, con la adecuada gestión del riesgo y ventilación en las casas, el gas natural es mucho menos agresivo que quemar leña”, explica Prieto.
En cuanto al impacto al medio ambiente, para Prieto es clave resaltar que, aunque el metano, principal componente del gas natural, solo vive en la atmósfera 12 años, su proceso de degradación en la atmósfera genera grandes impactos.
“Desde el principio el metano tiene un comportamiento de gas de efecto invernadero por su interacción con los infrarrojos, es decir, que retiene calor, pero cuando se transforma mediante la acción de los iones hidroxilo, también produce CO2, y este vive en la atmósfera alrededor de 200 años”, agrega el experto.
Entre tanto, para Gómez, que hoy usemos hornillas o calentadores de gas para el agua si es algo problemático, no solo por las fugas de metano, sino porque este genera emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) todo el tiempo, una mezcla de gases que afecta las vías respiratorias y los bronquios. “Esto es algo de lo que no se habla a menudo por el lobby que tiene el gas”, indica el experto.
De hecho, agrega, «cuando se compara la capacidad de generar efecto invernadero entre el CO2 y el metano (CH4), este es muchísimas veces peor que el dióxido de carbono, y cabe aclarar que este sale sin quemar por cuenta de la cadena extractiva del gas fósil”.
En el informe de Naciones Unidas también se enfatiza en que el gas sólo es “natural” cuando se mantiene bajo el suelo. Cuando se libera a la atmósfera es peligroso y tóxico. De hecho, los datos del informe sugieren que el gas natural no es un combustible de transición, sino una regresión.
“Al menos 21 toxinas han sido identificadas en el gas natural sin quemar, incluyendo el benceno, un carcinógeno que daña las células blancas y rojas de la sangre en el cuerpo humano. Las estufas de gas emiten niveles de metano mucho más altos de lo que se pensaba inicialmente, incluso cuando están apagadas. Cocinar con gas también libera sustancias tóxicas que afectan la salud y están vinculadas incluso con causas de cáncer», dice el informe.
El documento basado en un estudio realizado en Boston, Estados Unidos, indica que «aunque el gas natural está instalado en muchos hogares de América Latina y el Caribe, existe evidencia suficiente para comenzar de manera urgente una transición ordenada hacia las energías renovables para la generación de electricidad, incluyendo la cocina y la calefacción”.
Asimismo, el Global Methane Assessment, realizado por la Coalición del Clima y el Aire Limpio, indica que si se redujeran las emisiones de metano en 45 % en esta década, se evitarían 260 000 muertes prematuras, 775 000 visitas al hospital relacionadas con el asma, 73 000 millones de horas de trabajo perdidas por calor extremo y 25 millones de toneladas de pérdidas de cosechas al año.
“El gas, inofensivo, no es. Otra cosa es que somos altamente dependientes, pero hay que salir de él como energético. Se puede seguir usando, pero no para quemarlo, sino para transformarlo en estructuras que permitan reutilizar, como en el caso de agroquímicos como la úrea, para la que se necesita metano”, indica Prieto.
El potencial del gas natural en Colombia
Colombia ha sido históricamente autosuficiente en cuanto a gas, pero las reservas se están agotando, y para 2025, el país podría enfrentar un déficit de 7 % en su capacidad para atender la demanda nacional.
Ante este panorama surge la disyuntiva de seguir produciendo gas nacional o recurrir a la importación. Pero importar gas no es una opción fácil ni económica, dado el complejo escenario geopolítico y los costos asociados y, además, resultaría ser una opción mucho menos amigable con el medio ambiente.
Según el estudio de Tendencias y Perspectivas del sector Petróleo y Gas en Colombia, con corte a agosto de 2024, en el país los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen.
El estudio, elaborado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, exceptúa los proyectos costa afuera que, según se indica, tienen una alta prospectividad para el gas, pero debido a que se encuentran en etapa de delimitación y evaluación, se consideran recursos contingentes.
“Para el caso del gas natural, la situación es crítica pues las reservas vienen decayendo progresivamente. Desde 2012, año en el que el país logró el máximo nivel de reservas, estas han caído en 58 %”, indica el informe.
Además, el índice de reposición de reservas promedio de los últimos 10 años (2014-2023), es de 25 %, es decir, que de cada 10 pies cúbicos que se producen, 2,5 nuevos pies cúbicos se adicionan, o en otras palabras, se está descubriendo menos gas del que se produce y consume.
A pesar de este panorama, para Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), los combustibles fósiles y el gas natural seguirán siendo esenciales para el país porque, según dice, aún no existe una tecnología que sea capaz de reemplazar la generación térmica o el uso de combustibles “de la noche a la mañana”.
A su juicio, el papel de las renovables en Colombia es ir llenando el hueco para cubrir las necesidades adicionales de la matriz energética, por eso asegura que el energético de la transición sí es el gas.
“El gas da la confiabilidad que no dan las fuentes renovables, así como otros usos en cuanto a energía eléctrica y transporte, y frente a los otros hidrocarburos crece porque tiene menos emisiones de CO2. Entonces, ¿por qué la negación a ese tema? Además, Colombia tiene una matriz eléctrica muy limpia, y la térmica soporta la hidráulica cuando no la tenemos”, argumenta Castañeda.
Para este líder del gremio de las energías térmicas no habrá una eliminación total de los combustibles fósiles y prevé que el gas natural se siga usando al menos hasta 2050. Al menos, así lo indican las proyecciones del descubrimiento de pozos en el mar Caribe colombiano.
“¿Por qué nosotros si tenemos carbón, gas y petróleo nos vamos a negar la oportunidad de seguirlo sacando, ya sea para exportar o consumir? La humanidad lo va a seguir usando, el tema al final del día es qué tecnología somos capaces de hacer para mitigar y cancelar las emisiones”, indica Castañeda.
Ello pese a que la deforestación es el principal problema ambiental que tiene Colombia relacionado con el CO2 y el calentamiento global. Sin embargo, compensar las emisiones de CO2 que producimos no elimina el hecho de que somos uno de los países más vulnerables por los efectos de la crisis climática.
“La atmósfera no conoce de límites territoriales, y hoy se saca petróleo y carbón de Colombia para que lo quemen en otro lado, lo cual nos sigue afectando indirectamente a nosotros, por eso hay que generar acciones que realmente impliquen que generemos una salida de los combustibles fósiles», afirma Gómez, quien también es investigador.
A su entender, «al decir que emitimos poco estamos admitiendo que otros generen mucho y eso nos genere afectaciones, además de seguir dependiendo económicamente de esos países”.
Por su parte, Luisa Fernandada Umaña, investigadora y experta en temas de energía y justicia climática, explica que el discurso de la compensación se basa en una falsa equivalencia. “No se pueden comprar las emisiones intensivas que se generan cuando se explota, por ejemplo, un pozo petrolero, con la captura que hace el proceso biótico de un árbol. Además, ¿qué tan posible es la compensación en un modelo que consume intensivamente fósiles?”, afirma.
Cabe resaltar que esta discusión también está enmarcada en la necesidad de mantener los límites planetarios y de sostener la vida en el planeta, donde el gas no es compatible con esto.
Colombia y el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles
Colombia se adhirió al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles durante la cumbre de cambio climático (COP28) en Dubái, en diciembre de 2023. Dicho tratado procura la eliminación gradual de la extracción de petróleo, gas y carbón, la aceleración de la adopción de energías limpias y la diversificación económica para abandonar los combustibles fósiles.
El tratado sugiere que se debería detener la aprobación de nuevos proyectos de extracción de petróleo, gas y carbón de forma inmediata. Esto incluye no autorizar nuevas minas, perforaciones o infraestructuras de combustibles fósiles, lo que ya está ocurriendo en Colombia.
Según ACP, Colombia cuenta con cerca de 300 convenios y contratos firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de los cuales, a junio de 2024, solo 90 se encuentran con fase exploratoria en ejecución, y representan 46 % de las áreas asignadas.
Entre estos últimos hay 110 pozos exploratorios pendientes de ser ejecutados (todos compromisos contractuales). Según el informe de ACP, estas obligaciones deberán cumplirse entre 2024 y 2030, es decir que, sin nuevos incentivos a la exploración, a 2030 se vislumbra el final de la actividad exploratoria en el país.
El documento puntualiza que la baja exploración no permitirá incorporar las reservas suficientes para garantizar los recursos energéticos y fiscales que el país necesita.
La ilusión de las reservas de gas en el Caribe colombiano
Hoy, la esperanza del futuro de la producción de gas en Colombia está puesta en aguas ultraprofundas del mar Caribe, donde existe un yacimiento en el que se calculan reservas de cuatro terapies cúbicos (TPC) de gas.
Esos yacimientos tienen un volumen superior al de las actuales reservas probadas del país, que están alrededor de 2,82 terapies cúbicos, con capacidad para abastecer la demanda nacional hasta el 2042, e incluso, se plantean posibilidades de exportación.
Pero, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Los expertos consultados coinciden en que realizar este proyecto implica tener en cuenta importantes aspectos económicos y ambientales.
“Los proyectos gasíferos offshore, costa afuera, significan muchos riesgos económicos tanto para Ecopetrol como principal accionista, como para el costo final del gas. No estamos hablando de pozos como en Chuchupa, porque la diferencia es que estos se encuentran en aguas ultra profundas, una especificidad técnica que sí es nueva en la infraestructura colombiana, lo que significa grandes inversiones”, explica Umaña.
“En los pozos de Chuchupa, que se descubrieron en los 80, la distancia entre la superficie del agua y el lecho marino es de entre 30 y 50 metros. Pero estos pozos De Puple Angel y Gorgon (frente a las costas de Antioquia y Córdoba), tienen una lámina de agua de 2400 metros», agrega Gómez.
Es decir, agrega, «hay que tener unos equipos gigantescos para poder llegar allá y, además, generar una infraestructura de tubería y facilidades de extracción que conecten con el gasoducto. Eso implica que la tarifa del gas sería cinco veces más cara a como lo tenemos hoy, o promover muchos subsidios”.
“El pozo Komodo 1, que está mar adentro, en La Guajira, es el más profundo que se pretende perforar en la historia, y tiene una lámina de agua de 4.000 metros. Eso lo detuvo el Ministerio de Ambiente porque no se sabe que hay allí, qué tan importante es esa vía o cuáles son las afectaciones”, asegura Gómez.
Además, según el estudio Perspectivas del gas en Colombia, elaborado por el International Institute of Sustainable Development y el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, la demanda de los campos de Gorgón y Uchuva, en el Caribe colombiano tendrían una declinación rápida, aproximadamente habría gas hasta 2050.
La paradoja del uso del gas en Colombia
A pesar de los mencionados estudios, Castañeda indica que desde hace 20 años se sabe que Colombia tiene un gran potencial para extraer gas natural, “pero, para sacar ese potencial hay que seguir trabajando, firmando contratos y explorando para materializar la expectativa de reservas. Hay estudios de que Colombia tiene entre 30 y 70 terapies cúbicos de gas enterrados que se pueden utilizar”.
La gran preocupación es que, actualmente, Colombia no ha logrado reemplazar las reservas de gas y la situación es compleja porque, para 2025, ya no habría suficiente gas en el país para atender parte de la demanda residencial, industrial y comercial.
Para Gómez, “la transición del gas debería ser lo más pronto posible, porque no tenemos. Es una realidad más allá de los argumentos ambientales. Esto implica acelerar en los sectores el reemplazo de este combustible, en donde más se utilice, por ejemplo las centrales energéticas”.
Panorama internacional
1.- Trump, la intensificación de la estrategia contra China
Eduardo García Granado *
La victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre supuso un terremoto de dimensiones globales. Acompañado por un notable refuerzo republicano en el poder legislativo, y a pesar de que la hipótesis de un retorno del magnate a la Casa Blanca siempre estuvo encima de la mesa, lo cierto es que, en cierta medida, el resultado tomó por sorpresa a analistas y líderes mundiales, particularmente por la contundencia del éxito. A lo largo de la campaña, Donald Trump había insistido en su enfoque aislacionista y en su tendencia a minimizar la importancia concedida desde Washington a Ucrania y Rusia.
En este sentido, la discrepancia entre demócratas y republicanos se ha visto acentuada desde la invasión rusa en 2022. El gobierno de Joe Biden mantuvo una perspectiva atlantista, hecho que habría persistido en una eventual (hoy, ya, imposible) presidencia de Kamala Harris. La ayuda financiera y armamentística a Ucrania, si bien matizada, se habría visto con toda probabilidad sostenida en el tiempo. Los demócratas han sido favorables a una presión contra Rusia en el escenario ucraniano que desgaste las capacidades de Moscú de ejercer como contención antiestadounidense en beneficio de China.
Mientras la guerra ruso-ucraniana se perfilaba como un innecesario dolor de cabeza para una nueva administración trumpista, el caso de la disputa con China es exactamente el contrario: demócratas y republicanos coinciden en la doctrina del Pivot to Asia; es decir, que Estados Unidos ha de enfocar su política exterior y sus recursos militares, diplomáticos y económicos en presionar a China en Asia-Pacífico. De esta forma, Washington busca limitar la consolidación de Pekín como gran actor contrahegemónico no alineado con el esquema de poder estadounidense y occidental.
China, más prioritaria que nunca
Los relativos fracasos de la guerra comercial de Estados Unidos contra la economía china, así como las limitaciones que demócratas y republicanos han enfrentado a la hora de tomar posiciones diplomáticas con actores regionales, elevan el carácter de urgencia del Pivot to Asia. Hace casi veinte años que la administración Obama, que empezaba por aquel entonces a dar sus primeros pasos, decretó el giro estratégico hacia Asia. Desde entonces, lo evidente es que el bloque no ha logrado su objetivo primario: impedir el asentamiento del orden multipolar.
Donald Trump buscará recrudecer la disputa contra China, intensificando además los métodos; el tiempo no parece jugar a favor de Estados Unidos. Aunque es probable que el nuevo ejecutivo trumpista no abandonará inmediatamente el escenario de Oriente Medio, sí está convencido de la necesidad de destinar buena parte de los recursos de disuasión militar a Asia-Pacífico.
Trump podría apoyar a Israel en Gaza, Líbano e Irán, sí, pero es posible que exija a Netanyahu una suerte de aceleración —las nominaciones de figuras “turbosionistas” para su gabinete refuerzan esta idea—, a cambio de algo parecido a una paz antes de 2026. Es decir, el nuevo gobierno en Washington daría “manga ancha” a Tel Aviv para que avance todo lo que pueda a lo largo de 2025, buscando así una especie de paz sobre “lo logrado” que permita derivar recursos a Asia y concentrar los que queden en Oriente Medio en torno a Irán.
En cualquier caso, China será efectivamente el núcleo del interés estadounidense, pues es Pekín quien cuestiona en mayor medida el sueño unipolar de las élites norteamericanas y sus aliados en Europa y otras regiones. Sin buscar el colapso del Gigante asiático o, en su defecto, su debilitamiento relativo, será imposible retornar al esquema de poder de la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI.
De hecho, la narrativa trumpista de la reindustrialización nacional está estrechamente ligada con el Pivot to Asia: dado que la competitividad de las industrias chinas se ha logrado mediante prácticas “desleales” —que se parecen, sospechosamente, a las empleadas por las principales economías occidentales durante su fase de crecimiento—, y considerando que es esta misma competitividad la que atenta contra los intereses de la clase trabajadora nativa estadounidense, presionar a China militar, comercial y diplomáticamente es, en esencia, “defender” a los trabajadores de Estados Unidos.
La agresividad antichina del trumpismo, enmarcada en el Pivot to Asia, es parte también de una ofensiva cultural. La problemática del fentanilo, evidencia del negligente sistema de salud pública y prevención de problemas asociados a la drogadicción de Estados Unidos, ha sido empleada durante la campaña como parte de la arquitectura discursiva contra Pekín. Howard Lutnick, el nominado por Donald Trump para la secretaría de Comercio, llegó a asegurar que la droga estaba siendo introducida directamente por China para “atacar desde dentro” a la clase trabajadora norteamericana.
Los hombres de Trump
Aunque la mayoría han de recibir todavía el aval del Senado estadounidense, los nombres puestos encima de la mesa evidencian la voluntad de Trump de incidir en la lógica del Pivot to Asia contra China. JD Vance, el elegido por Trump para ser su candidato a la vicepresidencia (y, por ende, hoy vicepresidente electo), Marco Rubio, su secretario de Estado, Pete Hegseth, su secretario de Defensa, Howard Lutnick, su secretario de Comercio o Mike Waltz, su consejero de Seguridad Nacional. Todos coinciden, a grandes rasgos, en el enfoque respecto a China.
Lutnick, sin ir más lejos, fue uno de los nombres propios que en mayor medida mencionó la idea del fentanilo chino. Además, ha sido seleccionado por Trump para el área destinada a las políticas arancelarias, pues se ha manifestado favorable a un arancel del 60% para todos los productos chinos —una de las ideas sostenidas por el presidente electo durante la campaña—. La batalla arancelaria, pues, debería ser un pilar más firme de lo que ya lo fue con Biden o con el primer Trump. A través de esta presión, Washington aspira a limitar o detener el crecimiento económico chino, que es la base de su consolidación como potencia contrahegemónica.
Rubio ocupará la cartera más importante de la política exterior estadounidense: será el secretario de Estado. Es cierto que su nominación responde en cierta medida al peso del electorado latino en las elecciones, pues Rubio (de ascendencia cubana) se ha mostrado como senador particularmente agresivo contra gobiernos regionales como el cubano o el venezolano. Sin embargo, y a pesar de que es reseñable que Trump otorgue esta cartera a un perfil “latinoamericanista”, no es menos notoria su posición al respecto de China.
Rubio fue protagonista, desde el Senado, en varias campañas contra el Gobierno chino, en particular las relacionadas con Huawei, Tiktok y la minoría uigur en la región occidental de Xinjiang. Con nombres como Rubio, Lutnick o el propio Vance, es previsible pues que Estados Unidos intensificará su agresividad contra China, incluso aunque haya ciertas discrepancias al respecto en algunos sectores del capitalismo norteamericano.
Las alianzas regionales aspiran a ser decisivas en el apartado diplomático de la estrategia antichina. La incipiente “tríada” con Japón y Corea del Sur, el AUKUS con Reino Unido y Australia o el Quad, con Japón, Australia e India, acompañan la que apunta a ser la alianza más importante de Washington: la de la isla de Taiwán. Allí, los sectores anticomunistas y favorables a los intereses occidentales en Asia-Pacífico han ganado tres elecciones consecutivas, consolidando el protonacionalismo taiwanés en oposición a quienes defienden una reunificación con la China continental.
La “nueva” fase de la política exterior de Estados Unidos no es estrictamente “nueva”. Se trata, en realidad, de la intensificación de dinámicas ya existentes. Con Obama, primero, con Trump, después, con Biden, nuevamente, y ahora con Trump, Washington y su esquema colectivo de poder han puesto el foco en la presión contra China desde 2008. Lo que probablemente cambie sea la magnitud de dicha estrategia.
Comercialmente, el ascenso a un 60% generalizado de aranceles para productos chinos es un salto notable. Estratégicamente, este mandato será crucial. Si Trump logra “apagar los fuegos” en Ucrania y Oriente Medio, podrá desviar recursos militares a Taiwán y, en general, al Asia-Pacífico. De lograrlo, la dinámica multipolar podría tornarse bipolar. Si Washington no lo logra, es esperable que la consolidación china sea casi irreversible. El próximo lustro marcará la geopolítica del siglo XX… y el primer gran evento ha sido la victoria de Trump.
* Politólogo y maestrando en Relaciones Internacionales. Miembro de Descifrando la Guerra.
2.- OPEP+ retrasa tres meses la reactivación de su producción de petróleo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios habían anunciado por primera vez en junio que restablecerían la producción paralizada desde 2022, reactivando 2,2 millones de barriles diarios en tramos mensuales
La OPEP+ ha pospuesto tres meses la reactivación de su producción de petróleo, siendo esta la tercera vez que lo hace, en un periodo en el que los precios del crudo se encuentran ante un superávit inminente.
El conjunto liderado por Arabia Saudita y Rusia ha retrasado una serie de incrementos en la oferta, que se esperaba iniciar con un incremento de 180.000 barriles al día en enero. Por otro lado, se iniciará en abril y los recortes se eliminarán a un ritmo más pausado de lo previsto, según un comunicado de la alianza.
No se espera que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumenten su producción hasta abril. Este país había obtenido previamente el derecho, aparte de los ajustes en la producción del grupo, de incluir gradualmente 300.000 barriles diarios más en fases mensuales a partir de enero, teniendo en cuenta sus recientes inversiones en capacidad productiva. «La OPEP ha sido adquirida durante un periodo», indicó Harry Tchilingurian, encargado de investigaciones y análisis de petróleo en Onyx Commodities Ltd. «Sin embargo, los precios no anticipan a nadie y, si las expectativas de la demanda se deterioran aún más, entonces el apoyo proveniente de los recortes actuales experimentará rendimientos cada vez más bajos y podríamos evaluar una cifra cercana a los US$60 dólares».
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios habían anunciado por primera vez en junio que restablecerían la producción paralizada desde 2022, reactivando 2,2 millones de barriles diarios en tramos mensuales.
Pero sus planes se han visto frustrados al tambalearse la demanda de petróleo en China, principal consumidor, mientras se disparan los suministros de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Los mercados mundiales se enfrentan a un superávit en 2025 incluso si la OPEP+ no añade ni un solo barril, según la Agencia Internacional de la Energía.
En una indicación del apuro de suministro de la OPEP+, el acuerdo significa que el grupo solo habrá deshecho por completo sus llamados recortes voluntarios de producción en septiembre de 2026, un año entero más tarde de lo previsto inicialmente. El conjunto de cuotas de producción que limitan al grupo más amplio de la OPEP+ se prorrogó un año, hasta finales de 2026.
Los precios del petróleo han bajado cerca de un 18% desde principios de julio, ya que los operadores se encogen de hombros ante la agitación en Medio Oriente y se centran en cambio en la ralentización de China, que se ha enfrentado a una serie de retos económicos. Citigroup Inc. y JP Morgan Chase & Co. han pronosticado que el crudo seguirá deslizándose hacia los US$60 el año que viene, incluso si la OPEP+ sigue conteniendo la producción.
Eso supone una amenaza financiera para muchos miembros, incluidos los saudíes, que ya se han visto obligados a recortar gastos en fastuosos planes de transformación económica. Su aliado en el mercado del petróleo, el presidente ruso Vladimir Putin, busca ingresos para seguir librando la guerra contra Ucrania.
Prorroga de los recortes en la oferta hasta 2025
La OPEP se reunió en junio en Arabia Saudita y acordó sostener las restricciones en la producción para evitar que caigan los precios internacionales. Además, estableció un sendero para que a lo largo del próximo año el fin de los recortes sea gradual.
Anunció asimismo que prorrogará los recortes en la oferta de barriles de petróleo hasta 2025. A partir del año que viene, los limitantes se quitarán de manera gradual hasta regularizar la producción de los países miembros.
El organismo compuesto por Arabia Saudita, Argelia, Angola, República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, informó la medida a través de un comunicado, después de que se publicara la declaración final de la 37ª conferencia ministerial de la OPEP+.
Desde octubre de 2022 la alianza responsable de cerca del 40% de la oferta mundial de crudo ha rebajado sus suministros en alrededor de un 5,7% de la demanda total.
De esta manera, se extendió hasta el 31 de septiembre de 2025 la validez de las reducciones vinculantes de lños niveles de producción adoptadas en 2022 y 2023.. La medida busca un aumento en el precio del barril de petróleo internacional, que hoy se cotiza en torno a los 80 dólares el barril.
La caída de la demanda a nivel mundial de petróleo, especialmente en China, sumado al crecimiento de la actividad en Estados Unidos, mantienen el valor bajo y muchos miembros de la OPEP+ señalan que no pueden equilibrar sus presupuestos.
En ese marco, Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia participaron en la tercera ronda de recortes. «Estos países prorrogarán sus recortes voluntarios adicionales de 2,2 millones de barriles de petróleo por día (bpd) anunciados en noviembre de 2023, hasta finales de septiembre de 2024”, señala el comunicado.
“A continuación, el recorte de 2,2 mbd se eliminará gradualmente de forma mensual hasta finales de septiembre de 2025, según la tabla», completa el texto emitido por el grupo. Asimismo, se le asignó a los Emiratos Árabes Unidos una cuota de producción más elevada, de 3,5 millones de bpd en 2025, frente al nivel actual de 2,9 millones.