Países en desarrollo pierden 100 mil millones al año por evasión de transnacionales

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MARÍA LUISA GIL | El pasado 18 de septiembre CONCORD presentó en Bruselas su tercer informe bianual sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Al acto de presentación asistieron representantes de la sociedad civil y de las instituciones europeas y medios de comunicación.

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El informe que presentó CONCORD el pasado 18 de septiembre en Bruselas sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) revela que los países en desarrollo perdieron 859.000 millones de dólares en 2010 como consecuencia de los flujos financieros ilícitos, cuantía equivalente a 13 veces lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y que la mitad de estos flujos ilícitos fueron debidos a la evasión fiscal de las empresas transnacionales. La Plataforma 2015 y más estuvo en Bruselas y participó de los debates ligados a la presentación del informe.

El pasado 18 de septiembre CONCORD presentó en Bruselas su tercer informe bianual sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Al acto de presentación asistieron representantes de la sociedad civil y de las instituciones europeas y medios de comunicación.

El informe, titulado “El impacto real de las políticas de la UE sobre los pobres”, tiene como objetivo examinar los avances y retrocesos de la Unión Europea en materia de CPD durante los dos últimos años. Como en la edición anterior, el informe analiza, en primer lugar, el marco institucional en materia de CPD de la Unión Europea, para centrarse después en tres políticas europeas relevantes por su impacto en términos de desarrollo; en esta ocasión, las relacionadas con la financiación para el desarrollo, la seguridad alimentaria, y el cambio climático y los recursos naturales.

CONCORD destaca que la Unión Europea es la única región del mundo que ha asumido un compromiso legal con la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (a través del artículo 208 del Tratado de Lisboa), pero denuncia que, a pesar de ello, continúa existiendo un abismo entre discurso y práctica, y que la Unión Europea y los Estados miembros hacen muy poco por evaluar el impacto de sus políticas en los países en desarrollo. A modo de ejemplo señalan que, de las 177 evaluaciones de impacto consideradas relevantes desde una perspectiva de desarrollo que la Comisión Europea realizó entre el año 2009 y junio del 2013, sólo el 19% incluía una valoración de impacto en términos de desarrollo.

Según CONCORD, los mecanismos institucionales establecidos en la UE para facilitar la CPD son inadecuados e ineficaces. Uno de los principales obstáculos es la ausencia mecanismo legal que permita rectificar aquellas políticas que no integran en su diseño la perspectiva de desarrollo y que permita que la ciudadanía solicite una revisión de las políticas que considere puedan estar atentando contra la CPD. Para CONCORD es imprescindible que se establezcan estos mecanismos con el fin de prevenir, detectar y corregir las incoherencias y hacer posible así que la PCD comience a ser una realidad. Charles Goerens, relator permanente del Parlamento Europeo para la CPD, señaló que uno de los principales retos a los que se enfrenta es conseguir que miembros del Parlamento Europeo se involucren en el trabajo en CPD, y que para que el compromiso con la CPD deje de ser “papel mojado” es esencial, además, conseguir la implicación en el plano nacional. El eurodiputado afirma que el Presidente de la Comisión Europea debería asumir la máxima responsabilidad en la defensa y el apoyo a la CPD, recomendación que incluirá en el informe sobre CPD que presentará en Noviembre al Parlamento Europeo.

En la presentación también participó Catherine Ray, miembro del Gabinete del Comisario de Desarrollo Andris Piebalgs, quien se limitó a destacar los avances de la UE en materia de CPD, entre ellos: la mayor implicación de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DEVCO) en la elaboración de las políticas de otras áreas, las mejoras en las evaluaciones de impacto, la creación de una unidad de impacto dentro del Parlamento Europeo o el trabajo para implicar a las Delegaciones de la UE con la CPD; avances que el informe de CONCORD considera insuficientes. La segunda parte del acto se centró en exponer los hallazgos del capítulo del informe dedicado a la financiación del desarrollo, concretamente a la fiscalidad, una de las políticas en las que las incoherencias se manifiestan de forma más evidente.

Desde CONCORD destacan que los países en desarrollo perdieron 859.000 millones de dólares en 2010 como consecuencia de los flujos financieros ilícitos, cuantía equivalente a 13 veces lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y que la mitad de estos flujos ilícitos fueron debidos a la evasión fiscal de las empresas transnacionales, lo cual supone para estos países una pérdida por ingresos fiscales de más de 100.000 millones de dólares al año.

De esta forma se pone de manifiesto que, al mismo tiempo que la UE reitera en documentos y declaraciones su compromiso con la CPD, contribuye con sus políticas a que las empresas transnacionales sustraigan a los países pobres, a través de la evasión fiscal y los paraísos fiscales, recursos cruciales para su desarrollo. Por ello, CONCORD recomienda a la UE que ponga en práctica las siguientes medidas dirigidas a frenar los flujos ilícitos de capital: apoyar un régimen global de intercambio de información automático y multilateral; obligar a las empresas transnacionales de todos los sectores a presentar informes financieros desglosados por países, e introducir una definición vinculante de paraísos fiscales que imponga sanciones efectivas en caso de incumplimiento.

Además, recomienda que la cuarta directiva anti-lavado de dinero de la UE, actualmente en elaboración, asegure una mayor transparencia en la identificación de los dueños reales de las empresas a través de registros públicos centralizados, y considere los delitos fiscales como delitos graves vinculados al lavado de dinero.

Desde CONCORD nos recuerdan que no tiene sentido que, en un contexto como el actual, en el que los problemas que afrontamos (y, por lo tanto, las soluciones) son globales, se traten de oponer los intereses de la UE y los de los países en desarrollo. Tal y como se establece en el informe, “el cambio político debe ser global, y los grandes retos deben ser abordados de forma holística, que es exactamente de lo que trata la coherencia de políticas”.

El proceso de configuración de la agenda post-2015 y las próximas elecciones europeas son dos oportunidades únicas para que la CPD se consolide en la agenda internacional. Por ello, CONCORD insta a la UE a que haga uso de su liderazgo político para transformar la coherencia política en un estándar universal que actúe como catalizador del desarrollo.