Normalización parlamentaria, tensiones con Guyana y comportamiento de la pandemia

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Jesús A. Rondón|

Desde 2015, cuando la oposición venezolana en bloque ganó democráticamente la mayoría en el parlamento, comenzó a desarrollarse una dinámica legislativa caracterizada por anteponer los intereses partidistas de la oposición al chavismo, antes que los del país. Esta orientación ha derivado en un sinnúmero de situaciones que dan cuenta de un trastorno legislativo, siendo una muestra de ello, el hecho de que hasta ahora, es uno de los periodos con menos leyes discutidas y aprobadas.

De tal manera que en el ámbito político, el evento más relevante de este principio de año, como era de esperarse, ha sido la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, por los diputados y diputadas que resultaron electas en diciembre pasado. Es así, como se percibe como extraordinaria la normalización parlamentaria, después de años convulsos, promovidos por la oposición al chavismo en nuestro país, tal como lo acabo de apuntar.

Este cinco de enero, sin mayores sobresaltos se instaló el nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional venezolana, siendo uno de los primeros actos la elección de una nueva directiva, compuesta en su totalidad por diputadas y diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido que formó parte del Gran Polo Patriótico y que sacó la mayoría de los votos en los comicios parlamentarios.

La conformación de la nueva directiva es producto de un diálogo entre los distintos sectores que hacen vida dentro del chavismo y un reacomodo de la correlación de fuerzas, donde figuras como Diosdado Cabello, quedan como Jefe de la Fracción parlamentaria del Psuv, después de haber presidido la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que la conformación de las directivas de las comisiones, la composición es más variada y hay designaciones para diputados de la oposición al chavismo.

La primeras acciones legislativas ha ido en dirección a la organización interna, pues se aprobó la modificación del Reglamento de interior y debate, es decir la norma que establece las pautas concretas del trabajo legislativo, y se conformaron las comisiones  permanentes, que en este caso son: Política interior, política exterior, contraloría, defensa y seguridad, participación ciudadana y medios de comunicación .

Asimismo en la Asamblea Nacional se han conformado tres comisiones especiales, que buscan el diálogo, la investigación de delitos contra la República y la defensa del Esequibo. La primera está orientada a establecer canales de diálogo con los distintos sectores del país, en función de establecer acuerdos que permitan la estabilidad política y la reactivación económica; la segunda investigará las actuaciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional saliente y propondrá antes los órganos de justicia establecer las responsabilidades según el caso; y la última busca apoyar al ejecutivo en la resolución bilateral para la recuperación de la soberanía en el Esequibo.

Asimismo la directiva de la Asamblea Nacional ha comenzado una serie de encuentros con las representaciones diplomáticas en Venezuela, comenzando con la de la República Popular de China. Estas acciones son claves, pues en la dinámica de cooperación con otras naciones, la participación de la Asamblea Nacional es importante, en cuanto ratifica los acuerdos suscritos por la República, representada por el ejecutivo nacional.

Después de varios años el presidente Maduro presenta su memoria anual ante la Asamblea Nacional, sin mayores contratiempos. La constitución de la República establece que quien sea presidente o presidenta debe rendir cuentas ante el órgano colegiado. De igual manera se ha previsto desarrollar una agenda de encuentros para interpelar a los ministros sobre el campo de su responsabilidad, lo que busca activar la facultad contralora del ente legislativo.

Ahora es necesario examinar la contraparte política, es decir el sector de la oposición que se negó participar en las elecciones y que se encuentra atrincherado ahora, en una nueva ficción política, sin carácter vinculante a lo interno.

Recordemos que antes que finalizará el año, la junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, en una sesión fuera de todo escrutinio público, como es costumbre; aprobó un texto que denominaron Estatuto de Transición, donde se estableció que una Comisión delegada, representaría el parlamento y se sostendría la ilusión de la “presidencia interina”, luego de vencido el término de su legislatura, hasta que se den elecciones que sean reconocidas por estos actores políticos.

Diputados de oposición, pero del sector que decidió medirse en las parlamentarias, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del acto parlamentario y por lo tanto de su resultado.

Ante esta situación gobiernos como el de los Estados Unidos de América, reconocieron esta nueva ficción, así como sus aliados agrupados en el Grupo de Lima. El tono diferente lo colocó en esta oportunidad la Unión Europea, que pese a desconocer las elecciones parlamentarias, ha comenzado a dirigirse a Guaido, en términos diferentes a los que ya había asumido, al reconocerlo como “Presidente”.

En todo caso, frente a la progresiva devaluación interna de este sector político, lo importante es conservar el poco crédito político que tiene y el acceso a recursos financieros propiedad de la República para financiar sus planes antichavistas. Dicho de otro modo, ya les hace falta menos financiamiento internacional, pues los gobiernos como el estadounidense le están dando acceso ilegal a cuentas y recursos de la república.

En un primer balance, podemos afirmar que presenciamos un avance importante de los actores políticos asociados a la revolución bolivariana, en el campo político, no solo al controlar nuevamente el poder legislativo, sino que suman a actores de oposición, aunque estos sean minoritarios y no cuenten con el respaldo público de los gobiernos como el estadounidense y los de la Unión Europea.

Coloca en mejores condiciones a los líderes de la revolución bolivariana, para sortear las medidas coercitivas unilaterales y avanzar para la recuperación económica, en una perspectiva donde el capital privado tiene un papel importante.

La latente tensión por el diferendo limítrofe con Guyana.

La Corte Internacional de Justicia a finales del mes pasado se asumió como competente para conocer de la disputa limítrofe entre nuestro país y la República Cooperativa de Guyana, a solicitud de esta última. Ante tal pronunciamiento el ejecutivo nacional, se declaró en contra y ha emprendido un conjunto de acciones que se ha desarrollado en este principio de año.

La primera de ellas, es una carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterrez para que abogue por una resolución bilateral, y en consecuencia se desestime el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

De igual manera el ministro Arreaza se ha reunido con el encargado de negocios de la República Cooperativa de Guyana, para manifestar la no aceptación de terceros en la disputa por la soberanía del Esequibo, por lo tanto desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el asunto.

Asimismo uno de los primeros actos unánimes de la recién instalada Asamblea Nacional, ha sido una declaración de rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por último el presidente Maduro anunció la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, que implicaría desarrollar una estructura especial de gobierno, para atender esta zona que tiene límites con las zona en disputa.

La situación del Covid en Venezuela.

En el mes de diciembre, como es necesario recordar; hubo una flexibilización en los hechos total, pues casi todos los sectores económicos operaron sin más restricciones, que el llamado a la estricta observancia de las medidas de bio-seguridad. En el caso de la conectividad aérea interna, como internacional fue limitada, mientras que la terrestre a lo interno, no tuvo restricciones.

El gobierno bolivariano anunció que en este nuevo año, se retomaría el esquema 7 por 7, que implican restricciones una semana, para que en la otra estas disminuyan. Nuevamente nos vamos a los hechos, donde la mayoría de las actividades económicas funcionan, a pesar de la veda prescrita.

En términos de indicadores, el comportamiento se mantiene como en los últimos dos meses pasados, donde el promedio de casos diarios no supera las quinientas personas, así como que la tasa de recuperación se mantiene en promedio en 95 % de los contagiados.  A la fecha, tenemos 119.306 casos diagnósticos positivos, de los cuales 5.583 se encuentran activos (la mayoría atendidos por el Sistema Nacional de Salud Pública y más de la mitad son asintomáticos), mientras que los fallecidos llegan a 1.101 personas.

El gobierno bolivariano ha establecido un convenio con la Federación Rusa y se espera que en el primer trimestre del presente año lleguen cerca de diez millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, por lo cual se da cuenta de los arreglos logísticos para la campaña de vacunación, mientras que se anuncia que se examinan las condiciones para la elaboración del preparado en el país.

Breves:

  • Esta semana un tribunal estadounidense autorizó la venta de acciones de la empresa venezolana Citgo, controlada ilegalmente por la oposición al chavismo, para responder a la decisión de una demanda que favorece a la empresa Cristalex, que demandó a la República en ese país, luego de los procesos de nacionalización que emprendió en Comandante Chávez.
  • En el marco de la normalización de las relaciones entre nuestro país y el Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Maduro recibió las credenciales del nuevo embajador.
  • En el campo económico, se resalta una devaluación de la moneda venezolana, es decir el bolívar, en casi 60 %, dado que ese ha sido el porcentaje que ha aumentado con respecto al dólar estadounidense en las últimas dos semanas. Este aumento pulveriza aún más los deprimidos salarios de quienes vivimos del salario.

 

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