Morales Bermúdez, un dictador a salvo en Lima

CARLOS NORIEGA| El ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez se salvó de la extradición a la Argentina para responder por el secuestro y deportación a este país, durante la dictadura militar, de trece opositores a su régimen. La extradición del general Morales Bermúdez había sido pedida por el juez federal Norberto Oyarbide, quien enmarcó la deportación de los trece peruanos dentro del Plan Cóndor.

Gracias a un fallo a su favor de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, el dictador no tendrá que responder a los tribunales argentinos por este caso. La Corte Suprema pasó el expediente a la fiscalía y así dejó abierta la puerta para que el general de 90 años sea juzgado por la Justicia peruana, pero esa posibilidad parece lejana. “Estoy muy agradecido a Dios y expreso mi reconocimiento a la Corte Suprema”, dijo el dictador Morales Bermúdez apenas se conoció el fallo judicial que lo salvó de la extradición.

“Los argumentos de la Corte Suprema para negar la extradición de Morales Bermúdez carecen de sustento jurídico. Es inverosímil. Es clarísimo que fuimos víctimas de un secuestro político para entregarnos a un ejército extranjero. El partido aprista (del ex presidente Alan García) y los sectores más conservadores han operado en los medios de comunicación para presionar en contra de la extradición de Morales Bermúdez. Que el Poder Judicial peruano diga que pasa el caso a la fiscalía para que investigue es una forma de congelar el tema. En el Perú no existen condiciones para que Morales Bermúdez sea juzgado. La Justicia argentina debería insistir en la extradición”, le dijo a Página/12 Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista y congresista de la coalición oficialista Gana Perú, quien fue uno de los trece peruanos secuestrados y enviados a una prisión militar a la Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

En mayo de 1978, la dictadura de Morales Bermúdez –quien en agosto de 1975 había derrocado al general reformista Juan Velasco Alvarado e iniciado un proceso para desmontar las reformas económicas y sociales del régimen velasquista– se debatía en una grave crisis producto de un amplio descontento popular. Luego de una contundente huelga general que paralizó el país, la dictadura anunció la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente y la transferencia del gobierno a los civiles en 1980. Es en ese contexto que, el 25 de mayo de 1978, cuando los peruanos se preparaban para acudir a las urnas, la dictadura de Morales Bermúdez secuestró a diez dirigentes de izquierda y líderes sindicales –varios de ellos candidatos a la Constituyente–, a dos almirantes velasquistas y a un periodista y los expulsó en un avión militar a la Argentina para entregárselos a Videla.

Los trece peruanos llegaron a Jujuy y fueron encarcelados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. En el Perú nadie conocía su paradero. Después de varios días de estar detenidos en Jujuy, los peruanos fueron llevados a Buenos Aires y recluidos en los sótanos de la Policía Federal. “Fuimos encarcelados en una celda de dos metros por un metro y medio, con una plancha metálica como puerta, un camastro y una bomba de luz que estaba siempre prendida, para que perdamos la noción del tiempo. Recibíamos una comida al día. Estábamos incomunicados. Desde la celda se escuchaban los gritos de otros detenidos en ese centro de reclusión”, recuerda Diez Canseco.

La detención de los peruanos en Argentina se conoció porque un diario de Jujuy publicó una foto de la llegada del avión militar peruano con los detenidos. “Esa publicación que revelaba nuestra detención en Argentina fue un hecho central. No sé si eso fue lo que impidió nuestra desaparición, pero ayudó mucho”, dice Diez Canseco. Conocido el paradero de los secuestrados, comenzaron las gestiones para conseguir su liberación, la que se obtuvo cerca de un mes después. En esa tarea, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo un papel central. Una vez en libertad, los peruanos viajaron a distintos países.

Morales Bermúdez ha justificado la deportación de los trece peruanos y niega la participación de la dictadura peruana en el Plan Cóndor. Pero hay otros hechos que también comprometen a Morales Bermúdez con la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El 15 de abril de 1977, el argentino Carlos Maguid, refugiado en Perú, donde trabajaba como profesor de sociología en la Universidad Católica de Lima, fue secuestrado en una calle de Lima y desaparecido. Maguid, casado con Nélida Arrostito, hermana de Norma Esther Arrostito, dirigente montonera asesinada por la dictadura de Videla, había sido acusado por la dictadura de participar en el operativo de secuestro del dictador Pedro Aramburu.

En junio de 1980, un mes antes que la dictadura entregue el poder a los civiles, fueron secuestrados en Lima los argentinos Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Reverta y Julio César Ramírez. Gianotti de Molfino apareció muerta en un hotel de Madrid. De los otros dos hasta ahora no se sabe nada. Por este caso existe desde el año 2007 un pedido de extradición contra Morales Bermúdez de la Justicia de Italia –Gianotti de Molfino también tenía ciudadanía italiana– que el ex presidente Alan García rechazó. En su libro Muerte en el Pentagonito (nombre con el que se conoce a la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda cita el testimonio del agente de la Inteligencia peruana Arnaldo Alvarado, quien revela que los tres argentinos fueron secuestrados en un operativo conjunto de los ejércitos de Perú y Argentina y torturados en instalaciones del ejército peruano. Un informe desclasificado de la CIA señala que la dictadura de Morales Bermúdez formó parte del Plan Cóndor.

Hay muchas cosas por las que el ex dictador Morales Bermúdez debe responder, pero, al menos por ahora, ha quedado libre de hacerlo gracias al fallo de la Corte Suprema del Perú y el apoyo que le ha dado la derecha peruana.