Meta engañó a millones de usuarios, dictaminó jurado en Nuevo México
Ricardo Carnevali
Un jurado de Santa Fe, Nuevo México, dictaminó que Meta Platforms engañó a los residentes del estado al obtener datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y vendió la información derivada para un campaña electoral. El caso, que se integró con las acusaciones de que la consultora política Cambridge Analytica –que colaboró en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016–, recibirá en los próximos días la sentencia del juez que puede ser una sanción económica superior a 10 mil millones de dólares.
Cambridge Analytica era una consultora política que recopiló indebidamente datos personales de millones de usuarios de Facebook para publicidad política durante las elecciones estadunidenses de 2016 y el referéndum del Brexit en Reino Unido. Facebook sabía que la empresa de consultoría compró los datos en diciembre de 2015, pero lo reveló hasta abril de 2018 y sólo porque un usuario presentó una demanda.
El magnate, quien este año cumple una década entre las 10 personas con las mayores fortunas del mundo, asegura que los mecanismos del mercado y los riesgos legales son limitaciones naturales y suficientes para la tecnología. Según él, “la gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses ni hagan lo que ellos quieren”, señala el diario mexicano La Jornada.
Además, dice, “los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño”, por lo que contratar evaluadores y asesores independientes “es la mejor práctica de la industria”. Su propio historial muestra que tales afirmaciones son llanamente falsas: cuando una tecnología se vuelve parte de la vida cotidiana, poco importa que la gente esté de acuerdo con sus prácticas, pues pasa de ser una opción a una necesidad.
El veredicto se conoce tras un juicio de dos semanas por una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México en 2021, tres años después de que noticias revelaron que se habían recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros –los cuales se habrían usado para elaborar perfiles de votantes–.La demanda acusó a la empresa de realizar declaraciones que inducían a error a los habitantes de Nuevo México sobre cómo se compartiría su información personal con terceros, sobre cómo gestionaba el discurso de odio y la desinformación en la plataforma, y sobre si daba preferencia a algunos usuarios a la hora de aplicar sus políticas.
Facebook no informó a los usuarios que vendía sus datos a terceros y permitió que se difundieran en la plataforma discursos de odio o desinformación cuando ello beneficiaba a los resultados económicos de la empresa, sostuvieron los abogados del estado. Los miembros del jurado de Santa Fe consideraron que cada uno de los 2.1 millones de habitantes del estado había sido engañado, lo que equivale a otras tantas infracciones de la ley local de protección de los consumidores.
Tras el veredicto, el juez Francis Mathew determinará el importe de las sanciones económicas que Meta deberá pagar por las infracciones constatadas por el jurado, que puede alcanzar 5 mil dólares por infracción, es decir, un máximo teórico de 10 mil 500 millones de dólares. La demanda del estado se centró en declaraciones concretas, incluidos comentarios realizados por el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, o en entradas del blog de la empresa, que, según Nuevo México, hacían creer a las personas que tenían control sobre la información personal que compartían en el sitio web, o que éste contaba con políticas generales sobre cómo abordaba el discurso de odio o la desinformación.
En realidad, Meta vendía los datos a aplicaciones de terceros, como aquella en la que se b
Los abogados de Meta argumentaron durante el juicio que las declaraciones supuestamente engañosas eran fragmentos seleccionados de forma selectiva que ignoraban el contexto fundamental de las mismas declaraciones, en las que la empresa había reconocido repetidamente que su gestión de la desinformación o de las cuestiones de privacidad no era perfecta. Meta también negó que vendiera la información de los usuarios.
No es la primera vez que la compañía enfrenta un escándalo por su cuestionable modelo de negocio. En 2023, una coalición de más de 40 fiscales generales en Estados Unidos la acusaron de contribuir de manera deliberada a la crisis de salud mental juvenil. Los estados argumentaron que diseñó intencionalmente características manipuladoras y adictivas (como el scroll infinito, alertas incesantes y filtros de belleza que dañan la autoestima) para atrapar a los menores en Facebook e Instagram.
En 2021, Frances Haugen, ex gerente del equipo de Integridad Cívica de Facebook, filtró miles de documentos internos en los cuales se exhibe que los ejecutivos sabían perfectamente que sus algoritmos causaban efectos sociales tóxicos como exacerbar la depresión, adicción, acoso y polarización política extrema.
La postura de Zuckerberg no hace sino remarcar la necesidad de que los estados y las sociedades se tomen en serio los peligros que encarna la inteligencia artificial en manos de empresas inescrupulosas movidas por el lucro y ajenas a cualquier código ético. No se trata de frenar el avance del conocimiento, sino de abordar quién lo controla y para qué lo usa, pues lo que está en juego es el futuro de la humanidad, tal como reconocen voces autorizadas dentro de la misma industria.
TikTok pagará 100 mdd para evitar un juicio
TikTok evitó el primer juicio presentado por un estado estadunidense en su contra, indicó el fiscal Steve Marshall. El acuerdo pone fin al caso cuando restaban tres días para el inicio del juicio, pero no finaliza las demandas presentadas por más de una docena de otros estados. La plataforma china de videos cortos también aceptó imponer un límite diario de dos horas a los usuarios jóvenes.
En Brasil
El Partido de los Trabajadores de Brasil denunció a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, por la abierta injerencia en la campaña electoral al haber desactivado la cuenta de esa fuerza política y hasta el perfil del presidente y candidato presidencial Lula da Silva, en Facebook. “Considerando que faltan menos de 11 días para la primera vuelta electoral, la desactivación, el bloqueo o la limitación unilateral de cuentas, perfiles y canales de comunicación de candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos durante el período preelectoral o electoral adquiere dimensiones sumamente graves desde la perspectiva de la Ley Electoral”, destacó el departamento jurídico del PT.
*Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)