Mafias carcelarias desafían al gobierno de Dilma

ERIC NEPOMUCENO| Los poco más de 350 hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad llegaron a Santa Catarina al anochecer del viernes, para quedarse al menos por los próximos noventa días. Su misión es acabar con la ola de violentos ataques determinados por los narcotraficantes que se encuentras detenidos en presidios de la provincia.

Y en las primeras 48 horas que pasaron en Florianópolis, algo cambió: la violencia aumentó, en un claro desafío de los bandos criminales que, desde los presidios (algunos irónicamente llamados de máxima seguridad), continúan ordenando ataques por todo el estado. Fueron diez nuevos golpes, con lo que hasta la mañana de ayer sumaban 116 en diecinueve días, afectando a 36 municipios. El principal blanco siguen siendo los autobuses, con 43 incendiados.

Entre la tarde de este sábado y la madrugada del lunes fueron incendiados tres autobuses, dos automóviles particulares y un centro cultural. Varios hombres dispararon ráfagas de metralleta contra una base de la Policía Militar. Entre la noche del lunes y la mañana de ayer, martes, hubo cinco ataques más, esta vez contra automóviles particulares. No hubo muertos, no hubo heridos, pero el pánico persiste en todo el estado, especialmente en la capital, Florianópolis, considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del país.

Justamente por esa bien merecida fama empezaron los males ahora padecidos por su población. Para comenzar, hubo una explosión demográfica: desde 1992, el total de habitantes de Florianópolis pasó de 225 mil a 435 mil. La ciudad se transformó en un importante y muy disputado centro turístico: en el Carnaval de 2013 pasaron por Florianópolis 450 mil turistas. La mayor parte de ese aluvión de visitantes es gente joven, con alto poder adquisitivo. La vida nocturna de Florianópolis, especialmente durante los fines de semana, es muy animada. Gracias a eso, la ciudad pasó a ser un importante centro consumidor de cocaína y drogas sintéticas, con destaque para el consumo de LSD y extasy. Y el estado de Santa Catarina es, hoy, el principal proveedor del sur del país. El Primer Grupo Catarinense (PGC), mayor cartel local de narcotráfico, controla ese mercado, que crece.

Con la llegada de las tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad, la policía local, reforzada, efectuó 147 detenciones entre la mañana del sábado y la tarde de ayer. Al menos cuatro de los detenidos son abogados acusados de actuar como mensajeros de los cabecillas del PGC, creado hace diez años a imagen y semejanza del PCC (Primer Comando de la Capital) de San Pablo. Las instrucciones impartidas desde los presidios suelen ser muy precisas y la acción de las pandillas en la calle es eficaz.

Aislar a sus cabecillas es una de las prioridades de las autoridades. Así, cuarenta prisioneros considerados altamente peligrosos, entre ellos los principales líderes del PGC, fueron transferidos ya en la noche del viernes y en la madrugada del sábado a presidios federales a miles de kilómetros de distancia, especialmente en el nordeste brasileño, donde permanecen en régimen de aislamiento absoluto.

Por lo visto, la medida no surtió efecto, de la misma forma que resultaron inútiles los retenes y barreras esparcidos por carreteras y por algunos de los casi 270 municipios del estado: los ataques siguieron, inclusive en Florianópolis. Son muy claros los indicios de que no será nada fácil acabar con el actual conflicto entre el PGC y las autoridades, que arrancó el año pasado. El inicio de la ola de violencia se dio a partir del nombramiento del nuevo director del mayor presidio local, el San Pedro Alcántara, en Florianópolis. Los presos empezaron a denunciar malos tratos, torturas y empeoramiento de la comida y de las condiciones de higiene. Las autoridades carcelarias dijeron que lo que hubo fue una suspensión de beneficios y comodidades concedidas a los cabecillas.

El gobierno de Santa Catarina se negó a dialogar con los presos, la violencia aumentó y en noviembre hubo la primera oleada de ataques indiscriminados. El director del San Pedro Alcántara fue alejado y la situación volvió a la normalidad, pero por poco tiempo. El 25 de enero, la policía local detuvo a una abogada que ejercía un importante rol en el control financiero del PGC. Al mismo tiempo, recrudecieron en los presidios las denuncias de malos tratos, agresiones y vejaciones. Y los ataques volvieron el 31 de enero: 116 en 19 días.

Que las acciones criminales hayan seguido a pesar de la llegada de la Fuerza Nacional de Seguridad es un indicio claro de que no será nada fácil desarticular el crimen organizado en Santa Catarina. La guerra va para largo.