La falta de reacción de George W. Bush fue sólo la anécdota de un suceso fundamental en la historia latinoamericana: el rechazo al ALCA liderado por los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata el 5 de noviembre de 2005, y de la cual se cumplieron diez años. Esta Cumbre no sólo significó el entierro del ALCA, sino también el surgimiento de una política de integración del nuevo tipo, que persigue recorrer el camino trazado por los libertadores de América Latina y el Caribe hace más de 200 años, concepto bajo el cual se inscribe la creación de la Unasur y la Celac, al calor de ese “No al ALCA” marplatense.

Un cambio que ha sido enfrentado tenazmente por los sectores neoliberales, que bregan incansablemente por restablecer el estatus de “relaciones carnales” con los Estados Unidos. Valga la cita del editorial de La Nación (30.10.15) que lleva por título “Una política exterior bastardeada”, en el cual se expresa, entre otras tantas ideas similares: “el daño que 12 años de kirchnerismo han impreso a la credibilidad internacional de nuestro país ha sido letal”, para luego reflexionar sobre quienes nos gobiernan en los distintos períodos, y sostener que “son sólo nuestros mandatarios y así deben obrar”.

Este editorial es la aplicación lisa y llana de los preceptos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) integrada por los más grandes grupos empresarios de nuestro país, que sostienen la existencia de cuestiones estratégicas que van más allá de los gobiernos electos; aunque al analizar dichas cuestiones, se observa que operan en exclusivo beneficio del sector concentrado de la economía que representan. Cuando leo este tipo de declaraciones, siempre me suena que cuando hablan de “nuestros” mandatarios, ese adjetivo posesivo se refiere exclusivamente a ellos, ya que queda claro que ni AEA ni La Nación pueden considerarse como los representantes de los intereses populares.

Estas ideas no son nuevas, y los archivos indican que han sido sostenidas, por ejemplo, por uno de los referentes económicos del PRO, Carlos Melconian, quien expresó en 2001: “La relación con Estados Unidos es imprescindible, porque nos van a meter dentro de ciertos parámetros que los políticos argentinos no van a poder violar. Se van a terminar los grados de libertad para decir disparates. Institucionalmente me gusta jugar con los americanos. Nos recontraconviene” (Página/12, 26.10.01). Esta opinión de Melconian no puede considerarse una cita extemporánea, es una postura permanente; por ejemplo, en forma más reciente sostuvo: “me opongo a que a estos fondos se los llame buitres; son tipos que de buena voluntad compraron títulos para ahorrar” (Télam, 26.08.13).

Utilizando los conceptos del editorial de La Nación, que Melconian expresó didácticamente, el “volver a reinsertarse en el mundo” con fuertes vínculos con los países hegemónicos persigue principalmente la idea de poner freno a las decisiones de los gobiernos populares. Este es uno más de los “cambios” que están en juego en estas elecciones.

En tiempos de balotaje, otros economistas son también parte del aparato propagandístico del candidato de Cambiemos. Es el caso de Alfonso Prat-Gay, quien expresó que si Mauricio Macri gana el balotaje “habrá un dólar único, subirá el oficial, que hoy afecta a pocos, y bajarán todos los otros, que afectan a la gran mayoría” (La Nación, 05.11.15). Una reflexión insólita y falaz, puesto que por el mercado oficial de cambios se han negociado en los últimos 12 meses U$S 63 mil millones por exportaciones y U$S 60.500 millones por importaciones, transacciones que impactan directa o indirectamente sobre toda la población. Prat-Gay debería saber también que tanto el dólar ahorro como el turista están vinculados al dólar oficial y son operaciones legales. La operatoria de escaso monto es la del dólar ilegal; lo que sí tiene es mucha prensa.

Para que se produzca lo que propone Prat-Gay, se requiere la más absoluta liberación de las operaciones cambiarias, comerciales, y financieras. En este entorno, una devaluación, combinada con la ausencia de controles y regulaciones estatales, afectaría a muchos. Por ejemplo, subiría el precio en pesos de la leche en polvo que se exporta y, sin regulaciones, el aumento se trasladaría a los precios internos o escasearía la leche en polvo, o muy probablemente se producirían ambos efectos. Esto se aplica a gran variedad de alimentos, entre ellos el trigo, la carne, y las frutas, terminando en un encarecimiento del consumo de los argentinos.

Además, subirían los precios en pesos de los artículos importados, principalmente los insumos (aumentos que se trasladarían a los bienes domésticos) y los bienes de capital, reduciendo las posibilidades de inversión de las empresas, en especial las pymes, que son por definición mercadointernistas.

Otra falacia es que la devaluación genera automáticamente una mayor venta de productos al exterior. Las exportaciones se determinan por la demanda internacional y, de hecho, con las depreciaciones cambiarias que se han producido en muchos países, la mayoría en desarrollo, su poder de compra se ha limitado significativamente.

La devaluación encarecería los productos, reduciendo el poder adquisitivo salarial, mientras generaría una gran ganancia para los exportadores que retienen granos y oleaginosas. Una fenomenal distribución del ingreso a favor de los sectores concentrados.

Ya lo han hecho en varias oportunidades, y probablemente lo volverían a hacer: combatir el aumento de precios abriendo la economía a todo tipo de bienes, lo cual ha redundado siempre en la destrucción de gran cantidad de empresas de rubros como el textil, calzados, juguetes, muebles, línea blanca y varios más, que emplean una elevada porción de la mano de obra ocupada.

La liberalización del mercado cambiario no sólo no es mágica, sino que tendría grandes costos. Porque, además, todos los economistas macristas están pensando, y lo han dicho en varias oportunidades, que la solución es el endeudamiento. Por lo cual es muy probable que, de ganar Macri, aumente significativamente el nivel de deuda, en especial si arregla con los fondos buitre pagando lo que establece Griesa, monto que con sus últimos fallos alcanza a más de U$S 15.000 millones. Quizá también estén pensando, teniendo en cuenta su voto en el Parlamento, en intentar vender las acciones del Estado en las empresas privadas.

Estas posiciones no son solamente electoralistas, aunque tienen mucho de ello porque hablan de beneficios que difícilmente se observen y encubren el ajuste que implican; son las ideas que han sostenido Macri y sus economistas históricamente. Ya mencionamos la valoración de Melconian sobre los fondos buitre; Macri comentó que “hay que cumplir el fallo judicial” de Griesa (07/2014); Prat-Gay reclamó que “se pida otra vez asistencia al FMI” (La Nación 10.12.08). Sabemos que FMI significa ajuste, no sólo por lo que ya hemos soportado los argentinos, sino porque también es la actual política que aplica ese organismo, y Grecia es un doloroso ejemplo de ello.

El relato de los grandes medios monopólicos es que se quiere meter miedo en contra de Macri. Es la forma de encubrir las verdaderas posturas de los equipos de Cambiemos, que han sido expresadas en gran cantidad de oportunidades. En realidad, lo que realmente mete miedo, y por lo que deberíamos preocuparnos los argentinos, es la posibilidad de que estas políticas pudieran llegar a aplicarse. Evitar este peligro es el gran desafío que los argentinos tenemos por delante.