Las urgencias de petróleo y el papel de Barbados

Leopoldo Puchi

Antes de la reunión celebrada en Barbados, los medios de comunicación habían informado que, tras varios meses de negociaciones, la administración Biden y el gobierno del presidente Nicolás Maduro habían alcanzado un acuerdo para elevar la producción de petróleo venezolano. Este convenio, que beneficia a ambas partes, contribuirá a aumentar el suministro de hidrocarburos en el mercando internacional, mientras que Venezuela verá un incremento en sus ingresos en divisas.

Sin embargo, debido a las realidades políticas internas en Washington, este acuerdo no podía avanzar sin estar acompañado por otros acuerdos relacionados con la política de Venezuela. Esto se debe a que las sanciones y el retiro de las compañías petroleras estadounidenses de Venezuela habían sido justificadas con la excusa de la defensa de las libertades políticas.
En este contexto, la reunión celebrada en Barbados cumplió varias funciones, entre las que se incluye la tarea de mitigar las críticas y ataques provenientes de sectores extremistas, tanto republicanos como demócratas, que se resisten a un levantamiento de las sanciones sin un previo “cambio de régimen”. Con este propósito, los representantes de Venezuela y Estados Unidos negociaron para establecer convenios relacionados con las elecciones presidenciales de 2024, que fueron rubricados en Barbados.
Urgencia
Estados Unidos ha estado participando en las negociaciones con un sentido de urgencia, impulsado por la necesidad de asegurar el suministro de petróleo, una necesidad creadas por la guerra de Ucrania y acentuada por el conflicto entre Israel y Palestina. A esto se suman compromisos adquiridos con varias corporaciones petroleras que han efectuado inversiones iniciales, a la espera de obtener las licencias.
No es casual que el mismo día de la reunión de Barbados, Reuters informara sobre una modificación realizada por el Departamento del Tesoro a la licencia otorgada en enero al proyecto Dragón. Esta enmienda autoriza los pagos a Venezuela en dólares estadounidenses.
Según el reporte, la modificación permitirá a Shell abordar todo lo necesario para llevar el gas venezolano a Trinidad y realizar discusiones acerca de otras potenciales fuentes de gas de Venezuela.
Oposición moderada
Desde la perspectiva venezolana, estas necesidades de petróleo y gas por parte de Washington representan no solo una oportunidad para aumentar los ingresos, sino que también han contribuido a que Washington se haya distanciado de los sectores radicales de oposición, que no aceptan las nuevas indicaciones sobre las políticas a seguir.
En Barbados, el partido Voluntad Popular no firmó los acuerdos, mientras que la mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria sí lo hizo, siguiendo la nueva orientación de Washington. Este cambio contribuye a la creación de un piso de estabilidad política interna y fomenta un clima de convivencia.
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A partir de Barbados, la mayoría de las organizaciones de la Plataforma Unitaria se han incorporado al campo de la oposición moderada. Cabe destacar que, hasta el año 2020, estas organizaciones mantenían posiciones abstencionistas y no reconocían al Consejo Nacional Electoral ni al Tribunal Supremo de Justicia.
Cumbre de Bogotá
El papel desempeñado por el gobierno de Colombia, en especial por el canciller Álvaro Leyva, ha sido un factor de mucha importancia en el conjunto de iniciativas dirigidas a facilitar las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que han culminado en los convenios petroleros entre ambos países y en los acuerdos de Barbados.

Un antecedente a resaltar es la Cumbre Internacional para promover el diálogo político en Venezuela, celebrada en abril, en Bogotá. Asimismo, las relaciones directas y los esfuerzos de enviados especiales que desempeñaron un papel destacado en el desarrollo de este proceso.
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Es importante destacar que las delegaciones tanto del Gobierno como de la oposición estuvieron de acuerdo en firmar un compromiso que mantiene vigentes las inhabilitaciones para participar en las presidenciales de 2024, sobre la base de los establecido en la ley de Contraloría. Esto indica que Estados Unidos no ha hecho de este asunto un “punto de honor”.

Es probable que este acuerdo genere tensiones internas en el campo opositor, pero su impacto disruptivo disminuye por la existencia de una suerte de consenso sobre este tema, que involucra a tres actores clave: el gobierno de Venezuela, la Casa Blanca y la Plataforma Unitaria.