La prohibición del aborto en América Latina: una deuda frente al mundo
Federico Larsen|
América Latina es el territorio en el que las confrontaciones sociales con respecto a cambios legislativos sobre la interrupción del embarazo son más fuertes. Y no es para menos. La región concentra la mayor cantidad de legislaciones punitivas del mundo.
Sólo el 1% de la población mundial vive en países en los cuales el aborto está prohibido en todas las circunstancias y todos, salvo Malta y la Santa Sede, están en América Latina. Se trata de República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Chile. Este último se encuentra en pleno debate para la aprobación de una ley que permita la realización del aborto por tres causales: inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y violación. El anteproyecto, aprobado ya en el Senado y en comisión legislativa, espera ser debatido por los diputados, aunque los partidos conservadores intentan dilatar el debate para evitar la sanción definitiva.
Chile reintrodujo la prohibición total del aborto con la reforma constitucional de 1989, en la postrimería de la dictadura pinochetista por iniciativa del almirante José Toribio Merino. El Estado chileno permitía en realidad el aborto terapéutico en el Código de Salud desde 1931.
No fue el único país latinoamericano que, en lugar de avanzar progresivamente hacia la legalización, como han hecho otros sistemas jurídicos en el mundo, retrocedió hasta la prohibición total en los últimos años. De hecho, parece ser una constante en las legislaciones de la región.Nicaragua permitía el aborto desde 1893, pero a partir de la presión de la Iglesia Católica, en 2007 el gobierno aprobó la Ley N° 641 que modifica el Código Penal y prevé penas de hasta dos años de prisión para la mujer que se practique un aborto y de hasta diez para el personal de la salud que la realice. El Salvador también modificó en 2007 su legislación y República Dominicana en 2009, para prohibir el aborto en todas las circunstancias. En 1999, una campaña masiva liderada por la Iglesia Católica salvadoreña, logró la aprobación de una reforma constitucional en la que se reconoce como persona al óvulo fecundado desde el momento de la concepción e introdujo la tipificación penal de “lesiones en el no nacido”.
Los casos de El Salvador y Nicaragua son particularmente llamativos al tratarse de países con gobiernos de izquierda, surgidos de la lucha insurgente de los años 80 y 90. No sólo estos gobiernos no han incorporado el aborto legal, sino que adoptaron en su corpus jurídico preceptos ligados a la doctrina católica para cercenar los derechos de las mujeres.
La influencia de la Iglesia en la elaboración de la legislación sobre el aborto en América Latina es innegable. Hasta se convirtió en un enorme problema en Chile, donde la institución jugó un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos en los últimos años del pinochetismo, poniendo a los movimientos feministas en apuros a la hora de denunciar su intromisión en temas reproductivos y de salud. Durante la IV Cumbre Iberoamericana de Cartagena en 1994, el ex presidente argentino, Carlos Menem, propuso a sus pares latinoamericanos firmar una condena al aborto bajo propuesta de la Iglesia. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el Día del No Nacido, el 25 de diciembre, reconocido oficialmente por Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
El resultado de esta política restrictiva en nuestro continente es una tasa de muertes por abortos inseguros de las más elevadas del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América Latina se producen 4,4 millones de abortos al año, de los cuales el 95% son inseguros. El riesgo de muerte por abortos clandestinos en Latinoamérica es de 370 por cada 100 mil casos, mientras que en el resto de los países en desarrollo es de 220.
En esto la OMS es muy clara: el principal obstáculo para reducir las muertes de mujeres por abortos inseguros son las leyes punitivas. Actualmente, el 60% de la población mundial no tiene acceso al aborto por la sola decisión de la mujer.
Según la organización, donde se concentra la mayor cantidad de países que permiten el aborto en todas las circunstancias (Europa Occidental), se produce la menor cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo. El 58% de los abortos registrados en el mundo en 2008, se produjeron en países donde éste no está totalmente permitido. Los casos de Holanda y Uruguay son particularmente llamativos en este sentido. En los Países Bajos el aborto se puede practicar desde la concepción hasta la viabilidad del feto (aproximadamente, hasta las 24 semanas, de los periodos más extensos del mundo) y exhibe la tasa de abortos más baja de la Unión Europea. En Uruguay, tras la aprobación de la despenalización, los abortos registrados bajaron de 33 mil al año a poco más de 8 mil según datos del Ministerio de Salud Pública de ese país. Sin embargo, las mujeres deben someterse a sendos exámenes psicológicos y tres días de reflexión obligatoria antes de acceder al derecho a abortar.
La enorme mayoría de los países del continente, permiten el aborto sólo en casos especiales. La mayoría, sólo si la vida de la madre corre riesgo (Costa Rica, Perú, Venezuela, Paraguay, Haití, Guatemala, Granada, Dominica, Bahamas, Antigua y Barbuda y Suriname). Otros incluyen la viabilidad del feto y/o en caso de violación y/o la salud física y mental de la mujer. Pero sólo Cuba (desde 1965), Guyana (desde 1995) y Uruguay (desde 2012) lo permiten por la simple voluntad expresa de la mujer. Un caso excepcional es el de la Ciudad de México, donde desde 2007 el aborto es permitido en cualquier supuesto, dentro de las primeras doce semanas del embarazo; mientras que en todos los demás estados mexicanos está regulado, de forma heterogénea, en base a sus causales.
Sin siquiera ahondar en cuestiones culturales, y remitiéndonos exclusivamente a los datos estadísticos elaborados por gobiernos y organizaciones internacionales, es muy fácil sostener que América Latina está claramente atrasada en sus legislaciones sobre el aborto con respecto al resto del mundo. Los cuerpos jurídicos no son otra cosa que representaciones que, luchas mediante, cristalizan una visión de los géneros y los roles socialmente construidos en una estructura normativa. Leyes que hoy hasta contradicen claramente el estándar internacional condenando a millones de mujeres -en su mayoría jóvenes y pobres- a la maternidad obligatoria o a los riesgos de un aborto clandestino.