La oportunidad la pintan calva… para la rebatiña petrolera
Carlos Mendoza Potellá|
En trabajos anteriores he expuesto la tragedia petrolera que vive la Nación, resultado en parte, de la pésima planificación de pajaritos preñados en torno a la Faja del Orinoco y las supuestas “mayores reservas petroleras del mundo”, la discapacidad técnica, sobre todo político-económica, de una gerencia cada vez menos profesional y la avasallante corrupción, factores cuyos efectos perversos se acentúan en un ambiente geopolítico hostil, de bloqueo y sanciones ejercidas por la más poderosa potencia 1 mundial.
El siguiente gráfico, que he reproducido en trabajos anteriores, y en el cual se registra el trayecto de 103 años de producción petrolera, confirma la gravedad de las circunstancias mencionadas.
Si se enfoca la atención en las últimas dos décadas se puede observar lo siguiente:
La producción petrolera, recuperada del sabotaje 2002-2003, cuando se hundió a niveles puntuales de hasta 300 mil barriles diarios y un promedio para todo el 2003 de 2,8 mbd, se elevó en 469 mil bd hasta alcanzar, en 2005, los 3 millones 269 barriles diarios en el promedio anual.
A partir de ese año –precisamente aquél durante el cual se formularon los nuevos planes de expansión hasta 5 millones de barriles diarios, herederos de los fallidos y aperturistas planes expansivos de 1994-1998- la producción promedio comenzó a caer, hasta aterrizar en 2 millones 894 mil bd en 2013. Es decir, un descenso de 375 mil barriles diarios en ocho años.
Pese a todo, y como he referido en los trabajos citados, en los años subsiguientes, desde 2012 hasta 2016 los planificadores de PDVSA siguieron presentando proyectos con metas disociadas de la realidad, de 5, 6 y hasta 7 millones de barriles diarios para el 2021, sustentados en presupuestos imposibles de financiar, a cualquier precio predecible entonces para el barril petrolero.
En el presupuesto de inversiones 2015-2019, se programaron, 234.357 millones de dólares en 5 años, sólo para exploración y producción, y una inversión total de 302.316 millones.
Y mucho menos factibles eran esos desembolsos para una industria con resultados financieros como los siguientes:
Por el contrario, y como puede observarse en el primer gráfico comentado, la producción cayó hasta 1 millón 911 mil barriles diarios en 2017, cinco millones de barriles diarios menos que la meta que se pretendía alcanzar dos años más tarde.
A partir de entonces, y con la tendencia bajista exacerbada por la aplicación las políticas establecidas en el “America First Energy Plan” de Donald Trump contra los “Estados forajidos” de Irán, Rusia y Venezuela, el derrumbe se precipitó hasta los 800 mil barriles diarios registrados en abril del presente año, después de hacerse efectivas las sanciones previstas en ese plan.
Pese a todo, en un ejercicio de contumacia planificadora, y tal como se registra en el mismo gráfico, a finales de 2018 se difundió la nueva meta de PDVSA: producir 5 millones de barriles diarios en 2025. ¿Se necesitan comentarios?
Este reiterado diagnóstico ha estado animado siempre por la voluntad de encontrar vías de solución, medios para la preservación del principal patrimonio minero nacional. De ello dejo testimonio en las referencias de esta nota. (ver refrencias abajo)
Pero la evidencia de las trágicas circunstancias actuales ha estimulado una nueva proliferación de propuestas y soluciones perversas, cargadas de la ancestral voluntad privatista: aquella que promueve el despojo del patrimonio colectivo en beneficio de los sectores más capacitados para obtener pingües beneficios del libre mercado.
En cuanto al sustento y antigüedad de este debate y de mis argumentos al respecto, me veo obligado a insertar otras referencias personales que considero pertinentes:
“…hoy está de moda el dejar de ser rentistas y estimular escenarios productivos donde el sector privado lleve la batuta, como en toda sociedad capitalista que se precie de serlo. Superando las obstrucciones que genera la propiedad estatal sobre el recurso petrolero, el interés colectivo real, en este sector, estaría en los efectos multiplicadores que tendrían los negocios privados en la reactivación de la oferta y demanda agregada de bienes y servicios, los cuales, a su vez, estimularán el crecimiento de la producción y el empleo en el resto de la economía nacional.” [1]
“Muchos compatriotas han sido tocados por la matriz de opinión según la cual, la privatización de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) puede ser la cura de todos nuestros males económicos. Pagaremos la deuda externa y seguiremos expandiendo nuestra producción petrolera. El desarrollo de las actividades no petroleras vendrá después. Las graves circunstancias en que vive la inmensa mayoría de los venezolanos, ubicados entre la pobreza crónica y la miseria extrema, dan carácter de urgencia a la vía privatizadora. Las posiciones nacionalistas en esta materia son equiparadas a las actitudes del avaro, que muere de indigencia en un lecho de morocotas de oro.” [2]
El principal instrumento de esas propuestas se fundamenta en una distorsionada interpretación de nuestra historia y una intencionada confusión de conceptos tales como Estado, Nación, gobierno, república, patrimonio colectivo y ciudadanía, a partir de la cual se pergeña un discurso falaz, según el cual los ciudadanos, verdaderos dueños de los recursos petroleros, son despojados por el Estado, cuando éste se “apropia” de los beneficios –la renta- que genera la industria que convierte a esos minerales en productos para el mercado.
“Justamente, la confusión entre los términos gobierno, Estado y Nación, forman parte del arsenal discursivo de quienes postulan la primacía de la propiedad privada sobre la propiedad pública, la privatización como sinónimo de democratización liberal. Cuando condenan las políticas “estatistas” que maximizan lo que el gobierno “pretende cogerse”, obvian el hecho de que ese gobierno y ese Estado son entes temporales que representan los derechos de la Nación eterna, es decir, el concepto que engloba a todos los venezolanos, vivos y por nacer, cuyo patrimonio debe ser administrado con criterios de máximo aprovechamiento presente y futuro.” [3]
Una muestra de ese discurso manipulador nos lo entregó hace más de tres décadas un destacado epígono de las bondades del liberalismo norteamericano, avergonzado de nuestra tradición legal “absolutista” y distorsionando, de paso, el espíritu bolivariano que quedó expreso en su decreto de 1829, el cual reserva las minas de cualquier clase a la República y ha sido fundamento del derecho minero venezolano hasta nuestros días: … nuestra historia republicana evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el dictadordéspota antes o el dictador-partidos políticos ahora.
Influenciados además por las doctrinas marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo…
… los Estados Unidos florecieron porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo…
No reservaron al Estado ningún bien material (a excepción de algunos parques naturales), o actividad industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción con el absolutismo! Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano-rey, al soberano-Estado o al soberano-pueblo y sólo después al trabajador y su familia. [4]
A partir de esa falacia se ha promovido, y se sigue proponiendo hoy, la más demagógica y antinacional de las propuestas: repartir anualmente una parte sustancial de los beneficios y todos los dividendos de la industria petrolera entre los ciudadanos, vale decir, los mayores de 18 años.[5]
Antinacional, sin ambages, porque es una propuesta que despoja a la Nación eterna, es decir, a todos los habitantes vivos y por nacer en este país hasta el momento en que desaparezca como tal entidad, por causas tales como conquista extranjera o cataclismo nuclear.
Los habitantes de Venezuela mayores de 18 años, estimados en unos 20 millones al final de este año, constituyen el 60% de la población total, estimada en 32 millones de personas para la misma fecha.
Al momento de aprobarse tal reparto de dividendos, la porción así privatizada sería dedicada en gran parte a alimentar el mercado de consumo y a la realización de inversiones que arderán en las grandes fogatas de los procesos de centralización y concentración de capitales característicos de cualquier mercado libre, pero más aún cuando se trata de hambrientos estimulados pavlovianamente hacia el consumo inmediato, en los cuales medra la propaganda masiva de compras por Amazon e inversiones “desde sólo 500 mil dólares” para obtener la Visa EB-5 de negocios en los Estados Unidos.
En consecuencia, con el tiempo, la participación recibida directamente por la mayoría de esos veinte millones de “privilegiados” se irá concentrando en las manos de los emprendedores de siempre y otra gran parte de ellos se agregará a los más de 10 millones de los “menores” que serán automáticamente desheredadas de su patrimonio. Dadas las actuales tasas de crecimiento poblacional, para el año 2050 habrán nacido en este país otros 8 ó 9 millones de nuevos desheredados.
Más allá no podemos aventurar nada, sobre todo si se cumplen los pronósticos sobre el cambio de la matriz energética en cuando a la disminución del uso de los hidrocarburos, lo cual conduciría a que las instalaciones para extraer petróleo en los próximo 600 años se conviertan en los temidos “stranded assets” (activos varados) que hoy aterran a los accionistas de Exxon Mobil y sus corporativas hermanas petroleras.
La falacia de estas propuestas es inconmensurable, cuando se pretende comparar un fondo de reparto anual de dividendos con otros fondos de ahorro transgeneracional, como el noruego o el kuwaití, que son precisamente diseñados para “las nuevas generaciones” y para posponer el consumo de ingresos extraordinarios que, de otra forma provocarían efectos perversos en sus respectivas economías, tales como los que dieron lugar a los denominados “efecto Venezuela” (justamente caracterizado así por los noruegos y predicho en 1930 por Alberto Adriani) o la más reciente y popular “enfermedad holandesa”.
Y se trata de privatizar, no de “desestatizar”, porque se trata de hacer privado lo que es un bien público, que debe tener un destino de beneficio colectivo, de servicio público, de inversión para acrecentar el patrimonio de todos, de la Nación toda.
La manipulación mediática de estos conceptos, hace que hasta quien escribe dude antes de utilizar la palabra “público”, porque puede ser interpretada como “perteneciente al Estado”.
Esta manipulación condujo a extremos como los de un conocido gerente petrolero de los 70, Shell- Maravén, cuando proclamaba: “Si yo soy accionista de la Shell, ¿por qué no puedo serlo de PDVSA?” Y ése, precisamente, fue uno de los primeros proponentes del reparto de las acciones de PDVSA entre los mayores de 18 años, fundado siempre en el mismo argumento:
“- Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño.”[6]
Ya para entonces inmerso en el debate de la “apertura petrolera”, respondía:La apertura es apenas el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. [7]
Con el paso de los años, enfrentados ahora a la situación crítica referida en las primeras líneas, renace la matriz neoliberal, ahora institucionalizada en centros promotores de esa doctrina, como CEDICE:
“Es necesario revisar la relación Estado-Sociedad con respecto a la renta que produce la actividad de los hidrocarburos, para que esta vaya directamente a los ciudadanos. El excedente económico que se origine en la actividad petrolera, que corresponde a la Nación, será destinado totalmente a la creación de un FONDO, que será el Fondo de ahorro, patrimonio e inversión de los venezolanos. Su rendimiento será entregado directamente a cada venezolano a través de cuentas individuales.
Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida (“Production Sharings”), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos.” [8]
Justamente ahora, en momentos críticos para la Nación y partiendo de esta matriz CEDICE, nos alcanzó el futuro, y aparece una nueva propuesta privatizadora, envuelta en el atractivo papel de regalo de “democratizar el ingreso petrolero”.
Los señuelos, son los mismos de siempre: Maximizar la producción petrolera y gasífera, diversificar la economía, desarrollo sustentable y equilibrio ambiental. El mejor de los mundos posibles. [9]
Partiendo de una afirmación que puede ser generalizada a todos los gobiernos que en este país han sido, según la cual los grupos que controlan el poder político privatizan las ganancias de la industria petrolera al apropiársela ellos y que el resto de los venezolanos asumimos siempre las pérdidas, plantean un “nuevo esquema distributivo” en el que fundamentan su proyecto de “democratización del petróleo”:
“Planteamos que parte de la renta petrolera sea depositada en cuentas individuales de cada venezolano mayor de edad sin distinción de ningún tipo y para ello proponemos contabilizar de manera clara y separada la parte del ingreso petrolero que le corresponde al Estado y la que les corresponde directamente a los ciudadanos…”
Aunque se trata de una propuesta bastante más elaborada que las de sus predecesores, en cuanto a la restricción del destino que cada ciudadano dará a su porción del ingreso petrolero, al establecer que ella será aplicada al ahorro de una pensión, el financiamiento de la educación, la adquisición de vivienda, la atención médica hospitalaria y la inversión productiva, la sola mención de estos rubros prefigura un futuro en el cual la salud, la educación, la seguridad social y hasta la pensión de retiro, serán asuntos de los cuales cada individuo deberá proveerse, reduciendo el papel del Estado al de policía, administrador de justicia, vigilante de las fronteras y monopolista de las limitadas armas de la Republica. El propio ideal del extremismo liberal.
Todo lo demás puede y será privatizado: escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, parques, autopistas, fondos de pensiones, emisión de monedas, cárceles y manicomios. Y todo ello en beneficio de sus ciudadanos más aptos, emprendedores y sobrevivientes de la vorágine de la libre competencia.
La justificación teórica e ideológica de la recentísima propuesta
López-Baquero es la misma y añeja de Quiroz Corradi-Monaldi, Sosa Pietri, Giusti, Espinaza y otros: Son los ciudadanos con derecho a voto, los mayores de 18 años, los auténticos propietarios de la renta del suelo y no el Estado. Vale decir, reiteraremos hasta el cansancio, no la Nación.
Parten como ya referí, de la confusión del Estado con la Nación y la reducción de ésta a su porción ciudadana, mayor de 18 años:
“…proponemos que el ingreso petrolero generado por la venta del petróleo sea dividido entre el Estado y los ciudadanos. …
La herencia y el marco actual definen que la propiedad del petróleo es de los venezolanos, sin embargo, esta propiedad para poder distribuirla debe ser extraída y vendida. La propiedad adquiere valor más allá del formalismo legal de que nos pertenece a todos. Es por esta razón que nosotros consideramos que es el ingreso petrolero y no los yacimientos en el subsuelo lo que debemos distribuir. [10]
A partir de estos postulados define las porciones que integrarán el “Ingreso Petrolero Ciudadano” y que deberán ser depositadas anualmente en las cuentas individuales de cada ciudadano, en un “Fondo Patrimonial de los Venezolanos”: Toda la regalía, la sobretasa de 16% de Impuesto Sobre la Renta aplicada a los hidrocarburos y todos los dividendos que declare PDVSA.
Desde luego, este Fondo Patrimonial “manejará un monto importante de recursos que podrá bajo criterios estrictos de eficiencia y transparencia, garantizar un rendimiento seguro y razonable de las inversiones de estos fondos…”
En otras palabras, en vez de ser el Estado republicano, legal, constitucional e históricamente conformado como garante de los intereses permanentes de la Nación, serán los empresariosadministradores de un Fondo parcial, el de los ciudadanos mayores de 18 años, quienes van a decidir el destino del patrimonio colectivo ancestral y futuro de todos los venezolanos.
Y todo esto nada que ver con los ya mencionados fondos creados en otras latitudes -Noruega, Kuwait- a los cuales se alude falazmente como supuestos paradigmas para la instauración de este novedoso contrabando expropiador.
Notas
[1] C. Mendoza P. “Privatizar PDVSA ¿vender el sofá”? en Crítica petrolera contemporánea, Crónicas Disidentes Sobre la Apertura y el Poder Petrolero (1996-1999)
[2] C. Mendoza P. “¿La privatización petrolera hará el milagro?” ABC Petrolero, FUNDAPATRIA, 22 de julio 1998.
[3] C. Mendoza P. Ignorancia Petrolera y Neocolonialismo, en Crítica petrolera contemporánea.
[4] Andrés Sosa Pietri “Apertura petrolera, soberanía y la parábola de los talentos”. El Universal, pág. 2-2/ 6 de enero de 1996
.[5] Un antecedente de transparente demagogia electoral lo constituyó la promoción, hecha en 2006 por el candidato presidencial Manuel Rosales, de una tarjeta, “Mi Negra”, en donde cada ciudadano recibiría una participación en los beneficios de la industria petrolera como aporte para la cuota inicial de su vivienda.
[6] Alberto Quirós Corradi, “XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada”. El Universal, 14 de septiembre de 1995. Pág. 2-2.
[7] C. Mendoza Pottellá, 1996. “Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional”. Inserto en varios capítulos de Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas. Op. Cit.
[8] Diego González Cruz. Propuestas para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional.
[9] Leopoldo López, Gustavo Baquero: Venezuela Energética. Propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos. pág. 166. 12 López-Baquero, Op. Cit., págs.-
[10] López-Baquero Op. Cit. Págs..256-262.
Referencias:
Petróleo y Geopolítica, en Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, pág. 628. http://publicacionesbcv.alejandria.biz/cgi–
win/be_alex.cgi?Documento=T210000170350/0&Nombrebd=BCV&CodAsocDoc=6185&DSalida=CRes&Sesion=2120598387&DSalida=CRes
Venezuela: Potencia o botín, https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=181586421145427688#editor/target=post;postID=1 668196063814114168;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=21;src=pos tname
Política petrolera a la manera de los músicos del “Titanic”, https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=181586421145427688#editor/target=post;postID=1 381492785430805937;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=8;src=post name
Citgo, la Internacionalización revisitada, https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=181586421145427688#editor/target=post;postID= 3447561051424251341;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=post name