Europa: centros de deportación de migrantes en terceros países
Temor a más controles fronterizos, detenciones y expulsiones
Isabella Arria
Este viernes entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que consolida el giro de la UE hacia una política migratoria más rígida. Organizaciones denuncian que la implementación del pacto puede traducirse en más controles fronterizos, más detenciones y procedimientos acelerados de expulsión.
La normativa deberá ser aprobada finalmente en el Consejo de Ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor. España se ha posicionado en contra la norma alegando que podría llevar a las personas migrantes a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
La norma busca revertir un dato que las fuerzas partidarias de una política migratoria más estricta consideran alarmante: actualmente solo alrededor del 20% de las órdenes de expulsión dictadas contra personas extranjeras en situación irregular se ejecutan de manera efectiva. Para corregirlo, la Comisión Europea presentó hace un año una propuesta que permite a los Estados crear los llamados centros de retorno, instalaciones situadas en terceros países donde podrían recluirse personas a la espera de su expulsión.
El Parlamento Europeo votó a favor del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el Estado al que sea enviada. Una mayoría de eurodiputados respaldó este miércoles en Estrasburgo el reglamento que permite a los Estados miembros instalar centros de internación fuera de las fronteras de la Unión Europea para acelerar las expulsiones de personas a las que se les ha denegado el asilo. 
La norma también amplia la duración máxima de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses cuando las autoridades consideren que existe una “perspectiva razonable de expulsión” y un riesgo de fuga, una disposición que podría aplicarse también a menores de edad. Además, el reglamento contempla la obligación estricta de que los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio abandonen el país y cooperen con las autoridades, previendo sanciones más severas, como la detención y la prohibición de entrada, para quienes se nieguen a hacerlo.
Más controles fronterizos, bases de datos biométricos y deportaciones más rápidas. El Pacto Europeo de Migración y Asiloentra en vigor este viernes y consolida el giro de la Unión Europea hacia una política migratoria cada vez más centrada en la vigilancia y el retorno. Mientras Bruselas presenta la reforma como una herramienta para gestionar de forma más eficaz las llegadas y armonizar los sistemas de asilo de los Estados miembros, trece organizaciones sociales advierten en un comunicado conjunto que Europa inicia con este pacto “una amenaza a los derechos de la población migrante y refugiada”.
Las entidades firmantes, entre las que se encuentran Red Acoge, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y CEAR, denuncian que la implementación del pacto puede traducirse en más controles fronterizos, más detenciones, procedimientos acelerados de expulsión y un debilitamiento efectivo del derecho de asilo.
Control previo en las fronteras
Uno de los cambios más significativos es la entrada en vigor del Reglamento de Control Previo(Screening Regulation), que establece un procedimiento obligatorio para todas las personas que lleguen a las fronteras exteriores de la Unión sin documentación.
Durante este proceso se verificará su identidad y se realizarán controles de seguridad y salud antes de decidir si son derivadas a un procedimiento de asilo o de retorno. “Estas evaluaciones deben realizarse desde los sistemas públicos de salud, como ocurre en Canarias, porque ofrecen mayor estabilidad profesional, formación continuada e independencia que otros modelos externalizados”, reclama Sonia Díez, responsable de Migraciones de Oxfam.
El Pacto establece que este control se prolongue hasta siete días. Sin embargo, el plan de aplicación español reconoce que no es posible ampliar el límite de detención policial más allá de las 72 horas fijadas por la Constitución. Por ello, el objetivo es completar el proceso de cribado dentro de ese plazo.
Según Silvia Carta, responsable de incidencia de Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM), “el procedimiento de control está concebido para dirigir a la mayoría de las personas hacia procedimientos acelerados de deportación”.
La organización apunta a que afectará especialmente a personas procedentes de países con una tasa de reconocimiento de protección internacional inferior al 20%, a quienes sean consideradas un riesgo para la seguridad o a quienes las autoridades acusen de haber inducido a error durante el procedimiento. “Estas personas podrían ser deportadas antes de que un tribunal adopte una decisión definitiva sobre su recurso tras una primera denegación de asilo”, advierten. Además, denuncian que el documento no evalúa el riesgo de devolución, es decir, el riesgo de enviar a personas a lugares donde su vida podría estar en peligro.
Los centros de retorno, destinados a las personas a las que se les ha denegado el derecho de asilo y a las personas en situación irregular, podrían, a la larga, chocar con «la protección por rebote desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace unos años», subraya Serge Slama, profesor de Derecho Público en la Universidad de Grenoble-Alpes. Se trata en este caso de los «derechos absolutos» que impiden la expulsión de una persona a su país de origen si corre el riesgo de sufrir la muerte o la tortura. « Será necesario que los terceros países que acojan estos centros de retorno ofrezcan garantías suficientes en este ámbito ».
El Reglamento
El Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el Estado al que sea enviada.
La norma también amplia la duración máxima de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses cuando las autoridades consideren que existe una “perspectiva razonable de expulsión” y un riesgo de fuga, una disposición que podría aplicarse también a menores de edad. Además, el reglamento contempla la obligación estricta de que los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio abandonen el país y cooperen con las autoridades, previendo sanciones más severas, como la detención y la prohibición de entrada, para quienes se nieguen a hacerlo.
El Pacto -integrado por nueve reglamentos y una directiva- se aprobó en el Parlamento Europeo en abril de 2024, pero los países miembros han contado con un período transitorio de implementación de dos años hasta su aplicación efectiva este viernes.
Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.
El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular apermanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.