La impugnación de las elecciones y su falta de certezas jurídicas
HUGO BENÍTEZ THOMAS | México tiene uno de los sistemas electorales más robustos del mundo; producto de una lucha democratizadora, el país cuenta con un Instituto Federal Electoral, autónomo; una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por parte del Poder Ejecutivo, y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; amén de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformado en 2007-2008 y la normatividad procedente en casos de impugnación.
Hugo Benítez Thomas – Alainet
El 1° de julio de 2012 vivimos las elecciones más judicializadas de la historia de México. Al término de los cómputos distritales se presentaron 378 demandas de juicio de inconformidad (364 de las cuales fueron promovidas por la coalición Movimiento Progresista o sus partidos integrantes) para controvertir los resultados de cómputo en 296 (de 300) distritos electorales federales uninominales.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar, había dicho dos días antes de la jornada electoral que lo primero que tutelan las instituciones es el voto, el bien jurídico primordial a tutelar. “Tenemos un sistema de nulidad escalonado desde la casilla, el distrito y la elección general. Luego lo extrapolamos al distrito y, si abarca 25% de las casillas, se anula el distrito. Si esto se da en 25% de los distritos se anula la elección. Es muy complejo proceder a la nulidad, se tienen que reunir varios elementos que demuestren que se ha alterado la voluntad de los electores”.[1]
Y así resultó, de los 296 distritos impugnados, en 225 sí hubo modificación, de los cuales en 68 casos se confirmó en sus términos y tres quedaron firmes por haber sido improcedentes los juicios respectivos. De los 225 casos mencionados, se anuló la votación recibida en 526 casillas[2] de 70 mil 341 demandadas.
Para cualquier impugnación legal de las elecciones por irregularidades en las casillas iba a ser algo más que difícil de alcanzar un reconocimiento favorable, máxime los mecanismos de seguridad con que cuenta nuestro sistema electoral construido a lo largo de décadas. El 12 de julio el Movimiento Progresista presentó la demanda de juicio de inconformidad ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) “por la nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando la declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre y por la cancelación del registro de candidato al C. Enrique Peña Nieto por rebase de topes de campaña”.[3]
La elección del presidente de México en 2012 estuvo marcada por la desigualdad social. Fue evidente la compra y coacción del voto en las elecciones pasadas. Las practicaron todos los partidos, unos en mayor medida que otros y aprovecharon una rendija normativa para poder influir en las preferencias de la ciudadanía sin sufrir las consecuencias de la aplicación de la ley.
El ex presidente del IFE, José Woldenberg reconoció que “la compra y la coacción sobre el voto es el ‘frijol en el arroz’. Mientras México siga siendo una sociedad tan marcadamente desigual, mientras tantas personas tengan carencias materiales tan extremas, existirá la tentación de intercambiar bienes por votos. Pero, no es una práctica privativa de un solo partido, aunque el PRI parece ser el que más recurre al expediente”.[4]
En los juicios de inconformidad para impugnar los cómputos distritales no se comprobó causa de nulidad de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El 30 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la impugnación madre que pretendía la invalidez de la elección. Los magistrados desestimaron los planteamientos expuestos tras considerar que no se acreditaron las irregularidades alegadas, que no hubo certeza de las supuestas irregularidades. “Se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática”, sostiene la sentencia de la Sala Superior.[5]
Luego de analizar el documento entregado por la coalición, sus pruebas y una serie de documentos aportados por el IFE y su Unidad de Fiscalización, la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial rechazó la violación generalizada alegada por el Movimiento Progresista. El análisis no permitió concluir que Peña Nieto hubiera rebasado el tope de gastos de campaña. La comisión tampoco logró comprobar la adquisición encubierta de tiempo en televisión. El fallo fue contundente, los siete magistrados votaron por unanimidad y desecharon el recurso de impugnación de las elecciones del 1° de julio de 2012, sin aceptar una sola de las irregularidades como válida para considerar una resolución contraria.
Así, se procedió a calificar los resultados que recibieron los candidatos, que de acuerdo con el dictamen citado fueron los siguientes en número de votos: Enrique Peña Nieto, 19 millones 158 mil 592; Andrés Manuel López Obrador, 15 millones 848 mil 827; Josefina Vázquez Mota, 12 millones 732 mil 630; Gabriel Quadri de la Torre, un millón 146 mil 85; candidatos no registrados, 20 mil 625, y votos nulos, un millón 236 mil 857, haciendo un universo de 50 millones 143 mil 616 electores el 1° de julio anterior.
Tenemos una cosa juzgada que hace de Enrique Peña Nieto, el presidente electo de México para el sexenio 2012-2018, y tenemos también un hecho insólito: el descomunal crecimiento en votos de la coalición Alianza por México, compuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México que llevaron al triunfo a Peña Nieto. En nuestro artículo anterior hicimos un análisis de los votos con números preliminares; hoy podemos constatar que el crecimiento de la Alianza por México fue de casi 10 millones de votos (9 millones 857 mil 151 para ser exactos), en tan solo seis años.
El triunfo de Enrique Peña Nieto fue contundente; la diferencia de tres millones 309 mil 765 votos con su próximo seguidor, Andrés Manuel López Obrador, parecería que no iba a dejar lugar a impugnación alguna. Y como ya examinamos, prácticamente no hubo irregularidades en las casillas. El problema en este ejercicio democrático fue de otra índole, de manipulación de conciencias ciudadanas a través de los medios de comunicación de mayor importancia y el lucro con el hambre de grandes sectores de la población.
Debido a que jurídicamente no hubo certeza de fraude o compra y coacción de voto, las denuncias quedan en suposiciones y entramos al juego discursivo, de descalificar al enemigo. La Alianza por México construyó toda una red financiamiento paralela –prohibido por la ley- para comprar el voto, pero como resulta imposible demostrar que el destino de millones de pesos manejados en la cuenta de Monex o entregados en tarjetas de la tienda comercial Soriana, o en tarjetas telefónicas, sirvieran en última instancia para influir en la voluntad de las personas que recibieron ese recurso económico -o algún otro como animales o materiales de construcción-, entonces se optó por desechar la denuncia procedente, sin ahondar en las investigaciones.
En el caso Monex “todo empezó en la segunda quincena de junio, cuando fueron detectadas unas tarjetas de Monex en Guanajuato, las cuales habrían servido para pagar a los miembros de la estructura electoral priista. Los panistas denunciaron los hechos ante el IFE.
“Tres días antes de las elecciones, el 27 de junio, el problema se agudizó. El IFE reconoció que había casi 10 mil tarjetas en circulación y que su valor total era de 70 millones de pesos, pero rehusó tomar medidas para congelar el dinero.”[6]
Las empresas Grupo Comercial Inizzio, S. A. de C. V., e Importadora y Comercializadora Efra, S. A. de C. V., presuntamente triangularon dinero entregado por Monex para pagar tarjetas usadas por el PRI en la contienda electoral. Inizzio fue acusada por el Movimiento Progresista de haber pagado 68.3 millones de pesos a Monex a cambio de tarjetas de recompensa.[7] Se supo también que Efra tiene sus orígenes en la familia de Gabino Fraga, un personaje con fuertes vínculos priistas, relacionado con el gabinete del ex presidente Miguel de la Madrid y con el equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.[8]
No valieron los documentos presentados en las instituciones legales correspondientes y dados a conocer en el programa televisivo y de radio, Aristegui Noticias, que prueban que los gobiernos del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, y el municipio de Metepec, entre otros, habrían gastado más de 2 mil 294 millones 220 mil pesos –y que el monto de lo gastado sería mayor a los 6 mil millones de pesos- en la compra de despensas a la empresa Soriana. [9]
Las denuncias de todo un plan para crecer en cinco millones el número de votos para el candidato priísta, conocido como Ágora, quedaron en eso, en denuncias. Dicho plan tuvo como objetivo contactar a “6 millones 768 mil 250 personas. De éstas, serán acarreados a las urnas 3 millones 434 mil 125 ciudadanas y ciudadanos, con un ejército de 27 mil 473 activistas. Todo a un costo de 151 millones 277 mil 750 pesos”, ejercido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.[10] Los señalamientos –incluso hechos por The Guardian- de apoyo por parte de Televisa a Peña Nieto, son solo eso, simples señalamientos.
El 30 de agosto pasado el ex coordinador de la campaña Movimiento Progresista, Ricardo Monreal, presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República contra los gobernadores del Banco de México, Agustín Carstens, y del Estado de México, Eruviel Ávila, así como contra el banco Scotiabank, por su probable responsabilidad en lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada.
Indicó que presumen que los antes mencionados están involucrados en la alteración de una transferencia electrónica que realizó Luis Videgaray, cuando era secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, por más de 50 millones de pesos.
“Hay pruebas contundentes de que fueron alteradas transferencias electrónicas por 50 millones de pesos y 55 días después corrigen y alteran los documentos.[11] El Banco de México aceptó que hubo una corrección en el comprobante de la transferencia, lo que en sí mismo implica un acto de gravedad.
Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho constitucional y quien fuera consejero del IFE durante seis años, considera que el Movimiento Progresista sostuvo en todo momento que se violó el artículo 41 de la Constitución puesto que las elecciones no fueron “libres ni auténticas”. Y el TEPJF tenía la obligación de ver si efectivamente así fue. “Los magistrados pueden considerar que las pruebas del movimiento no son suficientes, pero ellos como tribunal garante de la Constitución debieron ver, observar, convencerse a sí mismos de ello y salvaguardar así el interés público y respeto a la Carta Magna. Esto es lo que no hizo el tribunal”.[12]
El comportamiento de los magistrados fue “si no me demuestras tu dicho no te doy la razón; no estás probando tu reclamo y como no pruebas tu pretensión pues te deshecho tu recurso (…) Cárdenas concluye que el tribunal incurrió en dos defectos jurídicos: debiendo investigar no lo hizo, delegó la carga de la prueba a quien demandó. Además, resolvió cuando aún hay asuntos pendientes en el IFE que pudieran incidir en la decisión de los magistrados”. [13]
Ante la falta de certezas jurídicas, las demandas del Movimiento Progresista han quedado en suposiciones, en sospechas no comprobadas, que las creen los simpatizantes de López Obrador, o quienes tuvimos testimonios de personas que vendieron su voto, pero que no las creen los adversarios del candidato de la llamada izquierda en México. Las pruebas también incluyeron la presentación de animales como gallinas, guajolotes, chivos, entre otros, traídos al zócalo capitalino en la expo fraude y consignados por un notario público. La imagen trajo un trozo de la realidad practicada desde los tiempos del PRI en el gobierno federal y por muchos conocidos: el aprovechamiento de la necesidad económica de la gente; su voto a cambio de un animalito.
Fue reconocido pero a la vez objeto de burla: el arca de Andrés Manuel, dirían distinguidos priistas. Prácticas tan arcaicas como esa, conjuntadas con la sofisticación de monederos electrónicos en una triangulación internacional para hacer llegar millones de pesos y comprar así una elección, fue para todos evidente, pero sin certeza jurídica que pudiera echar abajo el triunfo de Peña Nieto.
Valen mucho la pena los cuestionamientos del analista Jesús Silva-Herzog Márquez: “de los defectos argumentativos, de los descuidos en la redacción y de los absurdos en la demanda del Movimiento Progresista se ha hablado mucho y con razón. Sigo pensando que la demanda presentada no es una pieza de argumentación persuasiva, que trata la sospecha como si fuera prueba plena, que suministra escasas pruebas para convencer a los jueces de la seriedad de su alegato. Sin embargo, la petición plantea a los magistrados del Tribunal Electoral una pregunta ineludible. ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones, sin amenazas en julio? ¿Prevaleció la equidad?”.[14]
Podemos responder a todas luces que no prevaleció la equidad en las elecciones del 1° de julio de 2012; que a pesar del andamiaje jurídico para dar certeza a las elecciones, no podemos comprobar la inequidad que prevaleció. El resultado electoral fue contundente, así como lo fue el fallo del Tribunal Electoral, que lejos de ayudar a fortalecer la democracia en México y legitimar al presidente entrante, se restó credibilidad a sí misma. Los magistrados no vieron lo que todos los ciudadanos vimos, un proceso electoral inequitativo y unas elecciones compradas; un atentado al libre ejercicio del voto ciudadano.
[1] La Jornada, 29 de junio de 2012, [De:http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/politica/005n1pol]
[2] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cómputo final, calificación jurisdiccional, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, p. 7, 3 de septiembre de 2012, [De: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/computo_final_calificacion_jurisdiccional.pdf]
[3] Ídem, p. 5
[4] Woldenberg, José, Reforma, “Balance y (nueva) alineación”, 5 de julio de 2012, [De: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/664/1326643/]
[5] Op Cit. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 139.
[6] Reporte Índigo, “Show me the Monex!”, 20 de Julio de 2012, [De: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/show-me-monex]
[7] Herrera, Rolando, Reforma, “Marca a Monex negro historial”, 14 de julio de 2012, [De: http://www.reforma.com/nacional/articulo/665/1328693/?Titulo=marca-a-monexnegro-historial]
[8] Op Cit. Reporte Índigo.
[9] Aristegui Noticias, “Estados compraron miles de millones a Soriana en despensas”, 7 de julio de 2012, [De: http://aristeguinoticias.com/estados-compraron-a-soriana-al-menos-5000-mdp-en-despensas/]
[10] Avilés, Karina, La Jornada, “Al descubierto, plan del SNTE para captar 5 millones de votos”, 25 de junio de 2012, [De: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/25/politica/003n1pol]
[11] Mosso, Rubén, Milenio, “Demandan a Eruviel y Carstens por lavado”, 31 de agosto de 2012, [De: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a4756bfd]
[12] Cervantes, Jesusa, Proceso,“Jueces de barandilla”, no. 1870, 30 de septiembre, 2012, p. 13.
[13] Ídem., p. 16 y 17.
[14] Silva-Herzog Márquez, Jesús, Reforma, “La responsabilidad del Tribunal”, 27 de agosto de 2012, [De: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/670/1338327/default.shtm]