La fiscalía brasileña denunció a cinco represores y desafió la ley de amnistía de la dictadura militar

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El Ministerio Público Federal denunció a militares retirados por la desaparición de un periodista en 1970. Aseguró que no hay prescripción ni anmistía para esos crímenes. De esta manera, adoptó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que desconoce la ley de Amnistía en vigencia en el país, a la que la Comisión de la Verdad pretende cambiar.

Télam

«No hay prescripción o amnistía para este tipo de crimen, pues el secuestro es un delito permanente y continúa consumándose durante todo el tiempo en que la víctima esté privada de su libertad», sostiene el escrito de la Procuraduría Federal, en contrario a lo establecido por la Ley de Amnistía, cuestionada por el tribunal internacional adscripto a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su fundamentación, la Procuraduría retoma la línea argumental de la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño por no investigar ni punir a los autores de crímenes continuados como el secuestro y la desaparición.

El caso se refiere al periodista y militante opositor Mario Alves de Souza Vieira, secuestrado en enero de 1970 por miembros de Operaciones de Defensa Interna de Río de Janeiro, consignó el Ministerio Público en su denuncia.

Se trata de la primera acusación federal formulada en Rio de Janeiro contra ex agentes del aparato represivo, según informó la agencia de noticias Ansa.

Ayer, los integrantes de la Comisión de la Verdad pidieron a la presidenta Dilma Rousseff una prórroga para presentar su informe final sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985).

Según trascendió, en el documento final que presentará la Comisión se formularán recomendaciones sobre la ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte IDH.

«Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables», declaró el coordinador de la Comisión, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro.

Hasta el momento no hubo una posición oficial de la Comisión sobre la Ley de Amnistía, promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos.

Una fuente de la Comisión comentó a Ansa que se formó un «consenso en los miembros» sobre la necesidad de limitar los alcances de la Amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces.

Según esa misma fuente, la eventual recomendación de la Comisión buscará revisar la ley para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra.

Ex jefe de la policía política del Ejército en San Pablo (Doi-Codi), entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la Comisión la semana pasada.

En esa oportunidad, para sorpresa de los asistentes, rompió el silencio y dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de «terrorista» a la presidenta Rousseff.

La Comisión de la Verdad, creada a instancia de la presidenta Dilma Rousseff para investigar los crímenes de la dictadura, recomendará en su informe final limitar los alcances de la ley de anmintía siguiendo los criterios de la CIDH.

Los resultados de la investigación de la Comsión, integrada por siete miembros, designados por Rousseff, no son, sin embargo, vinculantes para promover denuncias o iniciar procesos contra los acusados de violaciones a los derechos humanos.

Rousseff limitó de esta manera los alcances del trabajo de la Comisión en virtud de la vigencia de la Ley de Amnistía y el lobby castrense que se desencadenó cuando se trataba el proyecto de creación del organismo.

«Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables», aseguró Paulo Sergio Pinheiro, coordinado de la Comisión de la Verdad.