La burguesía venezolana no aprende

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Mario Sanoja Obediente|

El acaparamiento, la especulación y la usura son los pecados capitales que caracterizan el surgimiento del sistema capitalista venezolano,  potenciados  a partir del auge de la  explotación del petróleo en la década de los años 30 del siglo pasado. A partir de 1940, el  gobierno progresista del presidente Medina Angarita aprobó  la Ley Petrolera del 50/50 que obligaba a las transnacionales petroleras a repartir por mitad con el gobierno nacional las ganancias de la explotación y venta del petróleo. Aprobó  una Ley de Tierras que promovía  la reforma agraria, rechazada por los empresarios y latifundistas.

El gobierno medinista legalizó el Partido Comunista Venezolano y estableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, decisiones que enfurecieron tanto al gobierno estadounidense como a las mafias de comerciantes, empresarios y latifundistas que lo apoyaban. Desde  1940  estos utilizaban la táctica de acaparar y esconder los productos de primera necesidad con el objetivo de hacer presión sobre el pueblo venezolano para acosarlo por la vía del hambre y hacer que se rebelara contra el gobierno  medinista. El gobierno  decidió en  1944, año de la creación de Fedecámaras, acometer las primera acciones  para  enfrentar el acaparamiento y la especulación que se habían convertido en el arma económica de la burguesía, enquistada en aquélla,  para chantajear  su gestión.

Así surgió la Comisión Nacional de Abastecimiento con competencia para regular y controlar el transporte, los alquileres y el comercio interior, con atribuciones para fijar precios, al mayor y al detal en los artículos de primera necesidad. En 1947 luego del golpe de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, aprobó una  Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación promovidos por la burguesía, Ley que contemplaba delitos económicos y sanciones penales contra los acaparadores y especuladores.

Los desplantes populistas del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez reactivaron  el golpismo económico de la burguesía comercial por lo cual se aprobó en 1974 la Ley Antimonopolio y de Protección al Consumidor, que no tuvo mucho éxito.  Jaime Lusinchi  creó  la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios, para   controlar  el valor de los productos de consumo básico sin que ello tampoco tuviese éxito para frenar la voracidad de la burguesía comercial venezolana.

En 1992,  el gobierno de Carlos Andrés Pérez II,  decretó la Ley de Protección al Consumidor de la cual surgió el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor. El  presidente Rafael Caldera, mediante una Ley Habilitante, decretó el control de cambio para enfrentar la crisis económica y social. Como consecuencia se desató una inflación anual de 104% , se devaluó  la moneda y se deterioró gravemente la calidad de vida de las y los  venezolanos. Este proceso progresivo  de degradación, económica y social fue clave  en 1998, para la elección de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de Venezuela.

Finalmente, la burguesía venezolana,  aliada con la CTV, la Iglesia Católica y sectores militares, formada para   favorecer la escasez, el acaparamiento  y la inflación, decidió combatir las leyes progresistas revolucionarias con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En 2017  para derrotar el golpismo burgués los CLAP deben integrarse  al proyecto de sociedad comunal.