La burguesía venezolana no aprende
Mario Sanoja Obediente|
El acaparamiento, la especulación y la usura son los pecados capitales que caracterizan el surgimiento del sistema capitalista venezolano, potenciados a partir del auge de la explotación del petróleo en la década de los años 30 del siglo pasado. A partir de 1940, el gobierno progresista del presidente Medina Angarita aprobó la Ley Petrolera del 50/50 que obligaba a las transnacionales petroleras a repartir por mitad con el gobierno nacional las ganancias de la explotación y venta del petróleo. Aprobó una Ley de Tierras que promovía la reforma agraria, rechazada por los empresarios y latifundistas.
El gobierno medinista legalizó el Partido Comunista Venezolano y estableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, decisiones que enfurecieron tanto al gobierno estadounidense como a las mafias de comerciantes, empresarios y latifundistas que lo apoyaban. Desde 1940 estos utilizaban la táctica de acaparar y esconder los productos de primera necesidad con el objetivo de hacer presión sobre el pueblo venezolano para acosarlo por la vía del hambre y hacer que se rebelara contra el gobierno medinista. El gobierno decidió en 1944, año de la creación de Fedecámaras, acometer las primera acciones para enfrentar el acaparamiento y la especulación que se habían convertido en el arma económica de la burguesía, enquistada en aquélla, para chantajear su gestión.
Así surgió la Comisión Nacional de Abastecimiento con competencia para regular y controlar el transporte, los alquileres y el comercio interior, con atribuciones para fijar precios, al mayor y al detal en los artículos de primera necesidad. En 1947 luego del golpe de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, aprobó una Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación promovidos por la burguesía, Ley que contemplaba delitos económicos y sanciones penales contra los acaparadores y especuladores.
Los desplantes populistas del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez reactivaron el golpismo económico de la burguesía comercial por lo cual se aprobó en 1974 la Ley Antimonopolio y de Protección al Consumidor, que no tuvo mucho éxito. Jaime Lusinchi creó la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios, para controlar el valor de los productos de consumo básico sin que ello tampoco tuviese éxito para frenar la voracidad de la burguesía comercial venezolana.
En 1992, el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, decretó la Ley de Protección al Consumidor de la cual surgió el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor. El presidente Rafael Caldera, mediante una Ley Habilitante, decretó el control de cambio para enfrentar la crisis económica y social. Como consecuencia se desató una inflación anual de 104% , se devaluó la moneda y se deterioró gravemente la calidad de vida de las y los venezolanos. Este proceso progresivo de degradación, económica y social fue clave en 1998, para la elección de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de Venezuela.
Finalmente, la burguesía venezolana, aliada con la CTV, la Iglesia Católica y sectores militares, formada para favorecer la escasez, el acaparamiento y la inflación, decidió combatir las leyes progresistas revolucionarias con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En 2017 para derrotar el golpismo burgués los CLAP deben integrarse al proyecto de sociedad comunal.